Argentina:
24 de marzo. Por Elfidio Alonso:
Tal día como el pasado jueves, 24 de marzo, hace treinta años, un hombre culto (según Sábato y Borges) llamado Jorge Rafael Videla, se levantó en armas contra el Gobierno argentino que presidía María Estela Martínez de Perón, legítimamente constituido por mandato de los votos de los ciudadanos. El pretexto para tratar de justificar el golpe militar que se puso en marcha ese día radicó en la imperiosa necesidad de acabar con una situación de auténtica ignominia (como dirían Sábato y Borges), aniquilar la subversión de la guerrilla marxista (unos 300 hombres), implantar una economía de corte liberal puro y duro y, entre otras cosas de menor cuantía, mejorar la caótica situación laboral y social de los argentinos. Para ello fue indispensable hacer desaparecer a más de 6.000 personas (según datos reunidos por la ONU) o tal vez a más de 30.000, en estimación de varias ONG, como las Madres de la Plaza de Mayo. También fue preciso implantar la tortura en centros militares, como el tristemente célebre de la Escuela Mecánica de la Armada; implantar la práctica de los arrestos ilegales, sin orden judicial (sistema que actualmente viene practicando sin el menor sonrojo democrático el Gobierno norteamericano) y, entre otras minucias, llegaron a ser lanzadas centenares de personas desde los aviones (narcotizadas, eso sí, para que no sintieran el impacto contra las frías aguas del río de la Plata, gesto conmiserativo que seguramente convenció a la Iglesia argentina de las loables intenciones cristianas que llevaban los golpistas), amén de un horripilante tráfico de niños, hijos de mujeres torturadas y embarazadas, que hoy nos sigue poniendo la piel de gallina, a pesar de los treinta años transcurridos. Todo un cúmulo de horrores inspirados, cómo no, por el nobelístico Henry Kissinger y la Escuela de Panamá, donde fueron adiestrados los más refinados torturadores de Chile, Uruguay, Bolivia, Argentina y demás países obligados a "democratizarse" tras haber consumado el correspondiente golpe militar. Y que, a pesar del terror, del despotismo y la férrea censura, serían descritos por cantores como Piero, Víctor Heredia o la gran María Elena Walsh a través de canciones que el pueblo argentino va a seguir recordando durante muchas generaciones: "Cantando al sol como la cigarra, / después de un año bajo la tierra, / igual que sobreviviente / que vuelve de la guerra". [...] (Elfidio Alonso)

✦ José Mujica [+2025] evaluó reiteradamente el saldo del peronismo en Argentina, definiéndolo de forma ambivalente como una fuerza social indestructible pero también como un fenómeno difuso que obstaculizó el desarrollo de una izquierda tradicional. A lo largo de sus años en la escena política regional, el exmandatario uruguayo combinó el respeto por su arraigo popular con duras críticas a sus desviaciones políticas y económicas. Una fuerza mística e inclasificable. Sentimiento antes que doctrina: Para Mujica, el peronismo no funciona como un partido político tradicional, sino como una mística o una religión arraigada en el pueblo argentino. Omnipresencia política: Acuñó la famosa tesis de que en Argentina "son todos peronistas, hasta los que no lo son", operando bajo claves culturales difíciles de comprender desde el exterior. Reserva e inmortalidad: Llegó a definir el movimiento como una "reserva moral" y una "palanca" popular indestructible, argumentando que si la última dictadura militar no pudo disolverlo, el fenómeno es prácticamente inmortal. El costo político: el freno a la izquierda clásica. Avalancha nacionalista: En sus balances más analíticos, como los ofrecidos al medio uruguayo La Diaria, calificó al peronismo primitivo como una masa nacionalista que absorbió las demandas sociales. Licuación ideológica: Sostuvo que ese carácter abarcativo "le hizo mal al peronismo porque floreció cualquier cosa", convirtiéndose en un espacio donde "ser peronista da para cualquiera", lo cual terminó representando un peso y una confusión estructural para la propia Argentina. Críticas a la gestión contemporánea (Kirchnerismo). Estilos de liderazgo: Aunque mantuvo una relación cercana con los gobiernos kirchneristas, no ahorró cuestionamientos a sus liderazgos. En declaraciones recopiladas por medios como La Nación, criticó fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner por su temperamento y por no dar un paso al costado para convertirse en una "vieja consejera" que habilitara el recambio generacional. La paradoja económica: Mujica planteó en entrevistas que Argentina padece la contradicción de ser un país inmensamente rico cuyos excesivos recursos naturales y volatilidad interna derivan a veces en reacciones colectivas irracionales.

✦ Criticó severamente la gestión económica de Argentina de forma transversal, señalando errores estructurales tanto en las administraciones peronistas/kirchneristas como en el gobierno de Javier Milei. Sus balances técnicos y políticos se centran en la adicción a la emisión monetaria, la destrucción de capital social y la desconexión entre la teoría macroeconómica y la realidad social. Sus principales pronunciamientos económicos se estructuran en los siguientes ejes: 1. El rechazo a la emisión monetaria y el "atropello" fiscal. Mujica ha fustigado con dureza la política monetaria de las últimas gestiones peronistas (especialmente los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández). La adicción a la "maquinita": En declaraciones publicadas por el diario Clarín, el exmandatario uruguayo advirtió que "no se puede sostener a largo plazo una crisis económica basada en darle vuelta a la maquinita de la emisión". El costo de reconstruir: Definió los abusos fiscales del peronismo como una irresponsabilidad difícil de revertir, asegurando que "es muy fácil destrozar, pero muy difícil construir". Sostuvo que la sociedad argentina "tiene que aprender" las consecuencias inflacionarias que genera el exceso de impresión de dinero. 2. El desconcierto ante la paradoja electoral de 2023. El manejo de la economía local llegó a niveles insólitos durante la campaña electoral de 2023. Un fenómeno indescifrable: Al analizar los comicios en los que competía el entonces ministro de Economía Sergio Massa, Mujica catalogó la situación como "inverosímil". Señaló con asombro cómo un país con una inflación descontrolada y una crisis de divisas galopante mantenía competitivo a su propio jefe de la cartera económica gracias al peso místico del peronismo. 3. Las malas relaciones con el campo y el comercio. Desde la perspectiva productiva, Mujica siempre criticó la hostilidad de los gobiernos kirchneristas hacia el motor agropecuario. El error de pelear con el agro: En entrevistas otorgadas a medios como Perfil, subrayó que Argentina cometió el error de "pelearse con el sector que le puede dar respuesta más rápida, que es la agricultura de grano", que es la única vía veloz para capturar las divisas y la liquidez que el Estado necesita. El cepo y el proteccionismo: También miró con preocupación las políticas comerciales cerradas de Argentina, advirtiendo tempranamente que una economía "no podrá seguir muy cerrada" sin asfixiar su propio intercambio regional. 4. Críticas a la gestión libertaria de Javier Milei. Su rechazo al modelo anterior no lo alineó con las reformas de la actual administración, a la cual ataca por su impacto social. Acentuación de la pobreza: De acuerdo con reportes de Infobae, Mujica afirmó categóricamente que bajo el mandato de Milei “hay más pobres que antes” y que el ajuste económico está golpeando con dureza el tejido social. La desconexión teórica: Ha descrito a Milei como un "fenómeno de la teoría política" pero con recetas dogmáticas inaplicables, ironizando con que, debido a la volatilidad y los bandazos históricos de sus administraciones, "es difícil que en Argentina haya un gobierno bueno".

✦ A lo largo de su trayectoria, la dirección de la Asociación Madres de Plaza de Mayo—particularmente bajo el extenso y personalista liderazgo de Hebe de Bonafini— ha sido objeto de severas críticas provenientes de distintos sectores políticos y sociales. Si bien su rol histórico en la denuncia de los crímenes de la última dictadura militar es universalmente reconocido, sus detractores señalan graves errores estratégicos, éticos y discursivos. Las principales críticas e irregularidades atribuidas a su dirección se concentran en los siguientes puntos: 1. El escándalo de corrupción "Sueños Compartidos". El cuestionamiento más profundo a su gestión administrativa ocurrió a partir de 2011 con el programa de construcción de viviendas sociales “Sueños Compartidos”. Desvío de fondos públicos: La fundación de las Madres, financiada por el gobierno nacional, delegó la administración de millonarios fondos públicos en los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. La justicia argentina abrió una megacausa por defraudación al Estado, lavado de dinero y desvío de recursos destinados a los hogares. Quiebra institucional: Las deudas acumuladas con proveedores, los cheques rechazados y las obras inconclusas terminaron provocando que la justicia declarara la quiebra de la asociación en 2017, un hito que lesionó gravemente el prestigio moral de la entidad. 2. Mutación de organismo de derechos humanos a actor partidario. Históricamente, los movimientos de derechos humanos mantuvieron una prudente distancia de los partidos políticos para preservar su transversalidad. Partidización explícita: Bajo el mandato de Bonafini, la organización abandonó la neutralidad para alinearse de manera incondicional con el kirchnerismo. La propia dirigente llegó a declarar explícitamente que la asociación "dejaba de ser un organismo de derechos humanos para convertirse en una organización política" con un proyecto de poder propio. Fractura del movimiento: Esta fuerte impronta político-partidaria provocó divisiones históricas tempranas, dando origen a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una rama que prefirió mantener un perfil estrictamente enfocado en la memoria, la verdad y la justicia, alejado de las disputas electorales y gubernamentales. 3. Radicalización discursiva y expresiones de odioLa dirección de la asociación fue duramente reprochada por adoptar una retórica violenta e intolerante que contradecía los principios de paz y defensa de la vida que originaron el movimiento. Entre sus declaraciones más polémicas se recuerdan: Celebración de atentados: Las polémicas declaraciones de Bonafini celebrando abiertamente el atentado terrorista a las Torres Gemelas en 2001, manifestando públicamente que sintió "alegría" en ese momento. Ataques a las instituciones democráticas: Manifestaciones agresivas contra la Corte Suprema de Justicia, llamados a "quemar campos" de productores agropecuarios durante conflictos fiscales, y amenazas directas de usar pistolas eléctricas contra los hijos de dirigentes de la oposición. Desprecio a los excombatientes de Malvinas: Calificar de forma generalizada a los soldados que regresaron de la guerra de Malvinas como "fachos", afirmando que no merecían haber vuelto. 4. Intolerancia hacia la disidencia interna y externa. Se criticó un manejo rígidamente verticalista y sectario del espacio público y de las alianzas políticas. Apropiación del espacio: Se cuestionaron episodios en los que la dirección de las Madres intentó expulsar por la fuerza de la Plaza de Mayo a otros colectivos sociales o inmigrantes que realizaban protestas independientes, bajo la premisa de que la plaza les pertenecía con exclusividad. Enfrentamiento con otras organizaciones hermano: Incluso tras el fallecimiento de Bonafini, la dirección continuó manteniendo una relación de tensión y distanciamiento con figuras clave de los derechos humanos en el país, como Estela de Carlotto (titular de Abuelas de Plaza de Mayo), rechazando cualquier intento oficial de unificar discursos o legados institucionales.

✦ Hebe de Bonafini realizó reiteradas declaraciones acusando a las instituciones españolas de poseer graves déficits democráticos y de ejercer "terrorismo de Estado" en el marco del conflicto del País Vasco. Su postura, que incluyó la defensa pública de presos de ETA y de la ilegalizada coalición Batasuna, generó intensos roces diplomáticos y una profunda fractura dentro del propio movimiento de derechos humanos en Argentina. Las tesis de Bonafini sobre el Estado español y el conflicto vasco se articularon principalmente a través de las siguientes posturas: 1. La acusación de "Estado terrorista" y herencia franquista. Déficit democrático: Bonafini sostuvo en diversas conferencias y entrevistas que España no era una democracia plena. Afirmaba que las instituciones del país mantenían una continuidad de las lógicas represivas del franquismo, especialmente en el tratamiento judicial y policial del conflicto vasco. Declaración explícita: Llegó a señalar al Estado español directamente como un "Estado terrorista", argumentando que la aplicación de leyes antiterroristas y la dispersión de presos políticos vulneraban los derechos humanos elementales. 2. Solidaridad con el entorno de ETA y Batasuna. "Madres de los presos": En el año 2007, durante visitas y manifestaciones públicas, Bonafini afirmó de manera explícita: "Somos compañeras de las madres de los presos de Batasuna y de ETA". Definió a los militantes encarcelados como activistas políticos y no como terroristas comunes, equiparándolos en ocasiones con la militancia revolucionaria de los jóvenes desaparecidos en la Argentina de los años 70. Apoyo a la autodeterminación: Justificó las acciones del nacionalismo radical vasco bajo la premisa de que defendían una causa legítima de liberación y autodeterminación de los pueblos frente a un poder central opresor. 3. Consecuencias: Declaración de persona non grata y ruptura interna. Repulsa en España: Debido a estas afirmaciones, diversas fundaciones y asociaciones de víctimas del terrorismo en España, apoyadas por sectores políticos, declararon a Hebe de Bonafini "persona non grata", repudiando que un ícono global de los derechos humanos legitimara la violencia armada de ETA. Quiebre con la Línea Fundadora: Estas declaraciones detonaron fuertes reproches dentro de las propias Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Figuras de la rama Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, como Nora Cortiñas, salieron públicamente a distanciarse y condenar el terrorismo vasco. Cortiñas enfatizó en su momento que las opiniones de Bonafini las afectaban gravemente porque la organización debía estar "a favor de la vida y en contra de la violencia" sin distinciones.

✦ Hebe de Bonafini justificó y legitimó el uso de métodos terroristas por parte de ETA. El desglose directo de lo que implicaban esas posturas es el siguiente: "Nacionalismo radical vasco" / "Izquierda abertzale": En el plano teórico, describe a un movimiento político e ideológico. Su dirección estratégica estuvo indisolublemente ligada a la justificación del terrorismo urbano y los atentados. "Lucha armada": Es la expresión que la propia ETA y sus simpatizantes utilizaban para autodefinirse como un "ejército de liberación". La realidad material: Esa supuesta "lucha armada" se traducía en coches bomba, secuestros, extorsiones económicas (el llamado "impuesto revolucionario") y asesinatos selectivos de civiles, policías, jueces, periodistas y políticos. La definición académica y penal internacional es terrorismo. Bonafini no solo recurrió a la retórica ambigua, sino que en varias ocasiones cruzó la línea hacia la apología directa de la violencia de ETA: Legitimación del método: Sostuvo públicamente que los militantes de ETA recurrían a la violencia porque "no les dejaban otro camino", aplicando a una democracia parlamentaria europea la misma lógica de resistencia armada que se utilizaba contra las dictaduras militares latinoamericanas. Rechazo a la condena: Se negó sistemáticamente a condenar los atentados de la banda, argumentando que hacerlo implicaba alinearse con el relato del Estado español. Humillación a las víctimas: Al equiparar a los presos de ETA con los jóvenes desaparecidos por la dictadura argentina, equiparó a una organización criminal que asesinaba en democracia con las víctimas de un genocidio estatal, lo que provocó el repudio generalizado de las asociaciones de víctimas del terrorismo en España y de sus propios compañeros de militancia en Argentina.

✦ La permanencia de Hebe de Bonafini al frente de las Madres de Plaza de Mayo durante más de cuatro décadas se explica por una combinación de legitimidad de origen, un manejo rígidamente vertical de la organización y el amparo político del Estado. Para analistas e historiadores, el "capital moral" acumulado durante la dictadura actuó como un blindaje que compensó y diluyó el impacto de sus posteriores exabruptos y posturas extremas. Los factores clave que explican su continuidad institucional se estructuran en los siguientes puntos: 1. El capital moral de la resistencia inicial. Símbolo de valentía ineludible: Bonafini se convirtió en el rostro de la resistencia contra la dictadura militar más sangrienta de Argentina. Haber marchado bajo los "años de plomo" desafiando al régimen le otorgó un estatus de figura intocable para vastos sectores sociales. La devaluación de la crítica: Para una parte importante de la sociedad y de la militancia, cuestionar a una madre a la que el Estado le había desaparecido dos hijos y una nuera resultaba éticamente inaceptable. Sus declaraciones extremas solían justificarse socialmente bajo la premisa de que provenían de un "dolor inconmensurable". 2. Conducción personalista y purgas internas. Liderazgo de naturaleza vertical: Aunque la asociación nació como un colectivo horizontal, la conducción de Bonafini mutó rápidamente hacia un esquema rígidamente personalista. En la práctica, dentro del organismo se ejecutaba exclusivamente lo que ella ordenaba. Eliminación de la disidencia: Las diferencias metodológicas, éticas o políticas no se debatían; se resolvían mediante la expulsión o la sanción de las voces críticas. El hito definitivo de este control fue la fractura de 1986, cuando las Madres con un perfil más moderado, institucional y apegado a la universalidad de los derechos humanos prefirieron retirarse para fundar la rama Línea Fundadora. 3. El blindaje político y financiero del Kirchnerismo. Mutación en aparato oficial: Con la llegada de Néstor Kirchner en 2003, la asociación abandonó la condición de ONG de derechos humanos y pasó a operar formalmente como una organización político-partidaria. Bonafini encontró en el gobierno un aliado estratégico que validó plenamente su discurso radical. Financiamiento y estructura estatal: El traspaso de recursos públicos masivos a la fundación (para administrar universidades, radios y el plan de viviendas Sueños Compartidos) transformó a la entidad en una corporación económica y de militancia territorial. El sostenimiento de su liderazgo ya no dependía del consenso social general, sino de la voluntad política del gobierno de turno, que la adoptó como un ícono oficial inamovible. 4. La utilidad política del extremismo. El rol de "fuerza de choque" discursiva: Para los liderazgos del kirchnerismo, las posturas intransigentes de Bonafini cumplían una función útil. Ella expresaba de forma pública y agresiva ataques hacia la justicia, el periodismo o la oposición que los funcionarios gubernamentales no podían emitir formalmente por restricciones institucionales. Polarización: Su falta de moderación servía para tensionar la agenda pública y consolidar la cohesión ideológica de los sectores más duros de la izquierda y el peronismo.

✦ Un país que no toma medidas contra una destacada figura pública que justifica el terrorismo no tiene un funcionamiento político normal. El extremismo de Fanon, el Grapo y ETA es propio de otro siglo. Una sociedad moderna tiene que salir al paso para frenar lo intolerable. El debate sobre los límites de la tolerancia institucional frente a discursos que justifican la violencia política es un eje central en las democracias contemporáneas y tensiona de manera directa los ordenamientos jurídicos y los pactos sociales. El dilema jurídico y político de las democracias modernas. Libertad de expresión vs. Apología del delito: Las sociedades democráticas enfrentan la complejidad de procesar declaraciones extremas. Mientras que algunos marcos jurídicos (como el europeo) penalizan de forma estricta el enaltecimiento del terrorismo o la humillación a las víctimas, otros ordenamientos (como el estadounidense o históricamente ciertos contextos latinoamericanos) otorgan un margen más amplio a la retórica política, priorizando la libertad de expresión a menos que exista un peligro inminente de acción delictiva. El uso político del capital histórico: En el caso de figuras asociadas a la defensa de los derechos humanos, el estatus moral adquirido en contextos de dictadura civil o militar suele operar como un factor de inmunidad política informal. Esto explica por qué, en ocasiones, las instituciones estatales evitan la sanción penal o el aislamiento público, priorizando la estabilidad política o la cohesión de ciertos sectores de votantes sobre la condena unánime del extremismo. La evolución histórica del uso de la violencia. El marco del siglo XX: Autores como Frantz Fanon teorizaron sobre la violencia como un instrumento de catarsis y liberación en contextos coloniales. Bajo lógicas de Guerra Fría y dictaduras, organizaciones como el GRAPO en España, las Brigadas Rojas en Italia o ETA justificaron metodologías terroristas bajo la premisa de una "guerra de liberación" o resistencia armada. El consenso del siglo XXI: En las sociedades democráticas modernas, la consolidación de las instituciones parlamentarias, el desarrollo del derecho internacional humanitario y el fortalecimiento de las asociaciones de víctimas han consolidado el principio de que ninguna causa política justifica el uso del terror, el asesinato selectivo o la coacción violenta. La respuesta frente a lo intolerable se articula hoy a través del fortalecimiento judicial, los cordones sanitarios políticos y la pedagogía social de la memoria y la no violencia.

✦ Los excesos extremistas de un individuo empedernido o iluminado no constituyen el problema central. Las instituciones y la clase política tienen que mostrar una postura en contra del discurso justificador del terrorismo de forma inequívoca y rotunda. Este planteamiento sitúa el foco en la responsabilidad institucional y el rol de la clase política, argumentando que la salud de una democracia no se mide por la existencia de voces marginales o radicales, sino por la contundencia con la que el sistema reacciona ante ellas. En la ciencia política y el derecho constitucional contemporáneos, esta postura se alinea con el concepto de "democracia militante" (o defensiva), el cual sostiene que las instituciones democráticas no deben permanecer neutrales ni pasivas ante aquellos discursos que socavan sus propios cimientos o legitiman la violencia. La respuesta de las instituciones y los líderes políticos frente a la justificación del terrorismo suele analizarse bajo tres dimensiones clave: 1. El cordón sanitario político. Aislamiento institucional: En los sistemas con democracias maduras, la primera línea de respuesta no es necesariamente penal, sino política. Consiste en establecer un rechazo unánime que prive a cualquier emisor de discursos violentos de legitimidad, plataformas oficiales, subsidios públicos o alianzas electorales. El riesgo de la instrumentalización: Las críticas hacia las élites políticas surgen cuando, por cálculo electoral o afinidad ideológica, se decide flexibilizar ese cordón sanitario. Cuando un sector político tolera, justifica o minimiza los exabruptos de una figura pública para retener el apoyo de bases radicalizadas, se produce un desgaste de la credibilidad de todo el arco institucional. 2. La respuesta penal y sus límites. Tipificación del enaltecimiento: Países que han sufrido el terrorismo de manera directa y prolongada, como España, desarrollaron herramientas jurídicas específicas (como el delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas en el Código Penal) para fijar un límite legal inequívoco. El dilema de la proporcionalidad: El desafío para los tribunales en una sociedad moderna consiste en castigar la apología del terror de forma efectiva sin que ello degenere en una restricción indebida de la libertad de expresión o en la creación de "mártires políticos", un efecto adverso que los sectores extremistas suelen buscar para retroalimentar su narrativa de persecución. 3. El deber ético y pedagógico del Estado. Centralidad de las víctimas: Desde una perspectiva ética, la respuesta rotunda de las instituciones es considerada un acto de reparación indispensable para las víctimas de la violencia. La falta de una condena oficial y transversal es percibida como una desprotección estatal y una validación indirecta del sufrimiento causado. Fijación de consensos básicos: Las sociedades modernas dependen de pactos de convivencia donde el rechazo al asesinato y a la coacción por motivos políticos es el mínimo común denominador. Cuando la clase política emite señales ambiguas, se debilita la pedagogía democrática, transmitiendo a las nuevas generaciones la idea de que la violencia puede ser un método de acción política válido según el contexto o la ideología de quien la ejerza.

✦ No quisiera remarcar el papel de la clase política. Una sociedad sana y moderna debe hacer notar un rechazo inequívoco y rotundo para que el individuo iluminado no esté repitiendo durante muchos años justificaciones del terrorismo. La respuesta frente a la justificación del terrorismo debe nacer del propio tejido social, operando como un anticuerpo comunitario que aísle el extremismo mediante la sanción social, el reproche moral colectivo y la pérdida de prestigio público. Cuando una ciudadanía reacciona de manera orgánica e inequívoca, se retira la validación social indispensable para que un discurso violento prospere o se prolongue en el tiempo. El rechazo ciudadano directo y transversal se articula a través de tres pilares fundamentales en las sociedades contemporáneas: 1. La condena social como frontera ética. Aislamiento comunitario: Una sociedad civil madura establece límites claros en su conversación pública. Cuando un emisor justifica el uso de la violencia o el terror, el reproche de sus pares, de los medios de comunicación independientes y de las organizaciones comunitarias actúa como un freno reputacional inmediato. Retirada de la legitimidad: El objetivo de la sanción social no es la censura previa, sino la pérdida absoluta de autoridad moral. Al dejar de ser escuchado o respetado, el emisor de discursos violentos pierde la plataforma de influencia necesaria para normalizar sus mensajes. 2. El rol de las instituciones civiles y la opinión pública. Fiscalización desde la base: Las asociaciones vecinales, los clubes sociales, las universidades y las cámaras profesionales juegan un papel clave al negarse a otorgar tribunas, premios o reconocimientos a personas que validan el terrorismo. El periodismo y el debate abierto: Los medios de comunicación y los creadores de opinión contribuyen a la salud democrática cuando exponen y confrontan las contradicciones de los discursos extremistas, en lugar de amplificarlos de forma acrítica por razones de audiencia o polarización. 3. La memoria histórica colectiva. Pedagogía de la no violencia: La base de una sociedad sana radica en la transmisión intergeneracional de consensos mínimos, donde el respeto a la vida y el rechazo a la coacción violenta se consideran innegociables. Empatía con las víctimas: Centrar el relato colectivo en el sufrimiento de las víctimas y en el daño destructivo que causa el terrorismo desmantela cualquier intento de idealización o romanticismo en torno a la "lucha armada" o el mesianismo político.

[ (www) archive.org | diariodeavisos.elespanol.com | Bioy Casares | Argentina: Novelas: Sinopsis | Surrealismo y realismo mágico ]