Soberanía: Cataluña             

Proceso global de integración:
Europa vive tiempos extraordinarios donde modelos, estructuras y formas de organización, privados y públicos, han quedado obsoletos. Como la vida sigue, familias, ciudadanos y empresas improvisan fórmulas que, por numerosas, los poderes fácticos se ven obligados a dar por buenas. Ejemplos: la Iglesia no aprueba ciertas formas de control de la natalidad, pero tolera extraoficialmente que matrimonios católicos se sirvan de ellas; la propia Administración mira hacia otro lado cuando profesionales autónomos trabajan recurrentemente para una misma empresa, sin contrato laboral; parejas de hecho tienen hijos sin importarles no estar unidos por lo civil, pues sus derechos y obligaciones están prácticamente garantizados. El hecho prevalece sobre lo nominal. Pragmatismo se antepone a estructura. Lo importante no es categorizar una relación, sino flexibilizarla para preservar sus ventajas. SOBERANÍAS PERDIDAS En el ámbito europeo sucede algo parecido. Los países miembro de la Unión Europea (UE) han cedido soberanías y, sin embargo, se comportan como si sus obsoletas estructuras de estado fuesen el marco de la ley. El concepto europeo de estado que sucedió a la Segunda Guerra Mundial está finiquitado. Los estados actúan como soberanos y han dejado de serlo. ¿Acaso cabe hablar de soberanía e independencia del Estado español en materia económica? Y, de forma análoga, ¿tendría una Catalunya independiente una soberanía total? El Estado español carece de moneda propia, no puede fijar tipos de interés, devaluar o revaluar la moneda ni imprimir dinero. Un estado catalán adscrito a la UE, tampoco podría. De acuerdo a la inminente reforma financiera europea, van a cederse competencias de los bancos centrales nacionales. El Banco de España perderá competencias. Catalunya no tendría regulador financiero ni supervisor bancario propio. Como la crisis del euro es, en gran medida, resultado de una política monetaria común en un territorio de políticas fiscales dispares, se van a ceder más competencias en materia fiscal con tal de coordinar las políticas económicas de la unión. España no tiene soberanía sobre su gasto público, los límites de endeudamiento ni su déficit anual. Una Catalunya independiente tampoco la tendría. Así, España y Catalunya están disputándose una independencia política y económica que, en la práctica, está en manos de la UE. Por eso pocos comprendieron el amplio abanico de opciones que Artur Mas desplegó cuando afirmó que una Catalunya puede encajar con España de un modo diferente a través de Europa obviando el término independencia. Igual que independencia es un concepto desfasado en el seno de la Unión Europea, Madrid no puede insistir en conservar una soberanía política que ya no ostenta y que, por lógica, Catalunya tampoco puede alcanzar. La quimera no es reclamar la independencia catalana, sino pensar que España todavía lo es. Necesitamos olvidar el concepto de Estado español tal como lo conocemos. Y el de Estado catalán tal como habría sido y no pudo ser. Probablemente ambos son imposibles. Si esto se aceptase como un hecho natural, se abrirían múltiples alternativas (y no sólo la confederación de estados) de vinculación política y económica. Tengamos perspectiva histórica. Sistemas políticos para responder a cuestiones económicas ha habido muchos, y cambian continuamente. En la vertiente social, una Catalunya independiente tendría una ciudadanía desencajada. La declaración universal de los derechos del hombre (Resolución de la Asamblea General de la ONU de 10/12/1948) dice que “…a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad”. Obtenida la independencia de Catalunya por vías democráticas y pacíficas, no se podría obligar a los ciudadanos que votaron en contra a que renunciasen a la nacionalidad española. Podría darse que una importante proporción de la población de Catalunya decidiese conservarla. Una Catalunya con millones de residentes sería muy compleja de gestionar. El propio Jordi Pujol reconoció “el peso y el papel de la lengua castellana en una hipotética Catalunya independiente”. La cultura castellana es una parte muy importante del PIB catalán. El empresariado catalán buscaría cómo conservar esa parte de negocio porque sufriría mucho al margen del castellano. Es decir: la convivencia social y cultural de identidades es obligada. Por eso, Artur Mas debe alinear muy bien el discurso político con el popular. El independentismo del siglo XX no es factible económica, cultural ni políticamente. El problema es que muchos lo creen todavía vigente y sería un engaño venderlo al votante. Declinar el término independencia es un gran reto pedagógico para quienes incorporen en su programa el derecho a decidir. Tanto un acuerdo bilateral como una secesión unilateral tendrían lugar en la Unión Europea, un marco donde las soberanías totales han desaparecido y lo que priman son acuerdos para compartir gastos, inversiones, infraestructuras e iniciativas de toda índole entre regiones y estados miembro. Pertenecer a un espacio de soberanías delegadas y acuerdos multilaterales convierte en anacrónico un plebiscito por la independencia. Eso no significa seguir igual que hasta ahora. Diseñemos un nuevo modelo sin renunciar, españoles y catalanes, a nada de lo que nos une y divide. En tal proceso, debe erradicarse la dicotómica cuestión de si en ese modelo Catalunya pertenece o no a España. Es un debate reduccionista estéril, pues hoy en día ningún territorio pertenece a otro como si fuera una propiedad. Podríamos llamarlo la cuarta vía, el camino más inteligente, barato y rápido para abolir el subvencionismo perpetuo y el déficit fiscal, injusto por vitalicio. Es una jugada maestra por parte de Mas ofrecer un proyecto a los catalanes frente a los sacrificios venideros. Una ilusión para levantar el país. ¿Por qué no se hace lo propio en el resto de España? La cuestión catalana debería servir de acicate para que los estamentos más casposos de la España centralista comprendan que reside una oportunidad en ofrecer un nuevo proyecto constitucional por el que apostar y sacrificarse los próximos diez años. Además, urge una profunda revisión del modelo de las autonomías, modelo que nos lleva a la ruina. Se atendería así a las aspiraciones económicas y políticas de Catalunya y, de paso, se reestructuraría la administración pública según una combinación territorial que garantizase la autosuficiencia fiscal. Muchos en el PP y el PSOE piensan así pero, censurados por la (también) obsoleta disciplina de partido que pervierte la democracia en partitocracia, callan. Si esta cuarta vía está también cerrada, las emociones ganarán a las razones. (Fernando Trias de Bes, 12/10/2012)

Autodeterminación:
Qué duda cabe que autodeterminación e independencia son conceptos que arraigan profundamente en los sentimientos. Sin embargo, su implantación tiene un impacto directo, mucho más material y tangible, en ámbitos políticos y sociales. Así por ejemplo, se está haciendo mucho hincapié en las graves consecuencias económicas y en la fractura social que se produciría si progresaran los procesos secesionistas de Cataluña y del País Vasco. Sin restar importancia a los sentimientos, a la economía y a la estructura social de una comunidad, el tratamiento racional de la libre determinación de los pueblos también debería prestar atención, entre otros aspectos, a sus sólidas bases jurídicas. El Diccionario de la Real Academia Española define el término autodeterminación como la “decisión de los ciudadanos de un territorio acerca de su futuro estatuto político”. Lógicamente, esta definición es tan clara y precisa en lo conceptual, como vaga en lo jurídico, pues no especifica ni quiénes son los ciudadanos sujetos del derecho de autodeterminación, ni a qué territorio afecta. Precisamente, en la delimitación del territorio y, por tanto, de los ciudadanos, radica la clave para aplicar este derecho, ya que de no acotar la potencialmente infinita división del territorio, se podrían repetir situaciones secesionistas tan irracionales como las que se dieron en España durante la Primera República. El planteamiento preferido por la mayoría de los nacionalistas para resolver la cuestión territorial se basa en la supuesta existencia de pueblos muy bien territorializados que disfrutan de una identidad histórica y cultural propia. Dicho de otro modo, los sujetos del derecho de autodeterminación son los pueblos culturalmente homogéneos y que ocupan territorios bien delimitados sin compartirlos siquiera con minorías diferenciadas. Sin embargo, en ningún lugar de Europa, que no sea en el imaginario nacionalista más radical, se da esta circunstancia. De hecho, si el ejercicio de la autodeterminación resultara en la independencia del territorio, se daría la paradoja de crear nuevas minorías que podrían optar, siguiendo el mismo razonamiento secesionista, a reclamar su correspondiente derecho de autodeterminación. Y así sucesivamente hasta llegar al absurdo. Es más, la adaptación de este argumento a la situación catalana y vasca, significaría ignorar que en estas comunidades existe, cuanto menos, una presencia numerosa de ciudadanos de pleno derecho que no se sienten identificados con ningún hecho diferencial que les impulse a reclamar un estatuto político que suponga la separación del resto de España. Pero incluso quien pretenda que una minoría no debe condicionar la supuesta voluntad independentista mayoritaria, tendría que aplicar el mismo criterio en los territorios en los que sus ciudadanos se manifiesten de forma contraria, como es seguro que ocurriría en importantes zonas de Cataluña y el País Vasco. Cambiando de enfoque, las Naciones Unidas consagran el principio de la libre determinación, según el cual todos los pueblos tienen el derecho a decidir libremente su condición política, de la misma manera que todo Estado tiene el deber de respetar este derecho [Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General]. En concreto, la Resolución de la ONU especifica que el fin de la aplicación del principio de autodeterminación es poner fin al colonialismo, como forma de dominación extranjera que constituye una flagrante denegación de derechos humanos fundamentales. Además, establece que el ejercicio de la libre determinación puede resultar en la creación de un Estado independiente o en cualquier otra forma de relación con otro Estado. Esta misma Resolución puntualiza que la autodeterminación es de aplicación exclusiva a colonias o a cualquier otro territorio no autónomo, en tanto que tienen una condición jurídica distinta de la del Estado que lo administra. A este respecto, se apostilla que la libre determinación no puede utilizarse para quebrantar la integridad territorial de los Estados soberanos que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos, es decir, que estén dotados de un Gobierno que represente a la totalidad de los ciudadanos. Por tanto, el principio de autodeterminación, tal y como está sancionado por las Naciones Unidas, no puede aplicarse de forma genérica, sino que debe circunscribe a los supuestos de dominio colonial o falta de representatividad del conjunto del pueblo por motivos étnicos, ideológicos o culturales. De no ser así, se acabaría promocionando la homogeneidad cultural y la limpieza étnica. En definitiva, resulta evidente que dentro del Estado español no se dan las condiciones necesarias que permitan la aplicación del principio de autodeterminación. Por una parte, porque en España no existen territorios colonizados, cuyos ciudadanos no estén representados en las instituciones democráticas nacionales en condición de igualdad. Por otra parte, porque tampoco existen pueblos culturalmente homogéneos, bien diferenciados y perfectamente territorializados. En estas circunstancias, con independencia de que se quieran obviar los sólidos fundamentos de la nación española, cualquier decisión sobre el futuro estatuto político de Cataluña o del País Vasco debería respetar necesariamente la voluntad del pueblo español, sujeto de la soberanía nacional, bien mediante consulta directa, bien mediante cualquier otro procedimiento democrático para modificar el actual orden constitucional. Cualquier otra vía atentaría directamente contra los cimientos más básicos de nuestra democracia. (Francisco Rubio Damián, 27/12/2012)

Nación: Constitución:
La pretensión nacionalista sobre el derecho a decidir puede resumirse así: 1) La voluntad de los españoles no puede oponerse a la voluntad de los catalanes, y por ello los catalanes tienen derecho a decidir ignorando la Constitución; 2) Aun en el caso de que se considere que los catalanes aprobaron la Constitución de 1978, la voluntad de los catalanes de ahora vale más que la voluntad de los catalanes de antes y, por tanto, los de ahora también tienen derecho a decidir ignorando la Constitución. Pese a alguna coartada revisionista ofrecida por el socialismo, hasta para los nacionalistas es claro que en 1978 existió una voluntad política española legítima de la que la voluntad catalana fue parte fundamental (algo que también puede afirmarse de la voluntad vasca cuando se vencen los tópicos). Por eso acuden a la segunda hipótesis de trabajo, la que opone una voluntad catalana de antes a la voluntad catalana de ahora, y por eso conviene centrarnos en ella. Decidir es una forma de elegir y es también una forma de renunciar. Derecho a decidir es derecho a elegir y a renunciar, sabiendo que las sucesivas decisiones que se van tomando fijan el escenario biográfico o histórico en el que se tendrán que adoptar las siguientes. Por ejemplo, puedo decidir entrar en una cafetería y, una vez dentro, puedo decidir salir de ella. Pero esta segunda decisión no puede consistir en actuar como si la primera no se hubiera tomado. No puedo decidir que no sea verdad que estoy dentro, puesto que lo estoy. Puedo desear que no sea verdad, pero eso no es una decisión, es un deseo. Puedo arrepentirme de haber entrado, pero eso tampoco es una decisión, es un arrepentimiento. Si decido salir es porque reconozco que estoy dentro. Y salir es algo que tendré que hacer por la puerta, por el lugar habilitado al efecto, a ser posible sin empujar y sin prender fuego al local al que entré porque quise. Si hago otra cosa difícilmente puedo esperar aprobación, menos aún simpatía. Pero no parece que sea ésta la idea que tiene en su cabeza el nacionalismo cuando alude al derecho a decidir. Más bien parece pensar en la facultad de tomar decisiones sucesivas ignorando las anteriores, idea que lo sitúa en muy mala encrucijada. No sólo porque no obtendrá ni aprobación ni simpatía, sino porque o bien afirma que no hay nada en las decisiones de los catalanes de 1978 capaz de vincularlo ahora, en cuyo caso reconocería una quiebra de la continuidad histórica de la nación catalana (es decir, el nacionalismo de hoy no pretendería fundar un Estado sino una nación), o bien reconoce que aquella decisión -quizás equivocada o absurda, eso es lo de menos- lo fue de los catalanes y, por tanto, la asume como propia. Solo en este segundo caso, aceptando que hubo una voluntad catalana de estar dentro, puede poner en marcha un plan aceptable para irse afuera. De lo contrario, es imposible. La ventaja de la intensidad con la que el nacionalismo catalán expresa su impaciencia por salir de España es que nadie ha afirmado nunca con tanta claridad que está dentro de ella. El problema es que a partir de este reconocimiento de base, cuya mejor expresión pública es el conocido «Catalunya is not Spain» (leído como «Catalunya is Spain, aunque no queremos que lo sea»), no se sigue un razonamiento ordenado ni en la lógica ni en la ética, lo que impide formular debidamente la decisión de salir y lleva a expresar deseos, arrepentimientos y acusaciones como si se tratara de decisiones políticas maduras en el seno de un Estado de Derecho. Querer salir es legítimo, pero no puede confundirse con estar fuera, ni con no haber estado dentro nunca, ni con un derecho a elegir la forma de salir. La voluntad catalana de ahora puede y debe ejercerse, como se viene haciendo cotidianamente en la Constitución y en la ley. Y si realmente ha cambiado -cosa que está por ver-, incluso puede ejercerse en el sentido que prefiere el secesionismo, aunque a algunos nos parezca lo peor que puede hacerse por Cataluña. Pero no puede ejercerse hoy como si no se hubiera ejercido en 1978 y como si no se viniera ejerciendo desde entonces como parte de la voluntad nacional. En este punto el secesionismo parece ser incapaz de comprender las objeciones de quienes nos oponemos a lo que está haciendo y es donde se hace imposible también que sea tomado en serio como proyecto político europeo. Tal y como lo enuncia, lo que la Generalitat pretende es que las decisiones de los catalanes carezcan de consecuencias, no impliquen compromisos. Se quiere por ello que lo ya decidido no valga nada, y al pretender elevarlo a derecho propio y exclusivo de una incierta nación catalana se quiere también que por ser catalán a la manera nacionalista se pueda repetir la operación cuando se considere oportuno sin coste alguno. La reclamación de ese «derecho» sería la prueba de la existencia de la nación de los nacionalistas, que coincide con la suma de quienes pretenden ejercerlo. Pero una nación basada en una pretensión así jamás podrá disponer de una «estructura de Estado», en la candorosa formulación del presidente de la Generalitat, porque un Estado se constituye sobre la ley -que habitualmente hacen otros y no uno mismo, y que suele expresar una voluntad de antes y no de ahora- y contra la idea de que exista un derecho a decidir al margen de la Constitución y de las normas. La voluntad «de ahora» pasará a ser también «la de antes» al día siguiente de expresarse; quienes alegan que no pudieron votar y que eso invalida la Constitución de 1978 no podrán negar a otros esa misma razón. El nacionalismo ignora que su argumento no anula el proceso constituyente español sino cualquier constitucionalismo en cualquier tiempo y lugar, empezando por el suyo, puesto que las generaciones se sucederán incluso en Cataluña. De hecho, mediante la formulación del derecho a decidir el nacionalismo manifiesta su voluntad de carecer de Estado, su incapacidad para hacerlo posible. Y refrenda la sospecha de que su único hábitat viable es España, que no sólo sí ha sabido constituir su propio Estado sino que lo ha hecho con generosidad suficiente para acogerlo a él. Defender que los catalanes están sujetos a la Constitución es tomar en serio su palabra, es afirmar su libertad. Quien da valor a nuestra palabra nos dignifica, no nos humilla; quien confía en que cumpliremos lo acordado nos ensalza, no nos avasalla. Y frente al hecho constituyente cierto de 1978 cualquier querella histórica anterior carece de valor político alguno. Si el nacionalismo se considerara al margen de esa voluntad, estaría haciendo imposible cualquier horizonte de secesión porque estaría afirmando que las decisiones de los catalanes carecen de valor vinculante. También los nuevos acuerdos políticos, que no serán exigibles si llegado el caso la nación nacionalista volviera a «sentir» que ya no le comprometen. Se puede llamar a eso «derecho a decidir», pero impide que en Cataluña la expresión «decidir libremente» pueda llegar a significar nunca algo compatible con la cultura política que hoy se expresa en el constitucionalismo y en la Unión Europea. Exactamente el reverso de la pretensión nacionalista. O decidir significa elegir compromisos y aceptar renuncias o no significa nada políticamente relevante. Y si es eso lo que significa, entonces los compromisos que los catalanes asumieron libremente junto al resto de los españoles en 1978 están plenamente vigentes y deben ser plenamente respetados y defendidos. Cualquier voluntad nueva debe manifestarse con respeto a la realidad histórica que aquella decisión creó. El respeto que se le tenga será el que se merezca. Porque siempre hay un día después del gran día. (Miguel Angel Quintanilla, 04/01/2013)

Elliot y el debate catalán:
En el actual debate mediático sobre la independencia de Catalunya se habla mucho de la historia, de sus razones históricas, de los agravios frente a España. Pero callan los historiadores y su silencio es una forma de asentimiento a la opinión dominante. Y esta opinión dominante puede resumirse en una frase: “Desde hace 300 años, desde 1714, España expolia y oprime a Catalunya”. Un mensaje claro y directo. Y simple y falso. Pero que hace mella. Últimamente, un historiador eminente ha empezado a terciar en el debate. Se trata nada menos que del británico John H. Elliott. A sus 82 años, desde su residencia de Oxford, hace declaraciones de una envidiable lucidez. A raíz de su último libro ( Haciendo historia, Taurus, 2012), una recapitulación de su vida como historiador, ha concedido algunas entrevistas en las que se le ha preguntado sobre la actual situación de Catalunya y, como es natural o, mejor dicho, como es su obligación moral, ha respondido con toda sinceridad. Elliot es probablemente la más respetada autoridad en la historia española de los siglos XVI y XVII. Además, es un profundo conocedor de Catalunya. En los primeros años cincuenta, tras licenciarse en Cambridge, se vino a Barcelona y residió en ella durante algún tiempo, el suficiente para aprender a hablar perfectamente catalán y castellano. Se introdujo en el mundo académico de la época y trabó amistad y complicidad intelectual con Jaume Vicens Vives y su escuela. Vicens se había situado, ya desde antes de la guerra, en una posición crítica frente a la historia romántica que predominaba en Catalunya. Así lo explicó John H. Elliott en El País Semanal del pasado domingo: “Al ver lo que estaba intentando hacer Vicens Vives, desmitificar la historia de Catalunya, enseguida me encontré del lado de este grupo. Me di cuenta del peligro de la mitología en la formación de identidades colectivas y nacionales”. En otra entrevista publicada en octubre pasado, a preguntas de Tulio H. Demicheli, insistía en lo mismo: “Vicens Vives quería eliminar las categorías de ‘agravio’ o ‘expolio’ a la relación de España con Catalunya, un continuo ‘victimismo’ desde el compromiso de Caspe que es un reduccionista. Esos tópicos respondían más a los rencores que la arrogancia castellana había provocado en la sociedad catalana que a la realidad histórica, porque no es verdad que hubieran ‘perdido libertades’ en 1714, ni que el Principado fuera ‘más democrático’ antes que después de Felipe V.” Ciertamente esta desmitificación de la historia catalana era una de las pretensiones de Vicens Vives. Pero su prematura muerte en 1960 truncó esta tarea y, en la entrevista de El País, Elliott considera hoy que sus esfuerzos han sido baldíos: “Me habría gustado que en la Catalunya actual Vicens Vives hubiera ganado esa batalla, pero después de una o dos generaciones parece que no la ganó. Para mí ha sido muy triste, porque creo que una sociedad necesita sus mitos, pero si los mitos dominan y entorpecen una auténtica investigación, llegamos a una situación en la que el pueblo queda ensimismado y adopta una postura de agravio pensando que todos los desastres han sido culpa de otros. En ese momento es cuando se llega a una situación de crispación por cualquier problema. Hay políticos que se aprovechan de esto para fortalecer los mitos, para poner un énfasis excesivo en el victimismo y no darse cuenta de los problemas internos de una sociedad. Eso es lo que me preocupa especialmente”. Es decir, lo que preocupa a Elliott es que los historiadores catalanes –se entiende, la mayoría dominante– han vuelto a la historia de antes, la que cultiva mitos al servicio de las ideologías políticas y provoca una sociedad ensimismada, en la que el agravio se magnifica y el victimismo sistemático se utiliza para ocultar los verdaderos problemas. Es un retrato exacto de lo que está sucediendo: se utilizan los falsos “300 años de opresión española” para encubrir, tapar y disimular, el desgobierno actual. Y buena parte de los historiadores catalanes son cómplices de esta situación. ¿Por qué no explican que el 11 de septiembre de 1714 fue el final de una guerra de sucesión a la Corona de España provocada por el enfrentamiento entre las grandes potencia europeas? ¿Por qué no explican que en dicha fecha no perdieron los catalanes libertad alguna sino únicamente los antiguos fueros estamentales? ¿Por qué no explican que el siglo XVIII, gobernando los Borbones, empezó la prosperidad económica de Catalunya, tras siglos de decadencia, los dos últimos bajo gobierno de los Austria? ¿Por qué no explican que el auge del siglo XIX está basado muy fundamentalmente en el libre comercio con América concedido por Carlos III, un rey Borbón, mientras esta libertad fue negada antes por la dinastía de los Habsburgo? ¿Por qué no explican que la política proteccionista de los gobiernos españoles a la industria catalana durante los siglos XIX y XX, hasta el Plan de Estabilización de 1959, fue en beneficio de las empresas de Catalunya y, probablemente, en perjuicio de los consumidores del resto de España? En todo ello deben mojarse los historiadores. (Francesc de Carreras, 09/01/2013)

Cataluña como problema democrático:
Poco a poco, parece extenderse la creencia de que el debate sobre el derecho a una eventual secesión de Cataluña es un debate entre legalidad y democracia. También, de alguna manera, una disputa ideológica entre, pretendidamente, fuerzas de progreso, aquellas que defienden, al menos, la posibilidad de ejercer un denominado derecho a decidir, y fuerzas conservadoras, sino directamente reaccionarias, que defienden el mantenimiento de la unidad del Estado y, en todo caso, el respeto a la legalidad. Como es natural, quienes propugnan las tesis secesionistas subrayan la plena legitimidad de su posición. Una legitimidad que, de forma más o menos expresa, se niega a la posición contraria. Contrastemos estas posiciones. Aquellos que defienden el llamado derecho a decidir, y la independencia como eventual consecuencia, argumentan que la tesis secesionista tiene un plus de legitimidad por apoyarse en valores como la libertad, la democracia o la justicia. Legitimidad fuerte frente a una legitimidad débil. Son muchas las ideas que podrían usarse para rebatir esta posición. Baste decir que en una democracia se exigen argumentos muy poderosos para convertir en extranjero a un conciudadano. Parece cuestionable hacer elegir ciudadanía al catalán que vive en otra comunidad española y a aquel que desea seguir viviendo en Cataluña, pero no entiende de forma excluyente su condición identitaria, especialmente cuando no se da, ni remotamente, ninguno de los motivos que justifican en derecho internacional y filosofía política el ejercicio de la secesión. Y no se dan porque el presente nivel de autogobierno garantiza de forma incuestionable el ejercicio de derechos individuales y de las expresiones culturales del ser catalán. Más aún, todo lo que se aduce como justificación de la apuesta independentista, identidad, autogobierno, financiación, tiene solución en un marco jurídico y político común. Por todo ello, puede sostenerse que defender la consecución de un marco compartido que de satisfacción a todos es más acorde con los valores que sustentan la legitimidad en una sociedad democrática que la posición contraria. Por otra parte, el principio democrático parece monopolizado por aquellos que defienden la independencia. La única exigencia de este principio sería la celebración de un referéndum para ejercer el derecho a decidir. Desde luego, es una parte del debate. Pero las exigencias democráticas no se limitan al hecho de votar, pues la democracia supone exigencias adicionales para los poderes públicos. Así en el supuesto que se comenta, la celebración de un referéndum, y el conjunto del debate sobre la independencia, plantean exigencias ineludibles y previas a cualquier decisión sobre una eventual votación. Entre las mismas, un funcionamiento equilibrado de los medios de comunicación públicos, la garantía de igualdad de oportunidades para todas las opiniones o, por supuesto, una información amplia y fidedigna sobre las condiciones y consecuencias de la independencia. También unos tiempos y un procedimiento que respondan perfectamente a las exigencias de un asunto de tanta trascendencia. No es posible debatir sobre la eventual celebración del referéndum si las reglas esenciales del juego no se han establecido. O, más bien, se han establecido unilateralmente. Pero, antes de nada, se encuentra el propio respeto a la legalidad. En una sociedad democrática, la legalidad es expresión de la voluntad del pueblo y cualquier opción política, para respetar el propio principio democrático, debe encauzarse a través de la misma. En ocasiones, como es el caso, el ordenamiento no da satisfacción a una voluntad política determinada, pues la independencia de Cataluña no es posible en el presente marco jurídico, por lo que la consecución de tal objetivo obliga a reformar nuestro ordenamiento. No se trata de un mero formalismo jurídico, pues el gobierno de las leyes sigue siendo la forma más virtuosa de la democracia. Finalmente, parece ganar posiciones la idea de que apoyar la posibilidad de la independencia de Cataluña o, al menos, ser equidistante respecto de la misma, es sinónimo de progreso mientras que la tesis contraria sería manifestación de un españolismo rancio. Semejante consideración, al menos, sorprende. En una visión conjunta del Estado, única posible desde fuera de Cataluña, identidad y financiación, principales argumentos del soberanismo, particularmente el segundo, pueden definirse como regresivos. Así, será necesario que se expliquen las consecuencias financieras sobre otras comunidades autónomas de materializarse esa independencia. O el ejemplo que se proyecta sobre el proceso de construcción europea, particularmente en el actual contexto de crisis. Renunciar a esta dimensión de la solidaridad tiene consecuencias inevitables sobre la idea y praxis de justicia. Se ha dicho que no es posible entender España sin Cataluña. Como no es posible entender Cataluña sin España, pues no son dos realidades separadas. Es mucho más lo que une que lo que separa. Ninguna de las cuestiones que se aducen para defender el proceso de secesión son irresolubles si existe voluntad de resolverlas. Así, es plausible pensar en modelos jurídicos y políticos que encuentren acomodo en un Estado común a posibles déficits en materia identitaria y de financiación. La opción por ese Estado no se sostiene en una legalidad anacrónica. Está sostenida por la legalidad y por la legitimidad. Por el principio democrático y por una comprensión del Estado como instrumento de justicia redistributiva. Por los ideales de solidaridad e integración que representa Europa. Es el momento de convencer: desde el derecho, pero, ante todo, desde la razón. (José Tudela, 26/03/2013)

Falsificación catalana:
Las primeras piedras del nacionalismo se edificaron sobre una invención. La de Próspero de Bofarull i Mascaró, barcelonés y director del Archivo de la Corona de Aragón, que decidió, hacia 1847, tachar y reescribir el Llibre del Repartiment del Regne de València de la Edad Media con el objetivo de engrandecer y magnificar el papel que tuvieron los catalanes en la conquista del reino de Valencia de 1238. Próspero suprimió del histórico volumen apellidos aragoneses, navarros y castellanos para darle más importancia numérica a los catalanes.La burda manipulación, obra para más inri del hombre encargado de garantizar la integridad del archivo, era sólo el comienzo de una cadena de falsificaciones que pronto alimentaría la semilla del nacionalismo y construiría un relato distorsionado de la Historia de Cataluña, ficción que han llegado hasta nuestros días. A las adulteraciones de Próspero de Bofarull se uniría la conveniente desaparición del testamento de Jaime I -legajo 758, según la antigua numeración- que establecía los límites de los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y del Condado de Barcelona. Y qué decir del Llibre dels Feyts [Hechos] d'Armes de Catalunya, falsamente considerado una joya de la literatura catalana medieval. Su autor, Joan Gaspar Roig i Jalpí (1624-1691), ejecutó un engaño extraordinario al asegurar que la obra, en realidad escrita por él en el siglo XVII, era una copia de un incunable de 1420 firmado por Bernard Boadas. El apócrifo ha sido usado como fuente para narrar la historia de la patria catalana durante siglos, hasta que en 1948 el medievalista y lingüista Miquel Coll y Alentorn descubrió el timo.La manipulación del independentismoEstas y otras manipulaciones ponen en evidencia cómo el independentismo catalán ha torcido la Historia a su antojo y que desde Cataluña pasen de largo sobre los retoques que el admirado archivero Próspero de Bofarull -un enorme retrato suyo decora la sede del Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona- hizo en las páginas del Llibre del Repartiment. Fue el filólogo e historiador Antonio Ubieto quien denunció en los años 80 que Próspero de Bofarull había modificado el Llibre en el que se registraban las donaciones de casas o terrenos hechas por Jaime I a los que participaron en la conquista de Valencia descartando asientos que se referían a repobladores aragoneses, navarros y castellanos. Próspero de Bofarull i Mascaró. "Tras descubrir la manipulación de Bofarull, el historiador Ubieto y sus hijos fueron amenazados" El descubrimiento, que ha pasado prácticamente desapercibido pese a su trascendencia, le supuso a Antonio Ubieto el enfrentamiento con compañeros catalanistas y ser objeto de amenazas que incluyeron pintadas con el nombre de sus hijos en los colegios donde estudiaban.No en vano venía a derribar parte del mito catalán y a cuestionar la labor de quien es recordado como el erudito que reorganizó y puso en valor el archivo tras años de abandono. Próspero de Bofarull inició una saga familiar de renombrado prestigio en Cataluña. Su hijo Manuel Bofarull i de Sartorio (1816-1892), notable historiador, heredaría su cargo de archivero entre 1850 y 1892. Otro ilustre Bofarull es su sobrino Antonio Bofarull i Broca (1821-1892), historiador, poeta, dramaturgo y autor de Confederación catalano-aragonesa (1872), obra que también apuntalaría la senda nacionalista al conferirle al Condado de Cataluña el mismo estatuto que al reino de Aragón. Así, a la manipulación documental de Próspero, explica José Luis Corral Lafuente, profesor y miembro del departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, se añadió la "tergiversacion de conceptos". Porque este calificativo de "confederación" que lanzaba Antonio Bofarull derivaría pronto en otros de mayor calado. Como el de "Corona Catalano-Aragonesa", término que se justificó por la unión, en 1150, del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, con Petronila, la heredera del rey de Aragón Ramiro II el Monje. Se trataba de una unión matrimonial y dinástica, pero nunca política, como asevera José Luis Corral Lafuente, autor de Historia contada de Aragón (2010): "El Condado de Barcelona era un estado soberano en el siglo X, con usos y leyes propias, pero nunca un reino". Pese a ello, la ilusión del reino catalán aún sigue vigente en la web de la Generalitat, que sobre el matrimonio de Berenguer IV y Petronila dice: "La unión, aplaudida por los nobles aragoneses, permitió que cada uno de los dos reinos conservara su personalidad política, sus leyes y costumbres...". Del archivero del siglo XIX al nacionalismo del XXI: la extensión de una mentira histórica. "Otro mito es el de la Senyera, en realidad era el emblema medieval de la casa de la Corona de Aragón" Los registros manipulados por Próspero de Bofarull (1777-1859) en el Llibre del Repartiment, no sólo tenían por objeto maquillar que los catalanes fueron minoría en la conquista y repoblación del reino de Valencia por detrás de aragoneses y navarros. Pretendían además cimentar la preeminencia de la lengua catalana sobre el valenciano, dando fuelle a que ésta habría surgido como influencia del catalán, tal y como explica a Crónica la filóloga María Teresa Puerto, alumna de Ubieto y autora de Cronología histórica de la Lengua valenciana (2007).Perpetuar una historia falsaEl siguiente paso del archivero Bofarull fue reproducir los documentos ya sin tachaduras, con sus falsas anotaciones en lugar de las originales, en la obra Colección de Documentos Inéditos de la Corona de Aragón, más conocida como CODOIN, editada entre 1847 y 1852, y un manual que han usado como referencia muchos historiadores.Todas estas manipulaciones del siglo XIX hay que enmarcarlas en el contexto del momento. Surgieron al calor de la Renaixença, movimiento de la recuperación de la lengua catalana, del que la familia Bofarull, sobre todo Antonio Bofarull i Broca, fue protagonista indiscutible. Los Renaxentistas, buscando una grandeza y una identidad nacional, impulsaron leyendas y mitos de la Edad Media como germen del catalanismo. Un ejercicio de "historia presentista", como lo cataloga José Luis Corral Lafuente, consistente en proyectar los deseos del presente en el pasado. Entre las piezas de antaño que se recuperaron está el antes citado Llibre dels Feyts d'armes de Catalunya, una obra que narra la historia de Cataluña desde los tiempos más primitivos hasta el reinado de Alfonso V el Magnánimo (1396-1458) y que se había datado en 1420. Así se creyó hasta que en 1949 los medievalista Miquel Coll i Alentorn y Martí de Riquer desvelaron en Examen Lingüístico del Llibre dels Feyts d'armes de Catalunya que el verdadero autor era Joan Gaspar Roig i Jalpí (1624-1691) y que estaba escrito en el siglo XVII. El falsificador había tratado de emular el lenguaje del siglo XV pero no lo había logrado del todo.El testamento desaparecidoEs una verdadera pena que la desaparición del primer testamento de Jaime I, de 1241. Su importancia reside en que era el único -hubo tres más en 1243, 1248 y 1262- en el que se establecían los límites de cada reino resultante de las conquistas del rey aragonés: los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y el condado de Barcelona. Se tiene constancia de parte de su contenido porque el historiador Jerónimo Zurita cita su contenido en Anales de la Corona de Aragón (1562 -1580). No está claro cuándo pudo perderse, o sustraerse, pero sí que en él no constaba ninguna intención por parte de Jaime I de otorgar a Cataluña otra consideración que no fuera la de condado feudal. Tras el ultimo testamento (1262), el condado de Barcelona siguió unido al reino de Aragón en la figura de Pedro II, hijo de Jaime I, y rey de Aragón y conde de Barcelona.En paralelo a las manipulaciones se fueron construyendo otros mitos nacionales, como el de la propia senyera, bandera ahora de la comunidad autónoma de Cataluña. La cuatribarrada, propia del reino de Aragón, en tiempos de Jaime I no era ni siquiera una bandera, pues este es un concepto moderno, sino el emblema medieval de la casa de la Corona de Aragón, otorgado por el Papa a sus vasallos: cuatro barras doradas sobre fondo rojo. "Los 'Renaixentistas' del XIX buscando una grandeza y una identidad nacionalimpulsaron leyendas y mitos de la Edad Media" El origen de su vinculación con el Condado Cataluña se atribuyó a la leyenda de Wifredo el velloso (840-897), fundador de la Casa Condal de Barcelona. Este caballero catalán habría sido herido tras socorrer a un emperador Franco en la batalla. Entonces el emperador mojó sus manos en la sangre de Wifredo y trazó sobre su escudo dorado las cuatro franjas. El medievalista catalán Martí de Riquer refutó la leyenda atribuyéndola a la "manía de buscar orígenes místicos en la heráldica" y, en concreto, a una crónica de 1555 del valenciano Pere Antón Beuter, que a su vez se habría inspirado en otro relato del castellano Hernán Mexia.Mas relevante es el sitio de Barcelona en 1714 por parte de las tropas de Felipe V durante la Guerra de Sucesión (1701-1715). El historiador Ricardo García Cárcel cuestiona que el pueblo catalán se alzara en armas contra los castellanos. Lo define como una lucha entre los partidarios del borbón Felipe V y los del archiduque Carlos, de los Austria.Rafael Casanova (1660-1743), un jurista que se erigió como defensor heroico durante ese sitio, fue exaltado también en la Renaixença del siglo XIX, cuando en 1863 se le dedicó una calle y después una estatua en Barcelona, en 1888, durante la Exposición Universal. Casanova, que aparece como figura central en el cuadro de Antoni Estruch i Bros, 11 de septiembre, enarbolando no la senyera sino la bandera de Santa Eulalia que identifica la ciudad Condal, defendió la causa del archiduque Carlos, y sobrevivió a la batalla para seguir ejerciendo como hombre de leyes hasta su muerte, en 1743.Para historiadores como José Luis Corral Lafuente, la cascada de manipulaciones sólo han servido para restar credibilidad al rico legado de un condado que fue soberano e influyente sin necesidad de estas falsificaciones y leyendas más acordes con los anhelos de independencia del sector catalanista.* Publicado en Crónica de El Mundo 8/9/2013 Registro de donaciones del rey El "Llibre del Repartiment del Regne de València", actualmente conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, y que el archivero Próspero de Bofarull falseó el siglo XIX, era el registro en el que los escribas de Jaime I anotaron las donaciones de casas o de tierras que el rey hizo a los aragoneses, catalanes, navarros, ingleses, húngaros italianos y franceses que participaron con él en la conquista de Valencia de 1238. Los bienes repartidos habían sido previamente expropiados a los musulmanes, quienes en su mayoría huyeron hacia el sur. Por aquellas fechas se calcula que en el Reino de Valencia vivían unas 200.000 personas mientras que los repobladores han sido cifrados por los especialistas en unos cuantos miles. El número de habitantes del reino, tras esta inmigración aragonesa y catalana, habría aumentado de esa manera un 5%. En el "Llibre del Repartiment" se puede leer la filiación del receptor de la vivienda o terreno y los bienes que se le asignan. Ante el predominio de apellidos castellanos y navarros, en 1847 Próspero de Bofarull tachó del histórico volumen algunos asientos y los sustituyó por nombres catalanes. Y Colón nació en Cataluña El disparate arranca no sólo de los tiempos del archivero Mascaró, allá por el 1847. Hoy, 166 años después de aquello, otro catalán, Jordi Bilbeny, filólogo e investigador, toma el relevo y se presta a reescribir la Historia. El autor de "El dit d'en Colom: Catalunya, l'Imperi i la primera colonització americana, 1492-1520 [El dedo de Colón: Cataluña, el Imperio y la primera colonización americana]", su último libro, sostiene que el descubridor nació en Cataluña y que partió desde el puerto de Pals, Gerona, en busca de nuevos mundos. Suya es también la teoría de que Santa Teresa fue abadesa del monasterio de Pedralbes y que Cervantes escribió "El Quijote" en catalán. ¿Donde está el texto? Nadie lo sabe. Bilbeny, que se autodenomina historiador, ha admitido a EL MUNDO haber recibido subvención o ayuda para sus conferencias de ayuntamientos y diputaciones de CiU. (JULIO MARTÍN ALARCÓN, 21/09/2015)

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