Nacionalismo 2             

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El Estado comienza cuando el hombre se afana por evadirse de la sociedad nativa dentro de la cual la sangre lo ha inscrito. Y quien dice la sangre dice también cualquier otro principio natural; por ejemplo, el idioma…..el Estado consiste en la mezcla de sangres y lenguas. Es superación de toda sociedad natural. Es mestizo y plurilingüe. J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas Una vez más, en España, pero también en otros países (europeos o no), grupos de ciudadanos que sienten afinidades lingüísticas o étnicas afirman que son una nación, lo que les daría derecho a autodeterminarse y, eventualmente, a articularse como un Estado propio. Es algo que ha ocurrido repetidamente en el pasado. Pero en los albores del siglo XXI, y con un mundo globalizado y en una Europa unida, ¿tiene sentido ese argumento? Dicho de otro modo, ¿importa hoy ser nación? Hagamos un poco de teoría. A la hora de pensar el Estado moderno, todos hemos interiorizado un hábito (una rutina) de pensamiento según el cual allí donde hay una lengua, hay una nación, y allí donde hay una nación, hay (o debe haber) un Estado: lengua=nación=Estado. Pero ojo, también viceversa: Estado=nación=lengua. Así, cuando se dice que disponer de una lengua propia otorga a una comunidad el derecho a tener Estado, se argumenta desde la nación hacia el Estado, de abajo a arriba. Pero cuando un Estado o un dictador trata de imponer una sola lengua porque es una sola nación, la lógica funciona igual. Lógicas que reproducen específicas experiencias históricas europeas: la francesa y la alemana. Como es sabido, Francia construye la nación desde el Estado imponiendo el francés contra “provincialismos” y patois, mientras que Alemania era ya nación a comienzos del XIX —véanse los Discursos a la nación alemana de Fichte—, mucho antes de la unificación de Bismarck. Pero, paradójicamente, el resultado fue el mismo: el demos, el pueblo que sustenta al Estado, es culturalmente homogéneo. Porque el Estado hace a la nación, o porque la nación se dota de un Estado; en todo caso a cada Estado, su cultura, y viceversa. Herder lo decía con lenguaje más problemático: a cada pueblo (Volk), su lengua y su espíritu (su Geist), y, por supuesto, a cada Volkgeist, su Estado. Pues bien, ¿podemos hoy organizar el mundo con ese esquema, como pretendió el presidente Wilson hace ahora un siglo? ¿Toda nación tiene derecho a “su” Estado? Me temo que no, hasta el punto de que algún inteligente sociólogo (Charles Tilly) ha considerado esta idea como el primero de los “postulados malignos” de la ciencia social. Y tras la teoría tratemos de objetivar el problema. En el mundo hay algo menos de 7.000 lenguas, unas 5.000 etnias y algo menos de 200 Estados (datos bastante fiables, pero es igual, aceptemos un margen de error del 20%). Ello significa que la media de lenguas por Estado es nada menos que 35, media que encubre una tremenda dispersión. El continente más normalizado, es decir, con una media de lenguas por país menor, es, con gran diferencia, Europa (4,6 lenguas por Estado). Pero se estima que en el mundo hay sólo 25 Estados lingüísticamente homogéneos y en la mayoría se hablan, no ya varias, sino docenas e incluso centenares de lenguas. Vivir en un Estado lingüísticamente homogéneo tiene una probabilidad aproximada de 1 sobre 10. En el panorama internacional, España es una excepción, sí… pero de monolingüismo. Y aunque los datos sobre la composición étnica de los Estados son más difíciles de estimar (pues el concepto de “nación” es muy complejo), los resultados son similares. El profesor Isajiw, de la Universidad de Toronto, ha calculado que de un total de 189 Estados analizados, 150 incluyen cuatro o más grupos étnicos, y solo dos países (Islandia y Japón) listan un solo grupo. Y concluía asegurando que “prácticamente todas las naciones-Estado son más o menos multiétnicas”. Existen más relaciones “internacionales” dentro de los Estados que entre ellos, se ha podido afirmar. De modo que, de nuevo, ser un Estado plurinacional no es nada raro; es lo normal. Y por si fuera poca la globalización, que mueve capitales y mercancías, mueve también personas, lenguas, religiones, y culturas. Se estima en no menos de 200 millones los emigrantes en todo el mundo, de modo que son más del 20% en París, el 30% en Londres, el 40% en Nueva York y más del 50% en Toronto, Vancouver o Miami. Hay colegios de Madrid y Barcelona con más de 40 minorías lingüísticas, pero son más de 200 en las escuelas de Nueva York. Los territorios y los espacios sociales son, cada vez más, multiculturales, nos guste o no. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo ello? Muchas, pero me limitaré a dos. La primera es que si tener una lengua y ser nación diera derecho a un Estado, solo podría hacerse de tres (malos) modos: bien normalizando culturalmente las poblaciones existentes dentro de los actuales Estados para homogeneizarlas a una pauta nacional, algo hoy éticamente inaceptable (sería “españolizar” o “catalanizar”, que es lo mismo); bien mediante procesos de “limpieza étnica”, expulsando la población que no acepta su normalización, algo menos aceptable aún (pero lo hemos sufrido en el País Vasco); y en todo caso, multiplicando el número de Estados para ajustarlos al número de naciones, de modo que tendríamos no ya cientos, sino probablemente miles, lo que haría el mundo políticamente inmanejable —y ya lo es con los Estados existentes—. Es decir, la pretensión de que ser nación da derechos no es generalizable, no es viable políticamente, y por tanto, solo puede obtenerse como privilegio. La segunda conclusión es que, como apuntaba Ortega (y como sustentan los datos anteriores), no parece haber alternativa a la separación entre la lealtad a un Estado (el llamado por Habermas “patriotismo constitucional”) y la identidad étnica o lingüística, no hay alternativa a la separación entre las fronteras políticas y las fronteras culturales, obligándonos a pensar en nacionalismos posnacionalistas (como es, por ejemplo, el americano), basados en demos pluriculturales y plurilingüísticos. Lo que no es sencillo, desde luego. Hasta el momento, en Occidente hemos construido democracias asentadas sobre poblaciones culturalmente homogéneas, pero los Estados modernos unen ciudadanos, no naciones, y tenemos que inventar nacionalismos posnacionalistas o quizás internacionalistas, en todo caso compuestos e híbridos. Hacia arriba, y eso es la Unión Europea: l’Europe n’est plus qu’une nation composée de plusieurs, decía Montesquieu. Y de modo similar España es una nación de naciones, que es lo que viene a decir el artículo 2 de la Constitución (“la nación española” la “integran” “nacionalidades” y regiones). En todo caso las nacionalidades, como vemos a diario, se pueden compatibilizar y articular en cascada, como muñecas rusas. Y se puede ser del Ampurdán, catalán, español y europeo, en cantidades variables, pues las identidades no son excluyentes más que si así se decide. Pero cuidado, y aquí viene la confusión: si España es compuesta, que lo es, Cataluña lo es mucho más. También Cataluña es una nación de naciones, y tiene a España metida tan dentro como Cataluña está metida dentro de España. El catalanismo percibe con nitidez la diversidad de España, pero se niega a ver la suya propia pidiendo un respeto que, al parecer, no está dispuesto a otorgar. Pues este cuchillo corta por los dos lados. Si implica que los Estados deben renunciar a la pretensión decimonónica de construir naciones culturales normalizando sus poblaciones (según el modelo francés), las naciones deben también renunciar a la pretensión decimonónica de transformarse en Estados (siguiendo el modelo alemán). El mundo (y la UE) sería un gallinero si los miles de etnias o naciones existentes reclamaran su Estado. El camino de Europa, que es también el camino de la emergente civilización mundial, potencia la unión política, no la división. Pues si no se puede ser catalán y español al tiempo, ¿se puede ser catalán y europeo? (Emilio Lamo de Espinosa, 23/01/2015)

Nación: Derechos:
La historia política de los dos últimos siglos es en gran parte la del triunfo de las naciones sobre los imperios, con la I Guerra Mundial y el fin de los últimos grandes imperios europeos, austro-húngaro, ruso y turco, como brillante broche final. En el mundo contemporáneo los imperios representarían el pasado y las naciones el futuro, diagnóstico posiblemente apresurado si consideramos dos de los experimentos políticos más revolucionarios del último siglo, la Unión Soviética y la Unión Europea, ambos con un marcado carácter imperial. Ninguno de los dos, sin embargo, ha reivindicado la condición de imperio, un término, a diferencia del de nación, cargado de connotaciones negativas, tanto que si el adjetivo nacionalista se usa de manera habitual como virtud, el de imperialista se acerca más al insulto que a la definición. A pesar de que posiblemente el origen de muchas de las grandes catástrofes del mundo contemporáneo haya que buscarlo más en el nacionalismo que en el imperialismo, incluidas las generadas por los imperios coloniales de los siglos XIX y XX, en sentido estricto Estados-nación con colonias y no Estados-imperio, en cuyo nacimiento, auge y decadencia el papel del nacionalismo fue determinante. La diferencia esencial entre Estados-nación y Estados-imperio no tiene que ver con colonias ni con formas de Gobierno; puede haber, y ha habido, imperios sin colonias y naciones con ellas, repúblicas imperiales y monarquías nacionales, Estados-nación dictatoriales y Estados-imperio democráticos,… sino con cómo unos y otros legitiman el ejercicio del poder. Los primeros por ser expresión de la voluntad de la nación, entendida como una comunidad natural con fines y objetivos propios, al margen y si es necesario en contra de quienes la constituyen; los segundos en la consecución o preservación de los objetivos para los que fueron creados, tan diversos como los que pueden ir desde la construcción de una sociedad sin clases, Unión Soviética, al crecimiento económico y la defensa de los derechos de los ciudadanos, Unión Europea. La legitimidad tiene en estos últimos un claro carácter funcional no de autorrealización de la comunidad política. La pregunta sería por qué los dos últimos siglos han sido los de las naciones y no los de los imperios; o, si se prefiere, por qué las naciones siempre ganan y los imperios siempre pierden aunque no necesariamente el bienestar y la defensa de los derechos de los ciudadanos están mejor garantizados en aquellas que en estos. Es posible que la nostalgia por el Imperio Austro-Húngaro de muchos de los que asistieron a su desintegración sea injustificada. Caben pocas dudas, sin embargo, de que su desarrollo económico y cultural nada tenía que envidiar al de los Estados-nación por los que fue derrotado; menos, todavía, de que para las minorías étnicas que lo habitaban su desaparición fue una catástrofe sin paliativos. No por accidente, el Estado-nación contemporáneo se basa en la idea, más bien creencia, de la existencia de comunidades naturales homogéneas, algo falso en casi cualquier contexto, “desde que el mundo es mundo, ningún territorio ha sido habitado por una población homogénea, ya sea cultural, étnica o de cualquier otro tipo” (Hobsbawm), pero más todavía en el del viejo imperio de los Habsburgo donde, por poner un ejemplo, en los territorios de lo que después sería el Estado-nación húngaro, censo de 1902, sólo una tercera parte de sus aproximadamente 12.000 municipios eran exclusivamente magiarhablantes. El resto se repartía entre unos 4.000 en los que se hablaban dos idiomas, 3.000 con tres y 1.000 con cuatro o más. La construcción de la nación y el genocidio cultural estaban condenados a ir necesariamente de la mano, no la peor de las alternativas si consideramos que cuando lo que se utilizó como rasgo de definición nacional fue la raza y no la lengua, el genocidio fue físico. La debilidad de los imperios frente a las naciones no es un asunto banal desde la perspectiva de la Unión Europea actual. Una organización política con muchas de las características de un imperio, posmoderno si se quiere, pero imperio al fin al cabo, y en la que el malestar y las críticas sobre su funcionamiento tienen mucho en común con las que han estado detrás del colapso de muchas de las estructuras imperiales anteriores a ella: estar al servicio de los intereses de un grupo nacional (Alemania), élites burocráticas al margen de los intereses de los ciudadanos, déficit democrático… Críticas que permean el espacio político de manera claramente transversal y que tienen más que ver con lo identitario que con lo ideológico, con la dialéctica imperios/naciones que con propuestas diferenciadas sobre derechos o reparto de recursos. La facilidad con la que Syriza, partido de inequívoca ubicación a la izquierda del espectro político, ha llegado a un acuerdo de Gobierno con ANEL, de no menos inequívoca filiación nacional-derechista, adquiere desde esta perspectiva matices mucho más inquietantes. Un pacto contra natura cuya explicación habría que buscarla en que el eje emotivo de la campaña griega no fue la pertinencia de unas u otras políticas sino la defensa de la soberanía nacional frente a Alemania y los burócratas de la troika, el triunfo de la dialéctica imperios/naciones con el Europa/solución convertido en el Europa/problema, deslizamiento semántico también perceptible en otros países europeos. No sólo la campaña electoral sino también las negociaciones posteriores, planteadas como un enfrentamiento ellos/nosotros, como si Grecia fuese algo ajeno a la Unión Europea y no parte de ella. El fin de los imperios tiene lugar cuando su proyecto político deja de ser atractivo para quienes forman parte de ellos. A diferencia de las naciones carecen del recurso a un bien superior y metafísico, el mantenimiento del propio ser nacional, por lo que su único aval es el logro o no de los objetivos para los que fueron creados. Explicaría la desafección de los ciudadanos hacia la Unión Europea en un momento de crisis económica que ha puesto en cuestión su objetivo/logro más visible: la consecución de cotas de bienestar sin parangón en ningún otro momento de la historia del continente; también, el goce de derechos desconocidos en la mayor parte del mundo, pero éstos resultan más difíciles de valorar y cuantificar, al menos hasta que ya no se tienen. Una amenaza, la de la pérdida de atractivo del proyecto europeo, frente a la que la Unión Europea sólo tiene dos alternativas: intentar imaginarse cómo una nación, con parecidos o peores mimbres, se han inventado naciones a lo largo y ancho del planeta; o afirmar su condición de estructura política anacional, basada en los derechos de los ciudadanos y no en los de ninguna hipotética comunidad natural. La primera, con el componente reaccionario y empobrecedor consustancial a todo proyecto nacionalista; la segunda, con los problemas de un camino plagado de dificultades pero que quizás merecería la pena intentar. Europa no será ya nunca más el continente blanco y cristiano que alguna vez fue, ni los Estados-nación que actualmente la constituyen, o los que el delirio nacionalista pueda añadir en el futuro, las comunidades de raza, lengua y cultura con las que historicismo romántico soñó. La coexistencia de identidades diversas, y hasta contradictorias, parece inevitable. La construcción de la ciudadanía no puede, quizás tampoco deba, pasar por lo identitario sino por derechos y deberes comunes a quienes comparten el mismo espacio político, hacia dónde se va y no de dónde se viene. Conversión de la identidad en asunto privado, carente de densidad política, que puede parecer problemática en el contexto de dos siglos de hegemonía de discurso nacionalista, pero que no es muy diferente de lo que pasó con la religión y su paso de la esfera pública a la privada. Un proyecto civilizatorio extremadamente frágil, sobre el que pesará siempre la amenaza de los cantos de sirena de la identidad, vengan estos de los fundamentalistas islámicos, los eurófobos británicos, Marine Le Pen o cualquier otra persona o grupo dispuestos a defender que la nación es la forma natural de organización política de la humanidad. (Tomás Pérez Vejo, 27/03/2015)

Identidad:
Gane quien gane las elecciones generales, lo único que puede asegurarse es que tendremos un gobierno socialdemócrata, aunque se presente bajo otro rótulo ideológico. En Europa nadie se contenta con menos en lo social, pero tampoco quiere menos libertad en lo político. Como señaló Tony Judt, “la socialdemocracia es el discurso cotidiano de la política europea contemporánea”. De modo que los mas aviesos y traviesos liberales hablan al ponerse serios como socialdemócratas (sin dejar de hacer chistes sanguinarios contra ellos) y los comunistas mas dogmáticos también cuando quieren conseguir votos (sin dejar de considerarles blandos oportunistas y siervos del capital). Es un alivio que sea así. Las democracias que forman la Unión Europea necesitan una reforma de su alianza en cuestiones esenciales como la inmigración o la garantía de los derechos sociales y, si se logra, serán los que piensan como socialdemócratas los que la lleven a cabo, se definan a sí mismo como tales o no. La UE se inventó para que nunca más hubiera nazismo y para que el comunismo no se extendiese más allá del telón de acero, de modo que es improbable que los herederos ideológicos de esas dos indeseables plagas sean los gestores más adecuados para encabezar su regeneración. Hace poco, viendo a Le Pen aplaudir y apoyar a Tsipras, hemos tenido prueba de ello. La base necesaria para que la socialdemocracia pueda funcionar satisfactoriamente es la existencia de ciudadanos conscientes preocupados por lo común y lo público, dentro de un Estado lo suficientemente fuerte como para no consentir privilegios discriminatorios en su función protectora: es decir, que ampare el derecho a la diversidad pero impida la diversidad de derechos. Se logró más o menos durante la Guerra Fría y tras la caída del muro de Berlín, aunque fue decayendo después aceleradamente. Como también señaló Tony Judt, “la paradoja del Estado de bienestar, y de hecho de todos los estados socialdemócratas (y cristianodemócratas) de Europa, era simplemente que con el tiempo su éxito mermaría su atractivo”. Todo ello agravado por la creciente deuda de la crisis económica, la inmigración desesperada de quienes huyen de estados fallidos o inexistentes, etcétera. La ciudadanía democrática se basa en el derecho a decidir de cada cual. Este derecho tiene como cauce y límite la ley constitucional que sustenta el Estado y es, obvio resulta decirlo, igual para todos. En España oímos cosas sorprendentes como que ninguna Constitución europea reconoce el derecho a decidir, cuando todas se basan en él, o partidos que proponen incluir ese novedoso derecho en el ordenamiento constitucional, o sea que proponen la revolucionaria idea de que los zapatos por fin se acomoden a los pies. Naturalmente, el derecho a decidir es meramente político, no prepolítico o suprapolítico. Por tanto, no depende de diferencias culturales, regionales, históricas, etcétera… ni se aplica a entidades colectivas superiores al ciudadano libre e igual a todos los demás. Cuando uno dice que desde el punto de vista político no hay catalanes, ni vascos ni andaluces (ni mucho menos miniestados con voluntad propia como Cataluña, Euskadi o Galicia) despierta hoy el escándalo de quien niega la evidencia: ¿no es evidente que existen catalanes o vascos de identidad inconfundible? Pero también existen de manera inconfundible varones y mujeres, ateos y creyentes, negros, blancos y amarillos, pero nadie se escandaliza porque tales diferencias no se reflejen en formas de ciudadanía distintas. Son distintos, pero no políticamente distintos. La libertad del ciudadano, a partir de la ley compartida, es poder definirse como prefiera cultural, ideológica, estética o eróticamente: parecerse a quien quiera o diferir de todos. Pero ninguno, individual o colectivamente, tiene derecho a decidir por sí mismo y excluyendo a los demás sobre lo que afecta a todos. Después de ver y oir a los socialistas en Cataluña y Euskadi, tras la vergüenza de Navarra y los pactos poselectorales, yo no votaría a Pedro Sánchez ni aunque se presentara solo a las urnas con todos los rivales encarcelados por corrupción. Pero tengo curiosidad por conocer esa reforma federal que promete y que, aunque nadie la reclama, está convencido de nos va a encantar a todos. Se parece a esos padres que explican al niño llorón lo bonito que es el kit de química recreativa que va a regalarle en lugar de la pistola de rayos laser que él quiere. No faltan cuestiones que podrían tratarse en una reforma constitucional: recuperación de competencias estatales en Sanidad o Educación, supresión de la alusión arcaica e inconcreta a los “derechos históricos”, supresión de privilegios tributarios en el País Vasco o Navarra, reforzamiento explícito del laicismo en educación y demás áreas, etcétera… Pero me parece que ésas no son las que propone el señor Sánchez. Lo suyo suena más bien a blindar el control nacionalista sobre las partes de España que han decidido adjudicarse, pero rogando que a cambio de esa concesión no hablen de independencia…al menos en los próximos cinco años. Por cierto, lo del “hecho diferencial” es otra melonada: si A difiere de B, también B difiere de A. Parafraseando el lema de Rebelión en la granja, la novela de George Orwell, todos somos diferentes y no hay unos más diferentes que otros. Para eso está el Estado. En España son paradójicamente tiranos los que quieren cumplir las leyes, no los que las desafían. Algunos parecen más preocupados por la reacción del Estado ante el pleibiscito separatista en Cataluña que por este mismo atropello al derecho a decidir de los ciudadanos. Me recuerda aquel desafortunado titular de este periódico tras los atentados del 11 de septiembre (“El mundo teme la reacción de USA”), como si el peligro no fuese el nuevo terrorismo global sino el cabreo de Bush. Porque el “prusés” no es malo porque sea ilegal, sino que es ilegal porque es malo para la democracia. Y lo peor sería que el Gobierno estatal no hiciese nada efectivo para impedirlo. Algunos se inquietan: ¿suspender la autonomía? ¿y luego qué?¿encarcelar a Mas? ¿y luego qué? Preguntas parecidas se hacían en el País Vasco cuando se intentaba acabar con el doble juego de los que pretendían a la vez estar en el Parlamento y apoyar a ETA. ¿Ilegalizar Herri Batasuna? ¿Y luego qué? ¿Encarcelar a la mesa nacional de HB? ¿Y luego qué? Pues luego ETA renunció a la lucha armada. (Fernando Savater, 05/08/2015)

Modelo:
Es importante destacar que la creación de un Estado nacional no es sinónimo de crear una nación y tampoco es sinónimo de nacionalismo. Desde mi punto de vista, un Estado nacional es una estructura administrativa que gobierna una nación y afirma que tiene derecho a hacerlo porque emerge de la misma. Una nación, en contraste con la anterior, está formada por un grupo humano que tiene un sentido de sí mismo como grupo distintivo por una serie de factores”. La cita no procede del copioso número de textos que se han producido al hilo del debate reciente sobre Cataluña. Procede de un libro de David Chang sobre Oklahoma. En él, el autor explora las visiones de Estado y nación de los norteamericanos de origen europeo, los indios o los afroamericanos en aquel espacio de tardía y desaforada colonización agraria. Que Estado nacional (sin guion) y nación no son lo mismo no debería sorprendernos. Tampoco resulta muy arduo reconocer que la relación entre ambos es una de las dialécticas que dominaron la política a partir del ciclo revolucionario de 1780-1830. En efecto, el Estado nacional demostró a lo largo de los siglos XIX y XX una extraordinaria capacidad para conformar el mundo a su imagen, a costa de fabricar o reconfigurar de continuo proyectos alternativos, proyectos que terminaron imponiéndose o proyectos que fracasaron. ¿Es necesario a estas alturas recordar las coyunturas descolonizadoras en el mundo (1776, 1814, 1848, 1898, 1918, 1947, 1956, 1965, 1987)? ¿Es necesario recordar que en Cádiz se origina la nación española contemporánea pero al mismo tiempo los Estados nacionales latinoamericanos? A la inversa, los partidarios de la descolonización continua no deberían olvidar, por las mismas razones, el éxito indisputable de algunos viejos Estados nacionales dando forma —sin duda con mucha violencia interna, cooptación y consenso— a sus viejos proyectos de lealtad y apetecida homogeneidad. ¿Es este el caso del proyecto nacional español? Es lo que convendría discutir, a condición de no aferrarnos a conceptos muy toscamente definidos. El de nación, por ejemplo, por una sencilla razón: porque no se trata ni de un concepto de las ciencias sociales ni de un artefacto de la lucha política sin más. Es las dos cosas a la vez. Es razonable entonces que solo tardíamente algunos tratadistas —Renan, Acton, Stalin— tratasen de darle una coherencia conceptual que en su origen mestizo y polisémico resultaba muy problemática. Se comprende entonces que exista mucha literatura sobre el derecho de autodeterminación y una confusión mayúscula sobre qué grupos humanos pueden ser considerados nación y quién dispone de pleno derecho a formar un Estado nacional. En este punto, un importante momento de ruptura con la tradición intelectual sobre la materia se produjo en el año 1983, cuando Hobsbawm, Gellner y Anderson arruinaron para siempre la idea del carácter centenario de las naciones contemporáneas. Aquella ilusión de antigüedad que se inculca luego con ceremonias y festivales, en museos y programas escolares, para forjar el sentido de pertenencia entre los administrados al que todo Estado nacional aspira. El esfuerzo de aquellos científicos sociales no fue en vano. Poco queda ya de la idea de nos ancêtres les gaulois… y equivalentes como antecedente de la nación. Igualmente parece difícil reivindicar al Estado nacional como un sujeto histórico emergido de la nación, la expresión de su esencia. Se trató de todo lo contrario. Los viejos Estados monárquicos transformados por la idea de la nación soberana —una aspiración más que un hecho— tuvieron que empeñarse, con mucha violencia simbólica, en la construcción de la identificación nacional. Entre otras razones, porque la idea que iguala nación a soberanía nacional y esta a la ciudadanía plena es una ecuación que no toma consistencia hasta el siglo XX. La distancia entre el ideal enunciado y la realidad es precisamente donde toman forma los proyectos e interpretaciones encontradas de lo que la nación debería ser. No es el Estado el que impone la nación; tampoco esta se construye hegelianamente a sí misma. En otros términos, es la dialéctica entre los proyectos que emergen de la sociedad y su encaje en la esfera estatal donde toma forma y perdura. En este punto, sí vale la pena repensar estas cuestiones con motivo de los tensos momentos suscitados recientemente por el nacionalismo catalán en su radicalización separatista. Invocar la nación sin más tiene escaso sentido, a no ser que quien lo hace distinga con mucha precisión entre el instrumento conceptual y el artefacto político. Si no es así, difícilmente introduciremos claridad en el debate. Me permitiré discutir dos ideas que podrían servir para aportar algo de luz a un debate formalista en exceso. La primera es la cuestión del paso de la nación histórica a nación moderna. Cuando una comunidad humana poseyó en algún momento elementos diferenciales propios (lengua, religión, tradición jurídica, instituciones políticas propias…) es pensable que por circunstancias derivadas de diferencias económicas o sociales se dote del tipo de dinamismos que conducen a la nación moderna al fundirse con la política contemporánea en clave de derechos. No hay nación moderna sin cesura con el pasado; tampoco la hay sin préstamos de generaciones precedentes. Nada debería impedirnos trabajar con conceptos de nación y Estado nacional de mayor flexibilidad. En efecto, si en lugar de la historia del nacionalismo catalán nos esforzásemos en escribir la historia de la sociedad catalana del siglo XX, algo por definición más complejo y abarcador, el cuadro que de ello se derivaría señalaría una importancia creciente de aquel pero siempre en el marco de un funcionamiento regionalizado complejo. Nación y región, dos formas de ver un mismo objeto aunque no meramente superpuestas sino modificándose mutuamente, en combinaciones múltiples hasta el presente. Nada impide considerar a Catalunña como un regionalismo fuerte con un potente vector nacional(ista) en su interior. Este fue el resultado nada sorprendente de una larga y modulada participación catalana en la construcción de la nación española desde el alba del liberalismo en España, las décadas del España es la nación y Cataluña la patria, cultura y política que no desaparecen con la eclosión del nacionalismo del cambio de siglo. Si esto fue así, es razonable pensar que la distancia entre el Estado nacional y la nación española estuvo modulada por las contradicciones subyacentes a su desarrollo particular: la distancia precisa entre la invocación nacional y las realidades complejas que se reflejan en el plebiscito diario de los ciudadanos. Conceptos mal definidos suelen producir descripciones empíricas insuficientes. Todavía sirven menos para fundamentar políticas. El de nación, sin mayores matices, es uno de ellos. (Josep M. Fradera, 14/10/2015)

Patrias y banderas:
Me pido con urgencia un carnet de apátrida. Me pido, mejor dicho, un no carnet de no pátrida ni pútrida de patriotismos. Quiero un vacío existencial en donde la inteligencia pueda expandirse en busca de ideas progresistas y de personas de mentes abiertas que se ayudan unas a otras, que se estiran y se acomplejan -de adaptarse a la complejidad, no de regodearse en los complejos-, quiero un territorio inexistente pero siempre en estado de ampliación, en donde se nos deje en paz a quienes no creemos en patrias ni en cortejos, ni en desfiles ni en declaraciones pomposas, ni en gritos ni en soflamas, ni en himnos, ni en más enemigos que aquellos que atentan contra la libertad de las personas, que nunca es la de las banderas. Me declaro intolerante contra los enemigos de la inteligencia, que están en toda partes, e indiferente ante los trémolos gloriosos de quienes patrimonializan las naciones, ese odioso invento. Soy partidaria de las ciudades que se hermanan, de los ciudadanos que se reconocen, de los hermanos que no nos da la sangre, sino el aprecio, e incluso en este último caso no soy seguidora del mogollón, sino del esfuerzo de escoger y de la voluntad de amar, no por encima sino por los lados, me quiero respetar en un nivel horizontal en el que nadie se hunda, y en donde los que sobresalen nos ayuden a igualarles. Aspiro a desterrar de mí y de mis alrededores las bajas pasiones que confunden el gregarismo con el clamor de un pueblo, y que convierten el clamor de un pueblo -con la ley de Lynch, la otra cara de una misma moneda- en una exigencia indiscutible. Me declaro anti identitaria, o en todo caso elijo la identidad menos asesina, esto es, la más cosmopolita, la que acude en ayuda de quien está en apuros, la que no se ofende por tener que leer a un autor en su lengua original, en vez de en una traducción mediocre, y la que no se enorgullece de ver películas dobladas a su idioma. Pertenezco a una generación que quiso borrar fronteras, y eso estuvo bien, estoy convencida de que estuvo bien, y de que merece la pena que lo mantenga hasta mi último suspiro. No me gustan los trajes regionales, ni los trajes nacionales, ni los tricornios ni los sombreros de copa, ni las botas militares ni las alpargatas policiales. No me gusta la soberbia de ser muchos, cuando tanto cuesta mantener la dignidad de ser uno. En el siglo veintiuno, todo esto deberíamos ya saberlo. Más que saberlo, haberlo absorbido por los poros, metabolizándolo. Que el traje se rompa siempre por las mismas costuras constituye un fracaso abismal porque, si algo contiene sustancias cancerosas perjudiciales para la humanidad (con minúscula, la de cada ser humano; con mayúscula, la que se despedaza en guerras), ese algo es el nacionalismo, venga de donde venga. De modo que me declaro apátrida y me exilio hacia adentro, allá donde no pueda alcanzarme la lobotomía colectiva de los pueblos que siguen comprando burras y vendiendo coces. Feliz, dulcemente apátrida hasta disolverme en la nada. Dadme pan con aceite. Aceitunas, vino y miel. No preguntaré origen. (Maruja Torres, 29/10/2015)

Entenderse:
Por lo menos una vez al mes asoma algún artículo editorial reclamando diálogo con el nacionalismo. Aunque no ignoro que el género, piadoso de por sí, resulta propicio a conjurar los problemas con buenos deseos, como devoto defensor de la democracia deliberativa, siempre me precipito ilusionado a su lectura esperando un argumento para sostener la confianza. Y siempre acabo decepcionado. La dificultad es insuperable: el nacionalismo se levanta sobre la negación de la posibilidad del debate. Por dos razones. La primera es deudora de su apelación a una identidad propia, imprescindible para enmarcar un “nosotros, somos distintos” y concluir que “no podemos estar juntos”. En su versión más radical, la más coherente, apela a una supuesta concepción del mundo, común a los nacionales, ininteligible para los demás. Con la claridad del fanático lo precisaba hace más de 100 años Heinrich von Treischke: “Diferencias en las lenguas inevitablemente implican diferentes miradas del mundo”. La misma convicción que transmiten las recientes palabras de Fontana: “No entienden que los otros hablen distinto, que sean distintos. Han sido educados para no entender”. Durante un tiempo la tesis alcanzó cierto vuelo académico de mano de la llamada hipótesis Sapir-Whorf, según la cual las diferentes lenguas ordenan conceptualmente de manera diferente la realidad, algo que afectaría a cómo las personas experimentan y conocen la realidad. Cada cual en su mundo, cada pueblo en su frontera. En palabras de Junqueras, glosando a Herder: “La identidad colectiva o nacional de un pueblo (Volk) se expresa a través de la lengua (…) la lengua (que) puede unir a los hombres, también tiene capacidad de diferenciarlos”. La tesis apuntala el andamiaje nacionalista de dos maneras. Por una parte, justificaría políticas conservacionistas entregadas a recuperar o recrear a hablantes que pudieron existir: la pérdida de una lengua equivaldría a la pérdida de una cultura. Por otra, cimentaría el proyecto: una lengua proporcionaría un mundo compartido de experiencias, una identidad colectiva, base de una nación que, a su vez, constituiría una unidad legítima de soberanía. La realidad y la reflexión han mostrado la fragilidad de tales argumentos y propuestas. Recrear hablantes de poco sirve para conservar culturas o lenguas en extinción. Si preservar las culturas requiere preservar las lenguas en las que se expresan, el objetivo es un imposible: no hay manera de preservar —y sería lo obligado, la única manera de honrar consecuentemente el principio— todas las culturas. Habida cuenta de que para sobrevivir una lengua requiere un mínimo de hablantes, unos 200.000, cuando coexisten varias en un territorio compartido, como sucede en buena parte del mundo, la supervivencia de unas requiere la desaparición de otras. En realidad, la conservación —no su uso— resultaría imposible sin una investigación y una tecnología extrañas a las culturas en riesgo. La preservación es cosa de la ciencia y la ciencia se escribe en inglés. En la Red hay páginas (Digital Himalayas, Arctic Languages, Vitality Enduring Voices) dedicadas a “mantener” lenguas regionales, incluso “lenguas individuales”, si es que el sintagma significa algo. La lengua Miami, sin hablantes desde 1960, se conserva —y enseña— en la Universidad de Miami (Ohio). Se enseña como se enseñan las pirámides, sin aspirar a levantarlas otra vez. Por su parte, la fundamentación de la nación resulta endeble en cada uno de sus eslabones: por poner un ejemplo, la mayor parte de los vascos, que no hablan euskera, carecerían de identidad vasca. Sea lo que sea la identidad tiene bastante más que ver con la condición sexual, la clase social o la religión que con la lengua. Y, por supuesto, una identidad colectiva, si es que el concepto tiene sentido, no justifica, sin más, la soberanía, la condición de sujeto de decisión independiente. El relativismo lingüístico de Sapir-Whorf quedó desprestigiado hace ya mucho tiempo a la vista de sus discutibles avales experimentales (manipulados en origen) y de la exploración analítica (sobre la categorización por parte de individuos sin lenguaje: bebes, chimpancés, etcétera). Las cautas recuperaciones de la tesis (Everett, Deutscher), que admiten el carácter inconcluyente de sus conjeturas, acuden a circunstancias excepcionales de aislamiento y a ámbitos limitados de experiencia: los indios Pirahã con dificultades para ciertas abstracciones y cuya lengua carece de números, colores, tiempos verbales y oraciones subordinadas; los hablantes de lengua guugu yimithirr instalados con naturalidad en los puntos cardinales (Norte, Sur,…) y con problemas para desenvolverse en coordenadas egócentricas (derecha/izquierda, delante/detrás). Pero incluso esas versiones tibias han mostrado su debilidad (J. McWhorter: The Language Hoax). En realidad, no hace falta entrar en tantas profundidades. Cualquier usuario de Facebook sabe que aunque no disponemos, como los cheroquis, de una palabra para designar la emoción experimentada ante un tierno gatito, estamos perfectamente capacitados para padecer esa emoción. En todo caso, con independencia de la calidad menesterosa de los argumentos, lo indiscutible es el punto de partida, ese “no nos entendemos” como principio fundante que se convierte en ideal regulador: aspiramos a no entendernos. Mejor dicho: los nacionalistas aspiramos a que los catalanes no se entiendan con sus conciudadanos. Los nacionalistas, hay que repetir, que no hay día que no se confunda lo antagónico: nacionalistas y ciudadanos (catalanes). La otra negación nacionalista del debate resulta menos rebuscada. La condensa una indecente pregunta que hemos aceptado como legítima: ¿sale a cuenta permanecer en España? Hay razones para contestarla afirmativamente, pero las hay, más poderosas, para negar su calidad democrática. No ya por inconsecuente, porque a continuación no se pregunta si a los barceloneses nos conviene permanecer en Cataluña o en tratos con la pobre comarca del Prioritat o, entrando en detalle, por si deberíamos expulsar a marginados o discapacitados, sino por algo más fundamental, porque instalarnos en esa pregunta equivale a negar el debate de ideas, la política en su mejor sentido, a abandonar la aspiración a tasar principios y propuestas según baremos comúnmente aceptados de justicia, bienestar, interés general o racionalidad. Sencillamente, los nacionalistas no se sienten obligados a dar razones aceptables para sus conciudadanos. En menos palabras, los demás les importamos una higa. Quizá de ese desprecio a la posibilidad de razonar arranque la insufrible cháchara de la conllevancia. No lo descarto. Les confieso que cada vez me cuesta creer en que, por detrás de las reiteradas invocaciones a la bendita fórmula, sean solo resultado de candidez. Cuando los errores se repiten una y otra vez empiezan a ser sospechosos de deshonestidad, de pereza mental y, me temo, de mala fe. En todo caso, bueno es saber que es ajena al debate democrático. Por no perder el tiempo con los artículos editoriales. (Félix Ovejero, 06/11/2015)

Una nación:
La identidad política permite numerosas opciones culturales. Ese derecho a decidir es de los individuos, no de los territorios: si un territorio tiene derecho a decidir por su cuenta, los demás ciudadanos ven mutilado el suyo Contra la figura hierática de don Tancredo en la plaza de toros ya hizo los debidos comentarios, no indebidamente elogiosos, José Bergamín. También el presidente Mariano Rajoy se ha llevado por su actitud no menos estólida ante la intentona golpista de los nacionalistas catalanes comentarios desfavorables, muchos de los cuales muestran impaciencia razonable, otros franco sectarismo (si no tiene la culpa también de esto el Gobierno popular, ¿quién la va a tener?) y algunos, como los de Ximo Puig, apuntan cierto bloqueo de las funciones de cerebración superior, por decirlo amablemente. Las más comprensibles de estas críticas señalan que Rajoy no solo debía haber recordado la ley y sus profetas, lo que está muy bien, sino directamente hacerla cumplir, sobre todo en un caso de flagrante ilegalidad como la consulta del 9-N. Otros señalan que no debió atrincherarse en la legalidad (incluso hay quien opina que no debió “amenazar” con hacer cumplir la ley, lenguaje extraño en una democracia), sino ofrecer un diálogo que aportase a los sediciosos cierta comprensión, soluciones imaginativas y propuestas ilusionantes, como mandan los cánones. Del contenido concreto de estas generosas alternativas no se dice demasiado, o más bien nada. Está claro que Rajoy debía haber ofrecido algo, pero no está claro (ni oscuro: no está) el qué. Supongamos, si no lo entiendo mal, que, según el PSOE, el Gobierno debía haber ofertado una reforma constitucional como la que ahora ese partido propone en su programa electoral para el 20 de diciembre. Dejemos a un lado los aspectos de tal reforma —en la que sin duda hay cosas interesantes— que no afectan directamente al Asunto por excelencia, la organización territorial del país y la unidad de España, puesto que solo estas cuestiones interesan al nacionalismo insurgente. Según dice el borrador publicado en este periódico, el PSOE se compromete a “reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia, cultura, foralidad, derechos históricos, insularidad, organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil”. O sea, más o menos lo que hay ahora y que nos ha traído a la conflictiva situación actual. No veo que nadie niegue la lengua propia de las autonomías (el problema más bien es que se respete el castellano en la enseñanza de algunas de ellas), ni la insularidad de las islas (que resulta bastante evidente, a mi juicio), ni la cultura de las nacionalidades y regiones, es decir, de los ciudadanos que son quienes hacen cultura en todas partes. La foralidad, los derechos históricos, etcétera, también están, ay, reconocidos ya, lo cual da lugar a privilegios en unos casos y equívocos en otros, lo que es inevitable cuando se admiten constitucionalmente derechos prepolíticos. Ni siquiera se plantea si esos atavismos han de conservarse solo si favorecen al país entero y no en cualquier otro caso, lo cual sería un verdadero cambio. La novedad es que se incluirá en la Constitución el nombre de todas las comunidades autónomas, lo cual podría complementarse con el de todos los ríos, montes y playas de nuestro bello país, ya puestos. A no ser que se pongan aduanas entre las comunidades, para asegurar que nadie se distrae de la singularidad de cada una. Me imagino los carteles en carreteras, estaciones y aeropuertos: “Ya está usted en el País Vasco: póngase su txapela”, “Llega a la Comunidad Valenciana: la paella, declarada bien comestible de la humanidad”, “Estamos en Andalucía: recoja sus castañuelas en ventanilla”, etcétera. Por no hablar de la genialidad de que todas las lenguas cooficiales puedan utilizarse en todas las comunidades sin discriminación, babelización absurda que desconoce o minusvalora la ventaja, no ya cultural sino política,de tener una lengua común que sirve para entenderse a los ciudadanos de todas partes en el Estado, sea cual fuere su lengua materna. En vez de dedicarse a sacralizar o inventar singularidades para dar gusto a los narcisistas de las pequeñas diferencias (Freud dixit), resulta más útil explicar los elementos compartidos en que se basa nuestra ciudadanía. Cuando se pregunta a intelectuales no nacionalistas que justifiquen su opinión, responden: a) “A mí no me gustaría que Cataluña se separase de España”, potente argumento al que Romeva o Mas pueden contestar que a ellos sí. b) “A los catalanes les iría económicamente peor separados”, que es como tratar de disuadir a un atracador diciéndole que el dinero mal habido no da la felicidad. c) “¡La unidad de España!”, muy bien, pero ¿por qué es importante? La confusión interesada entre identidad cultural e identidad política es la base de todo nacionalismo. La identidad política, o sea la ciudadanía que da el Estado de derecho, siempre permite numerosas opciones culturales entre las que cada cual perfila a partir de lo común su identidad propia. Ese derecho a decidir es de los individuos, no de los territorios: si un territorio tiene derecho a decidir por su cuenta, los demás ciudadanos ven mutilado el suyo. Queremos ser ciudadanos por entero y, por tanto, no españoles a medias. Los nacionalistas pretenden que el área de la que han decidido apropiarse es una nación sin Estado (con derecho a tenerlo); los antinacionalistas defendemos un Estado sin naciones, es decir, sin miniestados dentro del Estado. ¿Qué son esas entidades fabulosas de las que hablan los nacionalistas? El maestro de sociólogos Juan José Linz escribió: “El tema de las diversas aspiraciones culturales y/o políticas queda generalmente definido con el uso de expresiones genéricas como los vascos o los galeses, o de términos como la nación vasca, el pueblo vasco, el grupo étnico y demás. Son pocos los intentos para definir de modo más preciso a qué aluden dichos términos, qué características definitorias se emplean para incluir a alguien en esas categorías y cómo verificar el grado en que una entidad colectiva de esta índole es una realidad, experimentada como tal por sus presuntos miembros”. Eso aclara por qué Pujol dijo de Borrell que era “un señor nacido en Cataluña, no un catalán”, Carme Forcadell considera “no catalanes” a los votantes de C’S o el PP, y el inefable Arzallus aseguró en una entrevista que yo no soy vasco “porque mi padre era notario y los notarios no son de ninguna parte”. Todos ellos tienen razón, porque ser “catalán” o “vasco” para un nacionalista no depende de rasgos culturales o biográficos, sino de la adhesión al ideal separatista de romper la ciudadanía estatal. Los no nacionalistas que siguen hablando de “lo que quiere Cataluña” o de que “los catalanes se sientan a gusto” confirman la ideología nacionalista sin saberlo. “¡Y se terminó la broma!”, dijo optimista García Albiol. Ojalá, pero por desgracia la broma continúa. Uno se desespera de ver a tantos jóvenes emburrecidos por la alfalfa nacionalista, convencidos de que “nos quieren quitar lo de aquí” y que todo lo malo llega porque no son independientes, es decir, puros y buenos salvajes. ¿Cómo acabará esto? No sé cómo, pero en cambio estoy seguro de que acabará mal. Aplico uno de los estupendos aforismos de Jorge Wagensberg: “Hay cosas que acaban mal porque, si no, no acaban”. Pues eso. (Fernando Savater, 09/11/2015)

Autodeterminación:
Una sociedad, sea cual sea, es a la vez una y plural. Al tratar de insistir en su unidad, incluso artificialmente, los periodistas, los intelectuales, los agentes políticos recurren a un vocabulario que no es el mismo que cuando se trata de considerar lo que separa o divide el cuerpo social. Y, en los dos casos, se perfilan graves peligros cuando se trata exclusivamente de una u otra posibilidad; sólo de lo que crea la unidad, de forma exclusiva, o únicamente de lo que conforma la diversidad. Para hablar de unidad, se recurre en primer lugar a la idea de nación o, en ocasiones, a la de patria. La nación es, en sí misma, objeto de definiciones más o menos contradictorias, hasta el punto de que es posible proponer toda clase de dúos opuestos entre sí para dar cuenta de ello: para unos la nación es una expresión de la modernidad que la creó, para otros se enraíza en la tradición y la hostilidad a la modernización; para algunos presenta un carácter histórico, incluso völkisch, refiriéndose en este caso a la cultura y, en último extremo, a la sangre; y para otros presenta un carácter político, es abierta al mundo, acogedora o, por el contrario, cerrada, afanosa de homogeneidad cultural o étnica. Etcétera. La unidad de una sociedad se expresa, asimismo, evocando un pueblo, un término vago, fácilmente ambivalente pues en el discurso político no siempre se sabe si el pueblo es bueno, legítimo, soberano, justo o, al contrario, malo, versátil, manipulable. Y, si el pueblo es un sujeto histórico, ¿comprende este a toda la población, no excluye a las élites, a los privilegiados? Ha sucedido, y sucede, que las ideas de nación o de pueblo sean emancipadoras, lo más distantes posible de toda clase de odio, de todo llamamiento a encerrarse sobre sí mismo, de toda intolerancia. Sin embargo, en estos tiempos de crisis, lo que se observa es más bien, generalmente, de otra naturaleza, compuesta de rechazo y desconfianza ante la alteridad e incluso, a veces, ante el ruido de botas. Las referencias a la unidad, incluso a la unión, por ejemplo para hacer frente al terrorismo o a las dificultades económicas, tienen dos funciones principales. O expresan un nacionalismo hostil a todo aquello que pueda alterar la identidad nacional o la homogeneidad lingüística, cultural o étnica del pueblo: es, más bien, el caso de fuerzas contestatarias, de movimientos, de partidos de oposición más o menos racistas, antieuropeos o xenófobos. O bien invitan a la sociedad a superar sus diferencias en nombre de la lucha por su supervivencia o su integridad: tal es el caso de la parte de los poderes establecidos que tratan de obtener legitimidad. En ambos casos, el horizonte es el mismo: la democracia resulta debilitada, el autoritarismo amenaza y las divisiones internas en la so­ciedad ya no tienen ni espacio ni enfoque político posible. Los nacionalismos impulsados por minorías que quieren emanciparse del marco impuesto por un Estado nación mayor, por ejemplo en Escocia, en Córcega o en Catalunya, pueden eludir en un grado u otro estas tendencias al tiempo que movilizan fuerzas contestatarias conducidas por un ímpetu democrático, ya rehúsen todo racismo o xenofobia o bien rechacen explícitamente la violencia. Pero ¿cómo no preguntarse sobre el futuro que trazarían en caso de alcanzar sus fines y si la idea nacional siguiera animando y coordinando la acción pero, en esta ocasión, de un poder establecido y no de un movimiento en lucha? Durante largo tiempo, el vocabulario relativo a las diferencias en el interior de una sociedad se ha visto dominado por la cuestión social. Unos hablaban, por ejemplo, de clases o de movimiento obrero; otros, de desigualdades y de estratificación. Pero, desde hace más de medio siglo, la diversidad parece vivirse, en primer lugar, en términos culturales y, crecientemente, religiosos. Puede revelarse entonces inquietante, no en sí misma sino en razón de las tensiones que suscita. El principal desafío es en este caso el del enfoque político de tal forma que las diferencias puedan convivir entre sí. Tal enfoque puede resultar rechazado o de alcance imposible, por ejemplo a raíz de tendencias autoritarias o nacionalistas que ya se han mencionado o debido a que el sistema político se halla, él mismo, en crisis, incapaz de responder a las expectativas provenientes de la sociedad. Cuando la cuestión social parecía imponerse a cualquier otra, podía adoptar el aspecto de un conflicto estructural que oponía el movimiento obrero, sus partidos y sus sindicatos a los dueños del trabajo. Este conflicto ha impulsado durante mucho tiempo la vida política e incluso ha llegado a suceder que revista una forma violenta; ha constituido oportunidad, en el caso de numerosas sociedades, de aprender la gestión institucional y política de las instituciones. Pero, en la actualidad, las diferencias en todas partes son religiosas o culturales, y no únicamente sociales, lo que dificulta tal gestión. En estas condiciones, los sistemas políticos siguen diversos tipos de evolución contrastados que dan fe de las inmensas dificultades al abordar las diferencias, ya sean sociales, culturales o religiosas, o bien, como suele ser generalmente el caso, se combinan según estos diversos registros de mil y una formas y sobre un telón de fondo de individualismo generalizado. En algunos países, el paisaje político se fragmenta y deja de poder caracterizarse por una oposición binaria entre dos principales visiones posibles, como es el caso de España en la actualidad. En otros, un viejo sistema institucional y político estático y rígido no deja espacio nuevo más que en su periferia; es el caso de Francia, donde la única novedad política desde hará medio siglo ha sido la creación y auge del Frente Nacional. Y en otros países las divi­siones políticas se borran o se edulcoran en provecho de un acuerdo de programa en la cumbre, tal vez la respuesta menos mala; es el caso de Alemania, donde Merkel gobierna con la socialdemocracia. Cuanto menos gozan las diferencias sociales, culturales o religiosas de un tratamiento institucional o político satisfactorio, más se convierten en fuente de ignorancia y de inquietud, al tiempo que se refuerzan en el seno del grupo dominante las tendencias al autoritarismo y a los llamamientos a la nación. Jugar, entonces, la única carta de la unión, es olvidar las injusticias sociales o las exigencias de reconocimiento que emanan de grupos culturales o religiosos, circunstancia que no hará más que radicalizar a parte de sus miembros. Cuanto más grave es el olvido, más se asemeja a una negación. Sin embargo, no poner de relieve lo que divide equivale a ser indiferente al vínculo social y a la pertenencia a una comunidad nacional o a un pueblo; es arriesgarse a la radicalización y, de ahí, a perspectivas propias de conflicto civil, de ruptura violenta, terrorista o revolucionaria. Las democracias no podrán evitar grandes dramas más que combinando, y no oponiendo, estos dos principios no obstante contradictorios de la vida colectiva que son la unidad y la división. Esto implica el rechazo del autoritarismo, pero también el de la violencia; el rechazo del nacionalismo, pero el reconocimiento de la necesidad de un marco cultural y simbólico dotado de sentido para todos; la preocupación por transformar la crisis económica, social y política en debates y en conflictos institucionalizables. ¡Un bonito programa para el año que comienza! (Michel Wieviorka, 08/01/2016)

Culturas:
Como están de actualidad las listas, comenzaré con la de quienes pueden saltarse este artículo con tranquilidad, porque la cosa no va con ellos… o como si no fuera. En primer término, los que forman el partido mayoritario del país según las últimas elecciones, dos millones de votos por delante del siguiente. Me refiero, claro está, a quienes no votan, sea porque están en la inopia (“¡y yo qué sé!”) o porque creen pertenecer a la élite (“a mí no me engañan, yo no entro en el juego”). En los comicios con mayor oferta política de nuestra historia reciente no han encontrado motivo para salir de casa (excluyo, por supuesto, a los miles que quisieron votar desde el extranjero y no pudieron hacerlo por una infecta burocracia). La verdad es que no merecen vivir en un país democrático, sino en un establo con televisión y ADSL. Ahí seguirán, hasta que el voto obligatorio les recuerde que son ciudadanos mal que les pese. Tampoco aspiro a dirigirme a la secta de los cambistas, los adictos en cuerpo y alma al cambio. No a mejorar, a perfeccionar o a corregir, sino a cambiar. Sea adelante, atrás, a derecha o izquierda, eso va en gustos. Odo Marquard, genial pensador minimalista lleno de humor, no un chistoso barato como Zizek, que murió a mediados de pasado año ignorado por nuestros medios, dice: “El prejuicio más fácil de cultivar, el más impermeable, el más apabullante, el prejuicio de uso múltiple, la suma de todos los prejuicios, es el que afirma que todo cambio lleva, con certeza, a la Salvación, y mientras más cambio haya, mejor”. Como voy a intentar exponer razones para evitar el cambio en un punto importante de nuestro ordenamiento político, cuyos adversarios invocan precisamente la necesidad de cambio para liquidarlo, sólo encontraré oídos impermeables a la argumentación en los fascinados por la palabreja de marras. Y por supuesto nada tengo que decir a los enclaustrados en lo que llaman “pragmatismo”, o sea, los que más allá del Ibex, la prima de riesgo, la tasa de crecimiento o de afiliados a la seguridad social —todo ello muy respetable, desde luego— se contentan con las más obvias letanías: la ley está para cumplirla, la unidad de España no está en venta, queremos muchísimo a los catalanes, y a los vascos es que los adoramos, ay, ¡la gula del Norte! El lema de esta buena gente, porque suele serlo, es: “No nos metamos en honduras”. Nada de explicar con demasiadas teorías la ley, o la unidad, o lo que sea. Lo importante es que no haya jaleo y que los irredentos sepan que todas sus diferencias son bienvenidas y que la Constitución está para dar gusto a todos y que estén cómodos en ella. Si no, se cambia a tal efecto. A fin de cuentas, los nombres de las cosas son lo de menos, lo que cuenta es el business as usual. O, como canta la jota, “que me llamen como quieran, mientras sea de Zaragoza”. Para el resto, si es que queda todavía alguien por ahí, van las explicaciones prometidas. Porque creo que es imposible combatir racional y democráticamente contra ideologías dañinas, pero muy asentadas, si se renuncia a dejar claro el fundamento de lo que se defiende frente a ellas. O aún peor, si se maneja el mismo lenguaje que el de los antagonistas, pero con invocaciones a que toda exageración es mala o que dentro de la ley todo es posible. Se asegura que es imprescindible para la paz social del país reconocer que España es una entidad plurinacional. No hay inconveniente en asumir algo tan obvio. De hecho, todos los Estados modernos son plurinacionales, siempre —claro está— que esas naciones sean entendidas como realidades culturales. Los ciudadanos se reconocen en una de ellas o se adscriben a la que prefieren según sus avatares biográficos, aunque lo más corriente es que bajo su opción preferente incluyan elementos significativos de las otras que forman el puzle del país. Esas “naciones” se modifican constantemente, en buena medida por la irrigación de gente de otras latitudes que se instalan a vivir en su ámbito tradicional, pese a los esfuerzos de los guardianes de las esencias por redefinir una y otra vez “lo de aquí” frente a “lo de fuera”. Los nacionalistas locales quieren convertir la diversidad cultural en fundamento de separación política. Es decir, convierten las culturas —optativas, cambiantes, mestizas— en estereotipos estatalizables de nuevo cuño, que definen ciudadanías distintas a la del Estado de derecho común. Aquí comienza lo inadmisible. Porque precisamente esa fragmentación no aumenta, sino que restringe la libertad de cada cual. Al repartir la ciudadanía por módulos culturales transformados en políticos, se priva a los individuos de su disponibilidad de administrar sus identidades personales como deseen dentro de un marco común que las trasciende y a la vez las acoge democráticamente. La ley estatal compartida, constitucional o similar, permite una igualdad que también Odo Marquard definió inmejorablemente: “Igualdad significa que todos pueden ser diferentes sin temor”. Y sin que esa capacidad libre de autodefinición cultural coarte la capacidad de otros conciudadanos de decidir políticamente sobre lo que atañe a todos. Tal es la concepción democrática contemporánea, cada vez más alejada de las determinaciones del terruño propias de siervos de la gleba, abierta a la inclusión de los inmigrantes en busca de derechos que puedan llegar de cualquier parte. Y por eso las consultas políticas parciales determinadas por territorios —como si los ciudadanos nativos de una localidad o empadronados en ella se transmutasen en miembros de un estado virtual oprimido por la realidad democrática vigente— son, cualquiera que fuese su resultado, mutiladoras de la integridad del resto de la ciudadanía. En España no hay ningún problema territorial, aunque cualquier división administrativa del Estado admite mejoras o reformas, sino un atentado separatista contra el derecho a decidir de todos y cada uno de los ciudadanos miembros del país. Piden diálogo. No parece fácil. Oí en Espejo público a García Page contestar bien a un nacionalista que le preguntó por qué no referéndum en Cataluña: sería conceder de antemano lo que se pretende preguntar, porque la autodeterminación no consiste en irse, sino en poder elegir entre irse o quedarse sin contar con los demás. Su interlocutor comentó: “Bueno, seguiremos intentándolo”. Como quien oye llover. En su ensayo L’art de conférer, uno de los mejores, Montaigne hace una encendida defensa del diálogo y la controversia, proclama que prefiere el coloquio con quien piensa distinto que él porque así aprende más, etcétera… Pero también advierte: “Me es imposible tratar de buena fe con un tonto, porque bajo su influjo no sólo se corrompe mi juicio, sino también mi conciencia”. Yo, siempre con Montaigne. (Fernando Savater, 07/01/2016)