La generalización de los campos de extranjeros implica que ya no se trata de una excepción sino que se ha institucionalizado como herramienta de gestión de los flujos migratorios en Europa. Es la consecuencia de una peligrosa lógica de internamiento, sobre todo teniendo en cuenta que se exporta y se deslocaliza fuera del espacio comunitario, una lógica especialmente brutal y poco respetuosa con los valores de la Unión, por otro lado está oficialmente adscrita. También es verdad que la función práctica de estos campos es combatir el abuso del sistema de asilo o la inmigración clandestina. pero hoy es evidente que su eficacia en este ámbito es muy reducida.
Estos campos tienen un valor de símbolo en la estrategia de comunicación de la UE. Se trata de transmitir un mensaje de seguridad a la opinión pública de los países de acogida, demostrar que la UE se protege y reacciona ante lo que Giuseppe Pisanu, ministro del Interior italiano, ha denominado la invasión migratoria. Además, evitar la inmigración clandestina al provocar un efecto disuasorio en los candidatos al asilo en los países de origen (señal de una política firme de internamiento/alejamiento). En ambos casos, la funciòn latente es la de alejar, ocultar la realidad migratoria (presencia de migrantes, condiciones de llegada), lograr, en definitiva, que la inmigración no sea visible.
La multiplicidad de estos campos de extranjeros se enmarca dentro de la continuidad de una noción utilitarista de la inmigración, básicamente determinada por las necesidades del mercado laboral europeo e incorporando un proceso de selección. Es el resultado de una lógica política global que concibe la migración sólo como una mercancía.
Al deslocalizar el tratamiento del asilo, los países europeos sirven ante todo a sus propios intereses. Por un lado, legitiman y hacen pública su política de seguridad (riguroso control de fronteras, legislación más severa sobre visados). Por otro lado, no necesitan resolver las solicitudes de asilo, pueden incluso pretender que respetan los tratados internacionales sobre protección de refugiados (en particular, la convención de Ginebra) y, a la vez, se reservan la posibilidad de recurrir a ese arsenal de mano de obra extranjera flexible y barata. Este sistema permite a la UE desentenderse de sus responsabilidades en materia de asilo trasladándolas a los países limítrofes o tapón que, en general, no disponen de recursos técnicos o financieros adecuados.
Los países fronterizos con la Europa meridional o del Este se instrumentalizan a varios niveles. Deben contener la inmigración clandestina y, para ello, modernizan sus técnicas de control de fronteras gracias a la ayuda europea. Se convierten en Estados tapón responsables de acoger a los solicitantes de asilo, alentados por la UE a establecer acuerdos de readmisión de los inmigrantes ilegales. Finalmente, representan para ésta una potencial cantera de mano de obra.
Oficialmente, la exportación del tratamiento del asilo está estrechamente vinculada a otro de los ejes de la política europea: la voluntad de responsabilizar a los países de origen o de tránsito, incitándolos, sobre todo, a cooperar en la lucha contra la inmigración clandestina. La UE condicionará su ayuda al desarrollo a que los países de tránsito situados en la zonas tapón acepten esos campos. La UE apuesta por la complicidad interesada de esos Estados tapón.
Un informe del Parlamento Europeo sobre los futuros aspectos del espacio de libertad, seguridad y justicia (Tampere II), destaca que no se puede pensar en establecer campos de refugiados en el exterior de la Unión sin tener en cuenta un riesgo evidente de violación de los derechos fundamentales. Este documento cuestiona en particular las condiciones carcelarias a las que se someterían a los candidatos a la inmigración. En este sentido, un informe de la FIDH sobre la situación en los campos de Malta es muy revelador. Evoca las pésimas condiciones de detención: inadaptación de los locales, hacinamiento, problemas de higiene o de acceso a la atención sanitaria. Revela asimismo violaciones de los derechos humanos fundamentales: intromisión en la intimidad y en la vida familiar, violencias físicas y morales, tratamientos inhumanos y degradantes y delito contra los derechos de los menores.
(Sami Nair)
La idea de exportar el tratamiento de los procedimientos de asilo mediante el establecimiento de centros de tránsito fuera de la Unión fue propuesta por varios países europeos, en particular la Gran Bretaña de Tony Blair, la Italia de Berlusconi, la Alemania de Schröder y la España de José María Aznar. Sin embargo, Francia se opone a ella y, a partir de ahora, la España de José Luis Rodríguez Zapatero también. Aunque todos estén de acuerdo en actuar contra las migraciones clandestinas. afortunadamente no existe un consenso europeo sobre el éxodo de externalización de los campos.
No por ello esta deslocalización del asilo deja de figurar en el orden del día y de imponerse como un instrumento más de la política de gestión de los flujos migratorios. También es verdad que la propuesta británica de establecer centros denominados offshore no fue aceptada finalmente por el Consejo de Europa en la reunión de Tesalónica en junio de 2003 ni tampoco, algo más tarde, la iniciativa italogermana. Pero el paso ya se ha dado. La Comisión ha lanzado varios proyectos piloto en el norte de Africa con la denominación de capacity bilding y ha bloqueado más de un millón de euros para ayudar a cinco países (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez) y estudia la viabilidad de estos campos, tomando las debidas precauciones para presentar el método como un complemento del sistema de asilo europeo.
