La familia ha sido la principal fuente de asistencia y provisión de servicios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, siempre existió la polémica sobre la entidad que debía responsabilizarse a nivel suprafamiliar: el Estado, la Iglesia o la administración local. La caridad y la beneficencia pública son prácticas fundamentales de la sociedad medieval, en la que existía una red de gobierno local más organizada y compleja que en el Imperio romano, más centralizado, aunque el florecimiento de los Estados (desde pequeños principados a amplias jurisdicciones) ya dejaba entrever el auge del Estado de bienestar de la era moderna.
En Europa, durante el Antiguo Régimen, la Iglesia fue la principal responsable de la asistencia social y de la provisión de servicios sociales a la comunidad. En el siglo XIX, el auge de conceptos como clase social y sociedad, la centralización de la administración del Estado y las nuevas experiencias de mutualismo patronal y obrero culminarían en reformas fundamentales (como la de Bismarck en la Alemania de 1881 o, a principios del siglo XX, la de Lloyd George y Clement Richard Attlee en Gran Bretaña) surgiendo el embrión de la Seguridad Social y posteriormente el moderno Estado de bienestar.
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En un sentido amplio, es la prestación de servicios sanitarios y educativos, la protección social del trabajo y la vivienda, los seguros y subsidios de renta, y la asistencia social individual. En un sentido restringido, los servicios sociales son actividades técnicas organizadas por las administraciones públicas y enmarcadas dentro de las políticas de bienestar social, cuyo objetivo es la prevención, rehabilitación o asistencia de individuos, de familias o de grupos sociales con amplias carencias y demandas, en pro de la igualdad de oportunidades, la realización personal, la integración social y la solidaridad. La finalidad global de los servicios sociales es la satisfacción de determinadas necesidades humanas dentro de una comunidad.
Los servicios sociales cubren, en general, los siguientes sectores de población: mujer, familia y menores, juventud, tercera edad, minusválidos, toxicómanos, delincuentes y reclusos, minorías étnicas, emigrantes y personas en situación de pobreza y marginalidad.
El grado de desarrollo de los servicios sociales y el nivel de colaboración entre la administración central (el Estado) y local (ayuntamientos, comunidades, etcétera), así como entre las organizaciones de voluntariado, varía de manera considerable según el país, aunque la tendencia es avanzar hacia su descentralización y regionalización, hacia la cooperación entre los sectores público y privado, hacia la aplicación de un enfoque más preventivo que asistencial y hacia el desarrollo de la ayuda mutua dentro de las propias comunidades, con el fin de conseguir una mayor efectividad.
Sin embargo, en las sociedades occidentales con derechos sociales amplios, donde impera el Estado de bienestar, el mantenimiento de los servicios sociales también provoca fuertes controversias. El porcentaje habitual de la renta nacional invertido en servicios sociales por los países económicamente más avanzados es del 30 por ciento. Sin embargo, actualmente algunos gobiernos están interesados en reducir sus gastos sociales para que la comunidad libere al Estado de gran parte de las cargas de asistencia social y servicios sociales, pero hay que tener presente que estas medidas implican no reconocer estos servicios como derechos inalienables de los ciudadanos.
Por otro lado, expertos en el tema han demostrado que la inversión en bienestar social va unida al progreso económico, ya que los países que mantienen altos gastos sociales tienen asimismo un rápido crecimiento económico. En consecuencia, el gasto social, más que constituir la causa de una crisis económica, forma parte de su solución.
Actividad profesional cuyo objetivo suele ser enriquecer y mejorar el desarrollo individual y de grupo, o aliviar condiciones sociales y económicas adversas.
Antiguamente, todas las formas de filantropía y de caridad (como las realizadas por personas sin formación pero con conciencia social) eran consideradas como un trabajo social. El principal objetivo de estas actividades era resolver los problemas inmediatos de los necesitados sin modificar sus causas. Posteriormente, el gran volumen de estudios sociales realizados ha permitido analizar los desajustes sociales y económicos de la sociedad moderna y coordinar las actividades de los trabajadores o asistentes sociales en un esfuerzo por beneficiar al máximo a las personas necesitadas y a toda la comunidad.
En muchos países, los asistentes sociales están teniendo que ampliar su ámbito de actuación para ayudar a controlar formas antisociales y delictivas de conducta, sin menosprecio, lógicamente, de los derechos civiles de los pacientes. En los países en vías de desarrollo, donde hay pocos asistentes sociales en relación con el número de habitantes, su ayuda es solicitada para obras de beneficencia y gestión de ayudas económicas orientadas a este fin.
Los asistentes sociales pueden trabajar en puestos muy diversos. Los asistentes sociales de familia tratan directamente con el cliente como miembro de una familia determinada y solicitan la participación y colaboración de todos sus miembros. Trabajan en el sector público (asociaciones de servicio a la familia, hospitales médicos y psiquiátricos, organizaciones públicas o clínicas de desintoxicación), aunque en las dos últimas décadas se viene observando en algunos países una tendencia hacia el trabajo en el sector privado. Una vez determinada la naturaleza del problema, el asistente social de familia intenta ayudar a la persona que lo necesita a superar estas dificultades y a conseguir una asistencia adecuada. También intenta que las personas necesitadas encuentren solución a sus problemas por ellas mismas. En los últimos años han aumentado considerablemente las áreas de especialización del trabajo social.
Los asistentes sociales de grupo planifican o dirigen las actividades de grandes grupos de personas. Este tipo de trabajo social se realiza en centros terapéuticos y hospitales.
Los planificadores sociales son asistentes sociales que investigan y diseñan políticas de bienestar social, que con frecuencia son presentadas como anteproyectos de leyes sociales. Los organizadores comunitarios actúan como coordinadores de área para conseguir que los programas de las diferentes organizaciones cubran al máximo las necesidades de servicios médicos y de bienestar social. También colaboran en programas de autoayuda de grupos locales con intereses comunes como, por ejemplo, programas de formación para dirigentes locales que permitan analizar y resolver los problemas de su comunidad. Los organizadores comunitarios participan de forma activa, como todos los asistentes sociales, en consejos locales de organizaciones sociales y en grupos de acción comunitaria. A veces, el papel de los organizadores comunitarios se solapa con el de los planificadores sociales.
El trabajo social se realiza principalmente en organizaciones públicas y también en entidades privadas, cuyos fondos están destinados a servicios de adopción de niños abandonados, maltratados o que sufren abusos, atención de orfanatos, instituciones infantiles, escuelas de formación de jóvenes y centros de comunidades locales. Además, también se atiende al trabajo social en escuelas, clínicas psiquiátricas y de enfermos mentales, programas de rehabilitación de drogadictos, programas de mejora de relaciones intergrupales y de planificación social. Muchas organizaciones de voluntariado, por ejemplo, conceden ayudas para programas similares.
Para poder trabajar como asistente social se requiere cursar estudios universitarios o una formación profesional o laboral equivalente. En los planes de estudios destaca el análisis sociológico de los problemas sociales, aunque el derecho y la psicología social también son asignaturas muy importantes. Esta amplia formación refleja los diferentes enfoques de esta profesión, ya que la labor de asesoramiento de los asistentes sociales se basa en los cambios de actitud del individuo o en las causas sociales y económicas, según se considere más adecuado. Para casi todos los puestos de trabajo social se pide un periodo de prácticas, es decir, una formación supervisada en una organización operativa.
Forma de intervención del Estado en la sociedad civil. En un sentido más restringido, es el programa de acción del Estado en materia social, dirigido a realizar algún tipo de cambio en las estructuras sociales de una sociedad.
Los orígenes de las políticas sociales se remontan a las últimas décadas del siglo XIX en Europa, donde nacen con el objetivo de moralizar la economía liberal, a fin de evitar las injustas consecuencias sociales de la Revolución Industrial. En sus inicios, la política social ‘anglosajona’ se preocupó fundamentalmente por todas aquellas personas amenazadas por la pobreza: ancianos, vagabundos, enfermos, etc. La política social ‘latina’, en cambio, se interesó por las condiciones de la clase trabajadora, identificándose con la política laboral: prohibición del trabajo a los menores de edad, reducción de la jornada laboral, salarios más justos, seguridad en el trabajo, etc. Con el tiempo, las políticas sociales han ido transformándose y ampliando su radio de acción no sólo a las capas más necesitadas de la población, sino a la mayoría de los individuos que componen una sociedad.
Relacionadas con la provisión de servicios sociales, las políticas sociales forman parte del Estado de bienestar, su representación institucional, y abarcan una extensa gama de programas sociales, como políticas de salud, seguridad social, vivienda, educación u ocio. Hoy su objetivo es la búsqueda del bienestar y la mejoría de las condiciones materiales de vida de la población.
Proyecto y modelo de sociedad que constituye el principal punto programático de gran número de ideologías y partidos políticos actuales. El concepto, surgido en la segunda mitad del siglo XX, parte de la premisa de que el gobierno de un Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el ‘bienestar’ de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación y, en general, todo el espectro posible de seguridad social. Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos estatales, deben tener un carácter gratuito, en tanto que son posibles gracias a fondos procedentes del erario público, sufragado a partir de los imposiciones fiscales con que el Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, pues, en principio, las clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.
En general, casi todos los grupos políticos de las sociedades desarrolladas ejercitan políticas tendentes a conseguir un cierto Estado de bienestar. Pese a ello, sí existen diferencias entre las políticas que en este sentido aplican los partidos de tendencia liberal más conservadora (que entienden el Estado de bienestar como la garantía de que ningún individuo subsista por debajo de un mínimo umbral de calidad de vida) y las formaciones socialistas o socialdemócratas (para las cuales el Estado de bienestar significa la posibilidad de construir una sociedad más justa y solidaria).
Programas públicos diseñados para proporcionar ingresos y servicios a particulares en supuestos de jubilación, enfermedad, incapacidad, muerte o desempleo. Estos programas, que engloban temas como la salud pública, el subsidio de desempleo, los planes públicos de pensiones o jubilaciones, la ayuda por hijos y otras medidas, han ido surgiendo en muchos países, tanto industrializados como en vías de desarrollo, desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de dignidad de vida para todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades. Su financiación procede por regla general del erario público y su costo se ha convertido poco a poco en una preocupación cada vez mayor para los países desarrollados, que destinan a este fin más del 25% de su producto interior bruto (PIB). Muchos países que se encuentran en el subdesarrollo no pueden hacer frente al gasto que representan estos programas, o bien temen el efecto que las pesadas cargas fiscales impondrían sobre el crecimiento económico.
(Encarta)