Pensiones:
Planes de pensiones:
Pensiones de jubilación:
Las leyes impositivas suelen contemplar desgravaciones fiscales tanto para los pensionistas como para los planes de pensiones.
Los planes de pensiones públicos suelen adoptar dos fórmulas. Por un lado, existe el sistema de reparto: todos los trabajadores activos cotizan un porcentaje de su salario al sistema de pensiones, creándose de esta forma un fondo que se reparte entre todos los pensionistas. Por otro lado, existe el denominado sistema de capitalización: todos los trabajadores cotizan un porcentaje de su salario al sistema de pensiones; el fondo creado se va invirtiendo en activos financieros, capitalizándose. Cuando los trabajadores alcanzan la edad de jubilación se reparte entre ellos la cantidad abonada más los intereses obtenidos a lo largo de los años. En España, hoy día, es recurrente la polémica de si la dinámica poblacional está haciendo inviable la continuidad del sistema de reparto, que es el que se halla en vigor, por lo que se plantean dos alternativas: asumir un sistema de capitalización, lo que resultaría muy costoso para los trabajadores en activo, o pasar a un sistema privado, que se considera muy insolidario porque aquellos trabajadores que están en paro no pueden financiarse un plan de pensiones privado. En Chile, por ejemplo, durante la dictadura del general Pinochet, se pasó de un sistema de pensiones público basado en el sistema de reparto a un sistema privado, en el que cada trabajador se responsabiliza de garantizarse una renta mínima para su jubilación.
Con el crecimiento de la esperanza de vida en los países industrializados, el pago de los sistemas de pensiones se hace cada vez más caro. Por ello, el pensamiento económico moderno tiende a fomentar el cambio desde el sistema de pensiones público hacia una gestión mixta de las pensiones, compartida con el sector privado, porque se considera que éste podrá ayudar a administrar el sistema de una forma más eficiente. Las relaciones económicas internacionales favorecen a los países con presupuestos equilibrados, por lo que todos los gobiernos desean reducir gastos e impuestos, y ello agrava aún más la problemática de los pensionistas, cuyo número, en cambio, no deja de crecer. Además, los países en vías de desarrollo son demasiado pobres como para poder soportar la carga de un sistema de pensiones público, debiendo dejar a las personas mayores a cargo de sus familias. Por ejemplo, en Singapur, que no cuenta con un sistema de planes de pensiones público, existe una ley que obliga a las familias a mantener a sus ascendentes.
(Encarta)
Porcentaje del PIB:
Crisis financiera:
En España el sistema de pensiones da cobertura a más de ocho millones de personas y los trabajadores confían en una prestación adecuada y suficiente cuando finalicen su vida laboral. Su tarea es ambiciosa y esencial, estabiliza los ciclos económicos y reequilibra desigualdades sociales, con mucha influencia en la calidad de vida de las personas. El sistema público de pensiones ha mantenido hasta hace poco superávits anuales, acumulando un Fondo de Reserva elevado (66.814 millones de euros hasta mediados de 2012; el 6,5% del PIB)
La viabilidad del sistema de pensiones español es puesta en entredicho periódicamente.
En enero de 2011 al ministro de Trabajo Valeriano Gómez le tocó introducir reformas en las pensiones.
El período de cómputo para su cálculo pasó de 15 a 25 años y la edad de jubilación a los 67 años.
Las reformas de 20111 tenían la intención de situar el gasto en una parte del PIB, en torno al 12,5%, similar a la que en el 2040 tengan países como Alemania y Francia.
Dada la situación laboral española y el índice de paro muchos dudan de su capacidad de cotizar los 38,5 años requeridos para cobrar el 100% de la pensión al cumplir los 65.
Los planes de pensiones suponen una opción interesante para disponer de mayores ingresos durante la jubilación.
Resultan rentables incluso si se suscriben unos pocos años antes de cumplir los 65 años.
En caso de una suscripción tardía es posible mejorar la situación recurriendo a productos basados en renta variable.
Algunos planes permiten la elección del cobro en forma de renta vitalicia.
Provisión para el pago de cantidades mensuales a las personas mayores. Las primeras pensiones de jubilación que pudieron obtener los trabajadores se dieron en Francia a principios del siglo XIX, en Inglaterra en 1812 y en Alemania en 1873. El sistema público de pensiones se extendió a otros países europeos y a EE.UU. a comienzos del siglo XX.
Actualmente existen cuatro tipos de sistemas de pensiones. El más importante es el sistema público, que predomina en casi 130 países como parte del sistema de seguridad social. La financiación de este sistema es muy variada: por regla general, parte de los beneficios concedidos por el Estado del bienestar provienen de los impuestos, con cargo a los presupuestos generales, y el resto procede de las cotizaciones a la seguridad social que realizan los empresarios y/o los trabajadores, que pagan una cuota en proporción a su salario. El segundo tipo de sistema es aquel que está financiado por completo por los empresarios, algunas veces gracias a pequeñas contribuciones de los trabajadores, destinadas a los empleados que han trabajado para el empresario durante un determinado periodo de tiempo; incluye pensiones financiadas tanto por los empresarios privados como por las instituciones públicas. La mayoría de las grandes compañías tienen este tipo de sistema de pensiones, muchas veces garantizados por los sindicatos gracias a la negociación colectiva, u ofertados como un pago adicional que, al no estar sujeto a imposición ninguna, resultan más baratos que si se incrementara el salario de los trabajadores. El tercer tipo de pensiones deriva de fondos establecidos por sindicatos, empresas y otras instituciones a favor de sus miembros. Suelen ser fondos cuantiosos y están administrados por un actuario, que decide cuánto se ha de pagar y en qué plazos, y por un experto financiero encargado de garantizar el crecimiento del fondo a largo plazo. El cuarto sistema es el de pensiones privadas en su totalidad, en el que cada trabajador se encarga de cotizar a un fondo de pensiones privado con el fin de garantizarse una renta mínima cuando alcance la edad de retiro. Se puede hablar también de un sistema mixto, en el que se entremezcla el sistema público y el privado.
El gasto en pensiones en relación con el PIB depende de tres grandes factores: número de prestaciones, cuantía media de la pensión y renta disponible a repartir. Cualquier sistema de pensiones debe ser objeto de continuo seguimiento y evaluación, pero finalmente también está influido por la incertidumbre que determina el nivel de empleo y la riqueza generada. La determinación de un factor de sostenibilidad, como se anuncia, es una decisión trascendente que, en su caso, debe ser acordada y no ligarse, sin más, a la esperanza de vida, es decir, al número de años de cobro de prestación. Debe analizar y añadir otras variables como la evolución de las bases de cotización de los trabajadores en activo, la evolución del PIB, etcétera. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de Europa, en España el factor de sostenibilidad ya existe, con éxito, desde 1995, y se articula alrededor del Diálogo Social, que ha producido cuatro acuerdos, dos de ellos de especial intensidad, y el Pacto de Toledo Las cuotas sociales en relación con el PIB en España son inferiores en 2,5 puntos del PIB a la media de la zona euro. Hay margen de subida que puede ser utilizado en la cuota de contingencias comunes con una distribución en la que los trabajadores también participen en un porcentaje suficiente. La cuota del empleador forma parte de los costes laborales para la empresa, pero el conjunto de las cuotas sociales son renta de los asalariados percibida de forma diferida (las prestaciones). Los ingresos por cuotas ayudan a medir la contributividad del sistema, pero pueden estar complementados por otras fórmulas de ingresos hasta completar el objetivo marcado como esfuerzo de la sociedad a las rentas de quienes aportaron su esfuerzo en generaciones anteriores (gasto en pensiones sobre PIB). CCOO y UGT han mostrado su compromiso con el sistema de Seguridad Social español, participando activamente en su diseño y evolución, con medidas concretas, valientes en muchos casos, que han necesitado de un intenso proceso de explicación entre los trabajadores. Estas medidas adoptadas en el diálogo social, han reforzado el sistema y han estado insertas dentro del consenso articulado en el Pacto de Toledo. Único Pacto de Estado vivo en España que se cuestiona en estos tiempos. Es un error, necesitamos más consensos de estas características, no debilitar el existente. La sociedad española necesita dialogo y consenso para salir antes y mejor de la crisis. Cambios unilaterales y precipitados en el sistema de pensiones no ayudan a ello. (Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, 26/12/2012)
La actual burbuja, generada por la expansión de los balances de los bancos centrales y tipos de interés cero, afecta tanto a activos de renta variable como, y sobre todo, de renta fija. Imagínense lo complicado que lo tienen un fondo de pensiones privado, o una compañía de seguros. Los activos de renta fija y de renta variable están caros, y además no es posible una diversificación por estilos, o por zonas geográficas.
En este sentido, y bajo este escenario, surge un problema adicional. Nos referimos al intento de reducir, sino eliminar, los sistemas de pensiones públicos de reparto. De nuevo la visión dominante vuelve a engañar a la ciudadanía sin ningún complejo, bajo la mirada depravada de ciertas élites financieras. Los esquemas de sistemas de pensiones completamente privados como los existentes en algunos países, el caso de Chile es el más paradigmático, no solo no suponen en realidad una protección real de las rentas futuras a obtener, sino que en determinados episodios de exuberancia irracional, como consecuencia de una excesiva propensión al riesgo, la explosión de una burbuja o inflación de activos financieros como la actual implicaría un empobrecimiento masivo de los pensionistas.
El esquema de pensiones públicas basado en el sistema de reparto se encuentra sometido a un ataque constante por parte de la ortodoxia neoclásica. Estos sistemas han funcionado bien en el pasado, sin embargo en la actualidad presentan una serie de problemas de financiación como consecuencia del envejecimiento de la población, la ralentización del crecimiento salarial, y los cambios en la distribución de la renta. Las soluciones que se proponen implican generalmente una reducción de los beneficios logrados, mediante el aumento de la edad de jubilación, y un movimiento claro en favor de sistemas pre-financiados, total o parcialmente, que incluso lleve a una privatización de parte o de la totalidad del sistema.
(Juan Laborda, 30/12/2015)