Pobreza en España:
Pobreza infantil:
Recortes:
Desigualdad:
Diferencias de renta en España:
El paro afecta a 5,5 millones de personas.
En 2014 1,8 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro.
El rescate a la banca probablemente costará al contribuyente 40.000 millones.
Una tercera parte de los niños está en riesgo de exclusión social.
Para 2015 la subida del salario mínimo interprofesional será de 3,3 euros. De 645,3 euros pasa a 648,6 al mes.
Las pensiones aumentan un 0,25%, el mínimo que marca la ley.
Han permitido que el grupo social que tradicionalmente sufría más las crisis, los ancianos, haya sido sustituido por el de los niños.
La OCDE en su informe de marzo de 2014 advirtió que España es el país donde más han aumentado las desigualdades sociales.
El país entá entre los más redujeron las prestaciones familiares desde 2008.
Se incrementó la falta de medios de los servicios sociales de las Comunidades Autónomas.
Según el VII Informe del Observatorio de Realidad Social de Cáritas, en cinco años han multiplicado por casi tres el número de personas atendidas, en su mayoría familias.
La protección que debería ofrecer el Estado de un país ahora mismo está en manos de ONG, asociaciones o la iniciativa personal.
España se ha convertido en el tercer país del mundo desarrollado donde más ha crecido la pobreza infantil desde 2008.
El primero y el segundo son EE.UU. y México.
Según el informe de Unicef Los niños de la recesión 800.000 niños españoles han caído bajo el umbral de la pobreza.
El documento califica a este fenómeno de emergencia nacional, y sitúa a España entre los países donde todos los indicares muestran signos más preocupantes, junto a Croacia y Grecia. En la referencia principal, España ocupa el tercer puesto la tasa de pobreza infantil más alta hasta el 36,3% de los 41 países analizados.
Los menores han sufrido más donde la crisis económica ha golpeado con más fuerza, el sur de Europa, Irlanda e Islandia.
En estos lugares la pobreza infantil creció entre 10 y 20 puntos, un incremento superior al 50%.
España está a la cabeza en abandono escolar y es el país europeo, junto con Grecia, donde más presupuesto se destina en los hogares a cubrir los gastos de la vivienda. El porcentaje de niños que viven en hogares que gastan más del 40% de los ingresos disponibles en costes de la casa -lo que impide que los padres puedan permitirse otras actividades culturales o de tiempo libre- es de un 20,5% en España, mientras que la media de la UE es de un 11%.
La Comisión Europea lanzó una sería alerta al mostrarse muy preocupada por el incremento de los indicadores de pobreza infantil en España. Los recortes han llegado a las ayudas destinadas a menores. En 2010, se eliminó el cheque bebé y las asignaciones por hijos menores de 3 años para familias con pocos recursos. El porcentaje del presupuesto de protección social que se destina a las familias y los niños se redujo del 5% al 3,5% entre 2008 y 2011.
Según Save the Children España se queda a la cola, junto con Grecia, en capacidad de reducir la pobreza infantil con ayudas sociales. Antes de las prestaciones sociales el porcentaje de niños que viven bajo el umbral de la pobreza es de un 36,8%, después de las prestaciones, de un 29,9%. Las ayudas sociales tan sólo reducen la pobreza infantil en un 6,9%. Si nos comparamos con Irlanda, un país que ha sufrido una situación económica similar a la de España, sus prestaciones sociales han conseguido reducir la pobreza infantil en 32 puntos, pasando de un 49,1% de niños en riesgo de pobreza a un 17,1%", describe la ONG, la situación en el país.
Muchos colegios de toda España dejaron abiertos sus comedores durante la Navidad de 2014 gracias a la ayuda de bancos de alimentos y asociaciones.
Según Andrés Conde, Director General de Save the Children, garantizar la protección de los niños y las niñas frente a la pobreza es una obligación legal de los Estados. Como medida de urgencia, pedimos al Gobierno ampliar la prestación para familias con niños a su cargo ampliando los baremos de renta por los que se concede esta prestación para incluir a todas las aquellas familias que estén bajo el umbral de la pobreza, posibilitando que se pueda compaginar con otras ayudas estatales o autonómicas, mensual en lugar de semestral.
Las elecciones de 2011 fueron ganadas con un programa tranquilizador
en cuanto a recortes en sanidad, educación, pensiones y cobertura de desempleo.
El grado de incumplimiento del programa del PP del 2011 no tiene precedentes.
El descontento ciudadano ha aumentado la inteción de voto de la nueva opción política Podemos.
Según un informe de Unicef desde 2010 se han recortado 6.300 millones de euros del dinero destinado a las políticas de infancia.
Para conseguir el equilibrio presupuestario las políticas sociales han sufrido un recorte de 30.000 millones de euros.
Se eliminó el Plan Educa 3, y con él la etapa de educación infantil de cero a tres años.
Se disminuyó la aportación a las becas y se aumentaron las tasas universitarias.
Se aumentó el grado de mercantilización del Estado del Bienestar.
Los recortes de esta magnitud suponen un importante deterioro de la cohesión social de país y de la justicia social.
Las comunidades de régimen común poseen cierta autonomía para orientar la política social.
El salario social en Asturias llega a más de un 25 por mil de personas mientras que el de Castilla La Mancha no llega al 3 por mil.
España es el segundo país más desigual de la Unión Europea y el miembro de la OCDE en el que más creció la desigualdad en 2014.
El 1% de los más ricos tienen tanto como el 70% de los ciudadanos y tan solo tres individuos acumulan una riqueza que duplica con creces la del 20% más pobre de la población.
En 2013 las 20 personas más ricas incrementaron su fortuna en 15.450 millones de dólares, lo que supone más de 1,7 millones de dólares por hora o 30.000 dólares por minuto. Poseen en la actualidad tanto como el 30% más pobre de la población (casi 14 millones de personas).
En conjunto, las 20 mayores fortunas de España acumulaban en marzo de 2014 una riqueza de 91.320 millones de euros.
La fortuna de Amancio Ortega duraría 172 años si gastase 1 millón diario.
Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística difundió un estupendo informe sobre la distribución de la renta de las personas, pormenorizado hasta el nivel de los domicilios. La aplicación informática, un mapa de España en el que -siguiendo los mecanismos ya conocidos por la generalización del uso de Google Maps- los interesados pueden conocer el nivel de renta de cada uno de los ciudadanos españoles, agrupados por territorios, regiones, provincias, ciudades, barrios, calles€, ofrece una información pormenorizada y prácticamente ilimitada de la distribución de la renta en el país, presentada de una forma accesible y sencilla. Ventajas de las tecnologías de la información y el conocimiento.
Los medios, por supuesto, publicaron reportajes sobre el asunto. Miles de ciudadanos curiosos accedieron a la aplicación para comprobar los ingresos de la gente de su barrio€ y yo decidí aplicarme a un esfuerzo distinto: ocurre que durante años se nos ha vendido la milonga de que las situaciones de atraso, desigualdad social y reparto desequilibrado de la renta son consecuencia de la existencia de gobiernos conservadores, y que en aquellos sitios donde gobierna la izquierda se produce un mejor reparto de la renta. Eso puede ser cierto si entendemos como renta la asistencia social, el gasto público en educación, sanidad y asuntos sociales. Pero no lo es, en absoluto, si nos referimos solo a la renta personal. Las regiones españolas donde existen mayores diferencias entre las rentas de los ciudadanos son Andalucía y Extremadura, dos regiones con gobiernos mayoritariamente de izquierdas en los últimos cuarenta años. Otras regiones -Galicia y Canarias, por ejemplo- acompañan a Andalucía y Extremadura en ratios de pobreza, pero no con datos tan extremos en los de desigualdad. Sobre el mapa de España, la pobreza y la desigualdad suelen producirse -y es una dramática y desalentadora comprobación- no en función de qué políticas se han aplicado en cada una de las regiones, sino en función de otros factores que poco tienen que ver con quien gobierne: inexistencia de tejido industrial, fuerte peso del sector agrario, subdesarrollo histórico, orografías que dificultan la movilidad en el territorio, pervivencia de infraestructuras arcaicas€ La ideología de los gobiernos no define las zonas de pobreza: parece una perogrullada, pero se insiste tanto en ello en la propaganda política -unos y otros- que es fácil olvidar que se trata de una patraña.
Otra percepción es que las políticas asistenciales gestionadas exclusivamente con los recursos propios de una región pueden resolver las diferencias. No es cierto. Esas políticas pueden servir para mejorar la situación de desesperanza de las personas afectadas -y eso no es poco- pero son económicamente insostenibles e inútiles para la redistribución de renta. Si una región pobre -Canarias lo es- crea al final su propia renta básica ciudadana (algo que parece un poco más lejos), y además lo hace con sus propios recursos, forzosamente esa ayuda será cosmética e ineficaz.
La renta básica ciudadana debe ser un esfuerzo conjunto de carácter estatal, que drenará recursos de los territorios y personas más ricas hacia los más pobres. Por supuesto que podría incorporar un tramo autonómico, como ocurre con las ayudas a la dependencia, pero no ser sostenida íntegramente por una región pobre.
(Francisco Pomares, 20/09/19)