Corrupción:
Gobierno de Felipe González (1982-1996):
Gobierno de José María Aznar (1996-2004):
Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2012):
Unas elecciones para siervos:
No será esta la última historia criminal y sangrienta, y en verdad lo digo sin ánimo de augurio sino como evidencia de que estamos bordeando el límite del colapso social y del cinismo. Como diría un castizo, se han pasado muchos pueblos. Mientras hombres como Blesa o ese patán de Castellón con gafas negras, padrino de todo lo que toca, estén libres, habrá una ciudadanía consciente que lo considerará un delito social quizá no inscrito en las leyes que redactaron los abogados de Blesa, o sus socios, pero que está ahí, clamando al cielo. Y el cielo social desde 1789 no existe. Estamos abocados a la violencia porque la paz social se ha vuelto una estafa que sólo beneficia a los delincuentes de honor y a sus abogados de élite.
Detengámonos un momento en la foto fija de estas elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué es un parlamentario europeo? Pues un caballero o una dama que seguirán estrictamente las órdenes de sus grupos partidarios: conservadores, socialdemócratas o lo que sea. ¿A usted se le ha ocurrido alguna vez tener la posibilidad de nombrar consejeros bancarios o directivos de grandes empresas?
Pues si lo desea aquí tiene usted la posibilidad de transformarse por un día de siervo en Gran Elector y con su voto poder ayudar a que alguien gane 8.000 euros brutos al mes, más 4.300 para gastos, sumados a 4.250 de transporte. A esta regalía de ejecutivo alto standing deberá añadir 304 euros por día de trabajo –se entiende que el resto es para pensar en casa–, y 125 por cada reunión que tenga fuera de las dependencias de la Unión Europea. Es obvio que los gastos de alojamiento en hotel o apartamento corren por cuenta de la institución, y que tiene derecho, como mínimo, a un ayudante pagado. ¿Le parece a usted bien? Pues vótelos, es su derecho, pero luego no se queje. Elegirá a los 54 parlamentarios españoles sobre un conjunto de 751 compadres europeos.
Siempre se consideró el Parlamento Europeo como una reserva de lujo para elefantes de la política. Con una trompa que lo succiona todo y que responde perfectamente a las leyes de la selva. La vida en la Europa más civilizada –Bruselas, Estrasburgo– es cara por más que tú no pagues nada y los viajes desgasten mucho la salud, aunque sea en business.
Pero esa es la superficie, luego está el fondo. Nunca hasta ahora nos hemos preguntado si la Unión Europea podía ser un buen invento hasta que se convirtió en controlador de nuestra vida; ahora toca sufrir, porque aseguran que nos gastamos más de lo que producimos. Nosotros, no los banqueros. Cuando algo se convierte en un flagelo para los ciudadanos de media Europa, a uno le cabe preguntar por qué las quiebras bancarias o industriales las avalan desde Bruselas con absoluto desprecio no sólo a la ciudadanía sino a la decencia. Al tiempo que Grecia, España, Portugal, Irlanda, Italia y la desvergonzada amenaza actual sobre Francia pueden hacerse sin que los parlamentarios de sus respectivos países arriesguen algo, sus cargos por ejemplo, y se mantenga esa desvergonzada impostura de “es mejor estar que aislarnos”. ¡Pero tú sigues cobrando, cabrón, y la mayoría de los ciudadanos pasan a la ruina!
Esa Europa de banqueros, industriales y siervos está muy bien para quienes la disfrutan. Durante muchos años España se benefició de los famosos fondos Feder. Todavía recuerdo algún artículo que escribí denunciando la estafa y corrupción de las autonomías. En Asturias, que era lo que tenía delante, se alcanzaron cotas surrealistas, no creo que muy distintas a las del resto. Pero qué hacemos ahora votando a los mismos que se repartieron el botín en Asturias, en Castilla, en Valencia y en Catalunya. ¿Hay alguien que haya hecho un baremo del despilfarro? El del yogur caducado y la secretaria del trapecista podían aportarnos mucha luz. No digamos los gobiernos de CiU, europeístas de toda la vida, tanto que les acojona quedarse fuera del banquete. El límite del patriotismo del nacionalismo catalán está en la reducción del beneficio. Todo menos eso.
Beppe Grillo, ese humorista italiano que dirige el singular grupo Cinco Estrellas –vetado rigurosamente por nuestros medios de comunicación pese a tener una intención de voto entre el 22% y el 24%, que aquí se consideraría algo de primera página–, ha explicado en su último mitin de Bolonia una cosa que me parece muy aguda. Probablemente no le votaría nunca, pero lo mismo me ocurre con Rajoy, Mas y Rubalcaba, y los restos de todos los naufragios en forma de partidetes. Pero Grillo definió algo muy evidente, habló de “ellos” y “nosotros”.
Y es verdad que esa es la diferencia fundamental que dirimimos en esta pantomima electoral. Votar por algo que sabemos a ciencia cierta que jamás cumplirán. Primero porque no quieren, y segundo y fundamental porque ni pueden ni está a su alcance. Aceptamos el lenguaje de ellos o los mandamos a la mierda. Peor no vamos a estar, porque eso es imposible.
Erre que erre nos repiten que el combate con tongo de Rajoy y Rubalcaba decidirá algo, no sé el qué. Nada de nada, pero se quedarán como los reyes del mambo, en la inminente coalición que el perverso Felipe González, convertido en comisionista de asesorías, ha sacado a colación en el peor momento para su despreciado Rubalcaba, a quien conoce desde que hizo sus primeras trampas, allá como maniobrero golfo en el Ministerio de Educación que llevaba José María Maravall. Cuando los tahúres se hacen viejos, aseguran que su única salida es la de crupier: dar cartas para que jueguen los que pueden ganar.
¿Y los pequeños aspirantes? Están muy bien, algunos son hasta muy divertidos, otros menos, pero apenas si alcanzan a la guinda de un daiquiri. Estamos condenados a tener los gobiernos más reaccionarios desde el final del franquismo. ¿Alguien hubiera imaginado en sus pesadillas más sórdidas que un ministro del Interior le iba a poner medallas a una imagen de la Virgen? Acabarán sacando el brazo incorrupto de santa Teresa bajo la mirada siempre comprensiva de Rajoy, y los otros designarán una partida especial de los presupuestos de Sanidad para pegar el palo muerto del pino que simboliza los Países Catalanes, según unos versos de mosén Verdaguer cuando ya estaba como una cabra.
Qué país, o lo que es peor, ¡qué países! No bastaba con uno, para flagelarnos con dos.
(Gregorio Morán, 17/05/2014)
Partidos:
Castas:
Un país cuyos partidos políticos figuran entre los más corruptos de Europa no sólo es corrupto, sino escasamente libre y democrático. Los candidatos que se presentan a las elecciones bajo siglas corruptas obligan al votante a ejercer en falso su derecho democrático. El mismo hecho de forzar al ciudadano a votar una lista con cientos de imputados equivale a reproducir activamente la corrupción. Con la intención de priorizar los intereses del partido se vierte la corrupción en el acto solemne del voto que legitima el sistema.
La Transición Española: los gobiernos de Adolfo Suárez González y Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (1976-1982)
Caso del aceite de colza: venta fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700.
Caso Fidecaya: un agujero en esta entidad de ahorro creada en 1952 e intervenida en 1980, con 250.000 afectados y una presunta estafa de 1.800 millones de pesetas. El Gobierno forzó una liquidación que el Tribunal de Cuentas consideró irregular. El déficit patrimonial de la empresa fue estimado provisionalmente en más de 7.000 millones de pesetas, la mitad de los ahorros depositados en ella, que fueron garantizado sen un 90% por el Estado. El propietario, Edmundo Alfaro, fue procesado por estafa, y Fidecaya comprada por Rumasa, ante la oposición del Gobierno. El caso fue archivado a petición de la Fiscalía en 1989.
Durante los últimos años del gobierno de Felipe González (especialmente en la IV y V Legislaturas de España), se sucedieron diversos escándalos de corrupción:
Caso Flick: trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.7
Caso KIO: suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).
Caso Wardbase, una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas.
Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.
Caso Rumasa: expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.
Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.12 Posteriormente fue desglosado en:
Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla;13 a su vez desglosado en:
Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas por parte del PSOE a directivos de SEAT, para la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados los hechos, abosolvió a los acusados por haber prescrito el delito.
Otros 3 sumarios.
Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un "cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.
Caso Cesid: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.16
Operación Mengele: presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruída por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.
Caso Guerra: condena de Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.
Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.
Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiendia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad documental en su defensa.
Caso Sarasola: gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.
Caso Urralburu: una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón.
Caso Bardellino: la liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino.
Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.
Caso BFP: en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.
Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Caso Estevill, trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.28
Caso Turiben: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.
Caso Salanueva: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, prtecio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.30
Caso Expo'92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue arhivada por juez Garzón tras siete años de instrucción.
Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.
Caso Paesa, vinculado al anterior.
Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba. 34
Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla.
Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.
Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisón del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.
Caso Naseiro: financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.
Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
Caso de la minería: subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Angel Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.
Caso Sóller: prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del ex presidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.
Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso feu archivado en 2002.
Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.
Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.
Caso Sanlúcar: en 1999 miembros del PSOE y algunos empresarios locales trataron de sobornar a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda. Entre los 6 condenados por cohecho y tráfico de influencias en 2006 se hallaron los ex-alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, Agustín Cuevas Batista y Luis Mario Aparcero Fernández de Retana.
Caso Villalonga: presunto tráfico de influencias del presidente de la CNMV, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.
Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.
Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.
Caso Gescartera: un agujero patrimonial de 50 millones de euros en esta sociedad de inversión.
Caso Zarrafaya: en 2005 el alcalde socialista de esta localidad malagueña, Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -sentenciados a 7 años de cárcel-, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción.
Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.
Caso Bolín: condena del ex alcalde popular de Benalmádena, Enrique Bolín, a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 16.200 euros, por prevaricación urbanística, al conceder licencias de obra ilegales (2008).
Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.
Caso Sayalonga: en 2009 José Luis Navas (PSOE), ex-alcalde de Sayalonga, es condenado a un año de cárcel y nueve de inhabilitado por un delito contra la ordenación del territorio perpetrados en 2000.
Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.
Caso Alzoaina: el ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco (IU) es condenado en 2010 a veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos en 2002 y 2003.
Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular.
Caso Castelfollit: presunta falsedad de documento público por parte del alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisés Coromina, para poder cobrar una subvención para construir el nuevo ayuntamiento.
Caso de los EREs falsos: una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían, presuntamente, Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta de Andalucía. El caso sigue siendo ivnestigado por la justicia ordinaria y el Tribunal de Cuentas.
Caso Riopedre o Renedo: en enero de 2011 el ex consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias durante el gobierno Vicente Álvarez Areces, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.
Caso Campeón: una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco cambio de subvenciones.
Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.
Caso Millet: presunto desfalco de 35,1 millones de euros del presupuesto del Palau de la Música Catalana por parte del presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros colaboradores -como Jordi Montull-, a lo largo de 10 años. Según un informe policial, 12 millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.
Caso Cambril: condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del ex alcalde socialista de [[Cambril|esta localidad jienense], Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos licencias de obra. Otros ocho implciados fueron condenados a seis meses de prisión.
Caso Porcuna: la ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros.
Caso Nueva Rumasa: quiebra y venta de este grupo empresariañ debido a las presuntas irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.
Caso Nóos o Caso Urdangarin: derviación del caso Palma Arena referente al fraude fiscal realizado por el exjugador de balonmano y duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Hacienda estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas del esposo de la Infanta Cristina.
Caso Berzosa: presuntas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la gestión del ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa: un sobrecoste de 11,5 millones de euros en un residencial en Somosaguas y facturas imposibles (como 57 viajes en coche a Atenas). Por ello la Asamblea de Madrid ha reclamado la comparecencia tanto de Bezosa como de su sucesor, José Carrillo, ante la posibilidd de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos e, incluso, tráfico de influencias. La Fundación de la UCM ha defendido la gestión de Berzosa y prometido aclarar los problemas detectados.
Caso Garzón: este juez es condenado por el Tribunal Supremo de España a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, al ordenar la escucha ilegal de los abogados defensores de Francisco Correa durante la instrucción judicial de otra trama de corrupción, el caso Gürtel.
Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.67
Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo.
Caso de la cooperación: presunto desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana a través de seis organizaciones no gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.
Caso Alcorcón: según un informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Alcorcón -uno de los más endeudados de España- recibió -presuntamente- bajo el gobierno del socialista Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la aquiescencia o dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes. En la actualidad se esperan las alegaciones de los afectados.
No creo que haya habido en la historia de la democracia española postfranquista unas elecciones tan alucinantes como estas. No es sólo que a la ciudadanía le importe un comino si ese yogur caducado, que responde al nombre de Cañete, va a salir con los votos disciplinados de su militancia. O si elevará al Olimpo de la mediocridad a la secretaria de Rubalcaba, una trapecista que parece a punto de jubilarse del circo de Manolita Chen en el que se ha convertido su partido. ¿Alguien puede pensar que tales cadáveres políticos pueden ser creíbles? ¿Cabe en cabeza humana, no militante, que estos gañanes y gañanas –habría que añadir en honor del más fatuo e inútil de los presidentes que la suerte nos deparó, Zapatero de León– estén dispuestos a defender nuestros intereses en Europa cuando han sido incapaces de hacerlo en España?
Lo que importa es el trasfondo. Discutimos sobre algo que no tiene nada que ver con la realidad, porque nos imponen que la realidad son ellos. Y es falso, ellos son la ficción, el embeleco. Tendremos tiempo, porque hay que saber esperar, para desentrañar esa especie de funeral al estilo de Palermo que tuvo lugar en la catedral de León. Parecía una página de Sciascia o una secuencia de un filme de Francesco Rosi. I capi. Con sus abrigos negros, sus corbatas negras, sus conciencias negras, sus abrazos palmeados en la espalda. Se ha empezado a romper la red de intereses que se resolvía con las compensaciones y el pizzo. Sicilia. Los secundarios no admiten ya la autoridad del jefe o jefa todopoderosa. La violencia es eso; surge cuando los negocios exigen exclusividad, y sobre todo cumplir los “pactos de honor”.
Un ciudadano presionado para votar a políticos corruptos no puede considerarse libre, del mismo modo que no es democrático un país cuyos partidos políticos figuran entre los más corruptos de Europa. Y los candidatos que se presentan a las elecciones bajo siglas corruptas obligan al votante ejercer en falso su derecho democrático primordial.
Discriminar entre corruptos y no corruptos
En un año de elecciones municipales, autonómicas y generales –estas últimas todavía sin convocar– es más urgente que nunca que los españoles tomen conciencia de su papel protagonista en la regeneración política de España. En primer lugar, por delante de cualquier otro factor, toda persona que vaya a ejercer el voto debe preguntarse por la contaminación o limpieza de cada una de las formaciones políticas disponibles. Optar voluntariamente por un partido corrupto convierte al votante, sin disculpa posible, en un cómplice de las mafias políticas nacionales.
El 80% de la corrupción está en el PP y el PSOE
Todos los partidos que han constituido gobiernos nacionales y/o autonómicos tienen o han tenido en sus filas imputados o condenados en casos de corrupción. El 80% de los políticos implicados en casos de corrupción pertenecen al PP y el PSOE. Las indiscutibles estrellas en el espectáculo nacional de latrocinio del dinero público son el actual partido del Gobierno y el principal partido de la oposición. Casi la mitad de las tramas de fraude se asocian al Partido Popular y algo más de 30% al PSOE. Entre los casos que el PP tiene bajo su paraguas destacan “Gürtel”, “Bárcenas”, “Emarsa” y “Nóos”, mientras que el PSOE es el partido con mayor número de políticos implicados en casos de corrupción. La tristemente célebre “Trama de los ERE”, asociada al PSOE-A e investigada por la jueza Mercedes Alaya, llega ya a la cifra de 266 imputados, que podían haber defraudado un total de 1.200 millones de euros y de los cuales no hay ninguno encarcelado en estos momentos, pues todos ellos han ido pagando sus correspondientes fianzas. Esta semana declaran ante el Tribunal Supremo en relación con esta causa dos expresidentes de la Junta de Andalucía –Manuel Chaves y José Antonio Griñán– y tres exconsejeros –José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno–; los cinco son políticos aforados, que hasta ahora habían logrado esquivar a la Ley. Y la “Operación Edu”, que investiga la estafa en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, implica ya a 245 imputados sin que hayan concluido las investigaciones, que incluyen en uno de sus expedientes al marido de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como profesor de los falsos cursos para parados.
Corrupción nacionalista y comunista
Esta selecta categoría de los aforados incluye, entre otros, a Jordi Pujol, cuya fortuna multimillonaria estaría distribuida en una constelación de paraísos fiscales desde Suiza, Luxemburgo, Andorra y la isla de Jersey hasta las Antillas Holandesas, en el Caribe. Entre los casos catalanes más célebres están “Palau”, “Adigsa”, “Innova” e “ITV” relacionados con la sección de Convergència Democràtica de Catalunya, que forma parte de CIU. En el País Vasco, el PNV tiene pendiente de resolución llamado caso “De Miguel” con 26 imputados, nueve de ellos exdirigentes y antiguos cargos del Partido Nacionalista Vasco, sospechosos de once delitos, entre ellos prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Izquierda Unida está implicada en los casos “Tarjetas Black”, “Púnica” y “Enredadera”, sin olvidar el asunto de los contratos de Tania Sánchez cuando todavía era diputada de IU por la Asamblea de Madrid. Y destaca el hecho de que Podemos –cuya campaña política se centra en denunciar la corrupción de los partidos tradicionales– acumule ya varias querellas pendientes sin tener siquiera presencia en el Parlamento ni haber gestionado un solo euro de dinero público y sea sospechoso de estar financiado por el Gobierno de Venezuela.
Políticos invotables y políticos votables
No todos los políticos españoles son corruptos ni todas las regiones de España están contaminadas, pero en Andalucía la mayoría de los casos de fraude son del PSOE, en Valencia del PP, en Cataluña de CIU y en el País Vasco del PNV, lo que parece indicar que en las autonomías hay un problema de caciquismo instalado desde hace décadas.
Es obvio que se precisan mecanismos de control y supervisión del dinero público, pero para extirpar el mal de raíz es imperativo renovar a las personas que llevan décadas instaladas en un sistema político concebido como instrumento de lucro. La mayoría de la población española ha refrendado en las urnas, año tras año, esta conducta considerada imperdonable en todos los demás países europeos desarrollados. El ciudadano español tiene en 2015 la posibilidad de acabar con esta epidemia de putrefacción nacional. El derecho al voto no debería considerarse una actividad encajada a regañadientes en una jornada dependiendo de si llueve o hace sol; ni una actividad mecánica que se repite en base a una decisión tomada hace años. El votante que elige a los candidatos corruptos es un corrupto más. Hay partidos invotables y partidos votables. Y todos sabemos cuáles son.
(Gabriela Bustelo, 04/04/2015)
Las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo nos brindarán la primera confrontación importante entre los partidos tradicionales y las formaciones emergentes nacidas al amparo de la crisis. Un primer pulso directo en las urnas entre la vieja y la nueva política que, en opinión de muchos observadores, será a vida o muerte y comportará una auténtica revolución democrática. Se supone, pues, que todos aquellos que nos sentimos concernidos para los asuntos públicos tendríamos que estar políticamente sobreexcitados. Y, sin embargo, no es así. Al contrario, por primera vez desde que tengo conciencia política no me siento emocionalmente implicado en el proceso electoral que se aproxima.
No renuncio ni a mis convicciones ni a mi compromiso. Mantengo intactas para mi país las aspiraciones de libertad, prosperidad y justicia social. Pero cuando observo las fuerzas en disputa no soy capaz de descubrir ninguna que represente mis anhelos. No es que no quiera sentirme implicado; simplemente, no encuentro con quién identificarme. No puedo creer en las fuerzas emergentes que se autoproclaman defensoras de una nueva política, pero tampoco encuentro un solo argumento moral para seguir sosteniendo las fuerzas tradicionales que han gobernado Catalunya y España desde el inicio de la transición.
No consigo creer en la nueva política porque me pierdo en una amalgama de intereses contrapuestos entre grupos poco compatibles en términos de proyecto, de programa e incluso de radicalidad democrática. Me pierdo en la indefinición perversa de quienes lo etiquetan todo sin manías -“casta”, “vieja política”, “austericidio”- pero pretenden estar por encima de la división entre derechas e izquierdas; o de aquellos que confiesan sin ruborizarse que primero abordan las primarias para confeccionar las listas y sólo después se preocupan de los programas. Y no puedo compartir de ninguna manera esta voluntad obsesiva de aniquilar un sistema que ha dado los niveles de justicia social más elevados de la historia.
Efectivamente, nunca ninguna comunidad había ido tan lejos en la red de protección social ni en la lucha por la igualdad de oportunidades como la Europa surgida de la guerra. Es evidente que quedaban aún muchas injusticias, pero este sistema había comportado la emancipación de las clases populares europeas y se supone que todos los que se reclaman representantes de los intereses populares deberían defenderlo como un tesoro.
Los partidos de creación reciente han hecho de la limpieza catártica, de la sustitución generacional y de la eliminación de las castas un programa político legítimo e incluso razonablemente atractivo. Pero nunca habría imaginado que su respuesta a la crisis del mejor modelo social de la historia fuera la propuesta de su destrucción. Resulta desconcertante.
De manera que no puedo creer en las nuevas formaciones políticas, pero todavía tengo menos argumentos para defender a las viejas clases dirigentes, corruptas y corruptoras, que se han convertido en la mayor amenaza para la continuidad del sistema que defiendo. No puedo seguir confiando en la vieja política que ha cerrado los ojos a la corrupción generalizada, que ha sido incapaz de abrir nuevas vías de participación democrática y que ha socavado el Estado de bienestar hasta llevarlo al borde del colapso. No puedo avalar una política dominada por una clase dirigente profesionalizada, que ha sacrificado los intereses de las clases populares y medias y se ha doblegado servilmente ante los poderosos, a cambio de su propia continuidad.
Desde una vieja y quizás nostálgica visión socialdemócrata de la política, no puedo creer en una CiU que, digan lo que digan, ha renunciado a luchar por hacer más justa la salida de la crisis y avanza sin debate hacia la privatización de los servicios básicos. Ni en una ERC que se llena la boca de compromiso social pero que no lo concreta nunca en una actuación práctica. Y todavía confío menos en aquellos -desde el PSC hasta el PP, de C’s hasta IC- que nos han mareado todos estos años con el discurso que teníamos que concentrarnos en hablar de los temas que interesaban “de verdad” a la gente: ahora que las municipales han aparcado temporalmente el debate soberanista y han cedido la hegemonía al debate social, resulta que no tenían nada que decirnos. Algunos no tardarán en evaporarse, perdidos en su propia inconsistencia programática.
Sé que los países se juegan el futuro en la confrontación de ideas, de programas y de ideologías; pero, más allá de los populismos generacionales, todavía no he visto una sola propuesta que nos garantice la recuperación y el relanzamiento, después de la crisis, de los sistemas públicos de salud y de enseñanza; ni tampoco la implantación definitiva de las ayudas a la dependencia o un nuevo acceso universal a la cultura.
Muchos esperan estas elecciones con la ilusión de cambiar las cosas, y algunos también con una justa ansia de venganza por todo lo que han sufrido. Ojalá que los nuevos actores políticos no les fallaran y fueran capaces de sacar adelante la sociedad más libre, más justa y más próspera que la codicia de los poderosos frustró cuando la teníamos al alcance. Me cuesta creer en ello. Por eso antes de votar escrutaré a fondo a los candidatos locales de mi ciudad y también mediré el impacto de mi voto en el proceso político de Catalunya, pero en el terreno de la pugna entre vieja y nueva política me resignaré a votar con el mayor escepticismo.
(Rafael Nadal, 20/02/2015)