Desempleo             

Desempleo y pensiones (2011):
Tengo 87 años, una pensión que no es para tirar cohetes pero sé que ya no me queda mucho en este convento. El problema lo tienen los que vienen detrás, el futuro se ve catastrófico", comenta el madrileño Fernando Alves, después de conocer la última cifra de desempleo en España: 4.700.000 parados, la cifra más alta en los últimos trece años. Más de 1.300.000 familias con todos sus integrantes sin trabajo, una tasa de desempleo juvenil superior al 40%. Los demoledores datos tensan las redes sociales y familiares que aguantan el peso como pueden, allí los abuelos han llegado a convertirse en las cabezas de muchas familias que sobreviven con su reducida pensión. "Es algo que ya es normal en muchas familias españolas pero a la gente le da vergüenza decirlo. A ese drama hay que sumarle que los abuelos no duran para siempre, sabemos de casos en los que el abuelo ha muerto y las familias se han quedado sin nada", explica Luis Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Desempleados, Adesorg. "Hace poco llegó una pareja mayor de 62 y 65 años de edad. Eran trabajadores autónomos pero no alcanzaron a jubilarse. Viven de la pensión de la madre de uno de ellos que tiene 95 años", agrega. La ONG católica Cáritas, una de las más grandes en España, ha subrayado varias veces este fenómeno. "Familias de entre 30 y 45 años están volviendo a las casas de sus padres porque les han embargado la casa o no pueden pagar el alquiler. Al final los abuelos son los que están manteniendo a las familias con sus pensiones. El riesgo de exclusión social es altísimo", advierte Cáritas. El último año la ONG ha registrado un aumento del 50% de solicitudes de alimentos, dinero, ropa o material escolar desde estos hogares.

Pensión imposible:
A la desazón de las cifras de desempleo se ha sumado la reciente reforma del régimen de pensiones en España. Para acceder a una pensión completa se tendrá que cotizar entre 35 y 38 años. "¿Cuándo van a cotizar las nuevas generaciones si no hay trabajo? Todas las conquistas sociales por las que hemos luchado nos las han arrebatado. La izquierda ha desaparecido en Europa", exclama Fernando. Pertenece a la generación que vivió la Guerra Civil y que conoció el hambre cuando ciudades como Madrid fueron sitiadas por los bombardeos, luego cuarenta años de régimen de facto y la transición política. "Pasamos por cosas muy duras pero éramos conscientes de que teníamos que luchar. Ahora la gente, los partidos han agachado la cabeza. ¿Si hay mercados para qué queremos gobiernos? Como las nuevas generaciones no se arremanguen y se pongan a luchar lo van a tener muy crudo", anota el anciano. Toda su vida trabajó en la metalurgia y desde hace varios años forma parte de una asociación de vecinos. El futuro de sus hijos y nietos no le deja estar tranquilo, en el mejor de los casos sólo consiguen contratos temporales mientras él les echa una mano. "Pero tengo 87 años y soy mileurista (US$1.300). Esa es la realidad".

 Viviendo con poco:
"Las jubilaciones entre US$800 y US$1.300 son contadas, casi excepciones. Lo normal son las pensiones entre US$340 y US$ 540. Con esa cantidad están sobreviviendo muchas familias desempleadas en España. La gente está aguantando desde hace un par de años por la red familiar pero esa también se agota", explica Fernández de Adesorg. Ese drama lo vive en carne propia la madrileña Joaquina Moreno. Sus sobrinos y primos han comenzado a quedarse sin trabajo como si fuera una reacción en cadena. De momento, aguantan con la red familiar. "A las hijas de mi hermana no les alcanza ni para pagar el alquiler. Se los paga el padre del esposo de una de ellas. Y la comida se la están consiguiendo en Cáritas", detalla preocupada. En su caso cobra una mínima pensión heredada por su marido que murió hace poco. "De ahí vamos tirando con mis dos hijas. No quiero imaginar qué futuro les espera si me muero", señala la mujer. (Juanjo Robledo para BBC, 29/01/11)

La lacra del desempleo y la desigualdad:
La gravedad del paro es persistente, genera sufrimiento a millones de personas y refuerza las brechas sociales. Las deficiencias de la protección al desempleo producen fuerte desamparo a las personas paradas. El riesgo de pobreza y la desigualdad socioeconómica crecen. Todo ello tiene graves consecuencias sociales y políticas. Veámoslo en detalle. El número de personas desempleadas se acerca a seis millones (5,78 según la EPA 3º trimestre). Si añadimos el creciente número de personas ‘desanimadas’ y con ‘subempleo’ (más cercanos al desempleo que a la ocupación donde se integran los que han trabajado al menos una hora en la semana de referencia), habría que añadir cerca de otro millón más de personas básicamente desempleadas. Estamos cerca de los siete millones de personas paradas o infra-empleadas. La situación del alto desempleo no es coyuntural o transitoria. La trayectoria del paro es muy pronunciada y ascendente: el total de parados (EPAs 3º trimestre) ha pasado de 1,79 millones en el año 2007, a 2,60 en 2008, 4,12 en 2009, 4,57 en 2010, 4,98 en 2011, y el citado 5,78 de 2012. En el último año ha aumentado el paro en 800.000 personas desempleadas, habiéndose destruido 836.000 puestos de trabajo (230.000 en el sector público), con cerca de un millón de asalariados menos (946.000) y 108.000 autónomos más. Con la crisis han desaparecido 3,2 millones de empleos; de ellos 2,2 millones relacionados con la explosión de la burbuja inmobiliaria (construcción y de industrias y servicios afines), imposibles de recuperar a medio plazo. Además, la reciente reforma laboral ha demostrado que no elimina los despidos sino que los abarata y favorece: el último trimestre se han destruido 179.400 puestos de trabajo indefinidos. Desde el inicio de la crisis se han eliminado cerca de dos millones de empleos temporales y más de seiscientos mil con contrato indefinido. La tasa de paro ha llegado al 25,02%, la más alta de las últimas décadas. Hay pocas distancias por sexo (24,68%, la masculina, y 25,41%, la femenina), aunque persisten la desigualdad en las tasas de actividad (67,18% la de los hombres, y 53,41% la de las mujeres). Las diferencias de la tasa de desempleo son muy pronunciadas por origen nacional: 34,84% para la población extranjera, y 23,32% la de las personas con nacionalidad española. E igualmente, por edad, ya que los menores de 25 años tiene el 52,34% de paro. A ello hay que añadir que unos dos millones de jóvenes (hasta 29 años) ni estudian ni trabajan. La distribución territorial también es muy desigual. De más del 30% de paro en zonas del sur (Andalucía, 35,42%; Extremadura, 32,66%; Canarias, 33,63%), a la mitad, en torno al 15%, en algunas del norte más industrializadas (Navarra, 14,95%; País Vasco, 15,48%), pasando otras por una situación intermedia (Madrid, 18,56%; Catalunya, 22,56%; Comunidad valenciana, 28,10%). El número de hogares con todos sus miembros activos en paro alcanza a 1,74 millones, y sin una persona activa son 4,47 millones. Los parados de larga duración (más de un año en desempleo) superan los tres millones, casi medio millón más que hace un año. Por otro lado, según los últimos datos del Ministerio de Empleo, de los 4,7 millones de personas registradas como paradas, reciben una prestación unos tres millones, con una tasa de cobertura del 63,8 %. Reciben una prestación contributiva sólo 1,4 millones y el resto los subsidios no contributivos. Pero si lo comparamos con los 5,7 millones del total de desempleados según la EPA, la cobertura de la protección al desempleo apenas alcanza a la mitad. Se quedan fuera una gran parte de jóvenes parados, con poca o ninguna cotización previa, dependientes cada vez más del apoyo familiar y con dificultades para su emancipación y sus proyectos vitales, y en un proceso de desvalorización de sus capacidades formativas. El grado de desigualdad de la renta en España es de los mayores de la Unión Europea, con los últimos y recientes datos disponibles de Eurostat. Segín el índice Gini, desde el 31,3 del año 2007 ha pasado al 34 en el año 2011, mientras en la UE-15 se ha mantenido casi estable (30,2 en 2007 y 30,5 en 2010). Con la referencia del ratio s80/s20 (relación entre los ingresos del 20% superior respecto del 20% inferior) España ha pasado del 5,3 en el año 2007 al 6,8 en el año 2011; la UE-15 del 4,7 al 5,8, y la UE-27 del 4,9 al 5,3. España no sólo es uno de los países europeos más desiguales, sino que es en el que más ha crecido la desigualdad de rentas con la crisis (aunque hay que advertir que en la Unión Europea existe la menor desigualdad del mundo, en particular comparada con los países emergentes o con EE.UU.). Si añadimos otros indicadores como el nivel de pobreza (más del 21%) o el de mayor tasa de paro (25%) y más fracaso escolar y abandono escolar prematuro (cerca del 30%), tenemos una radiografía de la gravedad de las brechas sociales existentes y el cuestionamiento de la integración social característica del modelo social europeo. Las variables económicas aventuran un estancamiento prolongado de la economía e incluso otra recesión. Las perspectivas del empleo indican su no mejoría a corto y medio plazo, y esos altos niveles de paro pueden persistir varios años. Están claras las causas: un aparato productivo ineficiente y un sistema financiero altamente especulativo, cimentados en la burbuja inmobiliaria, junto con unas políticas económicas basadas en la austeridad y los recortes laborales y sociales, bajo el chantaje de los mercados financieros y amparadas en las instituciones europeas con hegemonía liberal-conservadora. La gestión de la crisis y las políticas de ajuste, dominantes desde hace dos años y medio, no han permitido la reactivación económica y del empleo, sino que han profundizado los efectos sociales negativos. Esa gestión de la clase política con su política de ajustes regresivos constituye un callejón sin salida. No es de extrañar el alto grado de desconfianza ciudadana en esos gestores políticos, junto con el descrédito de banqueros y élite económica. Según diversas encuestas de opinión, en la sociedad existe una significativa deslegitimación de la clase política y la élite empresarial y financiera, que aparecen como un problema en vez de una solución. El grado de desconfianza en la gestión de Rajoy o de Rubalcaba alcanza el 80% de la población. El Gobierno del PP intenta justificar esa política dura de recortes como medio para (mañana) generar la reactivación económica y (pasado mañana) crear empleo. La realidad y el propio FMI se han encargado de desmentirlo. El estancamiento económico y del empleo, es decir, el persistente desempleo, puede durar cinco años más, hasta el año 2017, y los factores de empobrecimiento y desigualdad hacerse más lacerantes. Se pueden generar importantes problemas de cohesión social, desequilibrios territoriales, destrucción de tejido productivo y capacidades humanas, conflictos interétnicos… El horizonte socioeconómico, particularmente en los países periféricos del sur de Europa, es sombrío. Se está demostrando el fracaso de las políticas de austeridad, su carácter injusto pero también su incapacidad para reactivar la economía y ofrecer un horizonte de salida rápida y equitativa de la crisis. Supone un gran lastre para la credibilidad de las élites gestoras. Hace que los actuales sacrificios populares pierdan sentido al no asegurar los representantes institucionales las supuestas contrapartidas para la mayoría social. No se vislumbra una solución equilibrada, y esta política de ajuste aparece, cada vez más, como un pretexto para asegurar las ganancias económicas y de poder de las élites, empresariales e institucionales, causantes de la crisis y subordinadas a los intereses de los acreedores financieros internacionales. Se produce, por tanto, un déficit de legitimidad de la clase política y económica por la deficiente modernización económica española, la injusta gestión de la crisis, el alejamiento de los intereses y demandas de la mayoría ciudadana. Y afecta no sólo al gobierno del PP, sino también al aparato socialista, con dificultades para distanciarse de esa orientación y con el reto de su renovación. Constituyen retos para el sistema político y el conjunto de la ciudadanía y, en particular, para las izquierdas y sectores progresistas, para promover un horizonte de cambio social, equidad y convivencia. Es momento de abordar un cambio de aparato productivo, eficiente y sostenible, y del sistema fiscal, protector y redistributivo, más equitativo. En el plano cultural y sociopolítico se están generando tendencias ambivalentes. Por un lado, la desesperanza, el miedo, la resignación y la adaptación o supervivencia competitiva individual y grupal o bien síntomas populistas. Por otro lado, indignación y rechazo a esta dinámica regresiva, defensa de mayor empleo decente y derechos sociales y laborales, exigencia de regeneración democrática y mejor protección social. En sectores sociales relevantes se produce no la desafección por los asuntos públicos sino la reafirmación de la política como freno y regulación de los mercados y la participación democrática como opción para reorientar la acción institucional y acercarla a la ciudadanía. Son, pues, elementos complejos, algunos problemáticos y otros positivos y de esperanza, en particular la articulación de una ciudadanía activa, de importantes sectores juveniles, preocupada por estimular otra dinámica más justa y más democrática. Es el sentido de la próxima huelga general del 14 de noviembre, convocada por los sindicatos y apoyada por la cumbre social, con multitud de organizaciones y grupos sociales progresistas. Muestra el camino y que hay soluciones. (Antonio Antón, 01/11/2012)

Impuestos:
Todo partido político con mínima sensibilidad social está proponiendo medidas contra la pobreza. Pero la pobreza es la manifestación extrema de una desigualdad creciente en nuestra sociedad. La distancia entre el 20% con más rentas y el 20% que percibe menores rentas es de 7,2 veces, el peor dato en Europa, seguido por Grecia, Letonia y Rumanía. Esta situación, agudizada en España, es un fenómeno que se extiende a todos los países desarrollados como resultado de la digitalización de la economía y la excesiva influencia política de grandes empresas y del mundo financiero. Se debería pensar en medidas estructurales que reviertan esta tendencia. Una de ellas pudiera ser un impuesto negativo sobre la renta. Existe en España un mínimo exento, que representa aquellos ingresos tan bajos que no están obligados a pagar IRPF, situado en 11.120 euros. El impuesto negativo generaría el derecho a percibir del Estado un pago por un porcentaje de la diferencia entre ingresos anuales menores y ese mínimo exento. Supongamos que hoy se fijara el porcentaje en el 20%. Un trabajador que hubiera ganado en el año 6.000 euros (fruto de su trabajo más todas las ayudas a las que tenga derecho) recibiría del Estado un pago adicional de 1.024 euros (el 20% de la diferencia entre su renta y el mínimo exento), y tendría una renta anual de 7.024 euros. Un trabajador en paro y sin ingresos recibiría 2.224 euros. Ambos estarían cubiertos por el impuesto negativo, pero al estar este fijado en cantidades básicas y ser compatible con ingresos por trabajo no desincentiva la búsqueda activa de empleo. A este mínimo, que sería un nuevo derecho universal, se le podrían y deberían introducir multiplicadores adicionales para personas con derecho al impuesto negativo y que tienen dependientes a su cargo, de modo que podría afinarse para luchar de modo inmediato contra la pobreza. Mi estimación es que este sistema beneficiaría a 12,2 millones de personas y su coste se situaría en 12.300 millones de euros: un coste importante, pero asumible. En España, ni Podemos ni Ciudadanos han acertado con sus propuestas para combatir la desigualdad “por abajo”. Podemos lanzó la renta básica universal, reculó y por el momento habla de una renta mínima de inserción. Pero como todas las soluciones de “renta mínima” dirigidas exclusivamente a los que no trabajan, desincentiva la búsqueda de empleo. El complemento salarial de Ciudadanos es una copia del Earned Income Tax Credit de EE UU, que complementa la renta de los asalariados con ingresos bajos. Tiene dos grandes inconvenientes: se dirige solamente a los que trabajan (y no a la población en paro) y tiene un objetivo más difuso puesto que beneficiaría también a población con ingresos superiores al mínimo exento. En cuanto al PSOE parece inclinarse hacia atajar de modo efectivo la pobreza, no el problema más de fondo de la desigualdad, a través del “ingreso mínimo vital”, pero aún no se conocen todas sus características. Las ventajas del impuesto negativo son muchas: a) Permite combatir la desigualdad sin desincentivar la búsqueda de empleo, y puede afinarse como medida de choque contra la pobreza. b) Es sencillo de aplicar: la Agencia Tributaria está acostumbrada al mínimo exento y a manejar devoluciones, por lo que no entrañaría grandes problemas operativos. c) Podría incentivar a mucha gente hoy trabajando en negro a hacer la declaración de la renta, aflorando sus pequeños ingresos para complementarlos. d) No duplica ninguna otra ayuda, porque su cálculo tiene en cuenta todos los ingresos, incluido cualquier tipo de subsidio. Además, actuaría como elemento nivelador del Estado frente a la disparidad de rentas de inserción que practican las comunidades autónomas. e) Se autorregula, puesto que en la medida en que se vaya saliendo de las situaciones trágicas que hoy viven millones de españoles, automáticamente descenderá su cuantía. Vivimos ya en una sociedad que erosiona la igualdad de oportunidades. El impuesto negativo es una de las posibles reformas a introducir para luchar contra la desigualdad, junto a otras medidas fiscales “por arriba” que afectan a los segmentos altos de renta y riqueza, y profundos cambios en el terreno del empleo: necesitamos sistemas innovadores que refunden el Estado de bienestar, para que nadie quede atrás en el siglo XXI. (Manuel Escudero, 19/08/2015)

Mayores parados:
La crisis ha intensificado en España una tendencia de largo recorrido e inaceptables consecuencias: la progresiva expulsión del trabajo de los adultos menos cualificados. Un problema que está adquiriendo perfiles crónicos y que es la causa principal de la preocupante evolución del riesgo de pobreza. El aumento en la desigualdad de rentas durante la crisis procede básica y precisamente del alarmante aumento en la no ocupación de ese colectivo. Los riesgos sociales para los trabajadores con bajos salarios no tienen parangón con los riesgos de pobreza y de carencia material severa que se derivan de la desocupación prolongada o crónica. Este es un de los peores resultados del anómalo funcionamiento del mercado de trabajo. Casi la mitad de los últimos treinta años España ha mantenido tasas de paro superiores al 20%; solo cuatro años tasas de menos de 10%. El convulso devenir del empleo en función de los ciclos económicos es incomparable con la evolución laboral de los países de nuestro entorno. Aunque tan deficiente funcionamiento puede afectar a todos los niveles educativos en diferentes momentos de la biografía laboral, se da una clara preponderancia de la forma en la que perjudica —durante toda su trayectoria vital— a los “menos cualificados”. Los importantes incrementos de nivel de estudios no han logrado cambiar este proceso. Cada nivel de estudios ha sido sustituido, en periodos cada vez más cortos, por el inmediato superior en la proporción de “desocupados”. Este problema es menos visible en el largo plazo entre las mujeres. Su constante incremento de participación laboral durante el último medio siglo encubre en parte lo que entre los varones es una evidencia palmaria: los adultos menos cualificados se han visto progresivamente expulsados del empleo, incluso en la fase que debería ser la más activa de su biografía laboral, hasta casi cronificar esa expulsión. En cada recesión, su pérdida de empleo ha resultado más acusada, y se ha ido acumulando porque las fases alcistas posteriores sólo han logrado recuperar la mitad de lo perdido. Por tal camino, en 2013, la mitad de los varones españoles autóctonos con estudios primarios llegó a estar sin empleo en la cima de su vida laboral (entre 35 y 54 años). Urge recuperar su ocupación. Bajo un supuesto moderado, el colectivo recuperable alcanzaría a tres millones de personas potencialmente empleables. Ese colectivo es prioritario porque tiene las menores opciones alternativas al empleo. Además, tienen más probabilidades de pertenecer a hogares con hijos que sufren las más duras consecuencias derivadas de la pobreza de sus padres. No es suficiente “mejorar su empleabilidad”, es imprescindible conseguir su vuelta al empleo. No puede obviarse que la opción de recualificar a los adultos con desocupación crónica tiene serias limitaciones: por un lado, esta tarea es lenta y costosa, dificultada por las reconocidas insuficiencias del sistema español de formación de desempleados; por otro lado, es posible que esa recualificación mejore algo las condiciones de competencia con otros colectivos, pero resulta poco probable que pueda solucionar el problema de desocupación de los “menos cualificados”. La progresiva cronificación en la desocupación parece indicar que hay un notorio problema de inadecuación entre su productividad y los costes laborales de su cada vez más improbable contratación. Si no se actúa sobre estos costes, su desocupación será creciente e irreversible. Dejando aparte los salarios, a los que la crisis ha sometido a un intenso proceso de ajuste en el que ha influido la reforma laboral, hay varios ámbitos de actuación para la capacidad reguladora del Estado: las subvenciones directas, las rebajas del IRPF, las exenciones o bonificaciones de la cotización a la Seguridad Social y la compatibilidad salarial complementaria con el empleo de algunas prestaciones sociales. Cualquiera de estas políticas presenta problemas de incentivos perversos, porque no es razonable ni eficiente recompensar la descualificación. Por ello, es imprescindible elaborar unos criterios claros de demarcación que se centren en ese objetivo de “recuperación” de unos trabajadores que, habiéndolo sido, han sufrido la tragedia de no haberse preparado para un momento y una sociedad que no supieron ver a tiempo. Las experiencias en la utilización de las subvenciones directas al empleo no las hace recomendables. El difícil rigor en su aplicación, su tendencia a generar efectos “no queridos” y sus serios problemas de demarcación desaconsejan esta vía. La opción de una subvención controlada fiscalmente a través del IRPF tendría que tomar la forma de “impuestos negativos”, ya que el IRPF de estos contratos es ya muy bajo. La vía de importantes rebajas de las cotizaciones a la seguridad Social para los trabajos de menor cualificación parece la más sencilla de aplicar, como ha demostrado la actual carencia de 500€ de cotización para los contratos indefinidos. La demarcación de estas rebajas al objetivo específico de “recuperación”, obligaría a restringirlas a desocupados que ya hubieran cotizado antes y con un tiempo largo de desempleo. La duración de esa cotización anterior tendría que depender de una función que podría tomar en cuenta los estudios y la edad para su cálculo. La mejora del complejo y disperso sistema de garantía de mínimos es muy necesaria. Ese sistema alcanza ya un volumen de gasto considerable. Las prestaciones no-contributivas por desempleo rondan los 8.000 millones de euros anuales. Son prestaciones predominantemente “pasivas”, con pocos efectos en el logro de empleo. Sin mayor dificultad ni incremento de coste, varias de esas prestaciones se podrían hacer compatibles con un salario, más intensamente para los hogares con menores. Esa compatibilidad habría que promoverla mediante incentivos que la hiciesen atractiva tanto para los empleados como para los empleadores. Su prolongación durante el tiempo en el que esas prestaciones hubiesen podido estar vigentes, de no haber encontrado empleo, serviría de único criterio de demarcación. Recursos que ahora solo palian las carencias económicas de los parados, contribuirían a mejorar su vida. La recuperación para el empleo de los menos cualificados es el objetivo más urgente para un verdadero rescate social. La mejora del sistema de mínimos es necesaria, pero no puede resolver un problema de esta magnitud en la participación laboral de adultos. Y hay algo mucho más importante: la ocupación no es solo un medio para obtener rentas; es también una fuente imprescindible de dignidad y de motivación para la mejora de las propias capacidades, una fuente de estabilidad y de regulación cotidiana de la vida en los hogares, y el medio más eficiente y humano que se conoce de equilibrar derechos y deberes sociales de los ciudadanos. Luis Garrido y Rodolfo Gutiérrez son catedráticos de Sociología y autores del documento El urgente rescate social: recuperar el empleo de los menos cualificados, del Círculo Cívico de (Luis Garrido, Rodolfo Gutiérrez, 04/05/2016)

Datos estadísticos:
Descifrar las cifras de la EPA comienza a ser un ejercicio de debate en el desierto, trufado de hooligans que ensalzan la temporalidad cuando están en el gobierno, y la critican cuando están en la oposición. Todavía retumban en el ideario colectivo cuando la hoy Vicepresidenta del Gobierno en funciones, Dña. Soraya Sáenz de Santamaría elevaba el debate económico con aquella frase lapidaria: el sol sale siempre en abril, y lo mismo hace el empleo gracias al turismo. El debate post EPA sólo es para hooligans en el Gobierno Por tanto, el debate sobre empleo se reduce a ensalzar los meses de verano, creyendo que la población es lo suficientemente inmadura para dejarse engañar por dadivas en forma de contratos basura, que antes que termine el verano habrán finalizado y el ciclo de desempleo volverá a comenzar hasta los albores de la primavera siguiente. Este bucle en el que hemos caído ya dura muchos años, trufado eso sí por una enorme burbuja inmobiliaria alentada por un empresariado atrasado y, en un porcentaje no desdeñable que vive de los chanchullos ligados a la política municipal y autonómica, que apenas sabe hacer nada fuera del BOE y los diversos boletines autonómicos. Esta mezcla explosiva ha creado una pantalla, divulgada por los afines en los medios de comunicación, que no deja ver la realidad del mercado laboral en España, pero también en el resto del mundo occidental. El verano es proclive al señuelo del empleo basura hasta que llegue el otoño Los datos de la EPA apenas merecen un análisis somero. Se crea empleo temporal, la tasa de temporalidad aumenta hasta el 25,72%, pero el ritmo de creación se frena respecto al bienio 2013-2015, tanto en datos brutos, como desestacionalizados, lo mismo que la reducción del paro. A pesar de crecer a un ritmo de casi el 3%, la tasa de paro oficial sigue en el 20%. Los servicios y la agricultura salvan los muebles, en un país donde la industria sigue perdiendo empleo, y la construcción se asoma tímidamente a la superficie, tras varios años en coma. El empleo se crea sobre todo en las costas, especialmente Baleares, pero también Murcia o Cataluña, y País Vasco, y avanza más lentamente en Galicia, Madrid o Andalucía. El empleo creado es básicamente temporal, aunque en el stock predomine el empleo indefinido, cada vez peor pagado, con menos derechos y con un alto riesgo de ir reduciéndose a medida que el paro tecnológico se instale definitivamente en lo poco que queda en España. Las cifras del 2trim 2016 apuntan a una moderación en la creación de empleo La situación de los hogares sigue siendo dramática en muchos casos, con más de 2,1 mill de parados de larga duración y 1,4 mill hogares que tienen a todos sus miembros en paro, dando la verdadera dimensión del problema: hay un desempleo crónico que es probable que nunca más volverá a trabajar. Así mismo, es un mercado con una elevadísima rotación, prueba de ello es que en este trimestre 1,6 mill de personas han saldo del desempleo, y han entrado en él 1,4 mill de personas. Pero las variables menos tratadas, pero más relevantes sigue siendo la tasa de actividad y la tasa de empleo. La primera sigue por debajo del 60%, un 59%, y la de empleo en el 47%, por lo que existe un grave problema de empleabilidad y crecimiento potencial, fruto del agotamiento del modelo de producción elegido y la expulsión de una parte no desdeñable de nuestro mejor capital humano. Es decir, España corre el riesgo de ser una economía sonde solo puedan trabajar un colectivo cada vez más reducido en un entorno demográfico envejecido y con amplios colectivos que tendrán que ser subsidiados si no queremos asistir a una verdadera revolución social. Los datos de actividad y tasa de empleo revelan el agotamiento del mercado laboral español incapaz de llegar al pleno empleo Con estas pinceladas estadísticas se puede entrever que el problema es aún más gordo. Estamos en el umbral, ya desde hace tiempo, en el que el factor trabajo languidece. Las tasas de empleo y actividad, verdadero termómetro del futuro, nos indican que no hay trabajo para todo, que como ya anticipó Rifkin, estamos ante el fin del trabajo como lo hemos conocido hace 60 años. Por un lado, el shock tecnológico que ya está aquí, la robotización, no tiene vuelta atrás, y los nuevos empleos que se crearán no podrán absorber el desempleo masivo de todos aquellos trabajadores que no podrán entrar en este selecto mundo d la tecnología. Estamos ante el fin del empleo para colectivos cada vez más amplios de la población El escaso empleo no tecnológico que irá creando será cada vez de peor calidad, con menores derechos y peor pagado, por lo que el debate estúpido que se enciende tras la publicación de la EPA o el paro registrado en España tenderá a extinguirse. Será sepultado por la angustia que irán percibiendo los políticos ante la inacción que les atenaza porque no saben qué hacer con toda la mano de obra sobrante que nunca más trabajará. O establecemos una renta básica para estos colectivos, o habrá que asistir a una revuelta social. Pero está claro que se eso no se habla en la esperpéntica contienda electoral a la que asistimos en España, cada vez cada menos tiempo. (Alejandro Inurrieta, 01/08/2016)

Robotización:
Uno de los últimos informes de la administración Obama ha sido el dedicado a los impactos de la inteligencia artificial en la economía y en la propia concepción del trabajo. Se suma a otros muchos que desde organismos multilaterales (OCDE, FMI, OIT, etcétera) se han hecho sobre la incertidumbre que rodea a muchos puestos de trabajo, hoy amenazados por la creciente automatización y digitalización de procesos productivos, relaciones de intercambio y servicios de todo tipo. Los temores y dudas que todo ello plantea han sido bien aprovechados por Trump en su campaña. Tenemos abundantes ejemplos históricos sobre los efectos que cualquier cambio tecnológico importante genera en el llamado “mercado de trabajo”. En algunos casos el cambio tecnológico favorece a los que tienen menos nivel educativo y menos habilidades, mientras en otras ocasiones, como ahora, parece suceder lo contrario. Como subraya el informe mencionado, el maquinismo del siglo XIX propició una mayor productividad de los trabajadores con menos capacidades. Lo hizo propiciando que labores antes solo accesibles a artesanos muy dotados y experimentados fuera posible llevarlas a cabo por máquinas que los sustituían y multiplicaban su productividad. Máquinas que, además podían ser manejadas por operarios menos habilidosos y experimentados. Lo que ahora sucede es, en parte, lo contrario. La revolución tecnológica actual está más sesgada a favor de los que tienen más capacidades cognitivas y que mejor se manejan en entornos digitales. En efecto, las labores más rutinarias son más fáciles de programar y dejan poco espacio a muchos trabajadores que ocupaban esas posiciones. Mientras que pueden verse favorecidos aquellos más creativos y capaces de replantearse procesos. Los más formados incrementan su ventaja y salen perjudicados aquellos que ya ocupaban las posiciones peor retribuidas. La desigualdad aumenta ya que la distribución de costes y beneficios de los efectos que genera el cambio digital no se produce de manera equitativa. ¿Cuántos puestos de trabajo pueden desaparecer? Como casi siempre, las previsiones van del más negro pesimismo al más ingenuo optimismo. No es fácil acertar, ya que no hablamos de cambios en un determinado proceso productivo, sino de un conjunto de transformaciones tecnológicas que van desde la comunicación personal al funcionamiento del hogar, pasando por el consumo, las transacciones financieras, el transporte o la seguridad en las ciudades. Tampoco está claro si lo que resulta afectado son tareas concretas (como transmitir información y conocimiento a los alumnos, por ejemplo), o la propia ocupación en su conjunto (ser profesor). La automatización requiere partir de pautas para poder generar supuestos de acción futura, y puede no ser capaz de sustituir la inteligencia social, la creatividad y la capacidad de juicio que muchas profesiones o tareas requieren. Pero ese tipo de cualidades no son necesarias en cualquier tipo de trabajo. Por otro lado, vemos que el taylorismo, antes centrado en procesos productivos, ha irrumpido con fuerza en el sector servicios de la mano del cambio digital. Empresas como Amazon controlan con algoritmos las labores de almacenamiento y distribución de sus empleados. Otras, como Uber, monitorizan por completo el desempeño de la labor de sus empleados “autónomos”. Y ese nivel de automatización y de control favorece además el que puedan ser fácilmente sustituidos o se puedan externalizar esas labores a empresas que dispongan de personas peor retribuidas o con menores costes sociales, favoreciendo así la precarización general de muchos puestos de trabajo. En un mismo lugar de trabajo pueden coexistir personas con situaciones de salario y empleo muy distintas, sea de manera permanente o estacional. Entramos pues en situaciones híbridas de empleo en las que se dan asimetrías muy importantes de poder, de acceso a la información y de condiciones laborales. Pero todo ello no es irremediable. La tecnología puede y debe ser gobernada y politizada. Decidiendo cómo se reparten costes y beneficios y cómo somos capaces de compensar y favorecer las transiciones de los socialmente más afectados. Se exigen esfuerzos educativos muy significativos e inversiones públicas estratégicamente dirigidas. Y sin duda obliga a replantear normativas, labores sindicales y nuevas capacidades de movilización colectiva en defensa de condiciones dignas de trabajo. (Joan Subirats, 14/01/2016)

Robots:
Hace 10 días, en una entrevista con Quartz, Bill Gates, el filántropo fundador de Microsoft, actualmente el hombre más rico del planeta, según Forbes, con un patrimonio neto personal de 75.000 millones de dólares, dijo que las empresas que emplean robots en vez de trabajadores deberían pagar un impuesto por dichas máquinas. “Lo que el mundo quiere”, afirmó, “es aprovechar esta oportunidad para fabricar todos los bienes y servicios que tenemos hoy y liberar mano de obra, dejarnos llegar mejor a los ancianos, tener aulas con menos alumnos, ayudar a los niños con necesidades especiales. Sabes, todo eso son cosas donde la empatía humana y la comprensión siguen siendo muy, muy únicos”. Que si un robot sustituye a un trabajador con un sueldo de 50.000 dólares, ¿por qué no debería la empresa contribuyente pagar impuestos parecidos a Hacienda? McKinsey ha avisado del tipo de puestos que peligran—transporte, hostelería, fábricas y trabajos administrativos—y de que el tamaño del mercado robotizado a nivel mundial podría ser 16 billones de dólares de ahorro en sueldos y salarios. 16.000.000.000.000. 16 millones de millones. No muy lejos del PIB o la deuda de EEUU, o el 22% del PIB mundial, según las últimas cifras del Banco Mundial. La consultora sitúa a la mayoría de los empleos automatizables en el segmento salarial de menos de 20 dólares la hora, que de paso es dónde se concentra el grueso de la fuerza laboral en EEUU. Otra infografía muestra la relación por países, tanto en la cantidad de empleados que serán afectados como en el ahorro que supondrá para las empresas. Entre el 41% (Kuwait, Sudáfrica) y el 54% (Tailandia) o el 56% (Japón) de los puestos en cada país podrían estar en peligro. En términos absolutos, las tres principales naciones afectadas serán China, India y EEUU, que se enfrentan a un desafío de 395, 235 y 60 millones de empleados, respectivamente, o un potencial ahorro de 3,6, 1,1 y 2,3 billones de dólares en cada país. España está entre los países analizados. En España, según McKinsey, peligran nada menos que 8,7 millones de puestos de trabajo, con un potencial ahorro de 217.200 millones de euros en sueldos y salarios, o alrededor de la quinta parte del PIB. Hay un desglose por sectores. El que peor parado sale aquí es el sector manufacturero, con un 64% de los puestos—1,5 millones—susceptibles de ser robotizados. Luego el 64% del transporte y el 62% de la hostelería—1,3 millones de puestos en total—y el 50%, u otros 1,1 millones de empleados del comercio; 954,000 puestos administrativos o funcionarios, 833,000 en agricultura, bosques y pesca, y otro millón más entre la construcción y la sanidad. Según la última EPA, hay 18,5 millones de ocupados en España. En el peor momento de la larga crisis económica de la última década, en el primer trimestre de 2014, se llegó a bajar a los 16,95 millones. Restando los 8,7 millones de McKinsey de los 18,5 millones de ocupados actuales del INE nos dejaría con 9,8 millones de ocupados y 12,9 millones de parados: una tasa de paro del 57%. Eso es Mad Max y Terminator en la misma película. Telefónica ya está en ello. El domingo en el MWC en Barcelona, anunció Aura, un asistente de inteligencia artificial cuyo fin es mejorar la atención al cliente dejando al cliente interactuar con el sistema por su cuenta. ¿La ventaja empresarial? “Pasar ese tráfico por Aura bajaría el gasto de Telefónica en su plantilla de atención al cliente”, dice el Financial Times: “si tiene éxito, Aura podría ser uno de los primeros motores en recorte de empleos desencadenados por la inteligencia artificial”. Convertir ese potencial en realidad empresarial dependerá no sólo del ahorro previsto en mano de obra—suponiendo que invertir en el robot sale más rentable a largo plazo que pagar los bajos sueldos de trabajadores poco cualificados—sino también del coste de adquirir y mantener las máquinas. Para la empresa, un robot no pide días libres, no se pone enfermo, no se queda embarazada, no hace huelga, no exige más pasta y no se queja si el jefe no está contento con la calidad de la pieza. Y salvo periodos de mantenimiento, puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año. Si un robot rinde así el triple o el quíntuple o más que un ser humano, ¿por qué se lo va a pensar dos veces el empresario? Lo que está diciendo Gates es que esa posibilidad tecnológica está a la vuelta de la esquina y cuando ocurra va a suponer una redistribución de riqueza absolutamente histórica por todo el planeta. Si los gobiernos no legislan, si no le ponen coto, toda esa riqueza irá a parar a las cuentas de las empresas dueñas de los robots y de los procesos de automatización. A nivel macroeconómico, las consecuencias serían mayores, tanto para la demanda—un 57% de paro no sería muy ventajosa para el comercio—como para la recaudación (IRPF, Seguridad Social) y por ende la deuda y el déficit (¿quién pagaría todas las prestaciones llegados a ese mundo?), en un entorno demográfico español pesimista a largo plazo en un mundo que estará llegando a los 9.000 millones de habitantes: se habrá triplicado en menos de un siglo. Cuando el hombre más rico del planeta se ofrece voluntario a pagar más impuestos, deberían sonar todas las alarmas. Tal engendro no se solucionará con más abrazos para el abuelo y escuchar mejor al vecino. (Matthew Bennett, 28/02/2017)

Robots y realización:
Los científicos sociales, decía Thomas Schelling, “son más parecidos a los guardas forestales que a los naturalistas. El naturalista puede interesarse por las razones de la extinción de una especie sin que le importe saber si esta se extingue o no, mientras que el guarda forestal se preocupará de saber si el búfalo desaparece o no, y se esforzará por mantenerlo en un sano equilibrio con su entorno”. Incluso a un afi­cionado puede parecerle natural sentir preocupación por los problemas que afectan a nuestra especie, y puede incluso pretender compartirlos. Desde luego, entre esos problemas figura hoy en primer lugar todo lo relativo al futuro del trabajo en ­sociedades como la nuestra, en particular por las implicaciones que la revolución digital puede tener sobre ese futuro. Em­pecemos admitiendo que el panorama es aún muy confuso a estas alturas, por hallarnos en los inicios de una tecnología que puede cambiar muchas cosas; pretendemos aquí tan sólo sugerir que el que esa revolución nos vaya bien es difícil, pero posible, y que el resultado depende de nosotros. Hace tiempo que se observa que cada recuperación económica parece requerir menos empleo, y que ello se debe al cambio tecnológico más que a otra cosa: robots y ordenadores están desplazando al trabajador. Una mirada más atenta descubre que ese desplazamiento se concentra en las tareas llamadas rutinarias: cadenas de montaje o envasado si se trata de trabajos físicos, papeleo si se trata de tareas llamadas cognitivas: tareas que pueden ser descritas por una serie de instrucciones bien precisas, que un robot, o un ordenador pueden ejecutar sin vacilación. Por el contrario, las no rutinarias parecen estar más protegidas: los jardineros o cuidadores si se trata de tareas manuales, los ejecutivos o científicos si se trata de las cognitivas: unas y otras se caracterizan por la necesidad de enfrentarse a situaciones inesperadas, ya sea porque alguien ha cambiado un mueble de sitio, en el caso de una limpiadora, o porque un experimento químico ha dado un resultado insólito, si se trata de un científico. Aunque sigue habiendo empleos en tareas no rutinarias, la digitalización parece avanzar implacable, amenazando tarea tras tarea: lo que puede ser automatizado lo será. Antes de echarnos las manos a la cabeza admitamos que se trata de una buena noticia: esas tareas rutinarias llamadas a desaparecer son tareas embrutecedoras: como nuestra inteligencia se desarrolla en buena parte en el trabajo, cuando este consiste en repetir unas pocas operaciones sencillas el trabajador se convierte en un estúpido. Las tareas rutinarias, además, son de aparición reciente, producto de una primera revolución industrial que no tiene más de doscientos años; no lamentemos que desaparezcan, porque con ellas desaparecerá aquella fuente de empobrecimiento mental y moral que Marx bautizó con el nombre de alienación. Podemos anticipar la siguiente pregunta: ¿acaso tiene todo el mundo la creatividad y la iniciativa necesarias para desempeñar una tarea no rutinaria? Una mirada a la historia nos dará una respuesta afirmativa. ¿Qué hacían nuestros antepasados antes de la revolución industrial? Casi todos ellos trabajaban en el campo. El urbanita imagina que las tareas agrícolas son lo más embrutecedor del mundo, pero confunde embrutecimiento con dureza. Las labores del campo son, efectivamente, duras, pero en realidad nada hay menos rutinario que el campo, donde no hay dos días, ni siquiera dos horas iguales entre sí: la estación, el tiempo, el humor de los animales, la lluvia y la sequía se combinan para que cada momento exija una respuesta distinta y para que muchas situaciones sean inesperadas. Un payés, como un marino, es polivalente. Además, el hombre es por naturaleza no rutinario; es nuestra sociedad la que lo ha cambiado. Habrá, pues, trabajo no rutinario para todos… si queremos. El potencial está ahí, para liberarnos de tareas inhumanas y para ofrecer tareas creativas a la medida de cada cual. La revolución digital será causa de cambios profundos, pero estos pueden ir en dirección de una sociedad mejor. Si partimos de la idea de que la economía tiene por finalidad contribuir a la felicidad humana mediante el trabajo y el sustento; si el trabajo es una necesidad vital en la búsqueda de esa felicidad, y las distintas capacidades de cada cual necesitan tareas distintas, si orientamos la economía para que proporcione a cada uno un trabajo que le permita desarrollar sus capacidades, en lugar de dirigirla hacia el mayor crecimiento del PIB, no habrá que renunciar a esa sabia construcción que es la economía de mercado, si se la dota de reglas adecuadas y de una autoridad que garantice su cumplimiento. Sólo habrá que cambiar de manera de pensar; y no habremos de temer al robot feroz que puede ser más que nosotros, pero que no pasa de ser una quimera, sino a la posibilidad de que seamos nosotros quienes terminemos por ser peores que las máquinas. (Alfredo Pastor, 28/03/2017)

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