Austericidio             

¿Austeridad? Guerra de clases:
La mejor guía de lo que sucedió la semana pasada en Gran Bretaña se publicó en 1944. Naturalmente, su autor fue un economista polaco. Puede que ni siquiera los estudiantes de Económicas hayan oído hablar de Micha? Kalecki, pero es la disciplina la que ha empequeñecido, más que su legado. En su época, se reconocía que Kalecki se había anticipado a algunas de las ideas más importantes de Keynes, años antes de que el Maestro publicase su Teoría General, y había ejercido una gran influencia sobre legendarios pensadores de Cambridge como Joan Robinson y Nicky Kaldor. Su artículo “Aspectos políticos del pleno empleo” explica con una premonición casi espeluznante por qué la coalición [de conservadores y liberal-demócratas] está atacando nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo y nuestro Estado del Bienestar. El tono es, de un modo vivificante, brioso. “Una sólida mayoría de economistas” coinciden en cómo resolver una depresión, afirma Kalecki. El gobierno pide más prestado e invierte el dinero bien en construir escuelas y hospitales o en proporcionar prestaciones y recortes de impuestos; con ello se dispara la demanda y genera empleo. ¡Tachán! Dos páginas más adelante, y ya ha arreglado el problema de las recesiones y despachado la mayoría de los argumentos contra el endeudamiento público que hemos escuchado con tan tediosa frecuencia en los últimos cinco años. ¿Qué pasa si los ahorradores se vuelven recelosos a la hora de prestar al Estado? En ese caso, dice Kalecki, el Tesoro paga tipos de interés más elevados, y puesto que la mayoría de los que prestan son británicos (justo igual que hoy), el dinero volverá fluir a la economía. Pero hace notar que la coalición de guerra de Churchill ha gestionado “déficits presupuestarios astronómicos”, al tiempo que “el tipo de interés no ha experimentado ningún aumento desde el comienzo de 1940?. ¿Qué sucede si se vuelve demasiado costoso mantenerlo por encima de la deuda nacional? En ese caso, los ministros deberían conseguir mayor financiación, no gravando fiscalmente el salario o el gasto corrientes, lo que ralentizaría la economía, sino con un impuesto a la riqueza ociosa. Esa propuesta, a propósito, la lanza en una simple nota a pie de página en la segunda página; y si no puedes, lector, adorar a un hombre que aparece con una forma novedosa de poner en remojo a los ricos en un breve párrafo en cursiva, me temo entonces que jamás vamos a ser amigos. Tras haberse cepillado los problemas urgentes, Kalecki apunta que una economía pujante y con saludables beneficios sería buena para los “capitanes de industria”, pero que nunca apoyarán una intervención del gobierno así. Y en una frase resume la Gran Bretaña posterior al crac, identificando una de las principales fuentes de resistencia en los “llamados ‘expertos económicos’ estrechamente vinculados a los bancos y las finanzas” junto a los “grandes negocios”. La oposición planteada por la coalición de jefes y financieros está motivada por tres factores. En primer lugar, desean la menor interferencia posible en la economía; en segundo lugar, no quieren que el Estado se expanda a nuevos terrenos, dejándoles así fuera del negocio. Pero lo que verdaderamente no deja dormir a los capitalistas por la noche es el impulso dado a la confianza de los trabajadores que proporcionaría un mercado de trabajo sano. Exigirán mayores salarios, mejores condiciones laborales, quizás incluso tener voz en cómo se dirigen sus empresas. Con pleno empleo y bien pagados, los británicos tendrán más dinero para comprar cosas, de modo que una economía con buena salud apoyada por el gobierno es mejor que para los beneficios empresariales que otra enferma. “Pero la ‘disciplina en las fábricas’ y la ’estabilidad política’ son más apreciadas por los dirigentes empresariales que los beneficios”. Mejor una mano de obra insegura y amedrentada que otra confiada y bulliciosa. Pero es el “ciclo político de negocios” de Kalecki el que resume el mundo en el que hoy nos encontramos. En lugar de optar por la inversión pública y una saludable recuperación, Gran Bretaña se encuentra atascada en una depresión que no hacen más que ahondar la austeridad y una ciega confianza en el vigor del sector privado. Pero los paralelismos no terminan aquí. La semana pasada, al día siguiente de que los parlamentarios votasen un proyecto de ley a favor de recortes año tras año en términos reales de los desempleados y gente de bajos ingresos, los periódicos concluyeron de las informaciones del gobierno que la carnicería del Estado del Bienestar no se detendría ahí. A continuación vendría, informaba el Financial Times, el hachazo a la subvención al combustible para el invierno. Mientras tanto, se están atacando los niveles de vida de quienes tienen trabajo: por medio de salarios que van quedando cada vez más por detrás de la inflación y de programas gubernamentales para sacrificar derechos laborales a cambio de opciones sobre acciones. Para aquellos lentos de entendederas, siempre tenemos a William Hague diciéndole a los británicos que “trabajen más duro”. De la retórica también se hacen eco nuestros medios de comunicación. El viernes pasado, los bibliotecarios del Guardian repasaron todos los tabloides populares y diarios serios de sábana desde 2007. Lo que encontraron fue que, hasta 2010, Fleet Street [la prensa, por la calle de Londres donde solían ubicarse la mayoría de las redacciones] era bastante comedida en su uso del término “gorrón”: con sólo 46 menciones (cuando se abordaban las prestaciones o el bienestar) para el conjunto de 2007. En 2010, sin embargo, esa cifra ascendió a 219 menciones, y el año pasado, a 240. Por lo que respecta a gandules frente a esforzados, falsa oposición del día, los diarios no utilizaron la frase en absoluto hasta 2010. El año pasado el total fue de 10. En las primeras dos semanas de 2013, la prensa ya había sumado hasta 30 menciones. Ya sea que vengan de políticos o periodistas, estas justificaciones de la austeridad se están volviendo más estridentes aun cuando se acumulen las pruebas del fracaso de la austeridad. Puede que Gran Bretaña entre en su tercera recesión este año; desde luego, de lo que no va a disfrutar es de una recuperación. Y lo que fue siempre evidente en los planes de gasto de la coalición publicados en 2010 – que se iba a hacer trizas nuestro Estado del Bienestar y el dominio público– se va materializando de modo lento pero seguro. De este ataque a todo un contrato social, afirma Malcolm Sawyer, prominente experto en Kalecki, ya avisó el autor que estudia. “La argumentación respecto a cómo enfrentarse a un déficit es lo que ha proporcionado cobertura al ataque a los salarios y prestaciones”. Y la austeridad no es más que el código para la transferencia de poder y riqueza cada vez a menos manos. (Aditya Chakrabortty, 17/03/2013)

Repetir la fórmula impuesta a Latinoamérica:
“Si siempre haces lo mismo, obtendrás el mismo resultado”. Parece ser una máxima extendida pero no entendida. Recortes indiscriminados y férreos controles del gasto público en épocas de crisis provocan más pobreza y más desigualdad. Lo vimos en América Latina, que en la década de los 80 se enfrentó a una crisis de deuda prolongada que provocó la llamada “década perdida”. Como condición para acceder al crédito, el FMI impuso a los países programas de Ajuste Estructural que incluían privatizaciones, liberalización acelerada e indiscriminada del comercio, desregulación de los mercados financieros y un férreo control del déficit, limitado al 3 %. Qué casualidad que la cifra mágica coincida, 30 años después, con la que la troika exige a los países europeos golpeados por la crisis. Las consecuencias en América Latina fueron demoledoras. El número de pobres pasó de 136 a 200 millones de personas y la desigualdad se disparó afianzando a la región como modelo de sociedad dual. No fue hasta finales de los 90 cuando, contradiciendo las medidas impuestas por los organismos internacionales, América Latina comenzó la senda de la recuperación. Instituciones más fuertes y presentes en la economía, tímidos avances en política fiscal y en el control de capitales en algunos países, crecimiento de las exportaciones y la inversión en programas sociales focalizados, permitieron sacar de la pobreza a millones de personas e iniciar una muy leve mejoría en los indicadores de desigualdad. Cabe resaltar la aplicación de medidas como el Plan Brady para la deuda que supuso quitas sobre la misma, o la aplicación de una tasa a las transacciones financieras en países como Colombia, algo que parece tabú para los defensores del casino financiero global o nacional. Los indicadores de pobreza previos a la crisis en América Latina no se recuperaron hasta una media de 20 años después. La desigualdad, sin embargo, sigue suponiendo hoy un lastre al crecimiento económico en la región. El informe “Crisis, desigualdad y pobreza”, de Intermón Oxfam, compara aquellas crisis con la que se sacude a España hoy. Aunque las diferencias son evidentes en cuanto al punto de partida de cada región y sus estructuras económicas e institucionales, sin embargo hay semejanzas asombrosas y preocupantes. Lo que se llamó ajuste estructural es hoy austeridad, pero incluye tozudamente las mismas recetas, a pesar de su fracaso reiterado y de su equívoco e interesado diagnóstico. Así ocurre con la nacionalización de deudas privadas a costa de aumentar de forma indiscriminada la deuda pública, al tiempo que se priman los intereses de los acreedores por encima de cualquier consideración. A diferencia de Islandia, en España ni se corrigen los abusos del sistema financiero, ni se exigen responsabilidades a quienes decapitaron los ahorros y las proyecciones de vida de miles de familias. Las consecuencias sociales en España van exactamente en la misma dirección que en la América Latina y Asia de los 80 y 90. Incremento rápido de las personas que se encuentran en riesgo o en situación de pobreza y exclusión social, nada menos que 2.1 millones más desde el inicio de la crisis. La desigualdad, el mejor indicador posible para saber quién paga y quien no en una crisis, no ha hecho más que crecer (España tiene el dudoso honor de ser el país más desigual de la UE). Nuestra experiencia trabajando al lado de las personas que sufren en el mundo, apoyando sus luchas y esperanzas, es que la desigualdad es el principal factor que influye en la perpetuación de la pobreza, además de hacer ésta más injusta, ejercer un efecto negativo sobre el crecimiento y amenazar la sostenibilidad del planeta. Las proyecciones que arroja el Informe, comparando con la crisis en América Latina y extrapolando lo ocurrido en los cuatro primeros años de crisis en España, son estremecedoras: si no se cambia las políticas, la pobreza podría llegar a los 18 millones de personas en una década y la desigualdad duplicarse. Lo peor es que esto, se dice, parece un destino inexorable ya que “no hay otra política posible”. Pues sí la hay. Escuchen a la ciudadanía un poco más y fíjense en lo ocurrido en otras crisis. En el terreno de la fiscalidad hay alternativas tanto en la lucha contra el fraude como en el freno a la evasión y elusión en el pago de impuestos. Es significativo que el 85 % de las empresas del Ibex tengan filiales en paraísos fiscales, esas islas de bandoleros donde se esconden 3.1 billones de dólares al año (más de dos veces el PIB español). La progresividad del sistema fiscal es un elemento clave para frenar la desigualdad, así como la adopción de una tasa a las transacciones financieras que debería ser lo más amplia posible y sus recursos destinados a combatir la pobreza aquí y fuera. Por otro lado es necesario blindar los derechos sociales. Los recortes en salud, educación y atención social afectan de manera determinante a la población más vulnerable, a la que es más necesario proteger en medio de una crisis. Hay esperanza de que estas predicciones no se cumplan, pero solo si se plantean alternativas a la austeridad sin fin y a la protección exclusiva de los más protegidos, responsables muchos de ellos de la génesis de la crisis. (José María Vera, 09/04/2013)

Austeridad: Cuestionamiento 2013:
Han sido necesarios cuatro años, varios millones de desempleados y un fuerte retroceso en los estándares de vida en prácticamente toda la eurozona para que los responsables de la política económica de la Eurozona comiencen a admitir, primero entre pasillos y luego con declaraciones escuetas y sujetas a interpretación, que la política de la austeridad ha sido un profundo fracaso. Evidencia empírica no ha faltado durante todo este tiempo. El debate académico e intelectual generado entre 2010 y estas últimas semanas se ha saldado a favor de aquellos que consideran que la austeridad no es la mejor manera de garantizar las condiciones del futuro crecimiento. En circunstancias como las actuales, donde los tipos de interés están prácticamente a cero, la política monetaria deja de ejercer su efecto reactivador y solo operaciones masivas de inyección de liquidez, como las protagonizadas por la Reserva Federal y la más reciente del Banco Central de Japón, han tenido algún efecto en el crecimiento económico, y, paradójicamente, muy poco efecto en la generación de inflación. La teoría económica nos advierte de que cuanto los tipos de interés están prácticamente a cero, las expansiones monetarias tienen muy poco impacto en la economía real, por lo que Keynes denominó la “trampa de la liquidez”, la cual explica que, por muy abundante que sea el dinero disponible, y por muy bajos que sean los tipos de interés, los agentes económicos prefieren retener esa liquidez adicional y no convertirla en inversión. Si no hay nueva inversión, la demanda agregada no impulsa la economía y el crecimiento se estanca. Esta es la situación en la que se ha visto envuelto Japón durante largos años y que ahora se quiere desatascar con la intervención masiva de su banco central. La única solución es la reactivación de la demanda, que, de acuerdo al modelo keynesiano tradicional, sólo puede venir de una política fiscal expansiva. Esta corriente de pensamiento se ha visto enfrentada durante los últimos años a las posiciones intelectuales que defendían la austeridad, a través de la llamada “austeridad expansiva”, por la cual los ajustes fiscales y la corrección de desequilibrios macroeconómicos llevarían por un lado a mejorar la confianza de los agentes económicos, y por otro, al permitir un mejor acceso del sector privado a la financiación, al no tener que competir con un sector público ávido de financiar sus déficits fiscales. Según la tesis de la austeridad expansiva, una reducción del déficit público llevaría al incremento de la inversión del sector privado. La realidad es muy tozuda y pese a las expansiones monetarias –muy limitadas en el caso de la Eurozona- y a la consolidación fiscal, la raquítica inversión privada no está siendo suficiente para reactivar la demanda y no ha producido el crecimiento esperado. Los países que han participado de esa estrategia se han refugiado en la búsqueda de competitividad internacional para suplir con demanda externa –las exportaciones- lo que la demanda interna no ha sido capaz de absorber. Sin embargo, cuando todos los países siguen la misma estrategia –depresión de la demanda interna y búsqueda de la competitividad internacional- el resultado es una “carrera hacia el fondo” en el que ningún país es capaz de salir de la crisis. En España, el equilibrio de la balanza comercial, que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones, aun siendo muy significativo, tiene importantes matices. El primero es que buena parte del equilibrio se ha logrado a partir del acusado descenso de las importaciones. El segundo es que no es capaz de compensar la brutal caída de la demanda interna, fruto de la pérdida de inversiones, de consumo y del acusado descenso del gasto público. En este debate intelectual se ha movido la economía hasta que este mismo año dos pilares analíticos de los defensores de la austeridad se han derrumbado. El primero de ellos fue la constatación, por parte del economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, de que los efectos sobre el crecimiento de los recortes de gasto público fueron mucho mayores de los que inicialmente se calcularon. Blanchard zanjaba de esta manera, en Enero de este mismo año, el debate sobre los llamados “multiplicadores fiscales”. La conclusión de su nueva investigación es que, al contrario de lo inicialmente sostenido, el efecto de la reducción del gasto público en el crecimiento es mucho mayor de lo esperado. El segundo pilar que ha sufrido un fuerte varapalo ha sido la relación entre deuda pública y crecimiento. En un famoso artículo firmado por Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, se establecía una fuerte relación entre alta deuda pública y bajo crecimiento económico, de manera que, pasado cierto nivel de deuda pública, se incrementaba notablemente su efecto ralentizador sobre el crecimiento. Hace unas semanas, se ha demostrado que el artículo de Reinhart y Rogoff estaba mal planteado, con errores de cálculo, y se concluía que, si bien esta relación entre deuda pública y crecimiento sigue existiendo, ni tiene la fuerza que se afirmaba inicialmente, ni existe un punto de inflexión a partir del cual el crecimiento se hundiría. Al mismo tiempo, otros analistas poco sospechosos de pertenecer a corrientes radicales, como Brad Delong o Paul De Grauwe, han publicado nuevos artículos en los que se evidencia que la austeridad incondicional es self-defeating, esto es, que su aplicación imposibilita el cumplimiento de sus propios objetivos: los países con fuertes procesos de consolidación fiscal no sólo no cumplen sus objetivos de crecimiento, sino que tienden a empeorar indicadores como la relación Deuda/PIB. Cuestionados por lo tanto sus fundamentos teóricos, y acuciados por la realidad de bajo crecimiento y fuertes cifras de desempleo, los defensores de la austeridad han comenzado a cambiar sus puntos de vista. El propio presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, ha declarado que quizá ha llegado el momento de revisar las políticas de ajuste fiscal, al tiempo que los propios Reinhart y Rogoff han publicado un extenso artículo en el que, además de defender su punto de vista, de declaran en contra de la austeridad incondicional y proponen medidas más adecuadas para evitar las crisis de deuda. Uno de los últimos baluartes de la austeridad, el Comisario Olli Rehn, se ha defendido de los ataques señalando que en realidad el problema no ha estado en la austeridad, sino en cómo se ha gestionado. Según Rehn, los gobiernos se han equivocado al incrementar impuestos para equilibrar las cuentas públicas, cuando lo que debían haber hecho es recortar gasto. De nuevo la evidencia empírica está en su contra. En un reciente estudio de Oscar Bajo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, se evidencia que el recorte de gasto ofrece muchos peores resultados que el incremento de impuestos. Olli Rehn, responsable en última instancia de la aplicación europea de las políticas de austeridad, intenta echar balones fuera trasladando la responsabilidad a los países, países a los cuales él monitoriza y a los cuáles su equipo revisa y aprueba los planes de consolidación fiscal. Con el debate en estas condiciones, no ha faltado quien ya ha “oficializado” la derrota intelectual de la austeridad. La propia Comisión Europea está alargando los plazos de consolidación fiscal de algunos países y suavizando algunas de las condiciones impuestas, como es el caso de España (aunque lo ha hecho de manera mucho más limitada con Portugal y Grecia). La política económica post-austeridad debería traer consigo una nueva era de impulso público al crecimiento económico de la Eurozona, aun cuando las sendas de reducción del déficit se aligeran pero no se eliminan. La inversión en I+D, la financiación a las PYMEs y la inversión en capital humano deberían ser los principales beneficiados de este alargamiento de los plazos. En cuanto al segundo pilar del ajuste, las llamadas “reformas estructurales”, serán también motivo de un fuerte debate. La liberalización de mercados (especialmente del mercado de trabajo), la privatización de sectores –no ya sólo por su coste económico, sino por razones de eficiencia y competitividad- y lo que se ha venido a llamar la “eliminación de privilegios” será el centro de atención en los próximos años. Los defensores de la desregulación se encontrarán de nuevo con fundamentos teóricos a los que echar mano: según estos fundamentos, las liberalizaciones y privatizaciones traerán consigo la eliminación de privilegios no merecidos –excesivos salarios, beneficios extraordinarios- así como la ganancia de productividad y competitividad. Los que se resistan a las mismas serían, desde este punto de vista, los que quieren mantener sus privilegios inmerecidos frente al interés general. La economía de las “reformas estructurales”, de la desregulación y la liberalización, es frecuentemente motivo de amplias controversias. En muchas ocasiones las regulaciones se han mantenido por interés social, o para evitar la aparición de fallos de mercado tales como oligopolios y monopolios. Las regulaciones han intentado, bien o mal, establecer criterios públicos para garantizar el bienestar social. En las regulaciones hay ganadores y perdedores, y también en las liberalizaciones habrá ganadores y perdedores. Sin embargo, su impacto será mucho más complejo de medir, precisamente por la existencia de fuertes intereses tanto a favor de las desregulaciones como en contra. El examen, caso por caso, de las mismas, marcará el camino a seguir en las “reformas estructurales” que querrán liberar el “potencial de crecimiento” de la economía española. La intensificación de estas “reformas estructurales” será el punto de partida a este período post-austeridad. Pero no debe la ciudadanía confundirse con este debate: los resultados de estas reformas deberían medirse en términos del bienestar social que generan, bajo los criterios de eficiencia, pero también de equidad y justicia social. No todas las liberalizaciones son buenas, y no todas las regulaciones son necesarias. Los mercados perfectos no existen y en prácticamente todos hay oportunidad para generar monopolios y oligopolios sin beneficio alguno para los consumidores finales. Cualquiera que haya intentado llamar a un servicio de atención al cliente de una compañía de telecomunicaciones, o vea cómo se cierran sucursales bancarias en poblaciones rurales, o haya visto las fluctuaciones de los precios de la gasolina, o examine el devenir de algunas de las empresas privatizadas en los noventa, se dará rápidamente cuenta de que no todo es oro en las “reformas estructurales”. Que España necesita una profunda agenda de reformas es claro: una agenda que permita eliminar el poder de mercado en el sector energético, una reforma en el gobierno corporativo de las empresas y en el control de los mercados financieros, reformas fiscales justas, y reformas en los mecanismos de rendición de cuentas de los poderes públicos. Reformas, en definitiva, que garanticen la extensión de la democracia, de los derechos sociales y la lucha contra la desigualdad. El inmovilismo no es una respuesta aceptable. La liberalización indiscriminada y la desregulación tampoco lo son. El debate, de nuevo, está servido, pero lo que parece claro es que el fin de la austeridad a ultranza debería traer consigo la recuperación del impulso público en la generación de crecimiento, y un paquete de reformas orientadas a la igualdad y la eficiencia, como alternativa a una más que previsible vuelta de tuerca en la liberalización y desregulación de los mercados. De nuevo, el resultado final tristemente dependerá más de la política que de la técnica, de las relaciones de poder más que de las evidencias empíricas. (José Moisés Martín, 29/04/2013)

UE 2015:
Por qué le está costando tanto a la eurozona volver al crecimiento y al empleo? ¿Por qué esta crisis ha traído unos efectos sociales y políticos devastadores que no vimos en las crisis anteriores desde la Gran Depresión? ¿Es posible que la unión económica y monetaria europea fomente un comportamiento maníaco depresivo de las economías? Si es así, ¿a qué se debe? Los quince años transcurridos desde la adopción en 1999 del euro como moneda única nos permiten ensayar una respuesta. Durante la fase de bonanza, el euro permitió a los países menos desarrollados como España beneficiarse de las ventajas de la unión monetaria. En particular, del acceso del sector privado (familias, empresas y bancos) a la financiación externa en cantidad y precios muy favorables, como nunca antes había ocurrido. Esa financiación barata y abundante favoreció una euforia financiera que, a partir de 1999, sesgó el crecimiento y el empleo hacia actividades especulativas e improductivas, a la vez que fomentó el sobreendeudamiento hipotecario de las familias hasta niveles nunca alcanzados. Como resultado de esa facilidad para endeudarse, los desequilibrios comerciales y financieros alcanzaron niveles antes inimaginables. El déficit comercial del 10% del PIB sólo puede explicarse por la facilidad para financiar ese déficit con ahorro exterior, especialmente de origen alemán. Con la peseta no hubiese ido más allá del 5%, como había ocurrido en crisis anteriores. De la misma forma, el extraordinario superávit comercial alemán con el resto de países del euro hubiese sido imposible. Los déficits de unos y los superávits de otros son las dos caras de una misma moneda. Al revés, cuando llegó la crisis, especialmente la crisis de deuda pública griega en 2010, la eurozona exacerbó las tendencias depresivas de la economía. Y lo que es peor, rompió la cohesión social y política interna de los países más afectados por la crisis. Hubo dos vías a través de las cuáles se produjo este efecto. La primera es que bajo la presidencia del francés Jean-Claude Trichet, el Banco Central Europeo no quiso actuar como un verdadero banco central, capaz de comportarse como prestamista de última instancia de los gobiernos y de la economía, al estilo de lo que hicieron la Reserva Federal estadounidense o el Banco de Inglaterra. El por qué Trichet fue tan renuente está por explicar, especialmente a la vista del cambio de orientación que experimentó el BCE bajo la presidencia del italiano Mario Draghi. Pero, en cualquier caso, esa renuencia contribuyó a que la economía de la eurozona entrase en una segunda recesión en 2011 y se convirtiese en una máquina de destrucción de empleo. Algo que, por cierto, no ocurrió con ninguna otra economía, incluida la del Reino Unido, que pertenece a la UE pero no a la eurozona. La segunda causa ha sido la estrategia de “dinero por austeridad y reformas” que aplicó la eurozona para conceder los rescates a los países sobreendeudados. Esta estrategia ha hecho que la eurozona se haya convertido en una máquina de destrucción masiva de los equilibrios sociales y políticos dentro de esos países. Hay que recordar que esa estrategia incluía la obligación de los Gobiernos de dar prioridad al pago a los prestamistas antes que al mantenimiento de los servicios sociales básicos como la educación o la sanidad, fundamento de la cohesión social de esos países. Por otro lado, las reformas exigidas como prioritarias, en particular la reforma financiera (saneamiento de los bancos con cargo a los presupuestos nacionales) y la reforma del mercado de trabajo (devaluación de salarios y desregulación laboral) han producido un reparto de los costes de la crisis en perjuicio de los grupos más débiles y en beneficio de los más acomodados. Fíjense en este hecho: la austeridad y las reformas han funcionado de forma similar a la cláusula de protección de los intereses de los inversionistas en los tratados internacionales de comercio. Esta cláusula permite a los prestamistas imponer a los gobiernos políticas contrarias a los derechos de sus ciudadanos. Lo mismo ha ocurrido con la austeridad. En la medida en que la estrategia político económica de la eurozona ha roto los equilibrios sociales internos no debería sorprender la explosión de populismos y nacionalismos. Si a alguien hay que acusar por los populismos, acusen a las autoridades europeas y a su receptividad a los intereses de los prestamistas. ¿Por qué la eurozona actúa como una máquina de destrucción masiva? Pienso que se debe al predominio en la UE de una mentalidad estructuralista que bebe de dos fuentes. Por un lado, la Comisión Europea tiene mentalidad de organismo económico internacional, cuyos responsables —que no sufren la austeridad y están exentos de responsabilidad democrática— son muy proclives a recomendar reformas “duras y dolorosas”. Por otro, la influencia hegemónica en la UE de la filosofía estructuralista germánica con inspiración en Friedrich Hayek. Esta mentalidad estructuralista ha convertido a la UE en una jaula de sadomasoquistas sin responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones. En unas circunstancias similares, en los años treinta John Maynard Keynes señaló que son las ideas y no los intereses las que, al final, “son peligrosas para bien y para mal”. Las actuales ideas económicas que predominan en la eurozona son peligrosas para la cohesión social y política de los países miembros y para el propio proyecto político europeo. La vía para cambiarlas es introducir más democracia y responsabilidad política en el funcionamiento de las instituciones europeas. De esa forma las políticas de la eurozona recogerán mejor las preferencias de los ciudadanos y no las de las élites y prestamistas, como ha ocurrido hasta ahora. (Antón Costas, 27/12/2015)

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