Reforma laboral: Contratación en precario:
Vamos con más mentiras: Los empresarios no contratan porque el mercado laboral es rígido. El pasado año se registraron 14.433.232 contratos, de los que 13.323.069 fueron temporales (el 92,31%), y 1.110.163 indefinidos (el 7,69%). De entre los primeros, algo menos de la mitad, el 44,8%, tenían una duración máxima de un mes; el 14% se suscribieron por un tiempo de entre uno y seis meses, y sólo en el 2,2% de los casos el contratado lo fue por más de medio año. El restante 39% suscribió contratos temporales de duración indeterminada (el limbo del temporal), tras los que se ocultan muchas irregularidades y chanchullos.
La mayoría de todos estos contratos temporales (el 86,24% exactamente) lo fueron por los conceptos de “obra o servicio” y “eventuales por circunstancias de la producción”, dos cajones de sastre donde los empresarios pueden meter lo que les dé la gana sin temor a que al Servicio Público de Empleo (SEPE) le dé por comprobar si los contratos se ajustan a la realidad. ¿Es esto rigidez del mercado de trabajo? Porque a mí me parece más flexible que un junco.
Segunda mentira: Los empresarios no contratan porque el despido es caro. Si, como hemos visto, nueve de cada diez contratos que se suscriben son temporales, la indemnización que les corresponde es de 8 días por año trabajado (9 en los que se celebren en 2012), y como la mayoría no llega a un año de duración, el coste equivale a una limosna. Además, los empresarios no tienen que pagar indemnización por fin de contrato en prácticas, de formación, de interinidad o de relevo, ni si lo rescinden en periodo de prueba. ¿A esto lo llaman despido caro?, pero hombre, si está regalado.
La tercera mentira es que hay muchos tipos de contratos y los empresarios se lían, pero en realidad solo hay dos, pero con muchos apellidos: indefinidos y temporales, y ya hemos visto que éstos últimos representan una mayoría más absoluta que la del PP. ¿De qué se quejan?
Si con las actuales y ventajosas condiciones laborales los empresarios no contratan, decir que lo van a hacer cuando se rebaje el coste del despido o se reduzca el número de contratos es mentira. No lo harán, y por eso la nueva reforma laboral solo servirá para rebañar (tras los recortes ya ejecutados solo queda hueso) derechos a los trabajadores con una prolongada carrera laboral y sueldos dignos (y facilitar así su despido), y preparar el terreno para que cuando la economía repunte los empresarios dispongan de instrumentos para contratar empleados de usar y tirar con sueldos infames.
Los salarios tampoco son un problema para los generadores de empleo, porque llevan ya unos años criogenizados, y lo que les queda. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (2012-2013-2014) suscrito esta semana por empresarios y sindicatos anticipa el cataclismo. Reproduzco literalmente:
“El aumento de los salarios pactados no debería exceder el 0,5%, con una cláusula de actualización aplicable al final del ejercicio concretada en el exceso de la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%). Si la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre fuera superior a la tasa de variación anual del IPC armonizado de la Zona Euro en el mismo mes, entonces se tomará esta última para calcular el exceso. De producirse este hecho, la cantidad resultante se aplicaría en una vez. Si el precio medio internacional en euros del petróleo Brent en el mes de diciembre es superior en un 10% al precio medio del mes de diciembre anterior, para calcular el exceso citado se tomarán como referencia los indicadores de inflación mencionados excluyendo en ambos los carburantes y combustibles”.
Se lo traduzco: no nos van a subir el sueldo, y si nos lo suben será una cantidad ridícula, inferior al IPC, que es lo mismo que decir que nos lo bajan. Para este viaje no tenían necesidad de meter el barril de petróleo Brent por medio.
Si después de haber leído esta columna algunos de ustedes siguen pensando que es necesaria otra reforma laboral para reactivar la economía, están en su derecho, pero para mí que no necesitan trabajar para vivir, son devotos de la cofradía del PP, o tienen familia en la CEOE. Ya me dirán.
(Carlos Fonseca, El Confidencial 28/01/2012)
Desmontando el sistema jurídico:
[El gobierno miente cuando dice que la reforma laboral va a crear empleo:]
Decía el fascista Goebbels que una mentira repetida mil veces se convierte en una gran verdad. La patronal y el Gobierno (el de ZP antes y el de Rajoy ahora) están aplicando la tesis del ministro de Propaganda nazi para convencernos de que la salida de la crisis pasa fundamentalmente por otra reforma laboral más. Lo han repetido ya más de mil veces y seguirán haciéndolo, pero no por ello deja de ser mentira. El último en subirse al carro ha sido Luis de Guindos, ministro de Economía, que esta misma semana ha dicho que la reforma del mercado de trabajo es incluso más importante que la del mercado financiero.
La reforma laboral es un eufemismo para no hablar de recorte de derechos, que en esta ocasión justifican con tres razones: el mercado de trabajo es rígido; el despido es caro y hay demasiadas modalidades de contratación. Mentira lo primero, mentira lo segundo, y si hay demasiados modelos de contrato es porque en su día interesó para tener mano de obra barata. El Gobierno de turno pensó que mejor un muerto de hambre que un parado, que no cotiza y además cobra.
La realidad refuta la propaganda oficial, porque el paro no ha dejado de aumentar pese a que el anterior Gobierno ya modificó sustancialmente las relaciones laborales en beneficio de los empresarios, con el argumento de que las medidas iban a ayudar a crear empleo, pese a lo cual el desempleo afecta ya a 5.273.600 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al último trimestre de 2011 que conocimos el viernes.
[El Gobierno está deshaciendo una parte del sistema jurídico establecido tras años de luchas sociales]
Este título no es una metáfora, es la expresión de una realidad. Las medidas que acaba de aprobar el Gobierno y que vienen a modificar los derechos y obligaciones de empresas y trabajadores, en realidad tan solo suprimen o recortan derechos de los trabajadores. Se habrá perdido por ello el equilibrio en que se basa toda rama del Derecho. De hecho, eso es lo que se pretendía, porque ¿qué significa sino “flexibilizar” y “desregular” las relaciones laborales? El Derecho del Trabajo era, hasta ahora, un conjunto de normas que disciplinaban aquellas relaciones, que ahora quedan sin regular o que pierden su valor. Por consiguiente, se está transfiriendo la fuerza del Derecho desde el código jurídico a las manos del más poderoso, que será siempre la empresa.
Entre las medidas adoptadas ocupa un lugar preferente la del “abaratamiento del despido”. Los trabajadores, a partir de ahora, han de temer que les puedan despedir más fácilmente, y tendrán aún menos fuerza para oponerse a posibles decisiones de la empresa contrarias a la ley. De hecho, ni se atreverán a denunciar las arbitrariedades ante los tribunales, porque se encontrarán con que, incluso en el caso de que estos les den la razón, tal decisión no comportará el restablecimiento de sus derechos. La empresa se librará pagando un precio módico. Es decir, la empresa podrá comprar con dinero el silencio de la justicia.
Todo ello justifica la reacción indignada no solo de los sindicatos, como representantes de los trabajadores, sino de todos aquellos que saben que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y que el código jurídico es un instrumento civilizador de las relaciones humanas. Es lamentable la miopía de muchos que no saben ver el daño que estas medidas harán al proceso que la Humanidad quiere recorrer hacia la justicia social. Lo veremos claramente cuando el panorama de las relaciones de trabajo de muchas empresas vuelva a parecerse más a un sistema feudal que a una democracia moderna.
La verdad es, no obstante, que de todo esto estábamos advertidos. La política neoliberal que se ha ido imponiendo en los últimos años en el terreno económico lo hacía presagiar. A mediados de los años ochenta ya había quien, entre los sabios laboralistas, nos pronosticaba, con complacencia, que muy pronto veríamos “el desmoronamiento del derecho laboral”. El Derecho del Trabajo, juntamente con la Seguridad Social, se había convertido lentamente, con el tiempo, en el recambio civilizado de las revoluciones sociales decimonónicas, y vino a conquistar pacíficamente, con sus normas, nuevos espacios de justicia social. Esta rama del Derecho significaba un compromiso entre el poder del empresario y las exigencias de justicia y participación de los trabajadores en la empresa. El Derecho del Trabajo trataba de canalizar la confrontación que comporta la misma naturaleza del trabajo por cuenta ajena y proporcionaba amparo al trabajador que se proponía establecer una relación laboral desde una posición solitaria, aislada y por lo tanto, débil. El Derecho disciplinaba, además, la acción colectiva de los trabajadores a través de la dinámica sindical.
Todo ello parecía indicar que la vieja lucha de clases estaba encontrando vías de superación y que la barricada se había convertido en código o en convenio colectivo. Parecía que los derechos fundamentales de carácter social y económico que el consenso universal estaba aceptando, iban penetrando, también, en el reducto de la empresa por la vía de la extensión de la cultura democrática. Daba la impresión de que lo justo y conveniente era seguir progresando por este camino, hasta convertir la empresa en un territorio de colaboración constructiva. Pero la llegada de una nueva crisis del sistema capitalista ha sido suficiente para que resonara machaconamente esa consigna de salvación: “Hay que flexibilizar el mercado de trabajo”, “hay que desregular el Derecho del Trabajo”. Pues bien, con las nuevas normas se ha dado satisfacción a estas pretensiones. Cuantas menos normas, mejor…
Este es, pues, el auténtico fondo de la cuestión. Si el Derecho son normas, lo que está haciendo el Gobierno es destruir con esta reforma una parte del sistema jurídico establecido democráticamente y consolidado después de años de sacrificios y de luchas sociales. Y en cambio, lo que nos acercaría a una democracia avanzada –utilizando palabras del preámbulo de nuestra Constitución– sería un sistema cada vez más participativo en las decisiones que afectan a los ciudadanos a todos los niveles, también a nivel laboral. Y todo ello, ordenado de la manera más perfectamente posible por la regla del Derecho.
Por lo tanto, nadie puede negar que la reforma que ha de aplicarse a partir de ahora camina en sentido opuesto a estos horizontes de civilización y progreso. Es un intento de retorno a las fórmulas liberales más puras del laissez faire.
Una vez llegados a este punto, habrá que entrar en polémica con aquellos sectores que justifican la reforma como un mal menor necesario para reactivar la economía, crear nuevos puestos de trabajo y aligerar esa lacra social persistente que es el paro. Pero estos, seguramente, no se atreverían a poner la mano en el fuego y asegurar que esta reforma laboral pueda ser determinante para conseguir aquellos objetivos, y que no existen otras alternativas. En cualquier caso, el daño que se habrá hecho al equilibrio humano dentro de las empresas y al proceso histórico de la justicia social, será difícilmente reparable; habremos perdido así casi un siglo en el camino del progreso.
(Varios autores, 17/02/2012)