El marqués Queipo del Llano             

 

Gonzalo Queipo del Llano y Sierra (1875-1951):
Nació en Tordesillas e ingresó con 18 años en la Academia de Caballería de Valladolid. Fue expulsado del ejército dos veces. Convirtió en notoriamente públicas sus desavenencias con su antiguo compañero y posterior dictador Primo de Rivera. Con la llegada de la II República (1931) es nombrado Gobernador Militar de Madrid. Llegó a ser consuegro de Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República entre 1931 y 1936. En 1933 es relevado de su cargo de Jefe del Cuarto Militar de Alcalá-Zamora por injerencias llevadas a cabo con parlamentarios. Mantuvo relaciones de confianza con los Generales Sanjurjo y Mola.

República Queipo del Llano Franco, Queipo y el Cardenal Ilundain, Obispo de Sevilla desde 1920 hasta 1937. Sucedido por Pedro Segura.


Fue el general que instauró un régimen de terror en Sevilla e hizo de la violación de los derechos humanos un arma de guerra. Sin ningún tipo de pudor, Queipo de Llano ejerció la violencia indiscriminada contra la población sevillana -sólo en seis meses fueron fusiladas más de 3.000 personas- y alentó a sus tropas franquistas a violar a las mujeres de los republicanos. Sus discursos y arengas a los soldados rebeldes, retransmitidas diariamente por Radio Sevilla, pasaron a la historia de la ignominia por su zafiedad, su machismo y su crueldad.

Toma de Sevilla (1936):
El 11 de julio hizo que su familia se desplazara de Sevilla a Málaga por seguridad. Quería sublevarse en Valladolid, pero la dirección del comité de conspiración lo deja encargado de la guarnición de Sevilla. Fingiéndose leales a la República, y mediante otros engaños, los oficiales del Regimiento de Artillería 3º Ligero proveen a los demás facciosos de medios para hacerse con el control del centro de Sevilla usando material pesado contra los edificios civiles. Tras la toma por partes de Sevilla se lleva a cabo lo que Dionisio Ridruejo definió como represión informal y espontánea. La destrucción física de los cuadros de los partidos del Frente Popular, de los sindicatos obreros y de las organizaciones masónicas, sin perder de vista tampoco a los partidos democráticos más moderados y a las personalidades independientes [...] se puede hablar de una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República. La toma consolidada de Sevilla en los días siguientes por el Tercio y los Regulares llegados de Cádiz se produce por el empleo indiscriminado de la artillería y del salvaje terror africanista en los barrios que resistían.

Saca de rojos en Sevilla


Se había acordado emplear en territorio español las mismas medidas represivas y de escarmiento de Marruecos; una combinación brutal de detenciones, violaciones, fusilamientos, emasculaciones y otras sevicias. Los crímenes, sin ningún tipo de juicio, declaración o defensa se sucedieron generalmente junto a los cementerios o en las cunetas de las carreteras. En los libros registros civiles de juzgados y en los de cementerios puede leerse: «Desconocido o bien Fulano [...] fallecido el día XX de julio de 1936 a las [en blanco] a consecuencia de aplicación del bando de guerra». En otros casos el médico certificaba lo evidente «por herida de bala, hemorragia, anemia aguda, etc.». La acusación era verbal, sobre la base de delaciones, listas negras o informes oficiosos, en todo caso consentidos o inducidos por la autoridad militar: se los llevaban y eran fusilados en el acto. En los escasos registros o sumarios encontrados, las víctimas civiles fueron acusadas de «delitos» como ser votante de izquierda, ser familia de republicanos destacados, haber discutido con alguien de política o haber mirado mal al cura.65 Cualquier cosa, por insignificante que fuera, podía ser motivo para el escarmiento.


Rojas represaliadas


Jefe del Ejército Sur:
En la región bajo su mando utilizó la misma violencia higiénica que en los barrios sevillanos, por lo que durante muchos años ha sido recordado con espanto por el imaginario colectivo andaluz. Utilizó para este trabajo fundamentalmente a la Guardia Civil, a los falangistas, carlistas, Policía Montada y otras fuerzas paramilitares derechistas.104 Al igual que Mola en el norte, Queipo utilizó la radiodifusión como medio de guerra psicológica. Todos los días daba «charlas» radiofónicas a través de los micrófonos de Unión Radio Sevilla en las que, con el fin de amedrentar al enemigo y animar a los partidarios nacionalistas en zona republicana, se burlaba de los dirigentes de la República y hacía alusiones a la virilidad de legionarios y regulares, con comentarios tales como:

Aunque no hay prueba escrita, Ian Gibson le atribuye la orden final del fusilamiento de García Lorca en Granada, consentido por el capitán José María Nestares Cuéllar.

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia del gobierno Rajoy


Marquesado:
El general Franco creó y le otorgó el marquesado de Queipo del Llano, que a su muerte, durante los años del régimen (1951) pasó a su hijo, Gonzalo Queipo del Llano Mencos, hasta su muerte en mayo de 2012. Un año después de ser ennoblecido por Franco, Queipo de Llano murió en su cortijo sevillano, que le había regalado el ayuntamiento de Sevilla por suscripción popular en 1937.

El Ministro de Justicia Ruiz-Gallardón, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 17 de julio, manda expedir “previo pago del impuesto correspondiente y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Queipo de Llano, a favor de don Gonzalo Queipo de Llano Mencos, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo Queipo de Llano Martí”.

Se trata de un gesto con el que Gallardón busca incrementar el apoyo de la parte más conservadora del PP con miras a su carrera dentro del partido. Pero a la vez supone un acto netamente vergonzoso de los que marcan para siempre a las personas ante las siguientes generaciones. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha lamentado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, haya renovado el título de marqués de Queipo de Llano al nieto del general golpista, Gonzalo Queipo de Llano, un gesto que se se produjo además en el aniversario de la sublevación militar. La asociación recuerda que fue uno de los generales más violentos del golpe. La ARMH lamenta en un comunicado la renovación del título nobiliario, recordando además que se publicó el pasado día 17, “el mismo día en que en 1936 comenzó la sublevación militar de los generales franquistas”. Recuerdan que el general Queipo de Llano fue “uno de los militares sublevados que hicieron de la violencia y el terror contra la población civil una generalizada arma de guerra”, destaca que en sus locuciones radiofónicas en Radio Sevilla alentaba a las fuerzas sublevadas a cometer “terribles violaciones de derechos humanos”. “Resulta un insulto a las víctimas de la dictadura y a la democracia que se otorgue desde el Estado ese reconocimiento a quien truncó la libertad de nuestra sociedad para elegir a sus representantes y lo hizo utilizando una despiadada violencia para conquistar el poder”, afirma la asociación. Sostiene también que un ministro de un Gobierno democrático “no puede colaborar en el reconocimiento público e institucional a alguien que causó tanto daño a nuestra sociedad” y recuerda que el PP en sus estatutos dice ser un “partido solidario con las víctimas de la violencia de cualquier signo”. La asociación argumenta que Alberto Ruiz-Gallardón y el PP practican un ejercicio de “doble moral” al exigir condenas de la violencia y al mismo tiempo “dar honores a uno de los participantes en la mayor operación de uso de la violencia que ha existido en nuestra historia”. “Llevó a más de 113.000 civiles a desaparecer, violó a miles de mujeres y construyó una dictadura edificada y sustentada sobre el uso de una violencia sanguinaria y de un terror ilimitado”, insisten sobre el legado de aquel general.

Marcha hacia un campo de internamiento francés Centro de Valdenoceda, Burgos


Con cierta frecuencia se hacen visibles muestras de falta de sensibilidad, por parte de nuestras instituciones, con la memoria histórica. Por ejemplo, ni los parlamentos regionales ni el Congreso han tomado las medidas necesarias para hacer desaparecer del nombre de algunos pueblos la palabra Caudillo. La denominación de "del Caudillo" incumple el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica en su punto uno:


Sanjurjo:
El 10 de agosto de 1932, el general José Sanjurjo se sublevó en Sevilla contra la República. Declaró el Estado de guerra y en la clásica tradición del pronunciamiento militar publicó un manifiesto, redactado por el periodista Juan Pujol, director de Informaciones y agente del millonario Juan March, en el que se anunciaba la disolución de las Cortes y la toma del poder por una Junta provisional. Lo hacía “por amor a España”, para “salvarla de la ruina, de la iniquidad y de la desmembración”. Fuera de la capital andaluza, sin embargo, nadie consiguió sumarse al golpe, y Sanjurjo, al comprobar que se había quedado solo y que sus subordinados se negaban a enfrentarse con las tropas procedentes de Madrid, abandonó la ciudad. Fue detenido en Huelva, unas horas después, cuando intentaba ganar la frontera portuguesa. Así acabó lo que se conoció después como la “sanjurjada”, la primera sublevación militar contra la República, poco más de un año después de su proclamación. Ruidos de sables hubo ya desde el verano de 1931, cuando se conocieron las primeras medidas de la reforma militar de Manuel Azaña, duramente combatidas por un sector de la oficialidad y por los medios políticos conservadores. Los primeros intentos conspirativos fueron neutralizados muy pronto, aunque algunos militares y un grupo notable de civiles alfonsinos comenzaron a buscar apoyos exteriores en la fascista Italia, algo que iban a repetir las conspiraciones militares y civiles contra la República. Sanjurjo no mostró mucho interés al principio, pero su destitución como director general de la Guardia Civil tras los luctuosos sucesos de Arnedo de enero de 1932, que dejaron 11 muertos en la plaza de esa localidad riojana, y su traslado a la dirección de Carabineros, un puesto de menor relieve, le hicieron cambiar. Lo consideró un castigo y empezó a pensar que había motivos para sustituir a esa República por una dictadura. El compromiso de Sanjurjo animó y unió a otros, aunque la organización era bastante deficiente y la falta de discreción permitió a las Fuerzas de Seguridad del Estado controlarlos y detener el 15 de junio al general Luis Orgaz, uno de sus cabecillas. La insurrección, no obstante, estaba ya decidida y, antes de que el Gobierno de Azaña pudiera desarticular completamente la trama, los conspiradores la fijaron para el 10 de agosto. En las primeras horas de ese día, un grupo de militares y civiles armados, al mando de los generales Barrera y Cavalcanti, intentaron tomar el Ministerio de la Guerra y el cercano Palacio de Comunicaciones. Varias unidades de la Guardia Civil y de Asalto sofocaron la rebelión, en la que murieron nueve sublevados y unos cuantos quedaron heridos. En otras provincias del sur, la insurrección fracasó también. Solo en Sevilla el general Sanjurjo logró arrastrar por unas horas a la guarnición militar y a las unidades de la Guardia Civil, hasta las 3.30 horas, cuando desde el Ministerio de la Gobernación informaron a la prensa de que la rebelión “había quedado liquidada”. El castigo para los sectores militares, de la aristocracia y de la extrema derecha que habían participado en la sublevación fue severo. Varios centenares de militares fueron destituidos por su intervención o complicidad y 145 jefes y oficiales fueron deportados a la base sahariana de Villa Cisneros, en aplicación de la Ley de Defensa de la República, como se había hecho con los anarquistas unos meses antes. Muchos periódicos conservadores fueron suspendidos y notables monárquicos fueron detenidos o tuvieron que huir a otros países. Al ministro de la Gobernación le llegaron telegramas de muchas ciudades y pueblos pidiendo “ejemplar castigo” para Sanjurjo e incluso “última pena”. Manuel Azaña, por el contrario, percibió desde el principio la necesidad de no hacer de él un mártir, como había hecho la Monarquía con Galán y García Hernández tras el fracaso de la sublevación de Jaca, y anotó en su diario de 25 de agosto de 1932: “Procuremos no incurrir en un yerro análogo. Se ha de acabar con la historia de los levantamientos y con los fusilamientos, haciendo ver que esas acciones no producen ni gloria. Más ejemplar escarmiento es Sanjurjo fracasado, vivo en presidio, que Sanjurjo glorificado, muerto”. Y así fue. Condenado a muerte por un consejo de guerra, “como responsable en concepto de autor de un delito consumado de rebelión militar”, la pena fue conmutada por cadena perpetua, pese a que Santiago Casares Quiroga, ministro de la Gobernación, se opuso porque pensaba que el indulto “rompe la firmeza del Gobierno, alienta a los conspiradores y nos impide ser rigurosos con los extremistas”. El indulto provocó disturbios en varias ciudades, “chispazos de la cólera popular contra Sanjurjo”, escribió Azaña. Sanjurjo estuvo preso en el penal cántabro de El Dueso, hasta que, amnistiado por el Gobierno de Alejandro Lerroux en abril de 1934, estableció su residencia en Portugal. Desde allí encabezó otro golpe contra la República en julio de 1936, de fatales consecuencias porque causó una guerra civil, aunque no pudo ver su desenlace. Murió el 20 de julio, cuando la avioneta que debía trasladarlo a España, pilotada por Ansaldo, se estrelló nada más despegar del aeródromo de Cascais. Había encabezado dos rebeliones militares en cuatro años. “Por amor a España”.


Memoria:
La construcción de la memoria ha sido siempre un instrumento utilizado por el poder, y otro tanto cabe decir de la damnatio memoriae,de su eliminación, presente desde que un faraón puso su nombre en el cartucho que identificaba a un predecesor para aprovechar su estatua. Existe asimismo una memoria individual o de grupo, que se transmite a las dos siguientes generaciones, e incluso en circunstancias excepcionales más allá de las mismas cuando su fundador deja un legado trascendental o confluye con un proceso de formación de memoria colectiva. Es lo que ha sucedido con el genocidio armenio, pero también ocurre que la intensidad de un cambio histórico borra sus propias raíces en un tiempo más breve. Tenemos el caso de la Transición española. Para la mayoría de los jóvenes de hoy, la percepción de lo que supuso el tránsito del franquismo a la democracia queda tapada detrás de la cortina de la crisis y de la corrupción que dejan en nada el anterior balance positivo. Y el hecho no es irrelevante, porque sobre esa deformación se basa el edificio político de un partido como Podemos, que así puede tranquilamente proclamar su propósito de cancelar el régimen del 78 y dictaminar que la obra del PCE en ese período fue inútil. Nicolás Sartorius ha dejado claras las cosas al respecto, pero la ignorancia voluntaria tiene la piel dura. A veces la condena de la memoria no logra del todo sus propósitos. Así sucedió en las figuras del Palatium en San Apolinar Nuovo de Ravena, donde la sustitución obligada de mosaicos deja ver las sombras de los personajes eliminados y sobre todo persisten las imágenes de sus manos sobre las columnas. La larga noche de la posguerra ofreció entre nosotros un panorama semejante. Los vencidos ocultaban con frecuencia su vida política pre-39 a los propios familiares: llegabas a conocer que tu padre formó parte del comité ugetista de socialización de la Bolsa de Madrid por la investigación de unos alumnos. Desde los años sesenta, la cortina fue siendo rasgada y, como era de esperar, y según sucediera en la Armenia turca, la tercera generación asumió la tarea de abordar ese rescate del pasado. Por desgracia, la eventual responsabilidad de los familiares franquistas, incluso más allá de la guerra, y la larga sombra de la victoria, suscitaron el rechazo violento de capas conservadoras, que gracias a ella habían disfrutado de una prolongada dominación política y social. No hubo, como auspiciara Ian Gibson, la auténtica reconciliación, fruto de la verdad histórica. Los vencidos en la Guerra Civil ocultaban con frecuencia su vida política a los propios familiares: El rechazo total a admitir que la sublevación franquista fuese un genocidio, cuando se dan todos los requisitos fijados por Lemkin —ideología de aniquilamiento de la Antiespaña, conspiración militar, práctica de exterminio antes y después de la guerra, voluntad de extirpar la cultura de los vencidos— tiene por contrapunto que desde la izquierda es olvidado que en la España republicana, aunque sin responsabilidad del Gobierno, se cometieron crímenes contra la humanidad (Paracuellos, chekas, patrullas de control de la FAI en Cataluña). Unos fueron diablos, pero entre los antifranquistas tampoco faltaron. Sin aclarar este punto, no cabe esperar una conciencia democrática, y sí una eclosión de sectarismo y odio. Una reciente participación en la Cátedra de la Memoria de la Complutense me confirma en esta idea: la justa pretensión de recuperar la memoria de los perseguidos y represaliados de 1936 a 1975 va unida al rechazo tajante de reconocer los propios actos de barbarie. “Hay que recuperar solo la memoria silenciada”, postuló el profesor Clavero. Conviene recordarlo cuando las nuevas Administraciones anuncian la intención de limpiar el callejero de residuos fascistas y, en el caso de Madrid, de construir un Museo de la Memoria. Lo primero parece de todo punto necesario, por lo que toca a la pléyade de generales golpistas y evocaciones lamentables. Solo cabe exigir ponderación y no eliminar a un buen escritor por su militancia franquista, sin convertir tampoco en referencias de la memoria a políticos de izquierda siniestros. Otro tanto cabe decir del museo, que debería mostrar la cultura y la resistencia antifranquistas, y también los puntos negros registrados en ese trayecto histórico. “Es necesario contar lo ocurrido”, advierte Todorov en un luminoso artículo de Letras Libres. (Antonio Elorza, 03/08/2015)


ONU:
El 24 de octubre de 1945 nació la ONU. Cumple 70 años. Diez años después, el 14 de diciembre de 1955, España entró este organismo. La internacionalización de las reclamaciones sobre Gibraltar sirvió como éxito diplomático del régimen franquista en los años sesenta, explotándolo al jactarse del discutible logro que suponía la inclusión del Peñón en la lista del Comité de Descolonización. La dictadura se fue desvaneciendo en medio de una transición de impunidad y olvido para todos los que sufrieron y padecieron los años de represión franquista. A la nueva democracia española le urgía justificarse ante una comunidad internacional que desconfiaba abiertamente de la mas vieja y casposa dictadura de Europa Occidental. Esta vocación universalista tenía diferentes líneas de acción, que pasaban por ocupar puestos de decisión en la ONU o por vigorizar su participación en las partidas presupuestarias en organismos internacionales. Pensar que el altruismo y el compromiso con la ayuda al desarrollo y los Derechos Humanos estaban detrás de esas iniciativas sería poco menos que ingenuo. Que España sea hoy miembro no permanente del Consejo de Seguridad no es ninguna novedad. Ya accedió por periodos bianuales en 1969, 1981, 1993 y 2003. Especialmente interesante fue su contribución en 1994. La creación del Tribunal Penal Internacional para juzgar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en Ruanda que arrebataron la vida de más de 800.000 tutsi y hutus moderados, le ofreció la oportunidad de demostrar su altruismo, diciendo sí a Estatuto que lo regulaba. Durante varios años, España también fue uno de los mayores financiadores del tribunal a través del fondo fiduciario que tanto nutrió a la clínica de apoyo psicológico a las víctimas de dichos crímenes. El compromiso internacional de España en la lucha contra la impunidad cerraba su círculo al complementar su sofisticado uso de la jurisdicción universal en contra de los dictadores latinoamericanos y la ratificación del Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional. Estos hitos que hicieron brillar la “marca España” fuera de nuestras fronteras, en una materia como la persecución de los crímenes mas graves contra la comunidad internacional, se transformaban en sombras dantescas cuando se trataba de los crímenes franquistas y la protección de las víctimas del dictador. El olvido y el silencio fueron y son las dos caras de la impunidad que, aceptada por la práctica totalidad de las fuerzas políticas, reina en nuestro país. En este contexto, no es extraño que a lo largo de los últimos dos años, España haya sido objeto de reiteradas denuncias de Naciones Unidas por su comportamiento con las víctimas del Franquismo, la impunidad reinante y la negativa a reaccionar frente a dichas injusticias. Las críticas vienen por partida triple: el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el informe del Relator Especial sobre promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, y, finalmente las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada. Numerosos expertos independientes de la ONU reiteran una y otra vez su preocupación y condena a España por hacer caso omiso de sus obligaciones internacionales. Frente a todos ellos, el Gobierno del Partido Popular, inasequible al desaliento, ha reducido drásticamente la protección de derechos como el de reunión o manifestación, ha aumentado la desigualdad y las barreras a la inmigración, ha radicalizado la vida política en el Estado o eliminado cualquier posibilidad de desarrollo de la ley de memoria histórica y de justicia para las víctimas del franquismo, además de haber finiquitado, de hecho, el principio de jurisdicción universal. El presidente del Gobierno español, ha presidido recientemente el Consejo de Seguridad y, ante dicho organismo, ha impulsado la resolución sobre Mujeres, Paz y Seguridad con vistas a reforzar la protección de la mujer en los conflictos armados y potenciar su papel en la prevención y resolución de conflictos; ha abogado por reforzar y defender a las víctimas del terrorismo, pero, lamentablemente, una vez más, Mariano Rajoy, ha olvidado que en España no solo lo son aquellas que padecieron la crueldad del terrorismo, sino también las otras que sufrieron la acción reiterada en su contra del régimen por el simple hecho de discrepar de la doctrina oficial impuesta por el dictador, y a los que se les ha negado hasta el día de hoy su derecho a la verdad, la justicia , la reparación y las garantías de no repetición. Si esto es así como lo es, ¿Qué credibilidad puede tener un país como España que mantiene una actitud contradictoria entre lo que defiende en el exterior y lo que aplica en su territorio? Este aniversario de la ONU, nos invita a analizar el pasado y a reflexionar sobre nuestra obsesión de parecer lo que no somos: valedores de derechos humanos en África y quebrantadores de nuestras normas más esenciales en España. Debemos cumplir antes de dar lecciones a otros sobre cómo hay que hacerlo. (Baltasar Garzón, 26/10/2015)


18 julio:
Un intento de asesinato llevó a Franco a gritar “Socorro, auxilio, pistoleros”, al ver que intentaban entrar por la fuerza en su habitación de la Comandancia Militar de Canarias, hoy Capitanía General, sita en la plaza Weyler. Llevaba pocos meses en la capital tinerfeña -había llegado a Tenerife el viernes 13 de marzo de 1936-, Franco sabía que iba a ser el objetivo de un atentado, así que tomaba grandes precauciones. Entre ellas, dormir con las puertas y ventanas totalmnete cerradas. El libro Crónica de Vencidos, del investigador Ricardo García Luis, recoge varios testimonios sobre ese intento de atentado a Franco la noche del 14 de julio de 1936 en Santa Cruz de Tenerife. Una de esas testificaciones es de Antonio Tejera Alonso, conocido como Antoñé. Según afirma el autor, este tinerfeño fue uno de los tres anarquistas que quisieron matar a Franco aquella calurosa noche, de hace 81 años. No estaban solos. Tenían ayuda dentro y fuera de la organización. Una de las colaboradoras imprescindibles para que su plan saliera bien era María Culi Palou, una catalana de 42 años y residente en Santa Cruz de Tenerife. Era la propietaria del restaurante Odeón, pero también regentaba una cantina de soldados situada en uno de los laterales de Capitanía General. Esta mujer, conocida como Maruca, pasó muchos años en prisión acusada de ayudar a la resistencia que luchaba contra la dictadura. En su ficha consta como agente de enlace de elementos extremistas, informa Ricardo García Luis, y fue juzgada y condenada el 11 de enero de 1937 junto a 60 personas más. El teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, en su libro Mi vida junto a Franco, también escribe sobre este hecho. “Entrado el mes de julio, ante la insistencia de la información anónima que recibía, en la que se decía que los planes para asesinar a Franco seguían preparándose, decidí reforzar la guardia de Capitanía y aumentar la escolta personal de oficiales (…) Un atardecer, varios soldados que estaban de servicio notaron que alguien se movía y resguardaba por los árboles que estaban junto a la tapia del edificio. Dispararon rápidamente haciendo huir a varios individuos. Eran tres y se internaron por calles recién abiertas que había en aquel sector”. Días después del frustado plan para matarle, el 18 de julio de 1936, Franco dio el golpe de Estado que dio inicio a la guerra civil española. El investigador Pedro Medina Sanabria nos relata el 18 de julio de 1936: Con los primeros rayos del sol el 18 de julio de 1936, el Comandante Alfonso Moreno Ureña ocupó el Gobierno Civil de Santa Cruz Tenerife, con las tropas de infantería bajo su mando, a las que se sumaron las fuerzas encargadas de la custodia y defensa del propio Gobierno Civil, que no presentaron resistencia alguna. El edificio del Gobierno Civil era el del antiguo Palacio de Carta, ubicado en la Plaza de la República, anteriormente conocida como Plaza de la Constitución, que es hoy Plaza de La Candelaria número nueve. Versión del 18 de julio de 1936 del periodista Víctor Zurita Soler (31/07/1891 – 24/01/1974), fundador de “La Tarde”, periódico vespertino tinerfeño durante 55 años, (1927 a 1982), publicó en 1937 el libro «En Tenerife planeó Franco el movimiento nacionalista» subtitulado «Anécdotas y escenas de la estancia del Generalísimo en Canarias y su salida para Tetuán». Reportajes con los que el periódico “La Tarde” alcanzó tiradas inusitadas para su época, escritos en un lenguaje considerado muy periodístico y hasta coloquial, recogiendo diversos testimonios, entre los que destacaban los que Víctor Zurita Soler recibió directamente del Coronel Jefe del Estado Mayor de Franco en Tenerife, Teódulo González Peral. Puedo asegurar que en Tenerife se pudo declarar el estado de guerra desde la una de la noche, en que tuvimos conocimiento del movimiento militar en Marruecos. Desde aquí comunicamos al General Franco la noticia del Alzamiento en África, y si se retrasó la hora fue únicamente por esperar que simultáneamente se hiciera en Las Palmas. Puedo añadir también que teníamos instrucciones concretas de hacer aquí la declaración del estado de guerra dadas por el general Franco en persona, tan pronto como quedásemos incomunicados con él o que ocurriese algo en la ciudad o en la isla, que así lo reclamase. El señor González Peral añade: «A la una [del 18 de julio de 1936] y hallándose reunidos en su despacho, el comandante militar señor [José] Cáceres [Sánchez]; el auditor, señor [José] Samsó [Henríquez] y los principales jefes de cuerpo, se recibió un radio urgente de Melilla, que notificaba el levantamiento de las fuerzas de África, noticia que ya esperábamos. Seguidamente llamé por teléfono al comandante de Estado Mayor de Las Palmas, para que se pusiese al habla con el general Franco indicándole lo que ocurría y encareciéndole la urgencia del caso. Como pasó tiempo y no tenía noticias de la isla vecina, me decidí a llamar por el teléfono directamente al hotel en que se hospedada el general. Eran las dos y quince dela madrugada. Franco descansaba. Como jefe de E.M. que aún era, del que luego había de ser el Generalísimo, le llamé dada la urgencia del caso. Acudió al teléfono y le leí el texto del despacho, diciéndome entonces el general que adoptaría todas las disposiciones pertinentes para la incorporación de Gran Canaria al Movimiento Nacional y que partiría urgentemente para Gando, con el objeto de tomar el avión que estaba preparado para llevarle a Marruecos. La Fuerza cerca el Gobierno Civil.- En cuanto a lo que a Tenerife se refería, dije al general que estaba todo dispuesto y que podía declararse el estado de guerra; pero que podía atrasarlo hasta las 5 de la madrugada, ni un minuto más. Esa noche se habían celebrado reuniones y cabildeos en el Gobierno Civil y el gobernador en persona había sido llamado a una conferencia cablegráfica que se celebró desde la Central de Telégrafos, y en ella parece que los elementos del Gobierno le indicaron que existían rumores de un levantamiento militar, a lo que el gobernador civil respondió que por lo que afectaba a Canarias estaban todas las precauciones tomadas. Esta noche pernoctó en la Comandancia Militaruna compañía de Infantería. Se reforzaron las vigilancias en los cuarteles; se dieron órdenes para que toda la oficialidad se concentrara en los mismos y se adoptaron cuantas disposiciones eran oportunas en tan grave caso. Algunos jefes vinieron a la Comandancia a preguntarme si sucedía algo anormal, y me vi precisado a ocultar a todos la verdad, que por mi mismo no tardarían en conocer, diciéndoles entonces, para salir del paso, de que teníamos noticia de que se intentaba realizar un asalto a los cuarteles. Naturalmente, no todos salieron muy convencidos de mis palabras. Más tarde, de acuerdo con el coronel [José] Cáceres [Sánchez], di órdenes de que a las cinco de la madrugada se tomasen los puntos estratégicos de la ciudad, se declarase el Estado de Guerra y se tomara el Gobierno Civil, costara lo que costara. A las cinco en punto las tropas salían de los cuarteles y entraban en la Plaza de la Constitución por las calles de Cruz Verde, Candelaria y Avenida Marítima, cercando el edificio por sus dos fachadas. Así se hizo sin que ocurriera el menor incidente. El director dela Compañía Telefónica Nacional señor Mestres recibió al anochecer del día 17, varias llamadas radiotelefónicas urgentes de Madrid, preguntándole si en Canarias ocurría algo. El señor Mestres – sigue hablando el coronel de Estado Mayor me visitó para trasladarme la pregunta que desde Madrid se le hacía. Le contesté que en Canarias no ocurría absolutamente nada, como así era, en efecto, pues nada había pasado hasta aquel momento, pero esta pregunta nos puso en guardia y ya nos pusimos constantemente a la escucha. A continuación nos habla el señor González Peral de un asunto singularmente doloroso. Así nos lo manifiesta al comenzar a referírnoslo y esa congoja se advierte al mirar el semblante del prestigioso jefe militar que nos facilita estos datos, o quizás tan solo al notar su voz velada por un dejo de pesar. El gobernador civil, condenado por un Consejo de Guerra, y después fusilado, pudo haber salvado la vida. Cuando el general Franco estaba amenazado de muerte en Tenerife, fui -dice el coronel – a visitar al ahora fallecido señor Vázquez Moro para exigirle más que rogarle que estableciera una estrecha vigilancia que evitara se consumase el atentado preparado contra el comandante militar del Archipiélago. El gobernador se ofreció gustoso a complacerme y dispuso que dos agentes del Cuerpo de Vigilancia acompañasen discretamente al general y lo custodiaran El servicio, sin embargo, resultaba incompleto pues no se puso a disposición de esos policías un coche para que pudieran seguir de cerca al general, ya que éste viajaba siempre en automóvil. De todas maneras agradecí al señor [Manuel] Vázquez Moro su solicitud y le dije: Como van las cosas, no es difícil que en tiempo no lejano necesite usted, – para salvarse del extremismo revolucionario, de la ayuda del elemento militar, y para cuando llegue ese momento le prometo mi ayuda. Al estallar el movimiento nacional y una vez detenido en sus habitaciones del Gobierno civil el que hasta entonces había sido gobernador, envié a dicho edificio a un oficial de mi confianza para que se entrevistara con él y le dijera que me ratificaba en el anterior ofrecimiento. Nada podía temer, pues yo estaba dispuesto – y el general Franco hubiese aprobado mi resolución -, a hacerle salir de España fijando el ex gobernador de antemano el lugar del extranjero donde quisiera residir. Mas lo triste fue que el señor Vázquez Moro quebrantó después su promesa de no abandonar sus habitaciones particulares del edificio del Gobierno y que cometió la imprudencia, de llegar hasta el salón de actos y asomarse al balcón principal dando lugar con su actitud a una sublevación que tuvo graves consecuencias y las pudo haber tenido mucho peores. Aquello me relevó del compromiso moral contraído. Más tarde se le sometió a sumario y bien conocido es el resultado. El coronel reconcentró su pensamiento durante unos instantes y al fin repuso: El gobernador era buena persona; pero no tuvo buenos consejeros. No cabe duda que éstos provocaron y precipitaron su ruina. El sábado, día 18, a las seis de la tarde, se desarrolló una colisión sangrienta entre las fuerzas del Ejército que se encontraba guarneciendo el edificio del Gobierno Civil y una fracción compuesta de doce guardias de la Sección de Asalto de esta capital, al mando de un teniente, los que se situaron en algunas casas y azoteas de la Plaza de la Constitución y desde ellas hicieron fuego contra los soldados de Infantería situados frente al referido edificio del Gobierno Civil. Dicha fuerza de Asalto se había sumado en un principio al Movimiento Nacional iniciado por la guarnición de Canarias, mas cambió de parecer seguramente al ser objeto de coacciones e influencias exteriores. En la refriega, que no tomó mayores caracteres gracias a la prontitud y valor empleados por la fuerza, resultó muerto un agente de Asalto y otro herido. Después de anochecido salió de la Comandancia Militar el capitán de Estado Mayor don Francisco Rodríguez [Martínez], al mando de unos pocos soldados, que lograron desarmar y capturar a los guardias rebeldes, terminando así el sangriento y lamentable episodio del día 18. Para Pedro Medina Sanabria: “Hasta aquí la versión de Víctor Zurita Soler, otro falsario escribidor, quien debe quedar como falaz y mentiroso en la Historia de Canarias, tras haber contrastado sus cuentos con los documentos aflorados recientemente. Y no ha sido el único”. (lalagunaahora.com)


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