Malvasía hacia Inglaterra:
[Conflicto de Tenerife con comerciantes británicos (s.XVIII)] Con la mentada decisión es probable que el general intentara rebajar la tensión y capear el temporal que presagiaba. En la magna reunión del día 6 de agosto se da lectura a numerosas cartas vecinales y de instituciones: convento de La Orotava, alcalde y vecinos de Buenavista, convento de Los Silos, convento de S.Pedro y S.Cristóbal de Garachico, convento de Icod, convento de S.Francisco de Los Realejos, convento de Ntra.Sra. Los Angeles de Garachico, vecinos de Los Silos, teniente y vecinos de La Orotava, convento de S.Agustín de La Orotava, convento de S.Diego de Garachico, vecinos del Puerto de la Cruz. Es decir, que las fuerzas vivas de las principales áreas vitícolas de la isla -se reparará en la implicación del clero desde los primeros momentos- se pronunciaban sobre un problema que a todos afectaba.

Los asistentes convienen en efectuar estas peticiones: 1) que se ejecute sin dilación la expulsión -convertida esta cuestión en una reivindicación innegociable y ejemplificadora-, dando breve plazo para que ajustasen sus cuentas los cinco mercaderes y otorgasen poderes; 2) se apodera en la Corte a D. Francisco Bauptista Lugo del Castillo; 3) como es posible que se comercie con la Compañía a través de terceras personas, hasta que se disolviese ésta toda persona que pretendiese sacar malvasía debía dar fianza abonada de presentar certificación a su vuelta de que no se había conducido el vino a Inglaterra: 4) que se informe por carta al embajador español en Londres, decisión esta que muestra por un lado la audacia en no restringirse al cauce normal y la clara percepción de la magnitud de la situación y de la premura que urgía en resolverla; 5) que los representantes de los lugares pidan voluntariamente hasta 4.000 pesos para los gastos de la gestión; 6) que se den las gracias al Capitán General por su solicitud y ejecutar lo propuesto por el Cabildo.

Se entraba en una situación de expectativa y alerta, en la que iban a ser observados con lupa los navíos que transportasen malvasía e incluso los que viniesen de Inglaterra con mercaderías de parte de los factores de la Compañía. Los vecinos se convencerán en los próximos meses de que en realidad los tentáculos de aquélla iban más allá de unos pocos dirigentes. El 25 de agosto se lee una carta de D.Sebastián Prieto y de D.Juan Francisco Interián sobre un barco llegado a Garachico, El naranjero, que pertenecía a la Compañía. también se había dirigido el navío al Puerto de la Cruz, según carta de D.Francisco de Molina y Lugo. Se sabía que era de la Compañía porque el nombre del barco y la carga coincidían con los datos que figuraban en la carta remitida por el monopolio a sus partícipes. Aunque por mayoría se quería remitir el asunto al Capitán General, el corregidor ordena convocar cabildo general. El navío venía consignado a Juan Smith, a quien los regidores no consideraban involucrado en la Compañía. Carreño, por su parte, legalista acérrimo, suplicaba al Capitán General admitiese el barco, en conformidad con la R.C. de II-X-60, que preveía graves penas para los vasallos que impidiesen el comercio a los ingleses. Pero esta vez no se hallaba solo el regidor decano, apoyando su propuesta once regidores, basados en que existían diferencias entre las características del navío que se nombraba en las cartas y este otro, a pesar de que el maestre reconoció ser de la Compañía. El corregidor se conforma, pues entiende que el barco no pertenecía al monopolio.

De todos modos, en los meses siguientes se reduce la relación comercial con los países del norte europeo ante las alarmantes noticias sobre la epidemia de peste en ese área, afectando particularmente desde fines de septiembre al tráfico con Inglaterra y Holanda las habituales medidas concejiles de prevención. El 9 de diciembre se da otra vuelta de tuerca a los requisitos para el comercio de malvasía, exigiéndose que las fianzas previstas se elevasen a 4.000 ducs. pero continúa la falta de conformidad entre los regidores sobre la estrategia a adoptar, decidiendo el corregidor que la carga fuese libre con las calidades propuestas por Valcárcel e Interián: esto es, que los barcos con malvasía deberían presentar fianza de que no venderían a la Compañía y aportar certificado del embajador Molina en un año, bajo pena de 4.000 ducs., y en caso de dirigirse la carga a otros países exhibirían certificación del lugar de desembarco. El Cabildo controla a los barcos que extraen malvasía de la isla, pues la aprobación de la fianza debía otorgarla la corporación, que posiblemente seguía confiando en el buen hacer de Diego Thomas, mientras Carreño sigue insistiendo en que el Cabildo carece de atribuciones para tal cometido. (José Miguel Rodríguez Yanes)

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