La reforma de las pensiones:
Pregunta. ¿La reforma tenía que pasar por recortar derechos a los futuros pensionistas?
Respuesta. La reforma no recorta derechos. No afectará significativamente a la pensión media, sino que afectará al hecho de que las personas en el futuro trabajarán más tiempo. La gente no tendrá un periodo de percepción de la pensión más reducido porque vivirá más. La reforma producirá más ingresos y reducirá gastos.
P. Aumentar el periodo de cómputo de 15 a 25 años supone rebajar las pensiones.
R. Por supuesto. Pero a su vez genera estímulos [para contribuir al sistema], sabiendo que cada vez se tendrá en cuenta más periodo de tiempo cotizado.
Cifras concretas:
P. En la reforma hay excepciones a su objetivo de retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años. ¿Teme que Bruselas rechace el proyecto?
R. No. Es una reforma visible, evaluable y ambiciosa. Es la reforma más importante de los sistemas de protección que se hará nunca en España. Y muy pocas se han hecho con este grado de consenso social y político.
P. ¿Bastará para calmar a los mercados?
R. Influirá positivamente. Tenemos que financiarnos en el exterior, Estado y empresas. Si hacemos reformas que estabilicen el gasto público a medio y largo plazo, tendremos más capacidad de financiación exterior.
¿Es una medida progresista?:
La dificultad del pacto:
Impopularidad y próximas elecciones:
Reforma de las pensiones. Jóvenes y mujeres:
No se trata aquí de obviar la gravedad de los efectos de la reforma sobre el conjunto de la clase trabajadora –que sin duda serán severos–, sino más bien de visibilizar que algunas de las desigualdades sociales actualmente existentes se verán profundizadas. ¿Quién será capaz en 2040 de demostrar entre 37 y 38,5 años de cotización a tiempo completo y obtener una pensión digna a las edades de entre 65 y 67 años como resultado de haber computado los últimos 25 años de su vida laboral formal y remunerada? Ni los jóvenes que sufrimos en carne propia la irreversible precarización del mercado de trabajo, ni las mujeres que vemos nuestras vidas laborales constantemente interrumpidas y diezmadas por nuestras múltiples e impuestas obligaciones de cuidado, ni las personas de origen inmigrante que inundan el saco sin fondo de la economía sumergida. Y no estaremos solos, ya que el modelo de vida laboral estable, registrada, ininterrumpida y en constante promoción en la que parece basarse la reforma de las pensiones constituye cada vez menos una realidad del presente y deviene a ritmos acelerados un recuerdo nostálgico de antaño o privilegio de una minoría.
(Sandra Ezquerra para Público)
Pensiones públicas dignas y seguras:
Reforma de las pensiones: Pensionazo:
Y no pararon hasta que lo consiguieron: de golpe nos encontramos con que no nos podremos jubilar, de manera genérica, antes de los 67 años; que sólo lo podremos hacer a los 65 si ya hubiésemos cotizado durante 38 años y medio y que el recorte en bruto de las pensiones puede situarse entre un 10% y un 20% al final del proceso. Se trata de un nueva andanada al Estado de bienestar, profundamente injusta, mientras la Seguridad Social anuncia un superávit de 4.000 millones en 2010 y de 4.579 en 2011 y que el Fondo de Reserva terminó el año con 64.300 millones.
Justificación con razones demográficas:
Un dirigente como Toxo, de CCOO, que recoge en sus estatutos que ideológicamente “se orienta hacia la supresión de la sociedad capitalista y la consecución de una sociedad socialista democrática” firma después, junto con Méndez, un artículo en el que afirman que “nuestro objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema y la cohesión social” y vaya que lo han conseguido. No sabemos si por la desgraciada debilidad de estos dos sindicatos mayoritarios o por la ampliación de los plazos de supervivencia de las nucleares, como se filtró en un momento de la negociación, o por los 27 millones de euros que les concedió el Gobierno durante la componenda para planes de formación, como adelantó Expansión, lo cierto es que se plegaron y nos vendieron un “gran pacto social” -extraordinario, pues consiguió rebajar la propuesta del Gobierno para jubilarse a los 65 años con 38,5 de cotización en vez de los 39 que defendía el ejecutivo- que requirió alfombra roja y la sala de la firma de los Pactos de la Moncloa. Y hasta recibieron a la canciller alemana, apoyando a Zapatero, cuando vino días atrás a España a pasar revista a sus súbditos del sur. Un alivio, una legitimación para el PSOE, el PP y la patronal, con la complicidad de los sindicatos, a costa de los trabajadores, que califican de paz social sin ningún tipo de pudor.
Intereses de entidades financieras:
Y no se cansan. El otro día el secretario de Estado del Tesoro de EE.UU. nos decía que “no creo que España pueda decir que basta con lo que ha hecho, Zapatero aun tiene trecho para lograr credibilidad”. También el Secretario de Estado de Hacienda español nos lanzó el globo sonda de que tenemos que ir pensando en el copago sanitario. Y suma y sigue. Pero claro, se olvidan de poner en marcha una profunda reforma fiscal -incluso para mantener las pensiones-, incentivar la lucha contra el fraude, eliminar los paraísos fiscales, grabar las operaciones financieras, controlar a los especuladores… Pero es que entonces ya no habría “paz social”.
(Antonio Morales)
Entrevista a Valeriano Gómez:
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, apenas ha dormido. Es viernes por la tarde y han pasado pocas horas desde que sindicatos y Gobierno cerraran el pacto para reformar el sistema de pensiones. El acuerdo llegó a las cinco de la madrugada y pocas horas después empezó el Consejo de Ministros. Por la tarde de ese mismo viernes, Gómez volvió a verse con los líderes sindicales y patronales para cerrar el pacto social. Deja el encuentro durante apenas media hora para atender a las preguntas de EL PAÍS, para defender una reforma que, admite, supondrá una rebaja de las pensiones futuras.
P. ¿Cuánto se rebajará la pensión media?
R. No es fácil estimarlo. En el 85 teníamos dos años de periodo de cómputo, después se elevó a los últimos ocho de la vida laboral y luego a 15. Ahora lo hacemos a los 25 años. Esas reformas han hecho que la pensión media se eleve. Lo mismo pasará ahora. A pesar del incremento del periodo de cómputo, viviremos una mejora sostenida de la pensión media.
P. En torno a un 50% de quien se jubila ha cotizado por 38,5 años. Pocos jóvenes llegarán a esos años. ¿De verdad es tan flexible la reforma?
R. Por supuesto. La incorporación al trabajo para tener derecho a la pensión completa con 65 años tendría que ser a los 26,5 años. Y si te retiras a los 67, porque vivirás más, tendrías que incorporarte a los 30. Es razonable.
P. ¿Podrán los jóvenes de ahora alcanzar estos requisitos con un paro juvenil del 40%?
R. Si hay volumen de jóvenes con un periodo de empleo de dos o tres años, incluso en un periodo de 10, pero logran progresivamente insertarse en el mundo del trabajo desde los 30 años, se puede esperar que tengan una razonable carrera de cotización.
P. ¿Conseguirán ahorrar el 4% del PIB en 2040 comprometido ante Bruselas?
R. Está por ver, pero la intención es situarlo en un nivel no muy distinto del que entonces tengan países como Alemania y Francia. En el entorno del 12,5%.
P. ¿Y eso supone un ahorro del 4% del PIB?
R. No. Quizá sea algo menos.
P. ¿Cuánto? ¿El 3% o el 3,5%?
R. No. Yo lo hago al revés, el 12,5% de gasto en pensiones en 2040 es cuatro puntos más de lo que tenemos ahora.
P. ¿Pagan de nuevo la crisis los más débiles? Esta misma semana el Gobierno pone más ayudas sobre la mesa para la banca.
R. La mejor forma de proteger a los débiles es asegurar que dentro de 20 años tendrán un sistema de protección social para hacer frente al gasto en pensiones. Las pensiones benefician sobre todo a quienes no tienen otras fuentes de renta en la jubilación.
P. Los sindicatos dicen que han cambiado la reforma del Gobierno; ustedes que han conseguido retrasar la edad legal de jubilación. ¿Ganan las dos partes?
R. Es la ventaja del acuerdo. Ganan todos. Un buen pacto maximiza las ganancias y genera sinergias tales que todos ganan en su papel y su función social.
P. Pero usted admite que no se logrará el ahorro que preveían.
R. Sí, pero nuestro objetivo es no separarnos del nivel que tengan Francia o Alemania en 2040. Ahora estamos por debajo, pero tendremos una exigencia demográfica mayor. Hay que ser ambiciosos. Lo que hemos dicho es que si hay un marco de flexibilidad para hacer la reforma, busquémoslo, pero no a costa de hacer inviable el sistema dentro de unos años. Preferimos que la reforma sea pactada, que sea socialmente útil, con un fuerte respaldo político y social, a hacer reformas ambiciosas en el gasto, que pueden ser incomprendidas y que no tienen un fuerte respaldo en el conjunto de la sociedad.
P. En menos de 100 días desde que es ministro ha logrado un pacto en pensiones, ¿por qué no se ha podido lograr nada parecido en lo que va de legislatura?
R. En 2008, cuando empieza la crisis, hay una adaptación insuficiente de sindicatos, Gobierno y patronal. También hubo un problema no poco relevante: la crisis de la patronal. No es casualidad que el acuerdo se haya logrado inmediatamente tras la profunda renovación en la dirección de la CEOE. Su papel ha sido decisivo.
P. Entonces la responsabilidad de los reiterados fracasos, ¿respondía a la patronal?
R. Es imputable a todos.
P. ¿También a su predecesor?
R. No. El Gobierno reiteró en dos procesos su voluntad de diálogo. No se puede concluir que el fracaso se deba a una parte.
P. Han logrado un pacto cuando parecía imposible. ¿Es un punto de inflexión en las expectativas electorales del PSOE?
R. El acuerdo da aliento al proyecto socialista en la última parte de la legislatura. Infunde ilusión en la sociedad por lo que está haciendo un Gobierno que tiene que afrontar la peor crisis de nuestra economía en el último siglo.
P. Los barones habían pedido a Zapatero que lograra un pacto antes de las elecciones de mayo, ¿calma esto las aguas en el PSOE?
R. Las aguas no estaban especialmente revueltas. Es verdad que tenemos dificultades económicas y el Gobierno ha asumido un paquete de reformas necesario con independencia de su influjo en el resultado electoral.
P. Zapatero fue el protagonista del cierre del acuerdo, ¿le da bazas para su resurrección como candidato en 2012?
R. Es tradicional que estos acuerdos tan trascendentes los concluya el presidente. Claro que le confiere más valor al Gobierno.
P. ¿Le refuerza como candidato en 2012?
R. Esa decisión la debe tomar él. Si su decisión es continuar, lo que estamos viendo es la plasmación de una agenda de responsabilidad directamente impulsada y coordinada por él. Y esto tendrá efectos si decide continuar.
(El País, 30/01/11)
Rostros ocultos de las pensiones:
Las exigencias por parte de CCOO y UGT de retrasar los plazos para culminar la reforma de las pensiones e implementar de forma gradual los cambios acordados no hacen más que posponer el golpe de dicha reforma y focalizarlo en las crecientes filas de trabajadores precarios en el Estado español. A diferencia de lo que pueda parecer, la reforma de las pensiones no atañe únicamente, ni de forma particularmente severa, a aquellos trabajadores en la recta final de sus vidas laborales. Quienes cataremos sus primeros latigazos nos encontramos aún lejos de la edad de jubilación y seremos sus principales víctimas, no sólo como resultado de su implementación progresiva sino también por los cambios acaecidos en el mercado laboral español durante las últimas décadas. Somos aquellos que nos incorporamos al mercado laboral más tarde que nuestros padres quienes sufriremos los efectos de la incapacidad de cotizar los 38,5 años requeridos para cobrar el 100% de la pensión al cumplir los 65. Somos aquellos que hemos presenciado impávidos la precarización del mercado laboral durante las últimas décadas, los mismos que nos vemos obligados a trabajar durante cada vez más años en negro, con becas, jornadas parciales y contratos basura, a los que no nos saldrán las cuentas tras la ampliación a 25 años del período de cómputo de las cotizaciones. Somos los mismos que, cuando cumplamos los 66, no nos habremos jubilado aún, no sólo porque no nos tocará todavía por ley sino, sobre todo, porque nos faltarán varios años aún de cotización para poder obtener una pensión garante de una vejez digna.
Desigualdades de género:
A los impactos generacionales de la reforma de las pensiones se suman los de otras desigualdades laborales y sociales como las de género y origen nacional. Estas explican la presencia aún periférica de las mujeres en el mercado de trabajo y nos colocan en una posición particularmente endeble ante el endurecimiento de requisitos introducido por la reforma. A finales de 2010, casi el 56% de los trabajadores ocupados en el mercado de empleo formal eran hombres, frente a un 44% de mujeres. Las tasas de ocupación femenina disminuían en los tramos de edad reproductiva, donde a su vez aumentaba el número de mujeres trabajando a tiempo parcial para poder conciliar así su empleo con el cuidado de su hogar y familiares. Asimismo, las mujeres constituíamos menos de un 40% del total de trabajadores remunerados a tiempo completo y más de un 77% de los ocupados a tiempo parcial. Entre estos últimos, las mujeres sumábamos el 97% de trabajadores a media jornada fruto de la obligación de cuidar a niños o familiares adultos y el 94,17% de los que no accedían a un empleo a jornada completa como resultado de otras responsabilidades familiares. En el primer grupo teníamos una presencia desproporcionada las mujeres de entre 25 y 44 años y en el segundo las mujeres de 35 años y mayores. De poco servirá el reconocimiento de nueve meses de cotización por cada permiso de maternidad solicitado –con un límite de dos años en total–, ya que, por un lado, dicho reconocimiento únicamente entrará en vigor en aquellos casos en que la trabajadora haya conseguido cotizar más de 35 años y, por el otro, cabe recordar que los perniciosos efectos económicos y laborales de los malabarismos en pos de la conciliación azotan a las mujeres durante toda nuestra vida, y no sólo cuando decidimos ser madres. Sin ir más lejos, las mujeres solicitamos el 85% de las excedencias para cuidar a familiares adultos.
El ahondamiento del principio contributivo del sistema de pensiones, que prioriza largas carreras laborales formales por encima de la edad biológica, perpetuará la vulnerabilidad social de todos aquellos y aquellas que ocupamos una presencia secundaria en el mercado de trabajo, sea esta en forma de jornadas parciales, trayectorias laborales discontinuas o una alta concentración en la economía informal. Si a ello se le añade que el salario medio femenino constituye todavía el 78% del masculino, que las tasas de paro entre las mujeres de origen inmigrante y las jóvenes son del 29% y el 61% respectivamente y que el salario medio de las primeras suma sólo el 50% del de los hombres autóctonos, mientras que el de las segundas roza el 37% de la población total, no resulta difícil elucidar quién pagará una parte importante de los recortes perpetrados.
El sistema de pensiones es clave para la población. Da cobertura a más de ocho millones de personas y los trabajadores confían en una prestación adecuada y suficiente cuando finalicen su vida laboral. Su tarea es ambiciosa y esencial, estabiliza los ciclos económicos y reequilibra desigualdades sociales, con mucha influencia en la calidad de vida de las personas.
El sistema público de pensiones ha mantenido hasta hace poco superávits anuales, acumulando un Fondo de Reserva elevado (66.814 millones de euros hasta mediados de 2012; el 6,5% del PIB). La crisis que ha destruido tres millones de ocupados ocupados desde 2008, tiene una influencia determinante en el deterioro de sus cuentas hasta incurrir en déficit (-4.400 millones de euros en 2012, y -2.131 millones de euros en 2013 con la previsión oficial).
En 2013 entra en vigor una amplia reforma, derivada del acuerdo alcanzado en 2011 por el Gobierno anterior con CCOO, UGT, CEOE y CEPyME y aprobado después por las Cortes Generales. Profundiza en la contributividad del sistema cambiando la fórmula de acceso y cálculo de las prestaciones, incorporando el criterio de carrera profesional completa con 38,5 años cotizados para determinar la edad ordinaria de jubilación de cada persona, entre 65 y 67 años, en vez de los 65 actuales y ello, aún siendo conscientes de que España tiene una de las edades reales de jubilación más altas de la Unión Europea (63,87). Al tiempo, reconoce periodos cotizados a colectivos hasta ahora penalizados en el mercado de trabajo (mujeres y jóvenes entre ellos).
La reforma prevé cambios en las aportaciones para reforzar los ingresos del sistema de pensiones y elimina distorsiones que afectaban a su equidad. Actúa sobre las distintas formas de acceso a la jubilación anticipada (voluntaria, involuntaria y parcial) combinando requisitos de acceso más rigurosos, con el reconocimiento de nuevos derechos inexistentes hasta hoy. El objetivo es reforzar el sistema de reparto, compatibilizando una mayor cobertura de pensiones con mejoras razonables en términos reales y moderación en el crecimiento del gasto en relación con el PIB, hasta alcanzar un porcentaje similar al de la zona euro, hoy superior al nuestro.
Con la posición financiera enunciada y sin comprobar los efectos de la reforma, se escuchan voces reclamando una reforma estructural del sistema para su sostenibilidad financiera. La experiencia acumulada en un sistema de larga duración desaconseja decisiones estructurales por razones coyunturales. Igual que se trasladaron a reservas los superávits conseguidos durante el ciclo económico, tampoco se deben recortar las prestaciones cuando disminuyen los ingresos por la destrucción de empleo, a la que han contribuido la dos últimas reformas laborales, que es preciso revertir. De no hacerlo, nuestro mayor problema no será como pagar las pensiones.
Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado discriminitaria la legislación española en cuanto al reconocimiento de periodos cotizados a la Seguridad Social en los contratos a tiempo parcial. El alcance de esta doctrina, que recoge posiciones defendidas por las organizaciones sindicales, tendrá importancia sobre nuestro sistema de pensiones.
La pensión de un trabajador es resultado del esfuerzo realizado durante su carrera profesional; la revalorización anual de su pensión le permite mantener el poder adquisitivo durante el tiempo de percepción. Cambiar la forma de actualización (IPC anual) podría reducir el coste, pero perjudicaría a todos los beneficiarios. El excesivo crecimiento de precios deteriora la renta de los más débiles y la capacidad de competir vía precio de los productos españoles. El objetivo principal de la política económica debe ser la estabilidad de precios, no perjudicar a los pensionistas. Muestra de esta preocupación es el AENC II suscrito por UGT, CCOO, CEOE y CEPyME en 2012 para conseguir una evolución más moderada de los precios gracias a la evolución de las rentas durante tres años (salarios y beneficios distribuidos, a lo que debe sumarse una actuación de los poderes públicos en el control de los precios públicos).
El sistema de pensiones debe cuidar un trato equitativo de las personas que cumplen las mismas condiciones, contribuye a la solidaridad, cohesión y justicia social sin descuidar la sostenibilidad y equidad del sistema; pero estos objetivos no avalan la desaparición de las distintas figuras de jubilación anticipada, que no atentan contra la viabilidad ni la equidad y, sin embargo, dan cobertura a colectivos muy desfavorecidos de trabajadores que han perdido su empleo y por su edad es casi imposible que consigan otro. El acercamiento de la edad real de jubilación a la de acceso ordinario puede ser un objetivo aparente, pero hoy la jubilación anticipada —con un coeficiente reductor exigente para quienes la utilizan (6,5%-7,5% por año de adelanto aplicable a la duración completa de la prestación— no cuestiona la sostenibilidad financiera, al no generar mayor coste. Los objetivos estéticos no refuerzan el sistema de pensiones.
El gasto en pensiones en relación con el PIB depende de tres grandes factores: número de prestaciones, cuantía media de la pensión y renta disponible a repartir. Cualquier sistema de pensiones debe ser objeto de continuo seguimiento y evaluación, pero finalmente también está influido por la incertidumbre que determina el nivel de empleo y la riqueza generada. La determinación de un factor de sostenibilidad, como se anuncia, es una decisión trascendente que, en su caso, debe ser acordada y no ligarse, sin más, a la esperanza de vida, es decir, al número de años de cobro de prestación. Debe analizar y añadir otras variables como la evolución de las bases de cotización de los trabajadores en activo, la evolución del PIB, etcétera.
A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de Europa, en España el factor de sostenibilidad ya existe, con éxito, desde 1995, y se articula alrededor del Diálogo Social, que ha producido cuatro acuerdos, dos de ellos de especial intensidad, y el Pacto de Toledo
Las cuotas sociales en relación con el PIB en España son inferiores en 2,5 puntos del PIB a la media de la zona euro. Hay margen de subida que puede ser utilizado en la cuota de contingencias comunes con una distribución en la que los trabajadores también participen en un porcentaje suficiente. La cuota del empleador forma parte de los costes laborales para la empresa, pero el conjunto de las cuotas sociales son renta de los asalariados percibida de forma diferida (las prestaciones).
Los ingresos por cuotas ayudan a medir la contributividad del sistema, pero pueden estar complementados por otras fórmulas de ingresos hasta completar el objetivo marcado como esfuerzo de la sociedad a las rentas de quienes aportaron su esfuerzo en generaciones anteriores (gasto en pensiones sobre PIB). CCOO y UGT han mostrado su compromiso con el sistema de Seguridad Social español, participando activamente en su diseño y evolución, con medidas concretas, valientes en muchos casos, que han necesitado de un intenso proceso de explicación entre los trabajadores.
Estas medidas adoptadas en el diálogo social, han reforzado el sistema y han estado insertas dentro del consenso articulado en el Pacto de Toledo. Único Pacto de Estado vivo en España que se cuestiona en estos tiempos. Es un error, necesitamos más consensos de estas características, no debilitar el existente. La sociedad española necesita dialogo y consenso para salir antes y mejor de la crisis. Cambios unilaterales y precipitados en el sistema de pensiones no ayudan a ello.
(Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, 26/12/2012)
Se ha dado un paso más. Primero la reforma laboral para trabajar más y ganar menos con un recorte extraordinario de derechos laborales y sociales, luego la eliminación de las cajas para ponerlas en manos de los bancos una vez saneadas con dinero público y ahora el recorte de las pensiones y el aumento de la edad de jubilación. De nuevo un ataque frontal a los más desprotegidos de la sociedad que serán los que sufran las consecuencias del acoso de los mercados y la debilidad de un Gobierno socialdemócrata, que ha sido avalado en esta ocasión por unos sindicatos oficialistas, debilitados y obligados a ceder ante la posibilidad de un nuevo fracaso como el de la última huelga general.
El proceso es siempre el mismo. No ha sido distinto en esta ocasión. Desde hace meses se viene trasladando a la sociedad, de manera calculada y con estrategias mediáticas de manipulación, para introducir el mensaje, sibilinamente, la necesidad de dar una vuelta más a la tuerca del recorte de los derechos de la ciudadanía. Así en los últimos meses hemos podido escuchar y leer como el inefable Fernández Ordóñez ya en septiembre pasado llamaba a no caer en la “fatiga reformista” y a que “cuanto antes” se realizaran cambios en las pensiones. Poco tiempo después nos llega el mensaje de que Bruselas presiona para retrasar la edad de jubilación; la OCDE pide reformas más radicales; Zapatero entra al trapo y apuesta por reformas profundas en las pensiones “por razones demográficas” con el argumento de que “la ausencia de reformas es peor que la falta de consenso” y, en los últimos días, Angela Merkel afirma que la futura ayuda alemana se supedita al retraso de la jubilación…
Vicenç Navarro ha insistido una y otra vez en que los sectores populares no deberían trabajar más para pagar las pensiones de sectores que les sobrevivirán dado que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos cuarenta años se ha concentrado en las rentas altas. Para este científico los años de vida saludable, sin enfermedades, después de los 65 años depende de la clase social. “Es injusto –afirma- que Emilio Botín, el banquero más rico de la UE, pague a la Seguridad Social un porcentaje mucho menor que un empleado de su banca. Como también es injusto que una persona trabajadora no cualificada (que vive diez años menos que un burgués), tenga ahora que trabajar dos años más para pagarle las pensiones al burgués (que le sobrevivirá diez años)”. Para el demógrafo y economista Juan Antonio Fernández Cordón, que sostiene la misma tesis que el profesor V. Navarro, el retraso de las pensiones es una medida injusta y engañosa porque afectará sobre todo a los trabajadores más pobres y porque sus efectos sobre las cuentas serán muy limitados y no mejorará el desempleo. También otro demógrafo, Julio Pérez Díaz, afirma que el déficit es potencial, como lo fue en 1995 y desmonta la tesis de que es la demografía la que hace peligrar las pensiones: “los españoles vivirán más, pero llegarán más inmigrantes y más mujeres trabajarán”. ¿Y qué sucederá con esta generación perdida que no encuentra trabajo y que difícilmente podrá alcanzar los 38,5 años de cotización que se exigirán para poder jubilarse a los 65 años?.
Debilidad de los sindicatos mayoritarios:
Y en medio de todo esto el papelón de CCOO y UGT, devenidos en cómplices necesarios, que no vienen a demostrarnos más que su poca fuerza y su incapacidad de liderazgo sobre los trabajadores de este país. Su posición en este asunto nos certifica una vez más su debilitamiento no sólo por la huelga fallida sino fundamentalmente por su entreguismo a los gobiernos de turno y por sus prácticas palaciegas que les han llevado a potenciar una casta funcionarial, enquistándose en la Administración pública y abriendo enormes diferencias entre los trabajadores. Y ahora lo han rematado. Se han prestado al juego y les va a salir el tiro por la culata.
Menos mal que en agosto del año pasado CCOO planteaba que era “ bastante infantil” el intento del Gobierno de convencerles de la bondad del recorte de las pensiones y de que Cándido Méndez , por las mismas fechas, hacía una llamada a otra huelga general por la “amenaza contra nuestras pensiones” y decía que creía más prioritario solucionar el tema energético. También el 18 de diciembre los secretarios generales de estos dos sindicatos alertaban de que el conflicto social se recrudecería si el Gobierno continuaba adelante con sus planes de elevar la edad de jubilación y el 18 de febrero pasado insistían en que esa propuesta era una “línea roja” y que Zapatero “tiene en sus manos evitar una huelga general”, ya que se trata de una medida injusta e innecesaria. Una ofrenda a los mercados”. Igualmente, la Confederación Europea de Sindicatos afirmó que “querer retrasar la edad de jubilación en el contexto actual es transferir el problema de la financiación de las pensiones al del desempleo”.
Quienes andan que no caben de gozo son los promotores de planes de pensiones privados, diseñados para que las élites paguen menos impuestos, con generosas exenciones fiscales, que se encontraban en una situación de precariedad -31 fondos americanos están a punto de quebrar y la mayoría han sufrido una caída espectacular en la Bolsa- y que presionaron desde todos lados para debilitar las pensiones públicas y por lo tanto recuperar mercado y calmar a los “mercados”. La banca tampoco pone objeciones, no se olviden que se van a quedar con las cajas de ahorros, que están en el proceso de prejubilar a 17.000 empleados de 55 años, con el dinero de todos nosotros, por lo que las recibirán sin esa pesada carga.