Lo que pone en peligro las pensiones:
El recorte de las pensiones:
Envejecimiento demográfico:
Recortes de gasto público social:
Reforma de las pensiones:
Evolución cotizantes-jubilados:
Tendencia a la baja:
Sostenimiento:
Cuidado de ancianos:
Sostenibilidad y calidad de empleo:
Tendencia EU:
Privadas:
Campañas plan jubilación:
Engaño:
Longevos:
Quieren que nos alegremos de que hayan rebajado las pensiones y anunciado que en el futuro cada cinco años se revisarán (es decir, se volverán a bajar) en función de cómo se modifique la esperanza de vida. Sobre el discurso de las pensiones se ha venido acumulando todo tipo de falacias. No es la esperanza de vida, ni la pirámide de población, la variable estratégica a la hora de enjuiciar la sostenibilidad del sistema, sino la renta per cápita. Si esta se incrementa, como es previsible –en los últimos 30 años se ha duplicado–, no hay ninguna razón para que un colectivo, los jubilados, cercano al nivel de pobreza (el 77 % no llega a los mil euros mensuales), no pueda seguir teniendo la misma renta, e incluso mayor, incrementándose en la misma proporción que la renta per cápita. El error está en aceptar que las pensiones tengan que financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales y que la Seguridad Social sea algo distinto del Estado cuando es este, en función de su carácter social, el que tiene la obligación de mantener las pensiones con todos sus ingresos.
Lo que pone en peligro el sistema público de pensiones es una mentalidad que denigra los impuestos, que destruye su progresividad, que reduce los gravámenes sobre las rentas de capital y que permite la elusión fiscal de las grandes fortunas y de las empresas. No deja de ser curioso que en un acuerdo que pretende compararse con los Pactos de la Moncloa no se haya escrito una sola línea sobre impuestos. Bueno, sí, para reducir las cotizaciones sociales bajo el eufemismo de las políticas activas de empleo.
Lo único que implica el aumento de la esperanza de vida es que, tal como Galbraith afirmó hace ya bastantes años, se precisará una redistribución de los bienes a consumir a favor de los bienes públicos y en contra de los privados. Es decir, que será necesario que se destine progresivamente una parte mayor del PIB a pensiones, a Sanidad y a gastos derivados de las situaciones de dependencia. Pero nuestro país tiene un amplio margen para ello. Dedicamos a las pensiones un 9% del PIB, mientras la media de la eurozona se sitúa en el 12%; Francia, en el 13,3%; Italia, en el 14,6%; Alemania, en el 12,4%; Austria, en el 13,8% e incluso Polonia y Portugal dedican un porcentaje mayor que el nuestro (11,6% y 13,1% respectivamente). Como se ve, nuestro sistema es altamente generoso y no puede mantenerse.
(Juan Francisco Martín Seco en Público)
El acuerdo económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones firmado por el Gobierno, las dos principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y la renovada patronal CEOE el 2 de febrero fue recibido con general satisfacción –salvo por quienes anteponen su deseo de aislar a Rodríguez Zapatero y obligarle a convocar elecciones anticipadas a cualquier otra consideración–, por la sencilla razón de que el escenario alternativo pasaba por la promulgación de un decreto que el Congreso habría aprobado por la mínima, mientras el Partido Popular denunciaba el nuevo recorte de “derechos” de los más desfavorecidos y las sindicales iniciaban una nueva campaña de movilizaciones que sólo habrían servido para reforzar la desconfianza en el futuro de nuestra economía.
Aunque la sostenibilidad de las pensiones no sea el más acuciante de nuestros problemas, convenía empezar a dar pasos en la buena dirección como han hecho, por cierto, otros socios europeos desde la última década del siglo pasado. ¿Porqué han tardado tanto tiempo en ponerse de acuerdo se preguntarán muchos ciudadanos? La reforma resultaba un plato indigesto para el Gobierno y las sindicales y a ambos convenía presentarla como el fruto de un arduo proceso de negociación y adobarlo con otras propuestas para subvencionar la contratación que forman parte de la agenda sindical.
Se mire como se mire, lo cierto es que el acuerdo alcanzado en materia de pensiones supone un recorte sustancial del valor actual esperado de las pensiones, al incrementarse las aportaciones exigidas (costes) a los trabajadores durante su vida laboral y reducirse el número de años y la cuantía de la pensión (beneficios) que percibirán al jubilarse o prejubilarse.
En efecto, la reforma aumenta los costes y disminuye los beneficios esperados al elevar de 65 a 67 años la edad de jubilación (salvo para los trabajadores que hayan cotizado 38,5 años al cumplir 65) y de 35 a 37 los años de cotización exigidos para percibir el 100% de la pensión, cuya cuantía se verá, además, mermada un 2,27% por cada año menos cotizado.
Por otra parte, la cuantía de la pensión se calculará en base a las aportaciones realizadas durante los últimos 25 años (en lugar de los 15 actuales), un cambio que si bien puede disminuir o aumentar la pensión, dependiendo del historial de cada trabajador, supondrá para los trabajadores con perfil de ingresos creciente, la mayoría, una reducción notable de la pensión. Finalmente, se endurecen las condiciones de las prejubilaciones al retrasarse la edad mínima de 61 a 63 años y exigirse 33 años de cotización; además, la pensión de los prejubilados se verá recortada un 7,5 % por cada año de adelanto.
Aunque los cambios en la jubilación se introducirán gradualmente a partir de 2013 –el retraso de la edad se distribuirá en 15 años hasta 2027 y la extensión de la base de cálculo en 10 años hasta 2022–, no cabe ninguna duda de que la reforma reducirá sustancialmente las pensiones de las personas que hoy están cotizando y muy especialmente las de los 14 millones de ocupados menores de 50 años y, sobre todo, de aquellos que se prejubilen.
La sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto requiere que se satisfaga una simple ecuación: el gasto en pensiones contributivas (igual a la pensión media por el número de pensionistas) no puede ser superior a los ingresos del sistema (iguales a la cotización media por el número de cotizantes).
Por tanto, para mantener el nivel de la pensión media sin elevar la cotización media, el número de cotizantes y el número de pensionistas tienen que crecer a la misma tasa a largo plazo. La mayoría de los expertos viene advirtiendo desde hace bastantes años que el envejecimiento demográfico y el aumento de la esperanza de vida elevarán sustancialmente el gasto en pensiones (7-8 puntos del PIB) de aquí a 2050. Desde esta perspectiva, la reforma impulsada por el Gobierno constituye un primer paso en la dirección correcta.
Había, además, otras consideraciones de medio plazo que hacían aconsejable dar este paso para afrontar con ciertas garantías los próximos años.
En circunstancias normales, la caída del número de cotizantes durante una recesión puede generar déficits transitorios en el sistema que pueden absorberse cuando los niveles de producción y empleo se recuperan en la siguiente expansión. Así ocurrió, por ejemplo, durante la larga expansión (1996-2007) que siguió a la recesión de 1992-93 en España. En la coyuntura actual, sería muy arriesgado asumir que tras la tormenta nos aguarda una nueva década de vino y rosas. Con un elevado endeudamiento privado y público, elevadas primas de riesgo, alta exposición de las entidades de crédito al sector inmobiliario, exceso de oferta inmobiliaria, precios de las materias primas elevados y en aumento, perspectiva de subidas de tipos de interés en los próximos semestres e imposibilidad de devaluar la moneda, la ansiada recuperación de la producción y el empleo tardarán en llegar unos cuantos años (Calma chicha tras la tempestad, EXPANSIÓN 3 de febrero). Por ello, el Gobierno ha hecho bien en adoptar ya algunas medidas que asegurarán la sostenibilidad del sistema de pensiones durante un par de décadas.
(Clemente Polo, 01/03/2011)
Recuperar la democracia:
Hoy en día estamos viendo movilizaciones populares en muchas partes del mundo –desde los países árabes a Wisconsin (EEUU), pasando por la mayoría de países de la Unión Europea– que exigen cambios de las políticas llevadas a cabo por gobiernos y por estados que se perciben insensibles a los deseos de la mayoría de la población. En estas manifestaciones –a pesar de la elevada diversidad de situaciones– hay un elemento común: la protesta frente a una enorme concentración de poder económico y político que obstaculiza la expresión democrática. Y un ejemplo de ello es España.
Estamos viendo en España la puesta en marcha, por parte del Estado (tanto central como autonómico), de recortes muy sustanciales del gasto público, incluyendo el gasto público social que financia las transferencias públicas –como las pensiones– y los servicios públicos del Estado del bienestar tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencias, escuelas de infancia, servicios sociales y otros.
Estos recortes están afectando de una manera muy marcada a la calidad y cobertura de tales servicios empeorando la situación existente, que ya era insuficiente antes de que se iniciara la crisis. España en 2008 estaba a la cola de la Unión Europea de los 15 (UE-15, el grupo de países de semejante desarrollo a España) en gasto público social. Nos gastábamos en el Estado del bienestar sólo el 19% del PIB (el más bajo de la UE-15, cuyo promedio era del 24%, mientras que el de Suecia era del 28%). Una consecuencia de ello es que sólo el 9% de la población adulta trabajaba en los servicios públicos del Estado del bienestar (el promedio de la UE-15 era del 15%, y en Suecia, del 24%). Los recortes que están ocurriendo ahora están disminuyendo todavía más tal empleo.
La estructura de poder (que se basa en el 20-30% de la población, la de mayor renta) no parece consciente de este enorme retraso y subfinanciación, pues utiliza principalmente los servicios privados. Envían a sus hijos a la escuela privada (que recibe los subsidios más altos existentes en la UE-15, llamado concierto) y cuando caen enfermos van a la sanidad privada. Esta estructura de poder (que tiene enorme influencia política y mediática en España) promueve el mensaje de que no hay otra alternativa a tales políticas de recortes. Argumentan que hay que recortar el gasto público para reducir el déficit del Estado y la deuda pública, a fin de calmar los mercados financieros y que así estos nos presten dinero a intereses razonables.
Esta explicación, que a base de repetirse miles de veces se ha convertido en un dogma, es profundamente errónea y se promueve porque sirve a los intereses de esta estructura de poder, que utiliza la presión de los mercados financieros como excusa para llevar a cabo lo que ha deseado hacer desde siempre. Los datos muestran claramente que no es cierto que en España no existan recursos para financiar un Estado del bienestar de primera clase. España no es pobre. El PIB per cápita es ya el 94% del promedio de la UE-15, pero el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio del gasto público social promedio de la UE-15. Si nos gastáramos lo que nos pertenece por el nivel de desarrollo económico que tenemos, es decir el 94%, nos gastaríamos 80.000 millones de euros más, con los cuales se podrían cubrir las enormes insuficiencias. España, pues, tiene los recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. En lugar de ello, el Estado ha estado pidiendo préstamos a la banca extranjera, endeudándose y financiando escasamente su Estado del bienestar. España, como Grecia y Portugal, tiene unos ingresos al Estado muy bajos y un fraude fiscal muy elevado. Como admitió sorprendentemente un dirigente del Deutsche Bank, uno de los banqueros más importantes de Alemania, “ha existido durante los años de boom una alianza entre las clases más pudientes de los países de la periferia de la UE, que no pagaron impuestos al Estado, y la banca, que se ha beneficiado de la baja carga impositiva al prestar dinero al Estado para financiar su dimensión social”.
Y ahí está la raíz del problema. La estructura de poder no está contribuyendo al Estado lo que debiera por su nivel de riqueza. El trabajador de la manufactura en España paga el 74% de los impuestos del trabajador de la manufactura sueca. El empresario, sólo un 38%. Y empeorando la situación, el Estado ha reducido más y más los impuestos, lo que ha beneficiado sobre todo a las rentas superiores. Los propios inspectores de Hacienda han indicado que podrían recogerse más de 38.000 millones de euros, centrándose en estos sectores, sin afectar a la carga impositiva de la mayoría de la población. El déficit del Estado podría reducirse a base de aumentar los impuestos de estos sectores en lugar de empobrecer todavía más al Estado del bienestar.
En realidad, durante la crisis la gran mayoría de las empresas del Ibex-35 han continuado teniendo grandes beneficios, siendo la banca española una de las que tienen más beneficios en Europa. El Banco Santander ha conseguido 35.000 millones de euros de beneficios netos (es el banco que ha conseguido más beneficios en el mundo, después de dos bancos chinos).
Estos recortes de gasto público social se están haciendo a pesar de que la mayoría de la población está en contra. Es una decisión más (otra es el retraso de la edad obligatoria de la jubilación) que muestra la enorme distancia entre los gobernantes y los gobernados. De una manera creciente, los establishments políticos y mediáticos que dirigen el país están imponiendo medidas en contra del parecer de la ciudadanía. De ahí que las poblaciones, en su indignación –que ocurrirá si se le provee de información que cuestione el dogma de que no hay otra alternativa–, deben manifestarse y agitarse socialmente para recuperar la democracia en España.
(Vicenç Navarro, 07/04/2011)
La reforma de las pensiones públicas es uno de los cambios estructurales que necesita abordar la economía para garantizar la viabilidad del sistema en los próximos 50 años. A diferencia de otras grandes reformas, como la financiera, de gran impacto inmediato sobre la economía, los efectos de la de las pensiones se dejarán notar a medio y largo plazo. Pero no por eso es menos urgente, puesto que solo será eficaz si los cambios normativos empiezan a aplicarse poco a poco desde ahora. El Gobierno empieza a ser consciente de que es inevitable un cambio estructural en las pensiones, debido a la presión de la demografía y al deterioro del mercado laboral. O al menos eso cabe deducir de la negativa del Consejo de Ministros a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas en 2012 a la subida de la inflación.
El problema es de fondo y se ha debatido intensamente en los últimos cinco años. El sistema actual es inviable a medio plazo por el creciente envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida; y resulta más inviable todavía si, además, la economía está en fase de depresión laboral profunda. La aportación de un número decreciente de ocupados resultará insuficiente así que pasen 10 años para sufragar los pagos a un número creciente de pensionistas.
Los Gobiernos de Rodríguez Zapatero pasaron de puntillas sobre la necesidad de una reforma en profundidad del sistema y el de Rajoy parece dispuesto a repetir el error. El argumento político que la bloquea es que un cambio de esta naturaleza tendría un coste muy elevado en votos. Resulta también evidente que la demora en la petición de rescate se debe a otras razones distintas al temor a que una de las condiciones impuestas desde Bruselas y Fráncfort sea precisamente un recorte en las pensiones. La fuerza de los hechos obligará a iniciar esa reforma, la exija Bruselas o no.
Las líneas de acción para reformar las pensiones están bien definidas. El Gobierno que acometa la tarea tiene el mapa de situación perfectamente delimitado por el amplio consenso entre economistas, expertos laborales y políticos con experiencia en la Administración pública: ampliar el número de años de ocupación para acceder al 100% de la cotización, calcular esta sobre el conjunto de la vida laboral, adelantar a 2015 o 2016 la norma que aplaza la edad de jubilación hasta los 67 años, prevista por el Ejecutivo anterior para la segunda década del siglo, y romper la indexación de las pensiones con el IPC.
La tarea de un Gobierno consciente del problema y con una legislatura por delante debería ser la de modular en el tiempo estas líneas de acción, de forma que no sean una carga insoportable para los nuevos pensionistas ni para aquellos con prestaciones más reducidas, y alivien el peso sobre las cuentas públicas. Algunas decisiones pueden prolongarse (siempre que no se llegue al desatino de aplicarlas en 2022) y otras pueden escalonarse. Pero lo que resulta imprescindible es que los ciudadanos sepan con claridad cuáles son los criterios de reforma y, por supuesto, que su aplicación se negocie con los agentes sociales. Lo que no es recomendable es que el Ejecutivo siga subiendo las pensiones sin explicar sus consecuencias (un alza del 1% en 2012 está produciendo un aumento del gasto del 4,6%) y no se advierta el riesgo de quiebra del sistema que anuncia el irresistible aumento del gasto estructural por las tendencias demográficas y laborales. En este ámbito también se juega el Gobierno su credibilidad ante los ciudadanos, ante Europa y ante los inversores.
(Editorial El País, 11/12/2012)
La solidaridad entre generaciones siempre ha existido. Cuando no había sistemas públicos de seguridad social, los padres se ocupaban de criar y educar a sus hijos y los hijos cuidaban de sus padres cuando estos no podían valerse por sí mismos. Este sistema sigue funcionando en muchos países en desarrollo y en la economía informal.
De ahí que, durante la pandemia de sida en África, las madres hayan tenido un mayor número de hijos para compensar la probabilidad de su muerte prematura. Mao, asimismo, rompió voluntariamente el equilibrio intergeneracional al prohibir a los chinos tener más de un hijo. Los actuales sistemas de Seguridad Social sólo elevan a nivel nacional lo que antes ocurría dentro de cada familia.
Hoy nos encontramos con otro problema serio de solidaridad intergeneracional en España. Los que nacimos entre 1940 y 1965, la generación de las familias numerosas, tuvimos mayores oportunidades de encontrar empleo en un país con la población en edad de trabajar diezmada por la guerra civil y con escaso capital humano.
Posteriormente, nuestra prole media ha sido mucho menor que la de nuestros padres y, aunque haya conseguido un mayor nivel de educación, le ha costado mucho más conseguir empleo, al haber mucha mayor competencia, y, de conseguirlo, ha sido mayoritariamente precario y temporal, pasando largos períodos sin trabajo, al poder ser despedido cada seis meses, hasta tres años, sin o con una mínima indemnización de 8 días.
Hoy el 50% de los jóvenes entre 16 y 24 años está desempleado cuando la tasa total de desempleo es la mitad. Además, muchos de ellos son mileuristas. Por ejemplo, de los 17,4 millones de declaraciones de IRPF, por rentas de trabajo, presentadas en 2010, unos 7 millones declaraban hasta un máximo de 12.000 euros anuales (bastantes pensionistas entre ellos).
Además, nuestra generación tiene una esperanza de vida muchísimo mayor que las anteriores, gracias a la mejora de hábitos de vida, medicamentos, sistema sanitario y por trabajar mayoritariamente en el sector servicios. Sin embargo, estamos jubilándonos a edades muy tempranas para nuestra creciente esperanza de vida.
La edad obligatoria de jubilación a los 65 años se introdujo en España en 1919, (Retiro Obrero) cuando la esperanza de vida media al nacer era de 40 años y cuando a los 65 años era de 50 —10 años más—. En 2011, la esperanza de vida al nacer es de 81,9 años y a los 65, de 90 años —25 años más—. Incomprensiblemente, la edad de jubilación obligatoria continúa siendo 65 años (70 opcional en algunos funcionarios) y la edad media efectiva de jubilación es 63,2 años, haciendo insostenible el sistema a largo plazo.
Felizmente, en España, la familia sigue siendo una parte muy importante de la red de seguridad social, en contraste con otros países desarrollados. Hoy muchos padres están ayudando a su prole, haciéndose cargo de aquellos que están desempleados, acogiéndoles en su vivienda, y algunos están sobreviviendo gracias a la pensión de sus padres.
Sin embargo, creo que estamos mostrando poca solidaridad intergeneracional.
Primero, porque la generación de nuestros hijos, que es muy inferior en número a la nuestra, muy mileurista y con elevado desempleo, tiene ahora que pagar nuestras pensiones, lo que les supondrá un enorme esfuerzo anual de ahorro y un “impuesto” añadido sobre sus ingresos.
Segundo, porque no queremos trabajar más años para compensar nuestra mayor esperanza de vida y reducir así el exagerado esfuerzo financiero que ellos tendrán que hacer.
Tercero, porque no aceptamos que pueda ampliarse el cómputo de cálculo de la pensión pasando, de las cotizaciones de los últimos 25 años de trabajo actuales, a las de toda vida laboral, como en muchos países europeos.
Cuarto, porque queremos indexar nuestras pensiones al IPC, cuando la generación que tiene que pagarlas está admitiendo fuertes recortes de sus retribuciones para evitar el desempleo y sus salarios están decreciendo notablemente tanto en términos reales, como nominales.
Quinto, porque la gran mayoría de nuestros hijos no están sindicados, por estar desempleados durante gran parte de su vida laboral y porque saben que los sindicatos defienden en mayor medida a sus afiliados, que son, mayoritariamente, trabajadores mayores con contratos indefinidos y no temporales y precarios.
Sexto, porque, algún líder sindical y algún político intenta todavía convencer a los jóvenes de que, si se redujesen las horas de trabajo, como se hizo en Francia, ellos tendrían más oportunidades de encontrar empleo y de que, si se retrasase la edad obligatoria de jubilación de los trabajadores, teniendo estos que trabajar más años, los jóvenes perderían sus empleos.
Es decir, tratan de inculcarles falacias tales como que la cantidad de trabajo es fija y que el número de empleos también es fijo y, lamentablemente, algunos jóvenes se lo creen. Recordemos que este argumento fue también utilizado para evitar que las mujeres primero, y los inmigrantes después, se incorporaran al mercado de trabajo, porque “robaban” los puestos de trabajo a los hombres o a los trabajadores nacionales.
La OCDE ha demostrado, en 2010, cómo en los países miembros en los que los trabajadores mayores tienen una tasa de empleo más elevada, también la tienen los jóvenes y viceversa. Cuando la gente trabaja, gana un salario que luego utiliza para comprar bienes y servicios producidos por otras personas, tanto hombres como mujeres, sean mayores o jóvenes. El crecimiento depende básicamente de que aumenten el número de personas que trabajan o de que aumente su productividad o de ambos factores. Si la jubilación a los 60 o incluso a los 50 lograse mejorar el nivel de vida, ya se habría intentado hace mucho tiempo.
Temporalmente, la gran inmigración de casi 5 millones de personas, entre 1998 y 2007, alivió el desequilibrio financiero del sistema de pensiones y permitió hacer un Fondo de Reserva de casi €70.000 millones. Pero más de la mitad de los 3,3 millones de inmigrantes no comunitarios trabajaban en la construcción y muchos están ahora en paro o abandonando España (unos 85.000 este año), mientras otros se han sumergido y no cotizan. Además, hay que recordar que los inmigrantes cotizan pero más tarde también se jubilan. Ha sido un efecto importante pero pasajero, ya que hoy el número de cotizantes está cayendo y el de pensionistas aumenta.
La última reforma de las pensiones (2011) fue positiva, pero no suficiente. Retrasó la edad de jubilación obligatoria de los 65 a los 67 años, aumentándola muy lentamente, a mes por año, desde 2013 hasta 2027. Alargó la duración del período de cotización para tener derecho a la pensión (tasa de sustitución) de 35 a 37 años y alargó la edad de jubilación anticipada voluntaria de 61 a 63 años. Amplió el período de cotización para calcular la pensión (base reguladora) de 15 a 25 años y finalmente introdujo un factor de sostenibilidad para hacer frente a las desviaciones que se produzcan sobre la esperanza de vida a los 67, a partir de 2027.
Lamentablemente, dicha reforma no va a ser suficiente, ya que el gasto en pensiones va a aumentar del 9% del PIB actual al 18% del PIB en 2050 y la reforma sólo reduciría dicho incremento entre un 33% y un 43% (de acuerdo con tres cálculos fiables). Habrá por tanto que seguir reformando el sistema público, preferiblemente con acuerdo de los dos grandes partidos, para que sea más sostenible e incentivar fuertemente el ahorro privado a largo plazo y los planes complementarios de pensiones y de seguros.
(Guillermo de la Dehesa, 14/12/2012)
La prueba más irrefutable de la falsedad del discurso del Gobierno acerca de la recuperación económica y de que está intentando compensar a los ciudadanos por los sacrificios exigidos se encuentra en uno de los colectivos más castigados en estos años, los pensionistas, que comenzaron a perder poder adquisitivo aquel fatídico mayo de 2010 en que Zapatero, sin motivo, se rindió con armas y bagajes a Merkel. Los presupuestos que el Gobierno acaba de presentar establecen para las pensiones un incremento en 2016 del 0,25% y como la inflación, según prevé la OCDE, será del 1,4%, se vaticina ya para ese año una nueva pérdida de poder adquisitivo superior al 1%. Es decir, que por el momento se rebajan las pensiones en términos reales en más del 1%, rebaja que puede ser aún mayor si la inflación se desvía.
El 0,25% es el menor incremento que las pensiones pueden tener según ese engendro de fórmula que se sacaron de la manga los expertos progubernamentales sin ninguna lógica ni sentido, y que la ministra de Trabajo santificó con la única finalidad de deprimir las pensiones hasta el infinito. La fórmula es una simple estratagema para engañar y disimular el objetivo que no es otro que ir deprimiendo las prestaciones públicas a favor de los fondos privados en los que tanto interés tiene la banca. Si cuando la economía crece cerca del 4% y la renta per cápita a un ritmo similar las pensiones tienen que continuar perdiendo poder adquisitivo, es evidente que ese va a ser su futuro año tras año.
El Gobierno argüirá que se trata de salvar el sistema público de pensiones, pero este se salva y se potencia con más impuestos y no reduciéndolos, especialmente en los tramos altos (tal como ha hecho Montoro en la última reforma fiscal) ni eximiendo a los empresarios de pagar cotizaciones sociales. El pasado mes de marzo el Gobierno aprobó un límite exento de 500 euros por trabajador en las cotizaciones empresariales que, dado el nivel tan bajo de los salarios y la picaresca de declarar en los contratos únicamente una parte de las retribuciones totales, implica que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo creados están exentos de pagar Seguridad Social. Esto, junto con la tarifa plana de 50 euros establecida para los autónomos el año anterior, explica que, a pesar de la tan cacareada creación de empleo, los ingresos de la Seguridad Social solo hayan crecido hasta junio un 0,77%, mientras la afiliación lo ha hecho en el 3,4%.
El sistema público de pensiones se ha vuelto en extremo vulnerable a partir del Pacto de Toledo con la separación de fuentes de financiación y haciéndolo depender del montante de las cotizaciones sociales, lo que ha dado lugar a todo ese discurso tan falaz de la relación activos-pasivos y de la evolución demográfica (véase mi artículo del 15 de mayo de 2015), cuando lo único cierto es que mientras la renta per cápita se incremente, no hay ninguna razón para que ningún colectivo, sea el de los pensionistas o el de los bomberos, pierda poder adquisitivo, como no sea por un aumento en la desigualdad de la distribución de la renta.
El Gobierno, ante el déficit que plantea la Seguridad Social, propone en los presupuestos que acaba de presentar para 2016 coadyuvar a su financiación mediante impuestos. Aparentemente, esta medida iría en la buena dirección. Recuérdese que incluso el Pacto de Toledo, en su redacción original, y tal como fue aprobado por primera vez en el Parlamento, no establecía una separación de fuentes total, pues a instancias de IU, se afirmaba que las pensiones se financiarían principalmente (y no exclusivamente) por cotizaciones. Bien es verdad que esta matización se ha olvidado en la práctica y ahora se establece una relación unívoca entre prestaciones y cotizaciones.
He dicho aparentemente porque cuando se ahonda en las propuestas que circulan, el sentido es más bien el contrario. Se trata tan solo de que determinadas prestaciones como viudedad u orfandad, al igual que ahora las pensiones contributivas, pasen a financiarse con impuestos, con lo que la segregación de fuentes continuará vigente presionando a la baja las pensiones. Esta interpretación está más acorde con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de sustituir las bonificaciones en las cotizaciones sociales, que eran después compensadas por el presupuesto del Estado, por las ayudas a cargo del presupuesto de la Seguridad Social sin compensación alguna.
La defensa de las pensiones estriba en exigir que sean todos los ingresos del Estado (incluyendo las cotizaciones) los que las financien en los niveles necesarios, pero no en sustituir cotizaciones por impuestos (por ejemplo, por IVA, tal como proponen los expertos de FEDEA) dejando las prestaciones en el mismo grado de precariedad. El resultado sería únicamente trasladar carga fiscal de los empresarios a los consumidores, es decir, a todos los ciudadanos.
Por otra parte, nuestro nivel de cotizaciones (13% del PIB) está por debajo de la media de la Eurozona (14%) y a años luz de países como Holanda y Alemania (17%) y Francia (19%), e incluso Grecia nos supera ligeramente. ¿Hay que continuar bajando las cotizaciones sociales? Quizá aún más llamativo es lo relativo a impuestos. La presión fiscal en España es ocho puntos inferior a la media de la Eurozona y de la Unión Europea y está por debajo de países como Grecia, Polonia, Estonia, Portugal, Malta, República Checa, Chipre, Hungría, Eslovenia, y no digamos ya de Bélgica, Holanda, Italia, Austria, Francia, Alemania y vale más no citar a Suecia o a Dinamarca, de las que nos separan más de 15 puntos. ¿Se puede afirmar sin cierto escándalo que no se pueden pagar las pensiones y que hay que reducirlas? Todo es un problema de voluntad política y de cómo se quiera redistribuir la renta. Desde luego será difícil si lo que hace el Gobierno ante los primeros síntomas de crecimiento y de recuperación de la recaudación es bajar los impuestos.
Para los pensionistas no solo no ha llegado la recuperación económica, sino que no llegará nunca porque, de acuerdo con la última reforma, se les condena año a año a que sus retribuciones bajen en términos reales, es decir, que vayan perdiendo poder adquisitivo. Ha desaparecido el único factor positivo del pacto de Toledo, el compromiso de todas las fuerzas políticas de mantener la actualización anual de las pensiones por el IPC, que si bien les negaba participar en la mejora de la economía, al menos les garantizaba permanecer en el mismo nivel retributivo. Lo más grave es que no parece que los partidos de la oposición, ni siquiera los emergentes, tengan la menor intención de cambiar la ley aprobada por el PP y retornar a la actualización. No aparece ninguna propuesta en tal sentido. Todo lo más una leve e inconcreta promesa de mejorar las pensiones mínimas, pero es que ya todas son pensiones mínimas (excepto las privadas de los grandes ejecutivos) y más mínimas van a ser en el futuro.
(Juan Francisco Martín Seco, 15/08/2015)
¿Cómo se debe o se puede financiar la Seguridad Social y, por tanto, el sistema de pensiones? No es nuevo el tema. En 1989-1990 se planteó parecida cuestión. Era necesario superar el paradigma de la financiación basada en las cotizaciones sociales (prestaciones económicas, asistencia sanitaria y servicios sociales) para encontrar recursos adicionales que permitieran el desarrollo del modelo protector sin aumentar el coste del factor trabajo. Desde entonces los Presupuestos Generales del Estado recogen la correspondiente consignación presupuestaria que financia una parte de los gastos de la Seguridad Social, lo cual permitió: la práctica universalización de la asistencia sanitaria; la creación de pensiones y prestaciones familiares no contributivas que protegen a más de medio millón de personas; la sustitución de las cotizaciones sociales por recursos provenientes de los impuestos como forma de financiar la parte de las pensiones mínimas contributivas que se complementan para garantizar la cuantía establecida; y, unos años después, poder reducir el tipo de cotización del Régimen General en cinco puntos, situándolo en el 28,30%, porcentaje que se mantiene desde entonces.
Este cambio fue el comienzo de la diversificación de las fuentes de financiación, considerando como recursos del sistema las cotizaciones y las aportaciones estatales finalistas, trayectoria que se afianzó en los años posteriores.
La tendencia que marcó esta reforma fue recogida en el Pacto de Toledo (acuerdo vigente desde 1995, aunque actualmente con un pulso vital muy bajo). La primera de las recomendaciones de dicho pacto sobre el futuro del sistema se refiere a la “Separación y clarificación de las fuentes de financiación”, señalándose que “la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerá básicamente de las cotizaciones sociales y la financiación de las prestaciones no contributivas y universales exclusivamente de la imposición general”. Principio que igualmente está contenido en la Ley General de la Seguridad Social (art. 109) y que permite profundizar en la evolución de la estructura financiera del Sistema.
Hoy, con una realidad económica, laboral y demográfica en constante cambio es necesario avanzar en ese camino. En primer lugar: ampliando el ámbito de la financiación de la modalidad no contributiva a las prestaciones cuyo importe no guarde proporción con el esfuerzo de cotización, como por ejemplo las pensiones del antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez de cuantía fija (actualmente 359.000 prestaciones). Por tanto, debe profundizarse en el análisis de la naturaleza de las prestaciones y de los gastos de gestión y funcionamiento comunes a efectos de la financiación. En segundo lugar: no destinando recursos contributivos para desarrollar políticas de promoción económica y de empleo, como son las numerosas reducciones de cotizaciones sociales, y en caso de estimarse oportunas estas medidas compensarse con las correspondientes transferencias estatales.
Y, en tercer lugar, tanto considerando lo señalado en el Pacto de Toledo como lo establecido en la Ley General de Seguridad Social, si bien las cuotas sociales deben constituir la financiación básica de las prestaciones contributivas, es oportuno considerar que para lograr la estabilidad financiera del Sistema, sin crear un coste adicional al factor trabajo, debe contemplarse como segunda fuente de financiación de la modalidad contributiva la aportación del Estado. Es una necesidad que tenderá a ser creciente teniendo en cuenta la evolución demográfica y el proceso de automatización del trabajo.
Pero la sostenibilidad del Sistema, su equilibrio presupuestario, depende tanto de los recursos disponibles como de la evolución de los gastos. Y en la vertiente de las prestaciones hay que señalar que, siguiendo la línea marcada por la UE, están en ejecución reformas importantes que refuerzan el carácter contributivo de nuestro modelo, estableciendo una mayor proporcionalidad entre esfuerzo contributivo y cuantía de la prestación, a la vez que tratan de reducir el efecto en el gasto de pensiones del crecimiento de la esperanza de vida. Son reformas en aplicación progresiva, desde enero de 2013, que moderaran significativamente la tendencia futura del gasto. Así, se ha retrasado la edad de jubilación a los 67 años; el cálculo de la base reguladora sobre la que se determina la pensión se realiza sobre el promedio de las cotizaciones de los últimos 25 años frente a los 15 anteriores; el 100% de la base reguladora se alcanza con 37 años cotizados en lugar de 35; al cálculo de la pensión se aplicará el “factor de sostenibilidad”, coeficiente determinado en función de la variación de la esperanza de vida y que generalmente supondrá una reducción adicional de la cuantía de la prestación; se penaliza las jubilaciones anticipadas; se ha incentivado el mantenimiento en la vida activa y, prácticamente, en el último lustro no se han actualizado las pensiones ya causadas.
En definitiva, están ya aplicándose reformas importantes en la vertiente del gasto, incluso con bastante riesgo de que aumente la pobreza en la vejez. Queda, para reforzar la estabilidad del sistema de pensiones, la necesidad de introducir cambios en la financiación de la modalidad contributiva de la Seguridad Social, sin que suponga en las prestaciones pérdida o menoscabo de su naturaleza contributiva. Todo ello más allá de la recuperación y utilización del Fondo de Reserva que tiene una función importante en la coyuntura económica, pero que no supone la base de la sostenibilidad financiera del Sistema a largo plazo. ¿Qué figura impositiva o partida del Presupuesto del Estado debe aplicarse a la financiación de la Seguridad Social contributiva? Es otra discusión, o si se quiere la segunda parte de la cuestión, pero antes hay que abordar la primera: decidir la diversificación de las fuentes de los recursos que cubran las prestaciones sociales contributivas.
(Adolfo Jiménez Fernández, 13/01/2016)
Salía el otro día de una reunión con el corazón reconfortado aunque melancólico. La conversación había sido amena y provechosa. Mi interlocutor es un hombre prudente y sabio, que abandonó años atrás la escena política, donde destacó como fabricante de pactos. Habíamos conversado sobre la tensión de los extremos que domina las relaciones entre la política catalana y española y nos conjuramos una vez más para fomentar el diálogo, a pesar de la devaluación que ha sufrido, entre nosotros, esa palabra. Y es que el diálogo no es posible, por supuesto, si el otro no te reconoce; pero tampoco es posible el diálogo si tú ya no quieres reconocer al otro tal como es y pretendes que sólo sea lo que tu crees que es y que actúe como tu quieres que actúe.
La conversación me dejó melancólico porque el ánimo reflexivo de mi interlocutor es, en nuestra vida pública, una auténtica rareza. Lo pudimos constatar una vez más en la sesión de investidura de Rajoy: la retórica tremendista domina el ambiente, la escalada de reproches no toca techo, la lógica del insulto preside las relaciones políticas y la negación del otro se ha convertido en el valor más aplaudido.
Discurría de este modo, caminando por l’Esquerra de l’Eixample en dirección a la estación de Sants. Me quedaban dos horas libres antes de que saliera mi tren. Contaba sentarme en un café y avanzar en la lectura de La cultura de la conversación (Siruela), un formidable ensayo de Benedetta Craveri que el día 28 de este mes participará en las conversaciones de La Pedrera. Entre los siglos XVI y XVII, gracias a la inteligencia de unas mujeres aristócratas, la condición femenina, tan subordinada, se convierte en el fermento de la civilización moderna: contribuye a modernizar el francés, que se adaptará a la elegancia de las conversaciones de los salones, y desplegará una manera nueva de relacionarse que, más que el poder, valora el deseo de superarse, de sorprender y de gustar; y premia la voluntad de reconocer, comprender y respetar al otro.
En el cruce de Rocafort con Tarradellas, me llamó la atención un cartel pegado en los cristales de una tienda: “Ninguna persona mayor sola en nuestro barrio”, decía. Me acerqué para leerlo y, mientras lo hacía, alguien me golpeó suavemente la espalda. Era un hombre de unos setenta años: “¿Le interesa?”. Me ha intrigado, respondí. “¡Soy yo quien ha pegado el cartel! Me llamo Víctor Manuel y soy voluntario”. Me explicó que formaba parte de la red Eixgran, dedicada a procurar que los ancianos no estén solos y que no les falte de nada. Se explicaba con gran simpatía. Yo tenía tiempo y él ganas de hablar, así que me dispuse a escucharlo. “La crisis –dijo– no sólo ha afectado a la gente que siempre las ha pasado canutas, también ha dañado a personas de origen burgués que lo han perdido todo y que, por edad, ya no están en condiciones de recuperarse. El problema es que, al no estar acostumbrados a pedir, muchos ancianos pasan las privaciones en silencio”. Los servicios sociales podrían ayudarles, pero muchos de ellos se sentirían humillados y no se atreven a solicitarlos. Por ello, en torno a las parroquias del Pilar y Sant Eugeni Papa, se creó la asociación Emaús que, con la ayuda de los Rotary, los centros sociales del barrio y de los Amics de la Gent Gran, conectan con los ancianos solitarios de l’Esquerra de l’Eixample. Han montado “El meu menjador social” que tiene una doble aspiración: alimentar y socializar.
“Cuando tiras del hilo de los problemas, siempre aparecen otros”, continuaba Víctor. “Problemas de vivienda, de higiene, de salud. ¡Acompáñeme!”. Tenía tiempo y lo hice. En un despachito de la parroquia de Sant Eugeni, la doctora Rosa M. Servent me explicó cómo afrontaban los retos económicos y organizativos de Emaús. Después, entré en el comedor, en el que dos voluntarias ponían la mesa. Una de ellas había sido catedrática de farmacia; la otra, ama de casa. Un ruso risueño y una chica muy divertida faenaban en el almacén. El comedor es sencillo, limpio y luminoso. “Después de comer, hacemos unas sobremesas sensacionales!”, dijo Víctor Manuel sin dejar de bromear con la catedrática. A la comida, asisten ancianos y familias con niños, pobres de solemnidad y gente solitaria, abuelos que no ven nunca a los nietos. Emaús, con la colaboración de muchos donantes, complementa la acción de los servicios sociales. Peluquería, odontología, limpieza del hogar. “Si tienen que salir del piso para comer –me decía la doctora Servent– los ancianos se arreglan y vuelve a socializarse. Es socializándose que recuperan la dignidad”. Al despedirse, Víctor Manuel me dijo: “Lo importante no es lo que damos, sino la alegría que recibimos”.
Corriendo hacia la estación, pensaba en este extraño país: mientras nuestros políticos cada día son más partidarios de convertir la vida pública en un ring de boxeo, el grueso de nuestra sociedad es más acogedor de lo que parece. “Allí donde está el bien está mi patria”, me dije, evocando a los clásicos. No es la patria de los gritos, la que ganará el futuro, sino la de la fraternidad.
(Antoni Puigverd, 07/11/2016)
Hace ya más de tres años que el debate sobre el futuro de las pensiones públicas está en el frontispicio de la batalla política sin que, más allá de lo ya reformado en 2011 y 2013, se haya articulado una nueva propuesta que arbitre un futuro consensuado para esta pieza fundamental de nuestro estado de bienestar. En esta secuencias de campañas electorales del último año estamos oyendo propuestas de todo tipo al respecto, buena parte de ellas revestidas de un aura técnica que, en última instancia, disfrazan intereses espurios que siempre abundan en el baúl financiero de las pensiones.
Las pensiones públicas en España suponen ya más del 10 por ciento del PIB, correspondiendo la mayor parte a las de jubilación, aunque no son despreciables las cuantías dedicadas a la contingencia de viudedad (alrededor de 2 puntos de PIB). En los dos últimos años el recurso sistemático al Fondo de Reserva de la Seguridad, la “hucha” de las pensiones, para financiar el déficit del sistema (que puede alcanzar el próximo ejercicio 20.000 millones de euros) ha disparado todas las alarmas. Por eso, lo que se venía interpretando como una urgencia para la próxima década, los problemas de financiación del sistema cuando las generaciones del ‘baby boom’ cesaran en la actividad para convertirse en pasivos del sistema, ha devenido en una prioridad inminente. Lo que ahora tenemos sobre la mesa, ni más ni menos, es el hecho de que los problemas de financiación ligados a la coyuntura económica, han aparecido mucho antes de acuciaran los efectos de la demografía.
Y es que la crisis y, particularmente, las políticas adoptadas para salir de ella, han acentuado los problemas de financiación del sistema a corto plazo. No obstante, en última instancia, detrás de ello subyacen discordancias políticas sustanciales en cuanto a cómo financiar los desajustes financieros, de uno u otro signo. Para unos (léase el gobierno en curso, autor de la reforma de 2013 y la mayoría de la Comisión de Expertos que a tal fin les asesoró) el problema se centraba en reducir los gastos, es decir, reducir la pensión media otorgada por el sistema a medida que aumentara el ratio entre pensionistas y cotizantes. La solución sobre la suficiencia de la pensión para una vida digna para el pensionista se trasladaba paulatinamente a la capacidad individual de ahorro: son los fondos privados de pensiones los que deberían complementar una menguante pensión pública, mermada por el “factor de sostenibilidad” y el “índice de revalorización”.
El problema de nuestro sistema público de pensiones, ahora y en las próximas décadas es, sobre todo, de ingresosOtros, entre los que nos encontramos, entendemos que, en primera instancia, el problema de nuestro sistema público de pensiones, ahora y en las próximas décadas es, sobre todo, de ingresos. Y, si hay capacidad de ahorro adicional en el país, conviértase, parte de él, en colectivo y repártase como hace nuestro actual sistema público de pensiones, con todos los matices que queramos introducir.
Al fin y al cabo, el problema de la escasez de ingresos, esperada para un plazo mayor, ha aparecido de forma acelerada, drenando la “hucha”, no por un acuciante problema de envejecimiento de la población, que se manifiesta más lentamente, sino por la dinámica de un mercado de trabajo, que a pesar de la moderada recuperación económica no genera ingresos adicionales para el sistema de la Seguridad Social. ¿Por qué? El diagnóstico es sencillo. Tenemos más personas empleadas, sí, pero no sustancialmente más horas de trabajo. Además las horas trabajadas están, en media peor remuneradas, ya que el empleo que se crea es de baja cualificación y, por tanto, con menores niveles salariales que los previamente existentes.
En perspectiva temporal, tendemos a olvidar que España, pese a la recuperación iniciada en el año 2014, tiene hoy casi 1,8 millones menos de asalariados que cuando se inició la crisis a mediados del 2007, más del doble de parados y una deuda pública que del 33% del PIB ha pasado a más del 100%. Mientras tanto, el salario medio por hora ha crecido un escaso 3 por ciento, en términos reales, desde los niveles previos a la crisis (mediados del 2007) frente a un ascenso de la productividad del trabajo del 12 por ciento. Con estas cifras la “hucha” que hasta el año 2011 crecía, tiene hoy los días contados.
Esto es grave porque, más allá de la coyuntura inmediata, esta situación tiende a perpetuarse. El avance de la economía del conocimiento va reduciendo el espacio del trabajo físico o manual y repetitivo, particularmente en el ámbito industrial, lo que agudiza los problemas de empleo en las sociedades avanzadas. Tan solo los empleos de más baja calidad y peores salarios, fundamentalmente en los servicios, permiten mantener un cierto equilibrio entre oferta y demanda de trabajo pero con un coste social en ascenso en términos de desigualdades económicas, de exclusión social y de pobreza laboral.
La financiación de las pensiones, requiere por tanto en primera instancia de más y mejores salarios. En las condiciones actuales, con las tendencias registradas en la evolución de las bases de cotización del sistema y el gasto en pensiones, para equilibrar financieramente el sistema habría que tener 3,1 millones de afiliados más que los que hoy tenemos. Y es que a menudo pasamos por alto, probablemente porque nos guiamos por frases hechas y repetitivas, algunas cuestiones esenciales que afectan a uno de los elementos fundamentales del empleo que se está creando: su calidad y su retribución.
Destruir empleo de calidad, con elevados salarios, reducir buenos contribuyentes para el sistema financiador de las pensiones públicas, ¿a cambio de qué? Pues como viene ocurriendo en estos años de incipiente recuperación, a cambio de ladrillo y hostelería (que está sufriendo por cierto un enorme deterioro en sus condiciones laborales) para turismo de sol y playa, nuestras singularidades productivas.
Para los que, como el Gobierno, se limitan a indicar que nuestros problemas se resuelven con empleo, hay que decirle que sí, por supuesto. Pero merece la pena que hagan bien los números. Si la afiliación creciera a razón de 500.000 nuevos afiliados al año el déficit permanecería estable en el entorno de 20.000 millones anuales. Para alcanzar el equilibrio, los afiliados deberían crecer en alrededor de 700.000 afiliados más al año durante un periodo consecutivo de 12 años.
Como creemos que estas cifran dan una idea razonable de la extensión del problema, y la insuficiencia a corto y medio plazo de las recetas basadas en exclusiva en la mejora del empleo como forma de reequilibrio del sistema, es mejor empezar a trabajar de verdad.
Una subida sostenida de alrededor del 4% anual en el Salario Mínimo Interprofesional durante el próximo lustro podría aportar ingresos adicionalesHay medidas que pueden llevarse a cabo sin elevar cotizaciones o establecer nuevas figuras tributarias finalistas o complementarias. Si la política de estímulos al empleo (a través de tarifas planas y otros instrumentos, por otra parte muy cuestionables desde la perspectiva de su eficiencia) fuera financiada por el presupuesto del Estado, o directamente suprimidas, podrían incrementarse los ingresos en alrededor de 3.000 millones de euros anuales. Además, una subida sostenida de alrededor del 4% anual en el Salario Mínimo Interprofesional durante el próximo lustro podría aportar ingresos adicionales de alrededor de 1000 millones al año y aportaría a nuestro mercado de trabajo dosis de igualdad salarial imprescindibles tras el intenso aumento de la desigualdad y la pobreza laboral en estos años de crisis. La supresión de los topes máximos de cotización hoy vigentes incrementaría los ingresos a corto plazo en no menos de 4.000 millones de euros, aunque es verdad que los gastos en pensiones también crecerían a plazo dado que habría que subir en una medida similar los topes máximos de pensión habría una ganancia transitoria de tesorería durante el periodo de ajuste.
Por supuesto, la implantación de estas medidas no evitaría la necesidad de nuevos ingresos pero reduciría la intensidad del incremento complementario de las nuevas fuentes tributarias. Si todo el peso de los nuevos ingresos recayera sobre una figura que, de modo similar al establecido en Francia, incrementara la contribución al sistema a través del IRPF y el Impuesto de Sociedades la recaudación actual debería crecer en algo más del 20%. Se trata de una cuantía no precisamente pequeña.
Algo parecido ocurriría si el impuesto a recargar fuera el IVA. De ahí que no deba descartarse una salida transitoria consistente en un paquete de medidas mixto que incluyera también, junto a la nueva figura tributaria, un incremento en las cotizaciones sociales a cargo de trabajadores y empresarios. No es desde luego la mejor opción, pero los tipos de cotización españoles permanecen hoy en un nivel inferior al vigente a lo largo del último tercio de siglo y, dada la reducción de costes laborales llevada a cabo con la devaluación salarial, permitiría un margen de actuación complementario. Un punto de cotización adicional supone hoy alrededor de 3.000 millones de nuevos ingresos.
Más vale que centremos el debate en estos ámbitos. Porque si pensamos que esto se arregla reformando la pensión de viudedad, trasladándola a las Comunidades Autónomas, eliminando su carácter contributivo, que es el que hoy tiene, entonces no solo estaremos equivocando la receta sino alterando de forma sustancial una de las bases fundamentales de nuestro sistema de pensiones. Dejemos que un renovado Pacto de Toledo atienda a estas otras cuestiones con sosiego, en tanto que se pone de inmediato en marcha lo que urge, nuevas fuentes de ingresos.
(Santos M. Ruesga, Valeriano Gómez, 14/11/2016)
Uno de los bastiones del Estado de bienestar europeo se ha convertido en una auténtica bomba de relojería en la UE por el envejecimiento acelerado de su población. Tentados por ahorrar miles de millones, casi todos los países europeos han acometido reformas.
Europa sufre desde hace tiempo lo que los demógrafos denominan “invierno demográfico” que no es otra cosa que el envejecimiento acelerado de la población.
Los datos son elocuentes: en 2015 había 96 millones de mayores de 65 años en los 28 países que conforman la UE. Es un 18,9% de la población total; un 18,5% en España. La tendencia, sin embargo, va a ir a más: en 2050 un 30% de los europeos tendrá más de 65 años. Además, la tasa de dependencia (indicador que mide el número de pensionistas frente a los activos) de la UE alcanzará el 50% en 2050, es decir, que por cada 100 personas que trabajen habrá 50 jubilados en Europa. Actualmente esa tasa no supera el 30%. Ante este escenario, la propia Comisión Europea (CE) viene reclamando desde hace años el retraso progresivo de la edad de jubilación hasta los 70 años en 2060.
A este fenómeno demográfico hay que sumar los estragos económicos y laborales de las políticas de austeridad que han barrido Europa desde el inicio de la crisis en 2008: el aumento del paro y mayor precarización del empleo han provocado que a la mayoría de los países de la Unión Europea (UE) no les cuadren las cuentas cuando se trata de pagar las pensiones de sus mayores.
Tentados por ahorrarse miles de millones de euros, no hay país de la UE que en los últimos años no haya hecho reformas en su sistema de pensiones o al menos no se lo haya planteado. Dichas reformas se han realizado en cada país a su propio ritmo e intensidad, pero con el objetivo compartido —aunque muchas veces no declarado por los Gobiernos europeos— de reducir el gasto público en pensiones.
En todos los casos las reformas han sido regresivas y han implicado un retraso en la edad de jubilación, la introducción de un factor de sostenibilidad basado en la esperanza de vida y en los años cotizados para determinar la cuantía de la pensión, el bloqueo de su revalorización con respecto al IPC, más años de cotización, una pérdida importante de poder adquisitivo de los pensionistas y, en suma, un recorte generalizado en la cuantía de la prestación ya sea en un futuro no muy lejano o con efectos inmediatos como es el caso de Grecia.
La oleada de reformas —recortes los llaman otros— ha terminado por afectar a la propia estructura del sistema de pensiones que regía hasta ahora en Europa. Este es un cambio importante: muchos gobiernos europeos han optado por combinar el sistema de reparto que siempre ha imperado en el viejo continente con fórmulas de capitalización en las que sean los trabajadores los que financien su pensión a través de sus aportaciones a fondos de pensiones u otras formas de ahorro. En definitiva: la UE pretende pasar de la solidaridad intergeneracional a que cada generación se haga cargo de su propia jubilación.
La UE pretende pasar de la solidaridad intergeneracional a que cada generación se haga cargo de su propia jubilación
De momento los planes marchan según lo previsto. Las previsiones de Bruselas apuntan que con las reformas realizadas, en 2060 los países de la UE invertirán menos recursos en las pensiones de los que invierten ahora. Los países de la Eurozona, por ejemplo, dedicarán a las pensiones un 12,4% de su PIB en 2020, pero sólo un 12,3% cuarenta años después.
En el caso español, antes de las reformas las previsiones sostenían que España dedicaría más del 15% PIB a pagar las pensiones en 2050; con las reformas de 2011 y 2013 España empleará en pensiones un 11,8% del PIB en 2020 para llegar al 12,3% en 2050 y descender al 11% en 2060.
En ese sentido, en el del gasto, España es el segundo país con la segunda pensión más alta de Europa, con 2.567 euros al mes. Sólo nos supera Luxemburgo con casi 4.800. Pero lo que importa es la perspectiva, o sea, la pensión media de jubilación. En España es de 1.037 euros al mes. En la UE de los 28 la pensión está ligeramente por encima de los 800 euros.
Otra consecuencia de las reformas es más inmediata: 23 de los 28 países de la UE habrán subido hasta el 2020 la edad de jubilación. El objetivo es llegar de forma progresiva hasta los 67 años de edad oficial de jubilación en la próxima década. Las subidas hasta 2020 oscilarán entre un mínimo de 9 meses, en el caso de Alemania, y un máximo de dos años y medio, en el de Croacia.
En este apartado también surten efecto las reformas: en 2014 la edad media real de jubilación en la Unión Europea era de 63,6 años y en 2020 ya sera de 64,4 años; en 2040 alcanzará los 65 años y los 65,3 en 2060.
El aumento de la edad de jubilación colocará a los españoles entre los europeos con mayor edad de jubilación oficial en 2020, solo superados por los griegos, que lo harán a los 67, franceses (entre 62 y 67), italianos (66 años y 11 meses), holandeses (66 años y 8 meses), polacos (67), finlandeses (entre 63 y 68 años) y suecos (entre 61 y 67 años).
Muchos países de la UE empezaron a elevar su edad de jubilación hacerlo de forma progresiva a partir de las reformas de 2011 con el objetivo de alcanzar esa edad en la próxima década. España no dejará de subir la edad de jubilación hasta alcanzar los 67 años en 2027. Otros lo habrán hecho mucho antes.
En cuanto al tiempo necesario de cotización, aquí también hay mucha diversidad, si bien hay elementos comunes: todos han incrementado el tiempo mínimo de cotización necesario para cobrar el 100% de la pensión. Para ello habrá que haber cotizado entre los 37 años de España y 45 de Austria o Alemania.
Europa no siempre ha estado unida, pero en lo que se refiere al recorte de las pensiones ningún país ha dudado en seguir los dictados de Bruselas. Las próximas generaciones de Europeos tendrán que trabajar más tiempo para tener una pensión pública peor. Definitivamente, el invierno de las pensiones ha congelado Europa.
(Jorge Otero, 03/12/2016)
No se puede hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones sin definir el modelo de distribución de la renta que queremos tener. Mientras las pensiones públicas establecen mecanismos de solidaridad entre generaciones y grupos sociales, las pensiones privadas, seguros de vida privados, no establecen elementos de solidaridad dado que se cobra individualmente por lo que se ha depositado.
A principios de los noventa, organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lanzaron una campaña cuestionando la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones e incentivando su conversión a modelos privados. El trasfondo de esta campaña pudiera ser el lucrativo negocio que constituyen los planes de pensiones para el capital bancario que ya han ganado, en comisiones, según datos de la patronal del sector, 1.830 millones de euros además de tener cautivos 104 mil millones de euros aportados por los ahorradores. Los fondos de pensiones gestionan más del 35% de todas las acciones existentes en el mundo y a pesar de ser incapaces de vencer el IPC se embolsan un 30% de las aportaciones en concepto de gastos de gestión.
Se trata de un producto muy atractivo dada las especiales características de este instrumento de ahorro. Analizando los datos queda patente que la reforma de las pensiones planteada en 1994 por el Banco Mundial no tiene sus raíces en los problemas económicos de las pensiones públicas futuras, sino en el gran interés de las instituciones financieras en absorber todavía más este suculento negocio. La realidad es que las pensiones privadas son un negocio para los bancos pero un fraude para los pensionistas.
Según los últimos datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverso) a 30 de junio de 2016 la rentabilidad promedio, de los planes de pensiones privados con activos de renta fija, en los últimos 12 meses es del -0,67%. Además sus estadísticas muestran que en un periodo de 10 años, desde 2006 hasta junio de este año, de 117 fondos de planes individuales sólo 40 han conseguido que el usuario no pierda poder adquisitivo, o sea, dos de cada tres productos no superan el IPC y los rendimientos van desde casi el 7% anualizado en el mayor de los casos hasta la pérdida del 3% anual.
Asimismo, un equipo de profesores del IESE, una escuela de negocio de referencia perfectamente insertada en la ortodoxia liberal, que monitoriza, de forma independiente, la rentabilidad del sector ha concluido que los planes de pensiones privados han sido, en general, un pésimo negocio en España para las personas que los han contratado. Las conclusiones son estremecedoras: casi el 10% de los fondos acumulan pérdidas, o sea, el ciudadano tiene hoy menos dinero en la cuenta que la suma de aportaciones que ha ido realizando durante 15 años. La causa principal, en esto coincide con la OCDE, son las elevadas comisiones que se embolsan los gestores, una media del 1,5% anual sobre la inversión. Además, un estudio publicado por la misma Escuela de negocios destaca que la rentabilidad media de los fondos de inversión en España en los últimos 15 años (1,90%) fue inferior a la inversión de los bonos del Estado español a 15 años (5,4%) y a la inversión en el IBEX 35 (4,6%).
Utilizan, para impulsar los planes privados, además del temor a un futuro incierto, alegando la quiebra del sistema, argumentos falsos y sesgados como la esperanza de vida o la inversión de la pirámide poblacional. A este respecto, el Catedrático de hacienda pública de la Universidad del País Vasco, I. Zubiri, ha manifestado: “Este es uno de los debates más sesgados que he visto nunca. Se están aceptando como hechos incontestables posiciones puramente ideológicas”.
En España hay menos mayores que en las principales economías de la UE, ocupamos el séptimo lugar con población de más de 65 años, y gastamos menos en pagar impuestos, de hecho somos el décimo quinto en gasto de pensiones. Dedicamos menos gastos en términos de PIB a pagar pensiones que la media europea; un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) desvela que los países de la Eurozona gastaron en 2012, últimos datos completos, una media del 13,5% del PIB en abonar prestaciones y España sólo llegó al 11,5%.
También omiten el fracaso de las experiencias privatizadoras en el sistema de pensiones impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los países del Este y particularmente en Chile. En la mayoría de estos países, donde se implantaron estas experiencias privatizadoras, se están estudiando reformas al haber sido descapitalizados e incapaces de cumplir sus fines. Entre otras consideraciones la implantación del modelo privado propuesto por el Banco Mundial adolece de graves defectos al basar todo el sistema sobre el mecanismo de las cuentas de ahorro individual y, en consecuencia, marginando a todos aquellos trabajadores a quienes sus circunstancias laborales les impidan tener una vida laboral continuada y unos ingresos apreciables. Hay que reunir cantidades imposibles para gran cantidad de trabajadores. Por ejemplo, para tener una pensión de unos 898 euros al mes el trabajador debe ahorrar unos 272.000 euros. ¿Quién puede ahorrar estas cantidades?
Sin embargo, pese a estas informaciones personajes como el Gobernador del Banco de España, nombrado por el Partido Popular, Jesús María Linde, siguen recomendando, en cualquier foro que le brinde la ocasión, incluso en el Congreso de los Diputados, la necesidad de “estimular” la parte privada de las pensiones. Es más, ha planteado que para solucionar la economía española deben bajarse los salarios, abaratar el despido y ofrecer unas pensiones públicas mínimas para que sea el sector privado, bancas y aseguradoras, las que se lucren con el negocio de las pensiones privadas. Y esto lo propone el mismo que se subió el sueldo un 6% pese a estar en crisis, siendo su salario bruto, según publican diversos medios de comunicación, de 176.060 euros unos 6.743 euros mensuales.
En contraposición a estas declaraciones tenemos a economistas como Miren Etxezarreta, Catedrática emérita de Economía aplicada de la UAB, que explica que la crisis de las pensiones no es porque faltan recursos, es debida a una distribución perversa de la renta. La riqueza producida está muy mal repartida. Plantea una pregunta ¿cómo es que se conceden generosas exenciones fiscales a las pensiones privadas mientras se plantea que no habrá dinero para las públicas? Si queremos reforzar la sostenibilidad del sistema se debe aumentar los ingresos que podría hacerse anulando las progresivas reducciones que durante los últimos años han experimentado las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Además el sistema público de pensiones puede ser financiado mediante impuestos generales además de las cotizaciones sociales.
Siguiendo con su política, el Ejecutivo de Rajoy, ha vuelto a pegar otro hachazo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, de un tercio de lo que quedaba, 9.500 millones de euros. Durante su mandato ha sacado 66.401 millones de euros quedando apenas unos 16.000 millones y la única solución que ha efectuado es aprobar, en la pasada legislatura, una reforma de las pensiones que constituye una rebaja generalizada de las mismas introduciendo dos ejes, el factor de sostenibilidad y el factor de revalorización anual. El factor de sostenibilidad, que se aplicará a partir del año 2019, introduce la esperanza de vida a la hora de calcular la pensión inicial que cobrarán los nuevos pensionistas, es decir, si la esperanza de vida aumenta la pensión inicial se reducirá con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Dado que la esperanza de vida va en aumento a lo largo del tiempo este factor siempre restará sobre el importe de la pensión. El factor de revalorización anual supone ligar la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas. Implica que las pensiones sólo suben si aumentan las ingresos del sistema por encima de la base de crecimiento del número de pensiones. Este factor se moverá entre unos valores situados entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC+0,5%. Con el factor de revalorización las pensiones dejan de revalorizarse en función del IPC y pasan a hacerlo en función de un Índice de Revalorización construido por un comité de expertos, compuesto por representantes de bancos y aseguradoras, cuyo único objetivo es mermar las pensiones públicas.
Todo un trabajo de ingeniería económica encaminada a favorecer la implantación de los planes privados de pensiones obviando que las pensiones públicas constituyen un mecanismo de solidaridad y no son un gasto sino una inversión ya que muchas familias están sobreviviendo gracias a la pensión “del abuelo” estimulando la economía productiva en forma de consumo y demanda.
El Partido Popular está destruyendo el Estado del bienestar favoreciendo a las élites económicas y financieras. La constatación de esta afirmación es que somos el país de la OCDE donde más ha avanzado la desigualdad durante la crisis. El informe “Una economía al servicio del 1%”, publicado por Oxfam Intermon, determina que “la distancia entre ricos y pobres ha crecido y en 2015 el 1% de la población concentró tanta riqueza como el 80% de los más desfavorecidos. La fortuna de sólo veinte personas en España alcanza un total de 115.100 millones de euros”. La demolición del sistema social en el que vivíamos ha sido sistemática y programada.
Lo más irónico es que recientemente las gestoras están iniciando movimientos para conseguir que el Estado pague también las pensiones privadas. Inverso quiere que las empresas reciban dinero público para aportar a planes de pensiones que cubran las jubilaciones privadas de su plantilla.
Cada vez es más evidente que tenemos que recuperar el Estado del bienestar como instrumento de redistribución entre personas y grupos sociales ya que constituirá un seguro contra las adversidades de la vida y una hucha para el futuro. El objetivo de la Seguridad Social no es actuar como una empresa privada e igualar ingresos y gastos, sino garantizar determinados niveles de bienestar en la jubilación.
(Odalys Padrón, 05/12/2016)
Lo he afirmado tres veces, luego es verdad. Las mayores mentiras se pueden trasformar en dogmas, o los errores en aciertos, a base de repetir un mismo mensaje de forma continuada. Esto es lo que ha ocurrido con las pensiones. Desde hace más de treinta años todos los cañones informativos de las entidades financieras, de las fundaciones ligadas a ellas o a los poderes económicos, e incluso muchos políticos, han venido martilleando a la opinión pública con el soniquete de que el sistema público de pensiones no es viable, o de que en cualquier caso necesita una profunda reforma (léase reducción) para su sostenibilidad y de que se hace preciso, por tanto, que los ciudadanos comiencen a ahorrar, es decir, a suscribir fondos, planes de pensiones o instrumentos similares, finalidad última del mensaje.
Tanta fuerza ha tenido la ofensiva, que ha terminado calando profundamente en la sociedad. De ahí que no haya que sorprenderse de los datos que ofrece la encuesta realizada por la fundación Mapfre en la que, por ejemplo, más del cuarenta por ciento de los españoles piensan que cuando se jubilen no van a cobrar pensión. Estoy seguro, sin embargo, de que esas mismas personas no dudan de que va a seguir habiendo sanidad pública y educación pública; no cuestionan que se vaya a poder pagar a los policías, a los jueces y a los demás funcionarios o que los poseedores de títulos de deuda pública vayan a cobrar los intereses.
Sin motivo fundado, el pesimismo existente con respecto a las pensiones es radical. Una buena parte del otro sesenta por ciento considera que una vez jubilados no podrán mantener el mismo poder adquisitivo y que la cuantía de su pensión no sobrepasará los 900 euros mensuales; 150 euros menos que la pensión media actual, que ya es suficientemente baja. Se produce una especie de síndrome de Estocolmo en virtud del cual los ciudadanos han terminado asumiendo los sofismas y falacias construidos con la pirámide demográfica, con el incremento de esperanza de vida y, sobre todo, al ligar la suerte de las pensiones a la evolución de las cotizaciones, sin que nadie por el contrario repare en el incremento de la productividad y de la renta per cápita. Es una especie de promesa autocumplida, porque es precisamente el derrotismo en esta materia el que puede hacer posible que el sistema público de pensiones se deteriore, al tirar la toalla antes de comenzar el combate.
La encuesta se adentra también en el tema del ahorro que los ciudadanos guardan para la jubilación. No es de extrañar. Mapfre es una empresa de seguros y esta ha sido siempre la finalidad de la ofensiva: promocionar los fondos privados de pensiones o figuras análogas. La contestación de los encuestados es bastante lógica, el setenta por ciento no ahorra porque no puede, pero del 30% restante muy pocos serían, aunque no lo digan, los que podrían con su ahorro mantener una pensión. Por otra parte, la contestación de todos ellos con carácter general debería haber sido que de hecho ya están ahorrando todos los meses, puesto que las cotizaciones (incluyendo las empresariales) forman parte de su retribución, se pagan mes a mes durante toda su vida laboral.
Por mucho que se empeñen las entidades financieras y por mucha propaganda que hagan de los fondos y de los planes de pensiones, la mayoría de los ciudadanos no tienen apenas capacidad de ahorro. Deteriorar el sistema público de pensiones y confiar la supervivencia en la jubilación al ahorro privado es condenar a amplias capas de la población a la pobreza o a la beneficencia. Aparte de las pensiones públicas, tan solo la casa en propiedad puede tener cierta importancia en la riqueza de la casi totalidad de jubilados (presentes y futuros). Por eso se entiende mal que la vivienda se haya convertido en diana de los distintos impuestos.
El día 2 del presente mes, el Consejo de Ministros aprobó (al mismo tiempo que endurecía el impuesto de sociedades e incrementaba los gravámenes al tabaco, al alcohol, etc.) los coeficientes de actualización de los valores catastrales que subirán en 1.895 localidades de toda España, y que derivará en una subida de impuestos tales como el IBI o la plusvalía municipal. Lo cierto es que desde el comienzo de la crisis, de una u otra forma, los ayuntamientos no han dejado de subir el IBI. Pese a que el valor de mercado de los inmuebles se ha desplomado un 30%, la recaudación del impuesto ha crecido un 76%.
El hecho es tanto más injusto en cuanto que la vivienda representa el único patrimonio y la única reserva de cara a complementar la pensión de las clases bajas y medias. Resulta significativo que mientras el impuesto de patrimonio es objeto de toda clase de improperios y críticas, el IBI apenas recibe censuras cuando es en el fondo un impuesto de patrimonio, solo que parcial y no progresivo, y recae exclusivamente sobre aquella parte de la riqueza nacional que es propiedad de las capas sociales modestas.
(Juan Francisco Martín Seco, 17/12/2016)
La controversia sobre el fondo de reserva de las pensiones, otra puesta en escena de esa interminable obra de teatro en que se ha convertido las diatribas políticas entre PP y PSOE, al más puro estilo del barroco español. Un paripé. Todo es apariencia, nada es lo que parece. Es un absurdo pretender que un fondo de reserva pague las pensiones futuras. Y ambos lo sabían, o deberían saberlo. Como se ha demostrado, las pensiones futuras no dependen de que se haya dotado un fondo de reserva en el pasado, sino de que se obtengan excedentes reales en cada momento. Si dichos excedentes no existen, o no son suficientes, obviamente el fondo de reserva durará lo que tenga que durar, se irá vaciando. Y eso es lo que ha pasado. Añadan a ello el fiasco de los esquemas de pensiones privados, y que de manera tan generosa ambos partidos fueron incentivando fiscalmente, sin preocuparse en absoluto de los problemas reales asociados al actual sistema de pensiones público de reparto.
Pero el problema subyacente al fondo de reserva es todavía más surrealista. El diseño del fondo de reserva supone una restricción sobre el gasto público que obliga al Estado a gastar menos de lo que podría o debería. Forma parte de ese acuerdo tácito entre las élites patrias y foráneas de repudiar la política fiscal. Manda narices que unos bancos alemanes y su gobierno, que habían jugado al casino de la burbuja inmobiliaria hispana, acabaran imponiéndonos constitucionalmente una estabilidad presupuestaria absurda. Pero las élites económicas y políticas patrias no alzaron su voz. Al revés, aprovecharon la ocasión para intentar eliminar la herramienta de política económica más efectiva, la política fiscal. Pero al final, por razones estrictamente políticas, y viendo los efectos perversos de la austeridad, levantaron el pié del acelerador. De ahí el crecimiento económico desde la segunda mitad de 2014.
Los argumentos económicos de PP-PSOE, alarmantes
Por eso resultan profundamente alarmantes los argumentos económicos del otrora principal partido de la oposición -ya no lo es-. Muestran, por un lado, un desconocimiento todavía más atrevido que el del actual ejecutivo del PP. Por otro, reflejan un alejamiento cada vez mayor de las ideas que manan de aquellas escuelas económicas que en la actualidad están dotando de contenido al paradigma alternativo a un neoliberalismo en crisis. Sin duda es un reflejo más de la profunda crisis de la socialdemocracia.
Al menos el actual secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, reconoce que el Fondo de Reserva se agota, lo cual es evidente, y que cuando desaparezca, “el sistema seguiría garantizado porque habría transferencias desde los Presupuestos al sistema de la Seguridad Social”. El problema es que su solución, en ausencia de soberanía monetaria, genera más deuda soberana sin crear excedentes reales.
Cuando se analiza la sostenibilidad de las pensiones de reparto, en realidad nos enfrentamos a restricciones reales y no financieras. Es la productividad de los multifactores, es decir, del capital y del trabajo, la que permite generar los suficientes excedentes para atender a las personas dependientes. Pero si la producción real cae, bien porque disminuye la población trabajadora, bien porque caiga su productividad, no se generaran tales excedentes. En este caso o se esquilma aún más al factor trabajo o se obliga a las personas en edad de jubilación a seguir trabajando.
Resulta muy curioso observar, en este contexto, el fracaso más absoluto en aquellos países donde predominan los esquemas de pensiones privados -Chile y Estados Unidos-. Algunos de esos fondos de pensiones que se ocupan de las prestaciones de jubilación para colectivos de trabajadores específicos empiezan a presentar solicitudes para recortar los beneficios de sus partícipes. Y es en los países donde predominan los sistemas de pensiones de capitalización donde se está observando una dinámica preocupante en sus mercados laborales. Muchos trabajadores deberían estar disfrutando de la jubilación, pero la situación les obliga y, sobretodo, les obligará, a continuar en el mercado laboral para complementar sus menguantes pensiones futuras, por debajo de lo inicialmente esperado.
La falacia de la competitividad vía devaluación salarial
De este análisis surgen dos reflexiones inmediatas. El hilo argumental del gobierno y sus adláteres es que ante la imposibilidad de recurrir a una devaluación cambiaria solo cabe afianzar la competitividad en precio de los productos españoles, conteniendo el alza de los salarios y aumentando la productividad. Por lo tanto, argumentan, que gracias a sus políticas de oferta las empresas españolas son más competitivas, exportan más, y el sector exterior es nuestra tabla de salvación. Sin embargo, no es cierto. La razón real del incremento de las exportaciones durante la crisis fue el hundimiento brutal de la demanda interna y la necesidad de nuestras empresas, haciendo de ésta virtud, de buscarse la vida allende nuestras fronteras. Pero es que además, España jamás perdió competitividad en las últimas dos décadas. Junto con Alemania el nuestro era el único país que en los últimos 20 años mantuvo e incrementó su cuota de exportaciones, ya no solo por margen intensivo, sino también por aumentos en el margen extensivo, la exportación de nuevos productos y hacia nuevos destinos. Siempre confundieron productividad aparente del trabajo con competitividad. España tenía una baja productividad por que el modelo de crecimiento propuesto por las élites patrias –políticas, financieras, inmobiliarias, y oligopolistas- era intensivo en mano de obra, pero muy lucrativo para ellas.
En realidad, los problemas asociados al actual sistema de pensiones público de reparto, y que se deberían atacar, son otros: el estancamiento del crecimiento de los salarios, la desigual distribución de la renta, la caída de la productividad y la pirámide poblacional invertida. La solución pasa por revertir la fracasada hoja de ruta neoliberal. Remediar el estancamiento de los salarios y la desigualdad salarial, unido a un crecimiento de la productividad son partes intrínsecas que permitirían solucionar los problemas de las pensiones públicas bajo el sistema de reparto, sin necesidad de acudir a sistemas financiados y a sus efectos perversos. Y para ello son fundamentales las políticas fiscales e industriales, ambas de la mano, exactamente aquellas que los distintos gobiernos del PP y del PSOE fueron desmontando a favor de especuladores y rentistas. Por eso resulta llamativo observar como a ambos partidos parece que les da igual la pérdida inexorable de la propiedad patria de la industria exportadora española, tal como ya venimos denunciando desde estas líneas.
En el fondo lo que subyace es pura estrategia política. Cómo garantizarse el voto de los pensionistas, cada día más importante en términos absolutos y relativos, aunque sea a costa de destrozar el futuro de los jóvenes de este país. Lo dicho, ¡puro teatro del barroco!, ¡cómo nos engañan!
(Juan Laborda, 22/12/2016)
Los datos son espectaculares y ponen de relieve con toda crudeza el fenómeno de la longevidad. En 1998, apenas 3.474 españoles habían traspasado la frontera de los 100 años; casi dos décadas después, la cifra se ha disparado casi por cinco. En concreto, y a 1 de enero de este año, 15.413 españoles han pasado de la centena de años. Y lo que es todavía más significativo, el fenómeno no ha hecho más que empezar. A finales de la próxima década, más de 100.000 españoles, según algunas proyecciones de población, podrán celebrar los 100 años de vida.Así lo ponen de relieve los datos del Padrón Continuo de habitantes que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que se refleja que el fenómeno de la longevidad es, fundamentalmente, un asunto femenino. Casi el 80% de quienes han alcanzado esa edad son mujeres, lo que muestra el sesgodemográfico español, similar al de otros países.
La cifras son todavía más elocuentes si se tiene en cuenta que casi medio millón de españoles (491.348) han sobrepasado ya los 90 años, lo que da idea de cómo será el futuro inmediato en términos de población, con las implicaciones que eso conlleva desde el punto de vista social, sanitario, económico o, incluso, político.
La edad media de los españoles se sitúa ya en 43,69 años, pero es que los mayores de 65 años -algo más de 8,46 millones- representan ya el 23% de la población con derecho a voto. De ahí que muchos politólogos hablen ya de la existencia de una España analógica y otra digital a la hora de votar. Entre otras cosas, porque la propensión a acudir a las urnas es superior entre los mayores que entre los jóvenes. En las últimas elecciones, de hecho, más de 11,5 millones de españoles tenían 60 años o más.
La brecha generacional también se observa en las ciudades. Mientras los mayores optan por el centro, las familias jóvenes se desplazan a la periferia por los precios más baratos
Hace dos décadas, la edad medio de los españoles (sin contar los extranjeros) era equivalente a 39,27 años, lo que significa 4,42 años menos que ahora. Y el futuro no será muy distinto. Según las proyecciones de población, el número de nacimientos seguirá reduciéndose en España durante los próximos años. Así, entre 2016 y 2030 habrá un 22% menos de nacimientos que en los 15 años anteriores.
El fenómeno de la longevidad -distinto al del envejecimiento– tiene cada vez más relevancia en la economía. En particular, por su influencia sobre el sistema de pensiones y sobre el gasto sanitario y la dependencia. En la actualidad, según los datos más recientes del Ministerio de Empleo, la Seguridad Social paga 1,52 millones de pensiones (principalmente de jubilación y de viudedad) a ciudadanos mayores de 85 años, lo que significa que, como regla general, llevan percibiendo una pensión durante 20 o más años.
Esperanza de vida a los 65 años
No hay que olvidar que la esperanza de vida a los 65 años -edad legal de jubilación- también crecerá en los próximos años de manera progresiva, pasando en el caso de los varones de los 18,9 años en 2013 a los 27,4 años en 2063, mientras que, en el caso de las mujeres, pasará de los 22,8 años en 2013 a los 30,8 años en 2063. Esta evolución, como se ha dicho, es la clave del sistema de pensiones.
Las CCAA más afectadas son Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, que en 2013 formaron el Foro de Regiones con Desafíos Demográficos
El problema es que si antes la carreras laborales -años de cotización- eran largas, en el futuro tenderán a acortarse por la tardía incorporación de los jóvenes al mercado laboral debido a las dificultades para lograr un empleo y a la mayor duración de los ciclos formativos.
Según cifras de la Seguridad Social, la mayoría de las pensiones en vigor, el 62,6%, se han reconocido con 35 o más años cotizados, lo que les da acceso al 100% de la base reguladora, siendo el peso relativo aún mayor en el caso de las nuevas pensiones reconocidas en 2016 donde representan el 70,8%. Nada indica que en el futuro se mantenga esta proporción, que es un auténtico respiro para las arcas del sistema público de protección social.
¿Qué factores influyen en qué vivamos más o menos años? ¿Es realmente determinante el estilo de vida mediterráneo o son más longevos los escandinavos? Presta atención
También influye el deterioro de las relaciones laborales con la explosión de la contratación parcial no deseada y por la cada vez más frecuente interrupción de las carreras de cotización. Los últimos datos de la Seguridad Social muestran que la edad media de las nuevas jubilaciones en 2016 fue de 64,1 años en el total sistema. Es decir, por debajo en más de un año a los 65 y cuatro meses que establece la la normativa actual como edad legal en 2016 (el periodo transitorio finaliza en 2027).
Las consecuencias del envejecimiento determinarán, igualmente, un incremento del número de fallecimientos en los próximos años, lo cual también tiene efectos en términos microeconómicos. El INE ha estimado que las defunciones en el periodo 2016-2030 serán un 12,7% superiores que las observadas en los 15 años previos (2001-2015).
(Carlos Sánchez, 27/04/2017)