Acoger: Valor europeo:
Mediterráneo:
Revisión:
Un millón en 2015:
Moral:
Negocio:
Arendt:
En la sociedad actual, el poder de los medios de comunicación se convierte en trascendental. Situaciones que en otros años serían desconocidas, nos llegan al instante a través de la prensa, la radio, la televisión e Internet. Estos medios producen un efecto inmediato en la opinión pública. Hoy nos retransmiten la huida desesperada de los sirios por barcos, trenes, camiones y a pie. Ante el drama en el que se encuentran millones de refugiados se alzan distintas voces, unos, a favor del asilo, y otros, en contra, advirtiendo de una serie de peligros. Para analizar dicha cuestión es necesario descubrir las ideas preconcebidas y analizar las causas del problema.
Mientras que en territorios no muy lejanos de Europa se asesinaba a miles de hombres y mujeres, los europeos nos sentíamos seguros en nuestros países, no pensábamos que las consecuencias de la guerra nos pudieran afectar. Pero la llegada de refugiados procedentes de países en guerra y los actos terroristas llevados a cabo en suelo europeo nos muestran los horrores del conflicto bélico. Los refugiados que se ahogaban en el mar por llegar a las costas europeas, no dejaban de ser una noticia de unos segundos, eran seres sin identidad, carecían de pasado y de nombre, perecían en el mar y descansaban para siempre en un lugar de la anhelada Europa. Sin embargo, la imagen de un niño muerto en una playa, devuelto por el mar a nuestros pies, nos abre los ojos hacia una realidad; ya no es un ser sin identidad, tiene nombres y apellidos, está en nuestro territorio, tiene un padre que llora y todos nos sentimos identificados con su dolor.
Europa reacciona, como es habitual de forma lenta, negociando la acogida de refugiados y fijando su reparto entre los países, como si se tratase de una cuota más de objetos. Es entonces cuando se levantan reparos en contra de esta política de acogida a los refugiados. Se ha llegado a afirmar que son fugitivos, que es el caballo de Troya del Islam para dinamitar Europa, que se infiltran terroristas, que se utiliza a los niños para que nos sintamos culpables y se interrogan por qué no huyen hacia otros países árabes como Arabia Saudí y por qué no son socorridos por la Media Luna Roja.
Pero, realmente, ¿podemos pensar que los sirios que recorren miles de kilómetros huyendo con los hijos en los brazos es porque quieren remover las conciencias europeas? ¿O es que quizás nuestras conciencias se quedan más tranquilas si no abrimos la puerta buscando una justificación? ¿Dejaremos de sentirnos culpables si los rechazamos porque no piensan como nosotros y no creen en nuestro mismo Dios? ¿Se puede proponer que los refugiados musulmanes sólo pueden ser refugiados en países musulmanes? ¿Se puede llegar a pensar que los refugiados chiíes solamente pueden ser refugiados en países chiíes y los cristianos sólo en países cristianos? ¿Se puede plantear que no hay que acoger refugiados porque entre ellos puede haber algún terrorista, cuando los países europeos exportan terroristas a la guerra de Siria? ¿Es este el mundo de los valores que preconiza y defiende Europa?
No estamos ante una guerra de religiones, de musulmanes contra cristianos. Si observamos el mapa de la guerra se produce entre musulmanes, de distintas creencias, suníes y chiíes. En medio de esta guerra se encuentran atrapados miles de cristianos y yazidíes que son masacrados, ante el silencio y en la inacción internacional. No estamos ante una guerra de civilizaciones, no es real el llamado choque de civilizaciones, Occidente no lucha contra Oriente. Estamos ante una guerra entre la libertad y la barbarie: esa es la cuestión sobre la que hay que tomar conciencia, en primer lugar, y en segundo lugar, medidas. La barbarie sobre las personas que son esclavizadas, lapidadas, mutiladas y asesinadas. Estamos ante la exaltación de la brutalidad de lo inhumano, la negación del hombre, ante el ataque a la esencia de la existencia del ser humano, la irracionalidad se apodera de la vida e infunde el miedo a las masas. La barbarie no es nueva, lleva tiempo y se ha incrustado en una parte del territorio de Oriente. A las muertes actuales les preceden otras igual de horribles, las cuales se nos han olvidado y, a su vez, serán preludios de otras igual de terribles si no se adoptan medidas.
Europa no puede dejar de ser Europa, la de los derechos, de las libertades y de la tolerancia. Europa tiene que dar un mensaje al mundo. Si Europa se encierra y levanta fronteras, será cuando dejará de ser Europa y estará condenada a su fracaso, porque la civilización europea se basa en sus valores y el comienzo de su destrucción se inicia por la pérdida de esos valores.
El acoger a refugiados que huyen de la guerra es un gesto de humanidad y como tal es un valor europeo. El cerrar las fronteras a los que huyen de la muerte es contrario al espíritu de la tradición europea y nos recuerda los peores momentos vividos en el siglo pasado. No hay que olvidar que, antes de la II Guerra Mundial, miles de refugiados judíos fueron rechazados en diferentes países y se vieron abocados a morir en los campos de concentración. En la historia ha habido refugiados ilustres; Albert Einstein era un refugiado y el padre de Steve Jobs era inmigrante sirio, que contribuyeron a cambiar el mundo. Otros como Victor Hugo, Chopin, Isabel Allende se vieron obligados a exiliarse. Además, hay que tener en cuenta que a través de la inmigración se enriquece una sociedad; Europa necesita inmigración, puesto que es una sociedad envejecida. Se calcula que solamente Alemania es capaz de acoger unos 500.000 inmigrantes al año.
A Europa llegan las consecuencias de cuatro años de inacción, de una guerra a la que se tenía que haber puesto fin hace tiempo, de una política internacional errática e indecisa. Es necesario poner fin a la guerra y estabilizar la zona, elaborar un plan para los refugiados y ayudar a los países limítrofes con Siria, que con unos tres millones de refugiados están soportando un coste mucho más elevado que Europa. Las medidas tienen que ser adoptadas y decididas con urgencia, antes de que sea demasiado tarde y antes de que nos veamos abocados a adoptar otras que no nos gusten. Europa no puede ignorar lo que sucede más allá de sus fronteras, tiene que plantearse cuál es su papel en el mundo. Europa no puede renunciar a ser ella misma.
(Francisco Pleite Guadamillas, 15/10/2015)
A lo largo de la historia, el Mediterráneo fue casi siempre una tumba. Ahora, es un nuevo mar muerto, una fosa colectiva en la que nadie es capaz de cifrar a ciencia cierta el número de cadáveres desde el Estrecho de Gibraltar a Lampedusa, desde los barcos chatarra a los camiones patera, como el que fue descubierto en Austria hace unos días, con setenta muertos a bordo.
Asistimos impasibles a la mayor crisis de refugiados que Europa vivía desde la Segunda Guerra Mundial. En otros lugares del planeta, no ha cesado esa larga marea histórica de fugitivos, desplazados, gente obligada a dejar sus hogares y sus países bajo la muerte armada. Ahora, desde Macedonia, Grecia, Serbia o Hungría hasta Italia y España, llaman a la puerta de la Unión Europea a miles, entremezclándose migrantes y gente que no reclama tanto un trabajo como un lugar donde reencontrarse con algo remotamente parecido a la paz. Son los refugiados, los solicitantes de asilo a los que la democrática Europa, con España a la cabeza, viene negando el pan y la sal desde hace mucho.
Mientras el ojo público de la actualidad sigue fijo en lo que ocurre frente a las costas de Libia o junto a la frontera Este, a las puertas de Melilla, donde empiezan a llegar sirios que milagrosamente empiezan a tramitar por vez primera una solicitud de refugio, sigue habiendo cientos de personas que, más allá de las redadas marroquíes del último febrero o de las declaraciones sensacionalistas de los ministros de un lado y otro del Estrecho, persisten en buscar un lugar al sol en el viejo paraíso del estado del bienestar, que empieza a desmoronarse.
El pasado jueves, Algeciras Acoge convocaba una manifestación exigiendo el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Tarifa, un viejo cuartel de la Isla de las Palomas, sin condiciones de habitabilidad y sin transparencia que permita denunciarlo. Tal que así ocurre en otro CIE andaluz, el de la antigua cárcel de La Piñera, en Algeciras, para el que la sociedad civil también exige la clausura. Se encuentra situado frente al barrio de El Saladillo, el lugar donde vivió durante un año el joven marroquí que aparece como presunto sospechoso de pertenecer al Estado Islámico, tras protagonizar un pintoresco asalto en solitario al tren que hacía la ruta entre los Países Bajos y París. En esa barriada, donde hace tiempo que reside el Cuarto Mundo, siguen viviendo sus padres. Esa circunstancia ha servido para un insólito despliegue mediático contra el que han tenido que alzarse todas las formaciones políticas locales, porque sencillamente ponía en peligro un ejemplo de convivencia en las estrecheces y en la economía sumergida, que ha costado mucho tiempo y esfuerzo consolidar.
Frente a ese panorama desolador, que delata una tragedia colectiva a las puertas de nuestros propios y confortables hogares, caben más preguntas que las que habitualmente formula ese populismo que está llenando Europa de escaños neofascistas. La pregunta no es si hay que abrir la fronteras, sino como hay que entreabrirlas y como habría que articular un modelo de flujos migratorios que realmente fuera eficaz. El actual sistema, estrictamente represivo y policíaco, ha demostrado su inutilidad: frente al argumento de la seguridad, está comprobado que la mayor parte de los atentados yihadistas han sido protagonizados por gente que tenía en regla sus papeles o que portaban documentos magistralmente falsificados; frente al del efecto llamada que condena al fracaso cualquier campaña de regularización, queda claro que millones de personas han seguido intentando llegar a Europa a pesar de que, desde hace años, se condenó por anatema la posibilidad de brindarles papeles. Ese dogma de fe provoca que siga habiendo una bolsa aproximada a doce millones de personas en la Unión Europea, sin tarjeta de residencia o de trabajo, que encuentra ocupación en el mercado negro, aunque en su mayoría no ejerzan acciones delictivas. A ese censo en B han ido incorporándose muchos migrante que se encontraban ya regularizados y que han perdido ese derecho al quedar en el desempleo.
Bajo tales pautas abundan las preguntas, pero también las respuestas, como las que propongo a renglón seguido.
¿Qué cuesta la atención sanitaria de los inmigrantes?
Cuando constituían el 12 por ciento de la población española, el costo de su atención apenas llegaba al 6 por ciento del total del presupuesto sanitario. Así que ambas proporciones habrán bajado a tenor de la tocata y fuga que han vivido y sufrido en los años de la crisis. Ahora que el Partido Popular da marcha atrás a la exclusión de los inmigrantes del sistema público de salud, el incombustible Xavier García Albiol, aprendiz de Le Pen, propone retirarles la tarjeta sanitaria en Cataluña. Otras voces en su partido siguen apostando por ficharlos, como si ponerse enfermo fuera una falta o un delito. Unos y otros pueden estar tranquilos. Según sucesivos informes de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), emitidos desde 2008, la desproporción entre el uso de los servicios de Atención Primaria es de tal calibre que el 57,7% de la población española habría acudido al menos una vez al año a dichos servicios públicos, frente al 12,7% de la población inmigrante. El turismo sanitario tan sólo lo practican algunos residentes comunitarios y, por lo demás, tienen derecho a ello y suele compensarse su asistencia por parte de los estados de origen. Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo, sólo un cuatro por ciento de los inmigrantes llegados a España aseguró que lo hacía por razones de salud. Nuestro sistema sanitario no se sustenta en las cotizaciones laborales sino en las aportaciones del Estado a través del pago de impuestos. Por lo tanto, también los inmigrantes sin papeles aportan dinero a dicho fondo común, cada vez que paguen el IVA o tasas e impuestos que no sean las del IRPF, que no pueden pagar como muchos de ellos quisieran, por la sencilla razón de que no tienen papeles, ni derechos ni deberes de esa índole. La exclusión sanitaria de los inmigrantes se produce en muy escasos países europeos, entre ellos, Eslovenia, Chipre o Polonia.
¿Cuántos migrantes aguardan en el norte de Africa?
Imposible saberlo. En todo el territorio marroquí, a partir de las redadas de febrero de este año, podríamos estar hablando quizá de diez mil personas, aunque apenas 4.000, de entre todas ellas, estén decididas a saltar la valla de Ceuta o de Melilla o a cruzar el Estrecho en las diminutas y peligrosas “toys”, las embarcaciones de juguete con que arriesgan su vida ahora los viejos espaldas mojadas. En junio, las autoridades europeas calculaban que 1.200.000 personas se encontraban agrupadas en la costa que media entre Tripoli y la frontera de Túnez. La crisis libia, fomentada por diversas potencias occidentales, se ha sumado a la de Siria o la emergencia del Estado Islámico y ha provocado miles de desplazamientos involuntarios. A todos ellos, habría que sumar quienes llevan a cabo una tocata y fuga azuzados por el hambre. Al menos, esos son los datos del Centro de Inteligencia y de Análisis de Riesgo de la Comisaría General de Extranjería de la Policía. El miedo a la invasión de los bárbaros, sin embargo, sigue alimentando los discursos políticos de la xenofobia, conculcando cualquier compromiso en materia de refugio y de asilo político. En lo que llevamos de año, 300.000 inmigrantes han arriesgado sus vidas en esa singladura: 200.000 han llegado a Grecia y otros 100.000 a Italia. Dicha cuantía ya supera la cifra total de 2014, que Naciones Unidas fijó en 219.000 para el conjunto del año. La Organización Mundial de Migraciones calcula que a finales de año, habrán cruzado a Europa alrededor de 800.000 viajeros sin salvoconducto, desde el norte de Africa. Frente a todo ello y a pesar de los brotes xenófobos de los discursos populistas, la presión migratoria sobre España ha disminuido brutalmente. Según cifras de la Agencia Europea de Control de Fronteras (FRONTEX), en los seis primeros meses de 2015, tan sólo habrían accedido irregularmente a España, por vía marítima o a través de Ceuta y Melilla, un total de 6843 personas. Casi el doble, eso sí, con respecto a los 3451 que fueron localizados en el mismo período del año pasado, en similares puntos de entrada, una geografía de las migraciones clandestinas que sigue excluyendo los aeropuertos internacionales de nuestro país.
¿Existen las mafias?
Existen, pero no siempre intervienen en todos los proyectos migratorios. O no intervienen en la totalidad del mismo sino en una parte: el cruce del desierto, en el caso de los subsaharianos, por ejemplo. O el flete de los barcos de la muerte desde las costas de Libia rumbo a Lampedusa, o el acarreo terrestre de los migrantes a bordo de camiones TIR. Para comprar una “toy” en cualquier tienda de Tánger, no hace falta un mafioso. Sobre todo por dos motivos: porque los candidatos a emigrar que llegan hasta allí no sólo son fuertes sino listos y porque contratar a un intermediario para una operación tan simple encarecería considerablemente el viaje. Cosa distinta es la participación puntual o regular de algunos navegantes con nociones de patroneo que ejercen como pilotos de las embarcaciones de mayor tamaño o como conductores de las motos náuticas desde las que arrojan a sus pasajeros al mar, mucho antes de llegar a la costa española. El cruce del Estrecho, si se recurre a una organización o a cualquier pasador independiente, oscila entre 1.000 y 3.500 euros, según las circunstancias de la navegación y de la seguridad y envergadura de la embarcación requerida. Ya no hay pateras, aunque se sigue utilizando este término popularizado en los años 90. Abundan todavía las gomas, las embarcaciones hinchables, aunque se buscan procedimientos alternativos para burlar los eficaces controles del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior en aguas del Estrecho. Por otra parte, de los 32.000 inmigrantes que llegaron a Canarias por vía marítima en 2006, a bordo de los célebres cayucos, se ha pasado a cifras que oscilan entre 200 y 300 personas en los últimos ejercicios. La clave se encuentra relacionada con la firma de convenios de colaboración con Senegal o Mauritania que, en la práctica, no sólo ha supuesto la puesta en marcha de programas de cooperación al desarrollo con presupuestos comunitarios del FRONTEX, sino la compra de voluntades políticas y de la sociedad civil.
¿Delitos contra los derechos de los extranjeros?
Así lo recoge la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cuya reforma entrará en vigor en octubre. Su título XV Bis, habla de los “delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Es lo que se aplica a todos los inmigrantes que se captura en territorio español y que son devueltos ipso facto a Marruecos mediante un raro acuerdo verbal de 1992, que después pasó a reflejarse en negro sobre blanco. Su artículo 318 bis establece penas, por ejemplo, para el que “directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea”. Las condena, de entre cuatro a ocho años de prisión, aumentan de 5 a 10 “si el propósito del tráfico ilegal o la inmigración clandestina fuera la explotación sexual de las personas”. Mucho más si se ejerce violencia física o psicológica, así como si el culpable pertenecería a una organización. El título XV también habla de los delitos contra los derechos de los trabajadores, pero pintorescamente no penaliza a las reformas que se han llevado a cabo en la última década y que han supuesto una clara merma de garantías sociales y una fuerte precarización del mercado laboral. Bajo esa denominación, su artículo 311 y 311 Bis fija penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses, entre otros supuestos, a quienes empleen a trabajadores sin contrato y quienes “de forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo”. El principal derecho de los trabajadores es precisamente el trabajo y millones de personas, día a día, demuestran en Europa que es posible ejercerlo sin permiso oficial. El artículo 312, eso sí, fija que “serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra”. O, en el artículo 313, se prometen similares penas para quien “determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante”. Tendríamos que preguntarnos, en este caso, por qué apenas hay empresarios sancionados por estos supuestos y la persecución de los mismos tan sólo perjudica habitualmente a sus víctimas.
¿Cuántas personas han muerto en el Mediterráneo?
Resulta imposible precisar la cifra de personas muertas en aguas del Mediterráneo desde que, en una playa de Tarifa, se localizó el primer cuerpo de un inmigrante muerto en otoño de 1988. ¿Miles, millones? En los últimos 27 años? En lo que llevamos de 2015, la Organización Internacional para las Migraciones calcula que han muerto alrededor de 2.400 personas. Bajo las aguas de Grecia y de Italia, claro, sin contar las nuestras. El viaje desde Libia a Italia es mucho más peligroso y este año han incluido tragedias como la vivida esta semana cuando dos barcos cargados con alrededor de 500 migrantes, se fueron a pique tras zarpar del litoral libio de Zuwara, el pasado 27 de agosto. ¿O qué decir de la tragedia vivida en Lampedusa el pasado 19 de abril con un coste estimado de 800 vidas? Pero a muchos de esos inmigrantes la muerte les persiguió tierra adentro. El infierno, a veces, no sólo es una fosa común. Hace unos días, cientos de inmigrantes se manifestaban en la ufana Milán de la Expo para reclamar mejores condiciones de vida, lejos de los precarios asentamientos en los que viven a diario.
¿Cuáles son las rutas de las migraciones hacia Europa?
La ruta clásica, la que conocíamos en el Estrecho, llevaba desde el sur del Sáhara –muy especialmente Nigeria, Senegal, Mauritania o Mali, pero también Congo o Ruanda—hacia Marruecos y Argelia, para llegar finalmente a las puertas de Ceuta y Melilla o embarcar desde Tánger y los ochenta kilómetros de costa que llevan hasta Larache. A los nómadas subsaharianos, se les sumaban los magrebíes, pero también muchos otros que se identificaban como palestinos y a menudo lo eran. Por no hablar de la ruta de la inmigración asiática que desde China o India también llegaba al Tarajal o al Monte Gurugú. Desde finales del siglo XX, se abrió otra puerta a la inmigración clandestina desde Libia a la isla de Lampedusa y Sicilia. Esa ruta disparó sus usuarios a partir de la crisis libia y siria, y aún sigue suponiendo el principal escape para la población civil estrangulada por los distintos combatientes. Ahora, se abre la ruta de los Balcanes, cuya estación término pretende ser Alemania y otros países del centro y norte de Europa. La ruta hacia Grecia se lleva a cabo fundamentalmente a través de las islas de Kos, Chios, Lesbos y Samos, en barcazas de madera. En esos lugares, la nacionalidad de los migrantes varía. Allí, estamos hablando fundamentalmente de sirios, pero también afganos o eritreos. Nigeria sigue exportando numerosos migrantes, pero también vuelve a hacerlo Kosovo. Muchos de ellos estarían en condiciones de solicitar refugio. ¿Hacia dónde quieren ir? Hacia Alemania, fundamentalmente. De entre el total de 800.000 que espera Europa, 3.000 cruzarán a diario en los próximos meses a través de Macedonia, según cálculos de Naciones Unidas. Los que crucen a través de Serbia, pretenderán alcanzar Hungría para poder acceder a la zona de libre circulación de Schengen; tan sólo durante el mes de junio, 34.000 migrantes utilizaron esta vía, por lo que las autoridades húngaras recurren a implantar el modelo de nuestras vallas: más 175 kilómetros para una verja que recordará sin duda a otros tiempos de muros berlineses, líneas maginot y telones de acero. Austria espera recibir alrededor de 80.000 solicitudes de asilo este año, por no hablar de la arriesgada incursión a través del Canal de la Mancha, desde Calais.
¿Qué hace Europa frente a los refugiados?
Por primera vez, parece afrontar la necesidad de otorgar el estatus de refugiados a más peticionarios de los que acostumbraba. En líneas generales, durante los últimos meses, la Unión Europea ha trabajado en dos líneas. Una, establecer una serie de cuotas para la distribución en los distintos países de buena parte de esos náufragos del conflicto de Libia y de Oriente Próximo: se trataría, al menos, de acoger a 40.000 sirios y eritreos en los dos próximos años, pero la respuesta de los diferentes gobiernos ha sido gélida. Finalmente, la cifra de admitidos temporalmente en nuestro paraíso alcanzaría a 32.500, pero nada se sabe de otros 20.000 que sería preciso trasladar a Europa y que permanecen en maltrechos campamentos de Naciones Unidas. ¿Son tantos como para que estén asaltando centros de refugiados en Alemania o los lideres británicos hablen de caos y de alteración del estatus europeo? Si se tiene en cuenta que Líbano, con poco más de cuatro millones de habitantes, acoge a 1.200.000 refugiados sirios, nadie en su sano juicio supondría que la llegada de estas personas podrían suponer un grave riesgo demográfico y laboral para los 740 millones de habitantes que tiene Europa. Si han llegado 200.000 migrantes este año, estaríamos hablando del 0,027 por ciento de la población europea. En abril, eso sí, se triplicaron los fondos del Frontex en 120 millones de euros, pero siguen existiendo escasos recursos para el rescate de embarcaciones en peligro, sobre todo después de que Italia abandonara la operación que emprendiera un año atrás cuando empezaron a multiplicarse los cadáveres junto a sus playas. ¿Unificar las políticas migratorias y de asilo? Hoy por hoy, sigue siendo un imposible por las peculiaridades de los 28 estados miembros y, lo que es terrible, muchas ONGs consideran que dicha unidad de criterios policiales y jurídicos incluso podría perjudicar a los migrantes, más que beneficiarles.
¿Cuál es nuestra política de asilo?
La del portazo. A escala europea, se recibieron 435.190 solicitudes de asilo en 2013, que crecieron hasta rozar 627.000 en 2014. En principio, el estatus de asilo supone que a quienes accedan al mismo se les debe garantizar el derecho a un trabajo a los nueve meses de su llegada. ¿Podrá afrontar ese reto la Europa de la austeridad y la España del paro? Parece que no. Cuando el hambre entre por la puerta, el humanitarismo escapa por la ventana. Según datos más o menos oficiales, el 62% de los migrantes que llegan a Europa durante los últimos meses no huyen del hambre o la miseria, sino de la guerra y las dictaduras de Afganistán, Siria, Eritrea, Darfur, Iraq, Somalia o Nigeria. Carne de asilo, no del lado oscuro de las leyes de extranjería, en un censo migratorio en donde se incrementa el número de orientales –especialmente pakistaníes—y disminuye el de africanos. Frente a ese dato, las solicitudes de asilo no resultan abrumadoras: 92.275 en Alemania durante 2014, frente a 68.500 en Francia, 39.905 en Suecia, 35.180 en Italia y 25.870 en el Reino Unido. Resulta curioso, tal y como subraya la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que nuestro país, en 30 años, ha recibido menos peticiones de asilo que Alemania el pasado año. ¿Por qué? Porque aquí se les suele dar carpetazo. De hecho, durante el pasado año, en España, sólo se tramitaron 5.900 peticiones de asilo, de las que apenas 1.500 recibieron una respuesta más o menos humanitaria. Por lo común, según CEAR, tan sólo recibimos el 0,9% de las solicitudes que se presentan en territorio europeo. Cuando hace unos meses, la Unión Europea solicitó que España asumiera la cuota de 4.000 refugiados, el Gobierno logró reducirla, y aún a regañadientes, hasta 1.400.
El retroceso español.-
Como en muchas otras materias que conciernen a los derechos civiles, el Gobierno del Partido Popular, desde 2011, ha supuesto un claro retroceso en materias que conciernen a migrantes y a solicitantes de refugio y asilo. Dicha marcha atrás no sólo conciernen a los presupuestos en materia de cooperación internacional, que empiezan lentísimamente a corregirse, sino a cuestiones mucho más perentorias como el trato dado por los cuerpos y fuerzas de seguridad a los migrantes o la regularización de procedimientos tan lejanos al derecho comunitario como las devoluciones en caliente. Hace poco se conocieron las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU adoptadas el 20 de julio de 2015, sobre la aplicación en nuestro país del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre otras muchas asignaturas pendientes –interrupción voluntaria del embarazo, igualdad de trato, discriminación, situación de las cárceles, malos tratos y torturas policiales–, se hacía referencia explícita a los Centros de Internamiento de Extranjeros. En el texto, se recogía la siguiente sugerencia: “España debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar el uso recurrente de la detención de los solicitantes de asilo, y garantizar que la detención de los extranjeros sea siempre razonable, necesaria y proporcionada en vista de sus circunstancias individuales; que se recurra a la detención durante el período más breve que proceda y únicamente si se han examinado debidamente y considerado inapropiadas las alternativas existentes. Asimismo, debe tomar todas las medidas necesarias para que todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente y que los responsables comparezcan ante la justicia”. Resulta esclarecedor que dicho Comité inste a España a “revisar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley n.º 4/2015 y garantizar que todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados y a la protección frente a la devolución sin discriminación, y tengan acceso a un mecanismo independiente con autoridad para suspender las decisiones negativas”. Pero más escalofriante resulta constatar la existencia de “malos tratos y uso excesivo de la fuerza en las operaciones de expulsión de solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados”, aunque no siempre dentro del territorio nacional: “España –afirma el Comité– debe adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que no se someta a los inmigrantes a malos tratos durante su deportación y expulsión. Además debe tomar las medidas necesarias para garantizar que autoridades extranjeras (Marruecos) no cometan violaciones de derechos humanos en territorio español, y que los policías y personal de fronteras reciban formación adecuada con respecto al uso de la fuerza en las interacciones con los inmigrantes, y asegurar que cualquier uso excesivo de la fuerza sea investigado y los responsables sancionados, cuando necesario. Asimismo, debe realizar una investigación completa y efectiva sobre los hechos en El Tarajal (Ceuta) y, si es necesario, enjuiciar a los responsables y proporcionar reparación adecuada a las víctimas”. Se refiere, claro es, a la muerte de 19 inmigrantes que intentaban ganar la costa de Ceuta a comienzos de febrero de 2014 y que fueron repelidos con las armas por agentes de la Guardia Civil.
¿Pueden evitarse las devoluciones en caliente?
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado ya una demanda sobre la legalidad de la política del actual gobierno del PP en la frontera Sur, planteada por el European Center for Constitutional and Human Rights, cuyo contenido subraya que quienes logran cruzar las alambradas de hasta seis metros de altura y la hostilidad que le muestran los cuerpos y fuerzas de seguridad de España y de Marruecos, suelen ser jóvenes de entre 15 y 21 años, a menudo malheridos o muertos en dicha encrucijada. La queja presentada se refiere al caso de dos hombres oriundos de Mali y Costa de Marfil y se basa en lo que se supone una práctica habitual de la policía española de expulsar de manera sumaria a refugiados y migrantes sin la posibilidad de solicitar protección jurídica o asilo: “Sería la primera vez que Estrasburgo decidiera sobre la situación en Melilla y, con ello, sobre la rígida política fronteriza de España. En su reacción respecto a la exigencia del juez de tomar declaración, el ministro del interior español Jorge Fernández Díaz justificó esta violación masiva del derecho, la cual, además, es, desde marzo de este año, la política oficial del gobierno”, afirman portavoces de dicha Ong El Tribunal no ha admitido, por infundada, la demanda planteada por malos tratos policiales, pero acepta considerar el caso en función de que el maliense N.D y N.T., de Costa de Marfil, aseguran que “las fuerzas de seguridad españolas los devolvieron a las fuerzas marroquíes sin identificarles ni ofrecerles intérprete o abogado, tal y como obligaba en ese momento la Ley de Extranjería. Las fuerzas marroquíes se los llevó primero en autobús a Nador y después a Fez junto a otras personas sin poder recurrir la expulsión colectiva, prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos”. Dicha práctica ya sería legal en España, desde el último mes de abril, pero no cuando ambos interpusieron la denuncia a finales de 2014.
Nota del autor: Lenta vuelta de vacaciones. Un artículo demasiado largo para tan poco tiempo disponible. Quizá el viento arrastre la foto, en papel prensa, de dos niños rodeados de antidisturbios en la frontera de Macedonia.
(Juan José Téllez, 30/08/2015)
Es crucial que las instituciones europeas inicien una reflexión para elaborar una estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las migraciones. Podría llegar a ser una fuente de relegitimación del proyecto europeo
La tragedia humana que tiene lugar a las puertas de la UE conjuga de forma espectacular la profunda imbricación de varios tipos de demanda migratoria; los solicitantes de asilo, huyendo de la descomposición de sus Estados y de las guerras civiles, se suman a los inmigrantes económicos, intentando escapar de la miseria o sencillamente deseosos de vivir más dignamente. Lo novedoso es que los candidatos a la emigración, pertenezcan a la categoría que sea, quieren abrir a toda costa las fronteras de la fortaleza Europa. Esta ofensiva refleja el agotamiento del modelo de gestión migratoria puesto en marcha desde 1985.
Con la adopción de los Acuerdos de Schengen (1985-1990) y su prolongación con los Acuerdos de Dublín (1990-2003), la estrategia comunitaria ha erigido una auténtica barrera de hierro frente a las migraciones externas: cierre de la inmigración laboral para los no comunitarios (compensada con una admisión más flexible de la reagrupación familiar para los inmigrantes instalados legalmente en Europa); reducción drástica de la concesión del estatuto de refugiado y por tanto del derecho de asilo; gestión cuasi militar del control de fronteras; y adopción, en 2003, del principio por el cual el solicitante de asilo no puede interponer su solicitud en el país final de destino sino en el de llegada a Europa.
Si se observa la reacción tanto de los inmigrantes económicos como de los solicitantes de asilo —es decir, recurso inevitable a la inmigración ilegal, incremento de la reagrupación familiar— ante este vasto muro de seguridad, se puede constatar que la presión migratoria, aunque con el endurecimiento progresivo de las leyes, ha sido mantenida en límites estrechos para la UE.
Pero, en paralelo, poniendo en evidencia el carácter cortoplacista de esas medidas, la demanda migratoria no ha cesado de aumentar en los últimos 30 años. Se ha creído que se podía contener, para siempre jamás, un problema estructural de naturaleza demográfica y geoeconómica únicamente con medidas policiales: ¡esto es lo que hoy explota en plena cara de la Unión! La ofensiva conjunta de los solicitantes de asilo, trabajadores comunitarios provenientes de países pobres de la Unión e inmigrantes económicos no comunitarios quiebra finalmente la muralla del imperio europeo.
Pero más que nunca, y por causa de la crisis, la mayoría de los países europeos clama su rechazo a la acogida de nuevos inmigrantes; algunos no dudan en desestabilizar la situación de los extranjeros ya instalados legalmente para recortar aún más los derechos o expulsarlos; otros limitan la libre circulación de los trabajadores comunitarios, las opiniones públicas se arman contra la amenaza migratoria, mientras que centenares de miles de desesperados piden ayuda a los pies de la fortaleza sin vacilar a la hora de poner su propia seguridad en juego, transformando su búsqueda de una vida mejor en obligación de socorro a personas en peligro. Desbordado por completo, el sistema Schengen-Dublín se raja poco a poco. Es lo que ha reconocido, el 16 de agosto, ante la afluencia de refugiados en Alemania, la canciller Merkel. Así pues, sugiere “revisarlo completamente”. Pero, ¿en qué sentido?
La tendencia desarrollada estos últimos años ha sido la de la renacionalización de las políticas migratorias, reduciendo a su más simple expresión la capacidad común de gestionar estos flujos, aunque sepamos que son continentales. ¿No hemos asistido, por cierto, en relación al asilo, a un lastimoso espectáculo dado recientemente por países de la zona euro —cuyo PIB se encuentra entre los más altos del mundo— rechazando rotundamente acoger a unos cuantos millares de siniestrados?
Esta voluntad de renacionalizar la gestión de flujos, de la que Gran Bretaña ha hecho bandera, es más nefasta que la propia impotencia actual. Y es irrealista, puesto que no tiene en cuenta la complejidad del fenómeno migratorio. Si las políticas de contención de estos últimos 30 años saltan hoy es principalmente porque han llevado a la acumulación de una enorme demanda migratoria insatisfecha sin percatarse que la única manera de limitarla era el aumento significativo de la ayuda al desarrollo en los países no comunitarios a fin de estabilizar in situ las poblaciones. Además, este blindaje de la fortaleza europea se sufre como una cruel relegación a espacios de miseria a millones de personas que viven en las fronteras de la riqueza, mientras que la libertad de circulación aparece hoy día como un derecho fundamental en el mundo. Por último, y es la variable agravante, la voluntad de emigrar se ha redoblado por el crecimiento demográfico, que vuelve prácticamente imposible, especialmente en el África subsahariana, la absorción de las jóvenes generaciones por el mercado de trabajo.
Ahora bien, ningún Estado europeo puede, por sí solo, afrontar estos desafíos. Solo una política común, que tenga en cuenta los tropismos históricos y los intereses económicos de cada Estado concernido, puede aportar soluciones. En caso contrario, la Unión se verá involucrada en una espiral de militarización caótica de sus fronteras.
Es, por tanto, crucial que las instituciones europeas inicien juntas una reflexión que elabore una estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las migraciones. Podría llegar a ser una fuente de relegitimación del proyecto europeo. Debería proponer, junto con los permisos de residencia ya existentes en todos los países de la zona euro, la creación de documentos de residencia móviles de los trabajadores, de acuerdo con los países de origen y en función de las necesidades de los países de acogida. Estos documentos no supondrían, automáticamente, el derecho a la reagrupación familiar pero podrían responder, en parte, a la demanda migratoria no satisfecha; desarrollar sobre todo una política europea común de cooperación, articulándola, si es necesario, con las distintas políticas nacionales, con el fin de aumentar la parte del presupuesto europeo consagrado a la ayuda al desarrollo para financiar proyectos empresariales (comerciales e industriales), medioambientales y agrarios; revisar —necesariamente al alza— el derecho de asilo acordado a los refugiados si quieren evitar más muertes de inocentes; atacar a las mafias de trata de personas con una fuerza de intervención asociada con los países afectados y bajo mandato de la ONU; y reforzar el papel de las asociaciones civiles, de los municipios y de las comunidades en la acogida de los refugiados. Estas líneas de actuación no son exhaustivas; tienen únicamente por finalidad reformar un sistema migratorio demasiado rígido, responsable en parte de las tragedias actuales, y considerar a los inmigrantes no una amenaza de guerra, sino una oportunidad para la Europa del siglo XXI.
(Sami Naïr)
La llegada de un millón de refugiados o inmigrantes a Europa en el 2015 es un problema que la política no puede resolver si no existe un fondo humanitario mínimo en las sociedades europeas de acogida. Una corriente de inseguridad y miedo está recorriendo Europa.
Alemania ha practicado una política generosa, pero la canciller Merkel ha tenido que aplicar medidas restrictivas por presiones políticas y sociales. Las agresiones a cientos de mujeres en la Nochevieja en Colonia, Hamburgo y otras ciudades alemanas han causado gran inquietud. Según la policía, muchos de los agresores eran refugiados en espera de recibir la carta de asilo. Se ha desatado una campaña contra los que han llegado desde Siria, Afganistán, Kosovo, Iraq, Albania, Paquistán, Eritrea, Nigeria…
La mayoría son musulmanes que han huido del hambre, la guerra o la persecución de países azotados por la guerra y las bombas que caen o han caído en esas zonas desde aviones británicos, franceses, norteamericanos, israelíes o de algún país del Golfo que participa en una guerra civil en ciernes entre sunitas y chiíes.
La mayoría del millón de inmigrantes que han llegado a Europa lo han hecho por mar. Han salido de tierras turcas y se han acercado a las vecinas islas griegas de Lesbos, Samos y otras repartidas por los archipiélagos helenos. Según estimaciones oficiales, el año pasado murieron unas 3.500 personas, con altos porcentajes de niños y mujeres, cruzando las aguas mediterráneas.
Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria reenvían inmigrantes a sus respectivos países vecinos. Ya no se habla de acogida sino de expulsión, especialmente si los que buscan asilo han cometido delitos. La gestión de este fenómeno que cambia los equilibrios políticos en toda Europa es compleja.
El terrorismo es un factor de miedo. La inseguridad ciudadana, también. Europa va viendo cómo la xenofobia crece en sociedades asustadas. Lo más preocupante, a mi juicio, es la generalización en contra de los otros por razones étnicas, culturales o religiosas.
Hay que crear políticas armonizadas para hacer frente a una llegada masiva de personas que huyen de la muerte. Europa ha vivido siglos practicando una fobia latente contra los judíos que alcanzó su máxima perversidad en el Holocausto. Sería peligroso el introducir la islamofobia generalizada en Occidente. No es fácil la convivencia entre culturas dispares y entre sociedades bien instaladas y las sumidas en la indigencia de los guetos.
Europa avanza hacia un invierno demográfico. Su crecimiento económico depende de su población activa. Ya sé que me llamarán utópico, pero las políticas de integración, muy difíciles en una Europa con miedo, son la salida menos traumática ante el alud de personas que seguirán llegando mientras las guerras y las persecuciones prosigan en Oriente Medio.
(Lluís Foix, 14/01/2016)
La directora israelí Ada Ushpiz es la autora de Vita Activa: the spirit of Hannah Arendt, que se estrenó este año en Estados Unidos. Ushpiz, licenciada en filosofía y literatura, fue periodista y redactora del diario Haarezt durante bastantes años, y defendió la existencia de dos estados, Israel y Palestina, hasta que se decidió por el mundo del cine y del documental, en el que ya ha producido varias obras notables. Vita Activa lo es.
Ushpiz retrata a la filósofa judía alemana a través de documentos de su época, entrevistas y textos, y, sin aludir en ningún momento a las circunstancias del mundo de hoy, consigue hacernos presente su pensamiento de una manera tan actual que abruma. La idea de la banalidad del mal, que tantos problemas le causó a Arendt en su formidable reportaje sobre el juicio de Adolf Eichmann, vuelve a presentarse ante nosotros con la misma angustiosa fuerza de entonces.
No hace falta que Ushpiz hable de Siria, Irak, Palestina o de la crisis de los refugiados en Europa, ni que atribuya a Hannah Arendt pensamientos sobre algo que sucede muchos años después de su muerte. No, la espantosa actualidad de Arendt la pone el espectador, la reconoce el espectador en su propio tiempo presente y en su propia mirada. Como explica Ada Ushpiz en una entrevista a Katie Kilkenny, el concepto de la banalidad del mal que describió Arendt sigue operando hoy día, aunque obviamente no se presenta con el mismo discurso. El discurso es diferente, pero la irreflexión, la incapacidad para colocarse en el lugar del otro y de su sufrimiento, sigue siendo la misma.
“El individuo”, afirma Ushpiz, “se vuelve tan indiferente hacia sí mismo como ser humano y hacia la gente que le rodea que puede llegar a tomar parte en cualquier maldad que la mera funcionalidad pueda producir”. Observamos lo que pasa a nuestro alrededor y lo atribuimos a personas ciegas de odio o racismo y creemos que no tenemos ninguna responsabilidad en esos hechos, nos alejamos de ellos. Incapaces de colocarnos en el lugar de las víctimas, nos recluimos en nuestra propia vida privada, nos retiramos continuamente de la discusión. Eso es exactamente lo que explicó Hannah Arendt. “No tenemos en cuenta nuestra responsabilidad humana de hacer todo lo posible, sin cesar y devotamente, para cambiar esa realidad”, ilustra Ushpiz. (La directora ha escrito repetidamente contra la ocupación de territorios que no pertenecen a Israel y ha criticado a sus compatriotas israelíes por no sentirse responsables de los derechos de los palestinos).
La personalidad de Arendt, dicen quienes la conocieron, no se explica sin su condición de judía huida de Alemania. “Creía que la condición de refugiado es la encarnación de las dinámicas más oscuras de la exclusión del otro, social y políticamente”, cuenta Ushpiz.
La conversión de los refugiados en personas sin derechos constituyó en la primera mitad del siglo XX una ruptura moral histórica y lo vuelve a constituir ahora, en circunstancias distintas, pero con las mismas implicaciones. Negar sus derechos a los refugiados que han llegado o van a llegar a Europa, hacerlo como si fuera algo intrascendente, banal, abrirá paso a las peores dinámicas. El nuevo mecanismo de asilo que propuso esta semana la Comisión Europea no es más que un disfraz burocrático para ocultar la ruptura moral que supone el acuerdo de expulsión a Turquía. El desgarro, el destrozo moral que provoca la deportación de decenas de miles de personas no se va a corregir con normativas o regulaciones ni con banales horarios de trenes.
(Soledad Gallego-Díaz, 15/05/2016)
Hoy 30 de julio es el Día Internacional Contra la Trata de seres humanos. El tráfico y la trata de personas son conceptos distintos, el primero hace referencia a las redes que trasladan a personas de una frontera a otra en terribles condiciones a cambio de dinero, el segundo a la acción de captación de personas con fines de trabajo forzoso y explotación sexual. No obstante, si bien estamos hablando de conceptos distintos, no es fácil establecer la diferencia y la realidad es que muchas de las personas que se ven expuestas tanto al tráfico como a la trata provienen de situaciones políticas y sociales similares. Además de ser víctimas de las mismas políticas fronterizas que facilitan e incluso promueven este tipo de violaciones de derechos.
El negocio del tráfico de personas es en gran medida una respuesta y a la vez está directamente relacionado tanto con los negocios de las alambradas y la seguridad fronteriza, como con la inexistencia de vías legales para cruzar las fronteras. El Escritor Jeremy Harding ya escribía en el 2000 sobre la relación simbiótica entre los dictadores, conflictos, países ricos y los traficantes de personas. “Pensamos en los traficantes, los tratantes y los facilitadores como los peores maltratadores de las personas refugiadas, pero cuando se proponen extorsionar a sus clientes, cuando los engañan o los envían a la muerte, sólo están representando una versión empresarial del desdén que sufren los refugiados en manos de enemigos mucho mas poderosos, aquellos que los aterrorizan y aquellos que están decididos a mantenerlos a distancia. Los tratantes son, simplemente, vectores del desprecio que existe en los dos polos del viaje del solicitante de asilo; siguen el ejemplo de las actitudes de los caudillos y dictadores, por un lado, y por el otro , de los Estados ricos cuyos ciudadanos han aprendido a pensar en la generosidad como un vicio[1]”.
Las redes de tráfico de personas ingresaron más de 4.000 millones de euros en 2015 solo por la ruta turca, año que estuvo marcado por la migración de refugiados hacia Europa, según un informe presentado en Ginebra por Interpol y Europol; donde también constaba que el 90% de los migrantes que entraron en la Unión Europea en 2015 dependieron de redes criminales. Según el informe, la mayoría del millón de migrantes que entraron en la Unión Europea en 2015 pagaron entre 3.000 y 6.000 euros para completar su camino, lo que supone una horquilla de entre 4.400 y 5.300 millones de euros en total.
El tráfico de personas se ha convertido, al calor de la mayor crisis de personas refugiadas desde la II Guerra Mundial, en una actividad altamente rentable, de hecho, es la actividad ilegal que está experimentando un crecimiento más rápido, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), el contrabando de migrantes en el mundo genera alrededor de 8.300 millones de dólares al año. El negocio del tráfico de personas es tan importante que en las regiones de las principales rutas de acceso a Europa, la economía local ha sido totalmente transformada ante la llegada de estos miles de migrantes, en algunos casos -como en regiones de Libia- se calcula que su peso supone el 50% de la economía de la zona. Una transformación económica y social que rentabilizada por muchos como una gran “oportunidad” de negocio, capilarizándose socialmente más allá de los considerados estrictamente como traficantes. Desde pescadores, taxistas, tiendas de souvenires reconvertidas en vendedores de chalecos salvavidas, hoteles, pensiones, casas de particulares, restaurantes a imprescindibles establecimientos de telefonía móvil y oficinas de transferencia de dinero, todos se han adaptado al nuevo contexto.
Cuando se cierra una ruta por la presión policial y/o con acuerdos de externalización de fronteras -como el de la Unión Europea con Turquía- no se acaba con el problema del trafico, ni de la llega de refugiados a nuestras fronteras. Por el contrario, el cierre de rutas migratorias ha propiciado que se abran otras nuevas en donde generalmente el viaje es más largo y peligroso para las personas que buscan refugio y mas rentable para los traficantes.
La falta de voluntad política por aportar soluciones al drama migratorio se muestra con especial crueldad en el Mediterráneo, especialmente en la ruta que separa la costa africana de la Italiana y en donde según ACNUR han muerto mas de diez mil personas desde el 2014. Estas muertes no son fortuitas, sino el producto del racismo de unas políticas que alimentan a las mafias que trafican con personas en vez de aplicar medidas que a corto plazo pasan por habilitar un paso humanitario y seguro para aquellos y aquellas que huyen del terror. Y, a medio plazo, ir al origen de los motivos por los cuales estas personas huyen de sus países de origen: el hambre, la miseria, las bombas, las persecuciones y las consecuencias del cambio climático.
En vez de asegurar un pasaje seguro para miles de víctimas que huyen de la guerra, Europa, con el acuerdo con Turquía, renegó de sí misma externalizando la gestión de nuestras fronteras y de deberes de acogida contratando a la gendarmería turca a cambio de algo mas de seis mil millones y de avanzar en su integración justo en el momento en que el Gobierno otomano mas ha retrocedido en sus estándares democráticos. AL entregar al Gobierno turco el papel de interlocutor preferente, salvavidas de Schengen y vía de escape de las actuales tensiones europeas internas, la UE le otorga también un barniz de legitimidad internacional y obvia las continuas violaciones de Derechos Humanos que se cometen en territorio turco. La barbarie de Erdogan queda así legitimada y la UE se vuelve cómplice.
Hay un hilo teñido de sangre que une los desalojos de Calais, las familias ahogadas en las costas griegas y las bombas que asolan la tierra kurda: se llama miedo, se llama parálisis europea, se llama xenofobia institucional, se llama Europa Fortaleza. Hoy treinta de julio del 2016, día internacional contra la trata y el trafico de personas, combatir la mafia que se lucra con la desesperación de las migrantes que buscan un futuro digno se llama luchar contra la xenofobia institucional de la Europa Fortaleza.
[1] Kingsley Patick: “La nueva Odisea”. Deusto 2016. pp82
(Miguel Urban, 31/07/2016)
Segunda parte de la serie tomada de ‘Los orígenes del totalitarismo’. Recuperamos algunas reflexiones de la pensadora alemana sobre cómo el trato denigrante a los refugiados de la Segunda Guerra Mundial tuvo implicaciones también para el Estado de Derecho, que se dijo “obligado” a cometer actos ilegales y generó más tensión internacional. De nuevo, el paso de los que más tarde se convertirían en Aliados lo marcaban los gobiernos totalitarios.
Tan interiorizada y naturalizada está la lógica de los estados-nación, que las consecuencias de su omnipresencia son apenas perceptibles. La lectura del IX capítulo de ‘Los orígenes del totalitarismo’ nos sacude y devuelve al análisis frío de los primeros pasos de ese sistema que en la actualidad niega los derechos más básicos a casi 60 millones de personas que han huido de sus países.
“Todos“, dice Hannah Arendt, “las minorías de forma activa, estaban bajo la lógica de que la verdadera emancipación, la verdadera libertad, sólo se podría alcanzar con la autodeterminación de la nación; sólo en ese marco, los derechos humanos estaban garantizados, una lógica que se gestó en la Revolución Francesa”. Consecuentemente “se transformaba así el estado, pasando de ser un instrumento de la ley a ser un instrumento de la nación. La nación había conquistado al estado. El interés nacional tenía prioridad sobre la ley bastante antes de que Hitler pronunciase que ‘el derecho es lo que es beneficioso para el pueblo alemán’“.
Ahí están las palabras del primer ministro húngaro, Viktor Orban: “La defensa de Hungría, incluida la aceptación o no de las cuotas obligatorias de reparto de solicitantes de asilo y refugio debe ser un asunto nacional“. O la actitud del partido ultraconservador de Polonia, Ley y Justicia, ganador de las elecciones el año pasado, que se negó a asumir el compromiso del anterior gobierno de acoger a 7.000 refugiados porque les considera “una amenaza a la seguridad nacional”.
Hannah Arendt recordaba dos momentos cruciales en aquellos años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial:
“El primer gran daño que se ha hecho al estado-nación como resultado de la llegada de cientos de miles de personas apátridas es que el derecho de asilo, el único derecho que ha figurado como símbolo de los Derechos del Hombre en la esfera de las relaciones internacionales, está siendo abolido”;
“El segundo shock de calibre que sufrió Europa tras la llegada de los refugiados fue darse cuenta de que era imposible librarse de ellos o transformarlos en nacionales del país que les daba cobijo. Desde el principio todo el mundo coincidió en que sólo había dos formas de resolver el problema: la repatriación o la naturalización”.
Y llegamos a un punto sensible, fuente de controversia: la existencia de campos de desplazados o refugiados. Defensores y detractores exponen sus argumentos. Los primeros defienden la necesidad imperiosa de proteger a la población civil, los segundos equiparan estos asentamientos con campos de concentración de los que no se puede salir. La filósofa reflexionaba ante este fenómeno ahora incipiente:
“La situación de aquellas personas que carecían de derechos se había ido deteriorando de forma obstinada, hasta que la aparición de los campos de internamiento -que antes de la Segunda Guerra Mundial era la excepción más que la regla para los apátridas- se convirtió en la solución más habitual para el problema domésticos de las ‘personas desplazadas’”.
“Incluso la terminología para referirse a este colectivo se deterioró. El término ‘apátrida’ al menos sugería que estos individuos habían perdido la protección de su gobierno y que requerían de acuerdos internacionales que salvaguardasen su estatus legal. Pero el significante empleado tras la Segunda Guerra Mundial, “personas desplazadas”, fue acuñado con el propósito expreso de liquidar de una vez por todas la idea de un individuo sin Estado al ignorar su existencia. El no reconocimiento de esta realidad implica siempre la repatriación”.
De nuevo, nos asalta la sensación de déjà vu viendo el procedimiento que han seguido los distintos estados que se encuentran en la llamada ruta de los Balcanes. Hannah Arendt explicaba cómo operaron estos durante su época:
“El estado, insistiendo en su derecho como ente soberano a expulsar, se vio arrastrado en base a la naturaleza ilegal del mismo concepto de apátrida a realizar actos ilegales. Colaba a aquellos apátridas expulsados a los países vecinos, con la consiguiente respuesta de estos últimos, que tomaban represalias”.
“Esta suerte de ‘contrabando’ resultó en pequeñas escaramuzas entre los cuerpos policiales de las fronteras, que precisamente no contribuyeron a desarrollar buenas relaciones internacionales, y en una acumulación de sentencias de cárcel para los apátridas, quienes, con la ayuda de la policía de un país, pasaban ilegalmente al territorio de otro”.
“No eran necesarias la Segunda Guerra Mundial y los campamentos de desplazados para demostrar que el único sustitutivo práctico para una tierra natal inexistente era el campo de internamiento. Así, a comienzos de los años 30, éste era el único ‘país’ que el mundo tenía para ofrecer a los apátridas”.
“Los campos de concentración se acabaron por instalar en todos los países para los mismos grupos y, aunque había diferencias considerables en el trato a sus ocupantes, resultaba incluso más significativo, pues la selección de esos grupos se dejaba exclusivamente al arbitrio de los regímenes totalitarios: si los nazis encerraban a una persona en un campo de concentración y ésta conseguía escapar a, por ejemplo, Holanda, los holandeses le meterían entonces en un campo de internamiento”.
Una frase que resume con contundencia lo tratado en este capítulo de la serie de Arendt:
“La privación fundamental de los derechos humanos se manifiesta ante todo en la privación de poseer un lugar en el mundo, que convierte las opiniones en significantes y las acciones en efectivas”.
(Andrea Lorenzo, Víctor Sampedro, 08/08/2016)