Proceso a Pinochet             

 

Detención de Pinochet en Londres:
Pinochet llegó a Londres el 22 de septiembre, en un vuelo procedente de Francfort. Ningún funcionario del Gobierno británico acudió al aeropuerto para recibirle. Era una visita privada. Tres días más tarde, la sección de Amnistía Internacional en el Reino Unido difundió un documento que circuló en varios países europeos, entre ellos España: "La visita del general Augusto Pinochet a Europa" en el que se hablaba de la vista del ex dictador y se instaba a los "los Estados parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de Naciones Unidas" a "tomar nota de su obligación internacional que establece que todo Estado parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido tortura o acto que constituya complicidad o participación en la tortura procederá a su detención o tomará otras medidas para asegurar su presencia".


Amnistía Internacional-Reino Unido había intentado que se arrestase a Pinochet en 1991, 1994, 1995 y 1997. Pero la policía londinense había considerado, en respuesta a las peticiones, que los indicios disponibles no eran "suficientes". El dictador, que tenía serios problemas de espalda, fue operado de una hernia discal el 9 de octubre en la London Clinic. El nombre y localización de esa clínica pretendía ser uno de los secretos mejor guardados de Chile, hasta que el 15 de octubre los hombres que protegían al general llegaron a la conclusión de que algunos grupos de exiliados habían identificado el centro. El juez Garzón, que fue informado de la estancia de Pinochet por las acusaciones del proceso que se sigue contra los militares argentinos por la represión y las desapariciones de ciudadanos durante la dictadura militar, decidió el 15 de octubre solicitar a la justicia británica que garantizara la permanencia de Pinochet en territorio británico hasta que pudiera tomarle declaración. El interrogatorio debía referirse a la presunta implicación de Pinochet "en las actividades delictivas que se investigan en este juzgado", decía Garzón en su resolución, "ubicadas en el denominado operativo Condor entre los años 1976 y 1983 y que se imputan a las autoridades que gobernaban en la época, tanto en Chile como en Argentina, y que podrían integrar los delitos de genocidio, terrorismo y torturas". Sin embargo, las autoridades británicas informaron al juez español de que Pinochet sería dado de alta ese fin de semana y que legalmente no podían retenerle. Garzón admitió entonces a trámite una querella presentada tiempo atrás contra Pinochet y otros militares por el abogado de las asociaciones de desaparecidos, Joan Garcés, en las que les imputaba la desaparición de unas 200 personas en el denominado operativo Condor. El juez admitió también otra querella similar, ésta de Izquierda Unida. Después, Garzón redactó una orden internacional de detención por genocidio, terrorismo y torturas por un caso concreto (la desaparición del ciudadano chileno Edgardo Henríquez, secuestrado en abril de 1976 en Argentina, torturado en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y posteriormente entregado a la DINA, policía secreta chilena cuyo responsable último era Pinochet) y 79 sin especificar. Esa orden fue cumplimentada en Londres por el juez británico Nicholas Evans. Cuando el capitán chileno que se encontraba de guardia en el octavo piso de la London Clinic recibió poco antes de las once de la noche del día 16 una llamada de la recepción comunicándole que un grupo de policías se dirigía hacia la habitación de Pinochet, no sintió la menor sorpresa ya que ese mismo día los guardaespaldas del dictador habían pedido refuerzos a los servicios secretos británicos ante el temor de que el paradero de Pinochet podía haber sido descubierto.


Ejecución de la orden de detención:
La sorpresa llegó inmediatamente después, en el momento en que el hombre al mando de una unidad de Scotland Yard le comunicó al guardaespaldas que tenía una orden de detención contra Augusto Pinochet Ugarte, ciudadano chileno de 82 años de edad. Un agente de Scotland Yard tras anunciar el arresto en inglés y mientras la intérprete la traducía al castellano leyó al general la orden de detención: "Región de Londres, tribunal penal de Bow Street, a los miembros de la Fuerza de Policía Metropolitana: habiendo evidencia de que Augusto Pinochet Ugarte, de ahora en adelante 'el imputado', es acusado de haber cometido delito, de que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 3 de diciembre de 1988, dentro de la jurisdicción del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, ha asesinado ciudadanos españoles en Chile, dentro de la jurisdicción del Gobierno de España. Y habiendo información de que el imputado está o se cree que está en o en camino del Reino Unido; y me parece que la conducta alegada constituye un delito de extradición; y dado que he sido informado al punto de que se justifica, en mi opinión, dictar una orden de arresto de una persona acusada de un delito dentro de la región de Londres; se le requiere arrestar al imputado y traerle delante un Magistrado Metropolitano en el tribunal penal de Bow Street. El 16 de octubre de 1998, firmado por el Magistrado Metropolitano Nicholas Evans". El médico llamó entonces al embajador de Chile en Londres, Mario Artaza, diplomático de carrera y socilista de militancia, que había sufrido 17 años de exilio tras el golpe de 1973 y a la historia había reservado ahora el privilegio de comunicar a Pinochet su detención. "Era la medianoche del viernes, yo fui a la clínica y encontré que habían expulsado de la clínica al médico y al personal de seguridad del general Pinochet. Ésa fue la primera noticia que tuve. Me trasladé a la clínica guiado por la preocupación de que se trataba de alguien con pasaporte diplomático y senador de la República. Fui a la clínica y solicité ver la orden judicial para convencerme. El oficial a cargo al principio se negó. Le solicité el número de su móvil y llamé al Foreign Office y ellos dieron instrucciones que se notó de inmediato por el cambio de tono. Me abrieron la puerta, pidieron excusas, dijeron que no habían tenido claro que no podían prohibirme la entrada. Y yo pedí cerciorarme de que el senador Pinochet estaba siendo tratado como corresponde y que habían expulsado al médico. Subí por unos corredores en penumbra a esa hora y con una enfermera entré a la sala donde estaba el general Pinochet. El médico me había dicho que estaba muy agitado por la acción sorpresiva de la policía, que había entrado y le había dicho: 'aquí tienen la orden de arresto, y ustedes salgan', y él no comprendía qué había ocurrido. Estaba dormitando pero se despertó cuando yo entré. Me presenté, le dije qué había concurrido a petición de su médico, y le expliqué brevemente de qué se trataba, su reacción fue: 'Yo no entré a este país como bandido, yo entré con un pasaporte diplomático. He entrado muchas veces de esta manera'. Estaba bastante afectado pero muy tranquilo. Hay que recordar que era una persona que había sido sometida a una operación y se encontraba con medicinas para el dolor. No creo que haya tenido plena conciencia de lo que estaba ocurriendo".


La reacción en Chile:
"Las personas chilenas deben ser juzgadas en Chile", las primeras palabras que el presidente chileno Eduardo Frei pronunció tras conocer la detención de Pinochet en Londres se convirtieron en el resumen de lo que en adelante iba a ser la postura de su Gobierno frente al caso. Con la detención, Londres estaba "violando la inmunidad diplomática de la que gozan todos los parlamentarios de Chile". El Gobierno comenzó entonces una difícil batalla política y diplomática dentro y fuera de Chile para hacer valer la tesis de que el proceso de extradición constituía una injerencia en la soberanía chilena a la vez que hacía frente a las críticas del Ejército y la derecha pinochetista por un lado y a las de los familiares de las víctimas y las asociaciones de derechos humanos por otro. Estos dos extremos se volcaron también en su amor-odio hacia España. Mientras en Santiago, la derecha chilena se echaba a las calles inmediatamente después de la detención a quemar banderas británicas y españolas, en las protestas contra el ex dictador se coreaba el nombre de Baltasar Garzón. Las imágenes de partidarios y opositores a Pinochet delante de la London Clinic primero y más tarde en la puerta de los tribunales en los que se siguió el proceso contra el ex dictador dieron la vuelta al mundo. Eran unas imágenes que no hacían sino reflejar la profunda división a la que se vio sometida la sociedad chilena durante el tiempo que duró la estancia en Londres de Pinochet, producto de una transición inmadura y de unas heridas que se habían cerrado en falso. El enfrentamiento que se vivía en Chile hizo peligrar también la estabilidad de la Concertación, la coalición gobernante, que se vio especialmente amenazada por el malestar en el Partido Demócrata Cristiano (PDC), tras una carta enviada por diputados socialistas, sus socios de gobierno, al ministro británico del Interior, Jack Straw, que aseguraba que en Chile no existían "condiciones reales para el enjuiciamiento de Augusto Pinochet ni en general respecto de las graves violaciones a los derechos humanos". Además el Ejecutivo tuvo que hacer frente a la presión del Ejército con continuos llamamientos a mantener posiciones firmes. En un comunicado emitido poco después de conocerse la decisión de los lores de retirar la inmunidad al senador vitalicio, las Fuerzas Armadas chilenas señalaron la "profunda frustración, indignación e inquietud" que el fallo había causado en el seno del Ejército. El Gobierno chileno nunca reconoció la jurisdicción española en el caso. A menudo las autoridades militares o civiles chilenas aludieron al pasado político de España para negar credibilidad a la causa que instruía el juez Garzón contra Pinochet y el propio presidente Frei condenó la actuación del magistrado español con el argumento de que en España los crímenes del franquismo nunca fueron juzgados. Sin embargo, ante la creciente evidencia de que el Gobierno chileno disponía de un escaso margen de actuación para lograr por la vía jurídica o política la libertad de Pinochet, en octubre de 1999, después de que el tribunal de Bow Street diera luz verde a su extradición a España, cambió de estrategia y comenzó las gestiones para intentar lograr la liberación del senador vitalicio en consideración a razones humanitarias, las que finalmente triunfarían. El ministro chileno de Asuntos Exteriores, José Miguel Insulza, recordó al defender la petición humanitaria, que en Europa a la gente de la edad de Pinochet no se la encarcela. "¿Tiene sentido hacer todo un proceso seguramente de meses y años a una persona enferma de 83 años con el solo objetivo de que se muera durante el proceso?", preguntó. Insulza, personificaba, sin embargo la dolorosa contradición de muchos políticos chilenos, que habían sufrido la represión durante la dictadura y que debían ahora defender por "razones de Estado" al ex dictador para evitar que cayera en manos de la justicia española. José Miguel Insulza, militante del Partido Socialista (PS), por ejemplo, pasó 14 años exiliado durante la dictadura. Sin embargo, como jefe de la diplomacia chilena tuvo que hacer malabarismos políticos para defender la inmunidad diplomática de Pinochet otorgada por el Gobierno con argumentos como que la acción de los jueces españoles y británicos ponía en peligro la transición. "Yo defiendo al senador, no al ex dictador", llegó a decir Insulza. El embajador chileno en Londres, Mario Artaza, también sufrió los embates del régimen militar. Era militante socialista y tuvo que pasar 17 años de exilio, fue expulsado de la carrera diplomática y vetado para trabajar en organismos internacionales durante ese tiempo. Una de sus hijas, residente en EE UU llegó a enviar una carta a The Washington Post repudiando la actuación del Gobierno chileno y de su padre. "Dejamos muy claro, desde el comienzo, que no estábamos defendiendo las violaciones de derechos humanos del general Pinochet, sino nuestra institucionalidad. Lo aceptamos como senador institucional, y eso nos obliga a hacer valer sus privilegios y derechos como senador. Y como ex jefe de Estado, porque así lo reconocimos", se defendía Artaza. Pero la detención de Pinochet, no sólo dividió a Chile. Toda América Latina se vio enfrentada a otro dilema, el de aceptar la "injerencia" europea, puesta en entredicho por la mayoría de Gobiernos latinoamericanos y políticos de reconocida trayectoria democrática. No era sólo la defensa de los derechos humanos lo que estaba en juego, para muchos, que vieron planear en el caso la sombra del colonialismo, se ponía en entredicho la capacidad de los Estados de solucionar sus propios problemas. Muchos vieron la peligrosidad de sentar el precedente de que un país pueda atribuirse la capacidad de impartir justicia, sobre todo por cómo sería ésta interpretada por Estados Unidos. Pese a todo, los 503 días que Pinochet estuvo detenido en Londres se produjeron en Chile algunos hechos de incuestionable carácter político inimaginables cuando el senador vitalicio se encontraba en el país. La Mesa de Diálogo en la que militares y abogados defensores de las víctimas de la dictadura se sentaron juntos por primera vez el 21 de agosto de 1999 para hablar de los detenidos-desaparecidos durante el régimen que presidió el general, el cambio de actitud de la justicia hacia los militares acusados de violaciones de derechos humanos y la frustración de los sectores pinochetistas que hasta entonces seguína manifestándose con altanería dieron cuenta del cambio. Lo que se dio en llamar el efecto Pinochet también influyó sobre las elecciones presidenciales chilenas. Diecisiete año después del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende un socialista volvía a ocupar el Palacio de la Moneda tras el triunfo de Ricardo Lagos. Aunque Pinochet permanecía en Londres y no fue nombrado en mítines o discursos, su sombra planeó sobre la campaña electoral y para muchos fue decisivo en la victoria de Lagos frente al derechista Joaquín Lavin el 16 de enero de 2000.


La batalla judicial y diplomática:
[...] El 28 de octubre [1998] los abogados de Pinochet ganan una primera batalla al conseguir que el Alto Tribunal de Justicia de Londres estimase que era beneficiario de inmunidad en su condición de ex jefe de Estado. Pero el 1 y el 2 de noviembre, jueces de Bélgica y Francia emiten una orden de detención internacional contra Pinochet. Pocos días después Suiza se suma también a las peticiones. El día 6 el Gobierno español endosa la petición de extradición formulada por Garzón. Un día antes la Audiencia Nacional había tomado una histórica decisión al declarar que España tenía competencia para juzgar los crímenes cometidos en Argentina y Chile. La sentencia favorable a la inmunidad es recurrida y la Cámara de los Lores da, el 25 de noviembre, la razón a la Fiscalía británica que actúa en representación del Estado español: Pinochet no puede acogerse a tal privilegio. Esto permite al ministro del Interior británico dar luz verde, el 9 de diciembre, al proceso de extradición. Al día siguiente Pinochet comparece por primera y única vez ante un tribunal londinense. Para entonces, el ex dictador se había trasladado a una lujosa residencia en suroeste de Londres donde permanecería hasta el fin de su estancia en la capital británica. El equipo jurídico de Pinochet logra un segundo triunfo el 17 de diciembre de 1998 cuando la Cámara de los Lores acepta los argumentos de la defensa y anula la retirada de la inmunidad por la vinculación de uno de los lores a Amnistía Internacional. Pero el 24 de marzo, ya de 1999, la misma Cámara de los Lores, acepta el recurso español contra la inmunidad, si bien recorta los delitos susceptibles de extradición: tortura y conspiración para torturar. Con esta nueva perspectiva, el ministro del Interior británico, Jack Straw, pone en marcha un nuevo proceso de extradición el 15 de abril y un mes después el Alto Tribunal de Londres rechaza la apelación de los abogados del ex presidente chileno contra el nuevo proceso. El 18 de julio, en una entrevista, Pinochet rechaza haber ordenado violaciones de los derechos humanos durante sus 17 años de dictadura y acusa al Gobierno británico de haberle secuestrado. Esas tesis son defendidas por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, que califica a Pinochet como "el único preso político del Reino Unido". El 13 de septiembre el ex dictador es brevemente hospitalizado para someterse a un escáner y el día 27 se inician las audiencias del juicio de extradición. Previamente, España había rechazado la solicitud del Gobierno chileno de someter el caso a un arbitraje internacional. El 8 de octubre de 1999, la justicia británica autoriza la concesión de la extradición de Pinochet a España, a lo que el Gobierno chileno replica pidiendo la libertad de Pinochet por razones de salud. En noviembre, el ministro del Interior británico ofrece a Pinochet la realización de exámenes médicos para ver si su salud le permite afrontar la extradición. Dichas pruebas se realizan el 5 de enero de 2000 y seis días después los médicos británicos elaboran un informe, cubierto por el secreto, en el que concluyen que el ex dictador no está en condiciones de afrontar el juicio, por lo que Straw adelanta su "inclinación" a decidir la suspensión del proceso de extradición y a poner en libertad a Pinochet. Bélgica y seis organizaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional, recurren para que se haga público tal informe, cosa que logran. El 22 de febrero, los jueces español, francés, belga y suizo contestan las conclusiones del informe médico, pero Straw acaba confirmando, el 2 de marzo, su decisión de liberar a Pinochet.

Los informes médicos:
El ministro del Interior británico, Jack Straw, puso en libertad al general Augusto Pinochet, tras casi diecisiete meses de arresto domiciliario ejerciendo la discreción general que le otorgaba la ley británica al considerar que por su salud física y mental, el ex dictador "está incapacitado para ser sometido a juicio". Ninguno de los cuatro países que solicitó la extradición (España, Bélgica, Francia y Suiza) presentó recurso de revisión judicial. El Gobierno de Chile había enviado el 14 de octubre de 1999, pocos días después del fallo favorable a la extradición de Augusto Pinochet por el magistrado Ronald Bartle, alegaciones ante el ministro del Interior británico, Jack Straw, en las que incluyó informes médicos según los cuales la salud del ex dictador había sufrido un reciente y significativo deterioro. En noviembre de 1999, el ministro del Interior británico ofreció a Pinochet la realización de exámenes médicos para ver si su salud le permitía afrontar la extradición. Las pruebas se realizaron el 5 de enero de 2000 y seis días después un equipo de médicos británicos dirigidos por el profesor de Oxford John Grimley Evans elaboraron un informe, cubierto por el secreto, en el que concluyeron que el ex dictador no estaba en condiciones de afrontar el juicio. El 15 de febrero un tribunal británico dio la razón a Bélgica y Amnistía Internacional y resolvió que Jack Straw, había actuado de manera ilegal al denegar la entrega del informe médico a los cuatro países que pedían la extradición del ex dictador. Los jueces ordenaron la entrega del informe, bajo confidencialidad, a España, Bélgica, Francia y Suiza, para que pudieran alegar sobre su contenido en un plazo de siete días. La confidencialidad se rompió en menos de dos horas, ya que el informe se filtró a la prensa española tras su envío desde Londres a Garzón y el propio ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, tuvo que salir al paso de las informaciones que apuntaban al Gobierno español como origen de la filtración. Los jueces de España, Francia, Bélgica y Suiza que solicitaban la extradición contestaron que el informe británico no demostraba la presunta incapacidad mental que se invocaba para liberarle y solicitaron nuevos exámenes médicos. El juez español Baltasar Garzón presentó un informe de ocho especialistas que cuestionaban el informe británico y pedían la práctica de más exámenes. Jack Straw prometió "estudiar cuidadosamente las alegaciones" pero finalmente optó por liberar al ex dictador. El retorno a Chile: Después de que los tribunales ingleses fallaran a favor de la extradición de Augusto Pinochet a España, los gobiernos chileno, británico y español buscan una salida al embrollo en el que les ha metido la actuación del juez Garzón. Los ministros de Asuntos Exteriores de los tres países se ponen de acuerdo para burlar la acción de la justicia mediante el recurso al estado de salud del anciano dictador. Se trata de que Chile pida unos exámenes médicos que demuestren que Pinochet no se encuentra en condiciones de afrontar un proceso judicial, que el Reino Unido acceda a realizar dichos exámenes y que España no presente recurso alguno contra esta solución. En la preparación de la estrategia, la entrevista mantenida en Nueva York por Robin Cook y Juan Gabriel Valdés a finales de septiembre de 1.999, durante la celebración de la Asamblea General de la ONU, permitió llegar a un acuerdo, como quedó de manifiesto en un comunicado hecho público días después por el Gobierno chileno. Tan sólo faltaba la complicidad de Madrid, que a esas alturas del proceso de extradición busca evitar a toda costa la entrega de Pinochet por parte de las autoridades británicas. El encuentro celebrado en la sede de la ONU en esas mismas fechas entre Valdés y Abel Matutes supuso cerrar el acuerdo. Sin embargo, los recelos de Augusto Pinochet van a retrasar los planes de los tres gobiernos. Y es que el general, después de casi un año de arresto domiciliario en Londres ya no se fiaba de nadie, y menos aún de los gobiernos británico y español, por lo que se resiste a someterse a los exámenes médicos si no se le dan una serie de garantías sobre su resultado. Finalmente, las pruebas se llevan a cabo en un hospital de las afueras de Londres en enero de 2.000 por un equipo de cinco médicos cuidadosamente seleccionados por el ministro del Interior británico, Jack Straw. Los informes emitidos por estos facultativos se mantienen en secreto y, en base a los mismos, Straw anuncia que está dispuesto a poner en libertad a Pinochet por su incapacidad para enfrentarse a un hipotético juicio en España. Las protestas de quienes reclaman su extradición, encabezados por el juez Baltasar Garzón, se apoyan en la ausencia de observadores en las pruebas practicadas, el desconocimiento de los resultados de las mismas y en la fácil manipulación de los exámenes, llevados a cabo en una sola jornada y en presencia de un médico militar chileno designado por el general. Sin embargo, la negativa del Gobierno español a tramitar cualquier recurso judicial de Garzón supuso que la parte principal en el proceso de extradición, el Reino de España, quedara al margen de la apelación a los tribunales, encabezada ahora por Amnistía Internacional, en contra de la maniobra "humanitaria" de Jack Straw. Por eso, la decisión del ministro británico del Interior acabó escapando a todo control judicial, más allá de la orden de los tribunales de que entregara a las partes los informes médicos para que pudieran basar en ellos sus alegaciones contra la puesta en libertad del dictador. Alegaciones que, naturalmente, no fueron tenidas en cuenta por el ministro británico del Interior, quien permitió a Augusto Pinochet regresar a Chile el 2 de marzo de 2000. (Natalia Rodríguez)

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