Sahara:
Haidar y los derechos humanos:
40 años:
[El Sáhara y la seguridad de España:]
La propuesta de autonomía de Marruecos significa legitimar una modificación de las fronteras heredadas de la época colonial y hacer tabla rasa del principio de autodeterminación. La vía sigue siendo el referéndum
El conflicto del Sáhara occidental causado por la ocupación marroquí es de acuciante actualidad para los países de nuestra región, para la ONU y para las grandes y medianas potencias que buscan incidir en el curso de los acontecimientos que determinarán de una forma u otra la configuración futura del Magreb.
Tras el regreso de Aminetu Haidar a El Aaiún y teniendo en mente la próxima ronda de negociaciones saharaui-marroquíes, aparecieron de forma sincronizada artículos de “opinión” en diferentes medios de prensa españoles, de los que sobresale el firmado por Máximo Cajal, (El Sáhara y la razón de Estado; El PAÍS, 11 de enero de 2010), que ofrecen al lector argumentos y profecías para justificar el intento marroquí de anexionar el Sáhara Occidental.
Llama la atención el recurso a la profecía sobre la inseguridad futura que se derivaría de la independencia saharaui. Como elemento de juicio y análisis para escudriñar el futuro en busca de la certeza, la profecía es algo que los grandes profetas han evitado, dejando sin respuesta preguntas cruciales planteadas por los fieles acerca del futuro de la humanidad.
La inseguridad es algo que ha acompañado al hombre desde sus orígenes. El hombre es un lobo para el hombre que podríamos extrapolar a las naciones. Las sociedades organizadas en un marco nacional o internacional han invertido enormes esfuerzos para lidiar con el caos creado por la inseguridad. Se han articulado sistemas nacionales -llamados Estado de derecho- e internacionales, hoy representados por la Carta de la ONU, que convergen en la idea esencial resumida por Benito Juárez cuando dijo aquello de “entre los individuos como entre las naciones, la paz es el respeto al derecho ajeno”.
Marruecos se resiste a aceptar esta verdad y recurre a una táctica de diversión, al argumento de la seguridad, espoleando el temor de otros, presentándose como la garantía absoluta ante el miedo, en la esperanza de que sea considerado como factor exclusivo y determinante en la solución del conflicto del Sáhara Occidental. Marruecos, como cualquier otro país en estos tiempos, tiene problemas de seguridad, pero éstos no son evidentemente fruto o resultado de la independencia del Sáhara Occidental, ya que sigue estando bajo ocupación, ni están relacionados con dicha independencia.
Resulta obvio también que los esfuerzos que Marruecos ha venido haciendo para convencer a ciertas capitales sobre una relación entre el Frente Polisario y cualquier conato de inseguridad en la llamada región del Sahel no son creíbles. Es arar en el mar.
Debemos sin embargo ser ecuánimes. Marruecos agrava su propia inseguridad y la de la vecindad geográfica al perseverar en el prolongado y costoso intento de modificar por la fuerza las fronteras heredadas de la época colonial, que es el principio básico sobre el que descansaba la seguridad y estabilidad del conjunto regional. La propuesta de autonomía que ofrece como la “única solución” al conflicto significa legitimar esa modificación de las fronteras y hacer tabla rasa del principio de autodeterminación para una cuestión de descolonización, sin darse cuenta tal vez de que con ella no hace sino abrir una caja de Pandora dentro del propio Marruecos que haría verídico aquello de ir por lana y regresar trasquilado.
No es por tanto la vía más apropiada para resolver el conflicto actual ni para afianzar la seguridad tanto de Marruecos como de la región y por consiguiente de España. El reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) por la Unión Africana y particularmente por los países de la región -Argelia, Mauritania y Malí- no ha podido ser zarandeado por la diplomacia marroquí porque a través de ese reconocimiento el Continente y la región insisten en subrayar la íntima relación entre la seguridad, la libre autodeterminación y la intangibilidad de las fronteras que cada país heredó de la época colonial.
Es más fácil volver al compromiso inicial que Marruecos había suscrito ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consistente en cooperar con la Comunidad Internacional en la organización de un referéndum de autodeterminación abierto a todas las opciones reconocidas por la ONU, que incluyen la independencia del Sáhara Occidental, y trabajar con los ojos puestos en el futuro para que las relaciones con la RASD sean de amistad y cooperación privilegiada, incluido el ámbito de la seguridad regional. Esto fue lo que hemos ofrecido a Marruecos a través de la propuesta de solución de la que tomó nota el Consejo de Seguridad en abril de 2007.
Marruecos finge que no ha firmado varios planes de paz, que no ha visto nada, que no ha oído nada, porque en el fondo no está interesado en una solución del conflicto. Parece insinuar que la no solución es la mejor solución ya que sus dividendos internos son por ahora tangibles, hasta el día en que el cántaro de la lechera se rompa. Es en reflejo de ello como se explica la insistencia en otra operación de diversión. La acusación a Argelia, que algunos en España asumen como propia. Tal acusación es cuanto menos infantil, poco seria, y particularmente contraproducente para Marruecos y para los intereses estratégicos de España.
De un lado, España obtiene de Argelia parte esencial de la energía que protege a millones de familias del crudo invierno. La relación de confianza existente entre los dos países se refleja en el acuerdo sobre un nuevo gasoducto que llegará a Almería. Grandes empresas españolas se benefician de suculentos contratos firmados con este país que por sus riquezas naturales tiene medios para sufragar grandes proyectos económicos. Argelia no tiene ningún contencioso territorial con España ni ha enviado, ni amenaza con hacerlo, a miles de “emigrantes” a las costas españolas. Su contribución a la seguridad regional e internacional es reconocida y apreciada por las grandes potencias. Argelia es, se quiera o no, la potencia regional indispensable sin cuyo consentimiento y aprobación nada podrá ser considerado como definitivo en la región del Magreb.
De otro, el primer gasoducto que llevó gas argelino a España pasa todavía por territorio marroquí. Fue una decisión política de amistad hacia Marruecos que le sigue permitiendo a Rabat percibir anualmente 100 millones de dólares. Fue una invitación al futuro, de apuesta concreta por el proyecto magrebino que no fue correctamente apreciada por las autoridades marroquíes.
La amistad de Argelia con la RASD no es un secreto; pero insinuar que de esa amistad y de la densidad actual de sus relaciones con Madrid emergería un peligro para Marruecos o para España cuando la Historia, los hechos y las intenciones prueban lo contrario, es una insinuación que no concuerda con la lógica.
Nadie está más interesado por la seguridad en el área que la RASD y sus amigos en la región, y tenemos experiencia y voluntad política para asumir la parte que nos corresponde para contribuir, hoy y mañana, a la seguridad de todos, en el marco de una seguridad compartida, en perfecta consonancia con el principio de legalidad internacional.
Éstos son hechos e intenciones verificables. No profecías.
(12/02/2010)
Ahmed Bujari es representante del Frente Polisario ante la ONU.
La determinación y valentía de Aminatou Haidar para llevar a cabo una acción no violenta tan potente como una huelga de hambre, con el dramatismo que impone la decisión de poner en juego la vida para defender el derecho a vivir en su tierra, ha puesto sobre la mesa un conflicto que lleva años en la sombra: la situación del Sáhara Occidental, el único territorio africano pendiente de descolonización.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, sancionados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración Universal aprobada el 10 de diciembre de 1948, ¿puede un Estado deportar a una persona sin su consentimiento? ¿Puede un Estado negar a alguien el derecho a vivir en su tierra? Con la mente y el corazón unidos a Aminatou, pienso en el viejo poema del tiempo de las dictaduras, aquel en el que Erich Fried escribió: “¿Aquí quién manda? El pueblo, naturalmente. Naturalmente el pueblo, pero ¿quién manda realmente?” Como Fried, pienso que el Estado, naturalmente, no puede negar a una persona el regreso a su casa. Pero, al igual que Fried, veo cómo algunos Estados lo hacen realmente, cómo lo hace Marruecos con Haidar. De fondo, el conflicto es de quién es la tierra a la que volver. Quién manda aquí.
Cuánta razón tenía Hannah Arendt cuando escribió que, a menudo, lo que impide el disfrute de los derechos humanos es la carencia de una comunidad de referencia, la abstracta desnudez de ser nada más que humano. Lo han comprobado los refugiados, los apátridas, los encerrados en los campos de exterminio. ¿Es el caso de Aminatou Haidar? ¿Quién ampara a los saharauis, además de ellos mismos?
La comunidad internacional tiene mecanismos para exigir a un Estado que asuma sus obligaciones. Puede buscar una salida inmediata a la situación de Aminatou y activar, estableciendo plazos, su compromiso con el Sáhara, el cumplimiento de las Resoluciones de Naciones Unidas.
A estas alturas de la historia, y más allá de la mejor o peor gestión de este episodio, este no es sólo un problema de España. Si hay un caso claro en el que tiene que implicarse la comunidad internacional, y dentro de ella quienes tienen capacidad para influir, es este; en particular, y dadas las relaciones e intereses que mantienen con Marruecos, son Estados Unidos, Francia, Argelia, España, y desde luego la Unión Europea, quienes han de actuar. No sólo porque la comunidad internacional es garante del cumplimiento de los derechos humanos frente al Estado, sino por una cuestión mucho más de fondo y con implicaciones graves: ¿alguien ha sopesado qué lección se extrae de la marginación de una lucha, la del Sáhara, que es pacífica, y qué se está promoviendo cuando la comunidad internacional sólo se moviliza ante quienes utilizan la acción terrorista?
Ante la posible muerte de Aminatou Haidar, que no se llevaría a nadie por delante, ¿qué van a hacer Francia, la UE o Estados Unidos, que tanto empeño ponen en otros conflictos, aireados con métodos sangrientos? Aminatou Haidar, la opción no violenta, ha de vivir: la comunidad internacional tiene que salvarla.
(Carmen Magallón, 13/12/2009)
Hoy se cumplen 40 años de la ocupación del Sáhara Occidental. Días antes de la muerte del dictador, España dejaba a su suerte un territorio que había colonizado durante más de noventa años, sin concluir el proceso de descolonización que estaba en curso en el marco de Naciones Unidas, obligando a miles de saharauis a elegir entre el sometimiento al ocupante o el destierro en los campamentos de refugiados del desierto argelino. Desde entonces, la política exterior española ha optado deliberadamente por volver la cara al expediente y, por extensión, al propio pueblo saharaui. Quizá creían que la opinión pública de nuestro país acabaría por olvidarse de los hechos, o que la trágica situación que afrontan miles de familias, que siguen viviendo en condiciones terribles en el desierto, se podría parchear con el envío periódico de ayuda humanitaria a los campamentos. Ni una cosa ni la otra son ciertas. La ciudadanía española, en este tema también, marcha a una enorme distancia moral de sus representantes políticos.
Hoy, con los campamentos destrozados por inundaciones recientes, y ante la fría indiferencia de la comunidad internacional, tenemos ante nosotros los nefastos resultados de esa irresponsabilidad histórica. La supuesta razón geopolítica del bipartidismo ha ido hipotecando poco a poco toda esperanza de autodeterminación del pueblo saharaui, sin conseguir por ello afianzar una relación con Marruecos digna de dos vecinos solidarios y dispuestos a cooperar y resolver de mutuo acuerdo sus problemas. Recordemos la sucesión más reciente de gestos: en 2007, Zapatero viaja a Rabat y acepta el plan marroquí de autonomía como base para el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario; España impulsa los sucesivos acuerdos de pesca de la UE con Marruecos -criticados por el propio Parlamento Europeo-, que incluyen las aguas del Sáhara Occidental y de los que somos el principal beneficiario; el gobierno del PSOE aceptara en 2010 que el embajador de Marruecos en España sea un saharaui, ex dirigente del Frente Polisario; más recientemente, el gobierno del Partido Popular se opone a que el mandato de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental pueda cubrir la supervisión de los derechos humanos, e intenta evitar que la Unión Africana asuma un papel más activo en el expediente ante el declive de la facilitación de Naciones Unidas.
Hoy, con España en la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni siquiera hemos introducido la cuestión del Sahara en el orden del día de sus reuniones, mientras el Gobierno ha reducido fuertemente la ayuda humanitaria a los campamentos saharauis durante esta legislatura y no dice nada sobre el expolio de los recursos naturales en el Sahara ocupado. ¿Para qué ha servido toda esta injusticia, qué hemos avanzado acumulando dolor en un pueblo que ve negado su derecho a decidir su propio futuro y a vivir en paz, dignidad y libertad?
La acción exterior del Estado da, igual que su acción interior, medida de su lo que es y de su valía. Nosotros pensamos que es urgente emprender una democratización profunda de la acción exterior de España, y que el compromiso con la democracia, con los derechos humanos y con nuestra responsabilidad histórica no debe ser negociable. Por eso defenderemos, allá donde estemos, el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Para ello asumiremos un papel activo y decidido ante las instituciones internacionales para recuperar el proceso negociador, garantizar el respeto de los derechos humanos, sociales y económicos del pueblo saharaui, y asegurar una solución justa, pacífica, democrática y duradera a este conflicto para que no vuelva otro 6 de Noviembre como este.
La acción exterior de España debe estar a la altura de los valores que dice defender. Sólo así podrá jugar el papel que le corresponde para cooperar con todos los pueblos vecinos, defender la paz , la concordia y la cooperación con ellos, y afrontar los inmensos desafíos que, en parte por nuestros propios errores, afrontamos en esta hora difícil. Tenemos mucho trabajo por hacer.
(Pablo Bustinduy, 06/11/2015)