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[25 años de la ley de sanidad:]
El día 11 de junio de 1985, el ministro de Sanidad del Gobierno de Felipe González, Ernest Lluch Martín, presentaba ante el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de la Ley General de Sanidad con las siguientes palabras: “Creo que defender aquí este proyecto de ley tiene una razón fundamental, al menos para los socialistas; es defender un proyecto de ley que extiende la sanidad a todos los ciudadanos, es conseguir en un Estado democrático algo que está en el prefacio de la Constitución, que dice que no solamente queremos construir una sociedad democrática sino que queremos construir una sociedad democrática avanzada, y una de las concreciones de una sociedad democrática avanzada es, a partir de que esta ley se apruebe y se ponga en marcha, que todos los ciudadanos de este país tendrán derecho a una sanidad pública”.
La Ley General de Sanidad, impulsada y defendida contra viento y marea por el ministro Lluch, superó las enmiendas de totalidad que solicitaban la devolución del proyecto de Ley al Gobierno, presentadas por todos los grupos parlamentarios de la Cámara. La ley fue finalmente aprobada por las Cortes Generales y promulgada el 25 de abril de 1986.
Hoy todos deberíamos celebrar el 25aniversario de su promulgación, porque el Sistema Nacional de Salud que la ley creó y que garantiza la protección de la salud de todas las personas, responsabilizando a los poderes públicos de la efectividad de ese derecho constitucionalmente reconocido, debería ser un patrimonio compartido.
La sanidad, una de las más complejas responsabilidades asumidas por el Estado, tiene al menos dos dimensiones básicas: la primera es la garantía de la igualdad sustancial ante la necesidad; la segunda es la regulación de un bien, el acceso a los servicios de salud, que ha escapado a los mecanismos de regulación del mercado.
La sanidad pública es, por tanto, un factor fundamental de cohesión social. Contribuye decisivamente a la reducción de las desigualdades sociales. Genera confianza y seguridad porque ahuyenta el miedo a los imponderables de la enfermedad. Somos más libres cuando sabemos que ante un problema de salud no quedamos abandonados a nuestra suerte. Su rentabilidad social es por tanto muy alta.
La ventanilla sanitaria es hoy el principal sensor para detectar los problemas de la sociedad en la que vivimos. En ella se perciben de manera privilegiada las desigualdades sociales, las carencias educativas, culturales, económicas, afectivas. Y también las carencias sociales de la organización política.
Lo que conmemoramos es una gran conquista social porque la desigualdad ante la salud es la más insoportable de las desigualdades. Y por ello conviene alertar sobre los riesgos de algunas propuestas políticas que, lejos de consolidar y mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud, lo ponen en riesgo.
Algunas de las amenazas que acechan a nuestro modelo son las desigualdades en el acceso a las prestaciones sanitarias en las distintas comunidades autónomas, las reducciones del presupuesto sanitario, la propuesta de introducir barreras económicas para acceder a los servicios de salud, la transformación del modelo de gestión del servicio público –con consecuencias, en algunos casos, sobre elementos esenciales del propio servicio público porque transfieren responsabilidades a manos privadas– y las demoras y carencias en la atención sanitaria, que vacían de contenido el propio derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y llegan a comprometer la vida de los pacientes por falta de medios.
Todos esos riesgos son consecuencia de decisiones políticas que traducen, sin hacerla suficientemente explícita, una concepción distinta de cuáles deben ser las funciones del Estado y qué prioridad debe darse al reconocimiento efectivo de los derechos sociales. La salud como problema individual y los recursos públicos menguados.
Es momento de recordar que ninguna conquista social es irreversible. Y que no es verdad que el mantenimiento y la mejora del sistema sanitario público estén garantizados, con independencia de quien gobierne.
En España, la sanidad pública ha sido siempre objetivo de la sociedad progresista. El Sistema Nacional de Salud, establecido en 1986 y que ha ido consolidando el modelo sanitario público, proporcionó cobertura sanitaria a siete millones de españoles que carecían de ella. Financiado mediante ingresos del Estado –las cotizaciones sociales se dejan para atender las prestaciones contributivas de la Seguridad Social–, el sistema garantiza el acceso equitativo a los servicios de salud (iguales prestaciones para iguales necesidades), es gestionado por las comunidades autónomas y tiene encomendada la protección efectiva de nuestra salud mediante la integración de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la curación y la rehabilitación.
El compromiso del ministro Lluch con la consecución de una sociedad democrática avanzada le costó la vida. Su Ley General de Sanidad ha mejorado la vida de millones de ciudadanos a lo largo de estos 25 años. Y nos permite reconocernos como una sociedad digna de tal nombre en un mundo convulso donde todavía tantos seres humanos están abandonados a su suerte.
(Angeles Amador, 25/04/2011)
El último balance del plan de Salud de Cataluña sitúa la esperanza de vida de los catalanes en 83,2 años. Eso significa que en cinco años hemos ganado casi uno más de vida. El promedio de España es de 82,98 años. A este ritmo, ¿cuánto tardaremos en alcanzar los 90, 100 años de esperanza media de vida? Si se mantienen las actuales condiciones de vida y no hay retrocesos sociales, tal vez no mucho. Este aumento se debe a factores de bienestar social y también a mejoras de salud incuestionables. Por ejemplo, en los últimos diez años la mortalidad por ictus y enfermedades cardiovasculares se ha reducido en Cataluña un 15%, la del cáncer de mama un 10% y la de cáncer colorectal, un 5%.
¿Una buena noticia? Sin duda alguna. Y sin embargo, es muy probable que estas cifras se utilicen una vez más para alimentar el discurso catastrofista que pregona la insostenibilidad del Estado de Bienestar en general y del sistema público de salud en particular. El envejecimiento de la población es utilizado una y otra vez para sostener que el sistema sanitario público es inviable y que necesita adaptarse con reformas que la mayoría de las veces implican recortes o copagos.
Pero, ¿es el envejecimiento de la población una “catástrofe” tan catastrófica como se presenta en muchos informes económicos? ¿Es lo que hace realmente inviable el Estado de Bienestar y pone al borde del colapso el sistema sanitario como se repite una y otra vez? Desde luego que no. El de la inviabilidad es el marco conceptual que la doctrina neoliberal ha logrado imponer en el debate público para encauzar las propuestas de solución en una determinada dirección y hacer creer que no hay otra alternativa posible. En realidad, cuando se va a los trabajos científicos y se hacen estimaciones basadas en evidencias, como hace Joaquim Oliveira, en su trabajo Public spending on health and long term care: a new set of projections —que puede consultarse en la web de la OCDE— el envejecimiento de la población es uno de los facatores, y juega un “papel menor” en el incremento de los costes sanitarios y sociosanitarios. Ese trabajo estima que en los países de la OCDE se situarán entre 3.3 y 7.7 puntos del PIB de aquí al año 2060. Curiosamente, tampoco el modelo sanitario influye en que los costes sean mayores o menores, pues hay ejemplos de una buena relación coste-eficiencia tanto en los sistemas públicos puros como en los mixtos.
Lo que determinara el aumento es el coste de las tecnologías y ciertas tendencias como la epidemia de obesidad o el aumento de demencias como el Alzhéimer. Pero esos incrementos no solo son asumibles por los países avanzados, sino manejables. Se ha generalizado la idea falsa de que al aumentar la esperanza de vida, habrá más enfermos y más dependientes. La realidaad es que la mayor parte de los años de vida ganados son años con buena salud y plena capacidad cognitiva. Es decir, la mayor parte de la vida ganada es productiva, sana y no dependiente. Otra cosa es que, por razones económicas y estructurales, no sepamos aprovecharla socialmente. Por otra parte, está demostrado que en términos sanitarios, el mayor gasto se produce en los últimos años de la vida de una persona, sea cual sea la edad a la que muere.
De modo que, en este asunto también podríamos decir aquello de: “No es la demografía, estúpido. Es la economía”. El problema de la sostenibilidad del sistema sanitario no depende tanto de que nos hagamos más viejos, como de que seamos capaces de crear una economía que lo sostenga. Y como decía el fallecido Albert Jovel, impulsor del Foro de Pacientes, con salarios de 800 euros, ningún sistema sanitairo es sostenible. No es tanto una cuestión de gasto como de ingresos. El gasto se puede contener con medidas de eficiencia sin comprometer la calidad. Pero lo que cuenta es que el Estado tenga ingresos suficientes, y eso depende del sistema impositivo y de la fortaleza económica.
Haber doblado la esperanza de vida en menos de un siglo no es una catástrofe: es la mayor conquista de la humanidad. Lo que puede ser una catástrofe, si no corregimos el rumbo, es que aceptemos un modelo económico incapaz de producir ingresos con los que sostener el sistema público y aprovechar la productividad que hemos ganado gracias a la prolongación de la vida. En lugar de preguntarnos qué debemos recortar, deberíamos preguntarnos como tenemos que organizar las cosas para que el último tercio de la vida no sea tan improductivo. Claro que entonces se pondrá de manifiesto lo que ahora no se quiere ni mencionar: que si el sistema que tenemos no es capaz de garantizar el empleo para los jóvenes, menos aún para quienes, después de los 65, estarían en condiciones y querrían trabajar. Que no son todos, pero pueden ser muchos. Hay que darle la vuelta al debate.
(Milagros Pérez Oliva, 13/12/2015)
La sanidad es un sector estratégico para España. Los españoles invertimos 62.000 millones de euros cada año en cuidar nuestra salud. Y sin embargo este sector ha sufrido como pocos el peso de los recortes indiscriminados, cayendo prácticamente 10.000 millones desde 2009. España es el único país de la UE, junto al resto de rescatados, que ha rebajado su esfuerzo financiero en sanidad en el último lustro. Lejos de ser este recorte del gasto consecuencia de una mayor eficiencia del sector público, el ajuste ha sido grosero, excluyendo cientos de miles de personas de la cobertura sanitaria (desde jóvenes españoles que emigran al extranjero para formarse o buscar empleo, hasta inmigrantes que trabajan y residen en España), reduciendo profesionales, aumentando copagos, y desinvirtiendo en tecnología. En resumen, hoy la sanidad española está en peores condiciones que hace cuatro años para seguir protegiendo la salud de los españoles y, lo que incluso es peor, para afrontar los necesarios cambios que una sanidad del siglo XXI requiere. Los españoles así lo aprecian, y por eso en el Barómetro del CIS la preocupación por la sanidad se ha triplicado en estos últimos años.
Y la perspectiva no da para alegrías. Sobre un esfuerzo de gasto sanitario público del 6,3% del PIB, solo entre medio de Grecia y Portugal, o dos terceras partes de lo que ya emplean Francia, Alemania o los países nórdicos, el Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno del PP a Bruselas plantea un frenazo de otro punto más de PIB, hasta dejarlo en el 5,3%.
No es posible seguir esa senda. La sanidad no solo es imprescindible para proteger la salud; es además un sector económico con un alto valor en I+D. España además de tener una sanidad altamente eficiente, dispone de un tejido de investigación e innovación envidiable, lo mismo en nuestros hospitales que en los centros de investigación biomédica, universidades y empresas privadas sanitarias. Un sector, el de la investigación biomédica y medicina personalizada, que está entre los más dinámicos de la nueva economía global, y en el que España tiene la capacidad de pelear entre los grandes. Por eso la sanidad española requiere en los próximos cuatro años un programa audaz y ambicioso que aborde su necesario crecimiento, mejora y contribución a la economía española.
Son cuatro los ejes a mi juicio necesarios, y que recoge con acierto el programa sanitario del partido socialista. En primer lugar es necesario recuperar el derecho a la sanidad para todos los españoles y residentes, desvinculándolo de su condición de titular o beneficiario de la Seguridad Social, como lamentablemente restableció el Real Decreto Ley 16/2012 del gobierno popular. Eliminar la puerta a los copagos sanitarios que de manera tan desigual se han implantado en España a raíz del citado real decreto, y evitar que el copago farmacéutico constituya una barrera económica para el acceso a los medicamentos eficaces en aquellas personas con menores rentas.
Pero aún más, los ciudadanos deben poder recibir asistencia sanitaria en cualquier punto de España, sin barreras autonómicas, y equiparar progresivamente las condiciones de acceso y los resultados. No debería haber diferencias tan sustanciales en indicadores básicos de acceso (listas de espera, utilización de nuevos medicamentos), y calidad de la atención (mortalidad por infarto o por ictus) entre territorios.
Precisamente por ello el Sistema Nacional de Salud debe desarrollar su entramado institucional y capacidad técnica con una auténtica arquitectura federal. Reforzar estructuras coordinadas y descentralizadas capaces de ejercer las funciones básicas de un sistema sanitario moderno: salud pública; calidad y seguridad clínicas; evaluación y supervisión de tecnologías; investigación e innovación; gobernanza y transparencia de resultados.
Hay que modernizar la gestión pública de la sanidad, porque no hay mejor vacuna frente a la privatización que un sector público eficaz, transparente y con fuerte respaldo de sus profesionales. Aunque la organización y gestión de los servicios hoy es competencia de las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad debe ejercer su liderazgo y competencias para regular y facilitar nuevas fórmulas de autonomía, capacidades e instrumentos. La obligada revisión de la ley 15/97 de nuevas formas de gestión sanitaria, deberá poner límites a la necesaria participación privada en la prestación sanitaria. Delimitando las condiciones, funciones y evaluación que sean pertinentes, porque no es lo mismo contratar ambulancias que la gestión poblacional de la salud de un distrito; ni puede ser lo mismo la titularidad sin afán de lucro y de largo plazo que los fondos de capital riesgo.
Finalmente, necesitamos una estrategia nacional de transformación de la asistencia sanitaria adaptada a los retos de la cronicidad y fragilidad; necesitamos desarrollar y reconfigurar servicios integrados sociales y sanitarios que tomen a la persona como sujeto central de los distintos cuidados y profesionales que le atienden, el domicilio como centro principal de cuidados, el paciente y familiar como primer cuidador, y mediados con la tecnología digital. Junto a ello, el esfuerzo de inversión en investigación biomédica debe duplicarse. Otros países como Estados Unidos han tomado la delantera con iniciativas como la impulsada por el presidente Obama de medicina personalizada, por valor de 215 millones de dólares ya en el presupuesto de 2016. Porque la clave de la medicina del futuro es la precisión: dar el tratamiento eficaz a la persona que se va a beneficiar de él y solo a él. La investigación en medicina genómica y el análisis de grandes bases de datos clínicos, de los que España ya dispone, son necesarios junto a la rápida transferencia de toda esta investigación a la práctica clínica. España no puede perder el tren del futuro. Nos jugamos demasiado. Nos jugamos nuestra salud, nos jugamos nuestra competitividad global.
(Jesús María Fernández Díaz, 03/02/2016)