Sanidad             

Consulta con el médico: 39 euros:
Una visita con el médico de familia o con el pediatra en los centros de salud madrileños cuesta 39 euros. Si incluye alguna prueba complementaria, sube hasta los 57 euros. Todas las asistencias sanitarias que se realizan en los hospitales y los centros de salud madrileños tienen un precio fijado, en vigor desde 2009, que se suele cobrar a aseguradoras o a mutuas de trabajo en caso de accidente laboral. La mayoría de ciudadanos no llega a conocerlos nunca, puesto que, con el sistema actual, solo hay que presentar la tarjeta sanitaria —que se obtiene con el empadronamiento— para ser atendido de forma gratuita. Sin embargo, el sistema está a punto de cambiar. El 1 de septiembre los inmigrantes irregulares se quedan fuera del sistema sanitario ordinario, por lo que deberán costear sus tratamientos. La nueva legislación del Ministerio de Sanidad establece que las embarazadas y los menores de edad seguirán teniendo atención sanitaria gratuita, igual que los asilados políticos y las víctimas de trata. El resto de los extranjeros sin papeles solo podrá ir a urgencias. A principios de este mes, el Ministerio de Sanidad envió a las comunidades autónomas una orden que desarrolla el real decreto 16/2012 y que prevé una vía para que estas personas puedan seguir siendo atendidas en el sistema público. Lo llama convenios especiales, y en la práctica son como pólizas con pagos muy parecidos a los de los seguros sanitarios privados. Un extranjero sin permiso de trabajo en España tendría que pagar 710 euros al año para mantener la asistencia sanitaria en la red pública. ¿Qué sucede si no pueden pagar esas cuotas, de cantidades muy similares o incluso superiores a las de aseguradoras privadas? Empezarían a recibir facturas por cada asistencia sanitaria que necesitaran. Lo explicó el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, la semana pasada: “Los inmigrantes que no reúnan esas condiciones [embarazadas y menores] serán asistidos en caso de que lo necesiten. Cosa distinta es que luego eso genere la emisión de una factura que será remitida a sus países de origen en el caso de que haya convenio, como lo hay con Marruecos, Argentina o Perú, o bien la persona se habrá acogido a la fórmula de convenio especial con el Sistema Nacional de Salud, o si no es el caso, recibirá él la factura”. El consejero estableció una excepción: los enfermos crónicos. Los inmigrantes irregulares que ya estén diagnosticados podrán seguir su tratamiento de manera gratuita “exactamente igual que hasta ahora”, aseguró. “Cosa diferente es personas que lleguen a España ahora y que todavía no hayan sido tratados por nuestro sistema. Esta reforma está pensada para evitar que vengan personas de cualquier parte del mundo para recibir asistencia médica. Eso no sucedía en ningún parte de Europa y ahora tampoco va a suceder en España, cosa que me parece lógica”, señaló. Lo que no está claro es cómo se va a aplicar esa excepción en la práctica. La tarjeta sanitaria individual “constituye la llave de acceso al sistema sanitario público madrileño”, tal y como explica la Comunidad de Madrid en su portal de Salud. Es decir, se exige para absolutamente cualquier trámite. Sin tarjeta no hay cita y sin cita, no hay visita con el médico. Preguntado por esa cuestión, Lasquetty afirmó que la gestión administrativa de los pacientes sin tarjeta “se hará con normalidad”. “Lo importante es el registro que hay de cada paciente en la base de datos de la Consejería de Sanidad, con nombre y apellidos, código de identificación y su pasaporte, luego no habrá ningún problema para que una persona que está recibiendo tratamiento antiretroviral continúe recibiéndolo en las mismas condiciones”, señaló. Los pacientes crónicos, por tanto, tienen asegurada la asistencia en Madrid, según la Comunidad. Pero solo los ya diagnosticados. “Insisto: aquellas personas que ya estaban siendo tratadas”, precisó Lasquetty. Es decir, si una persona sin papeles es diagnosticada de VIH o de diabetes antes del 1 de septiembre podrá seguir en el sistema público como hasta ahora. Si es más tarde, quedará fuera. Cinco comunidades autónomas [Andalucía, Asturias y País Vasco, donde gobierna el PSOE, Canarias (CC y PSOE) y Cataluña (CiU)], que aglutinan a más de la mitad de los sin papeles en España, se han rebelado contra las instrucciones del Ministerio de Sanidad y aseguran que darán atención universal a los inmigrantes como hasta ahora. Alertan de que las medidas del Gobierno pueden generar problemas de salud pública. Madrid está siguiendo las directrices del Ministerio: los extranjeros sin papeles (salvo embarazadas, niños y crónicos ya en tratamiento) deberán hacerse el seguro o pagar sus tratamientos. La Consejería de Sanidad tiene previsto elaborar unas instrucciones para regular los casos en los que los inmigrantes sin derecho a la asistencia eludan contratar la póliza con el sistema nacional de salud y decidan ser atendidos en la red pública pagando las facturas de las consultas o las pruebas que puedan necesitar, según adelantó el departamento que dirige Lasquetty a este diario. Y añadió que Sanidad no tiene previsto por el momento reforzar el sistema de facturación (con más personal u otra herramienta informática) frente al posible aumento de procedimientos de cobro a partir del 1 de septiembre. Pese a que pocos conocen que existen unos precios públicos de las asistencias sanitarias —una orden de la Consejería de Sanidad de agosto de 2009 contempla más de mil procedimientos facturables—, lo cierto es que centros de salud y, sobre todo, hospitales públicos cobran a centenares de pacientes. O al menos lo intentan. En lo que va de año, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado al menos ocho notificaciones “de liquidación de precios públicos correspondientes a asistencias sanitarias” prestadas en otros tantos hospitales de la región. En total, reclaman a centenares de pacientes —muchos con nombre extranjero; otros no— unos 420.000 euros. El hospital infantil Niño Jesús, por ejemplo, reclama 7.248 euros a una veintena de pacientes. El hospital Clínico publica una lista de 70 pacientes cuyas asistencias suman 132.999 euros. La mayoría tienen un importe de 122 euros, que es el que corresponde, según la orden de 2009, a urgencias que no requieren ingreso o a una consulta sucesiva (es decir, no la primera, que sería más cara, 204 euros) con un especialista. “Se trata de accidentes de tráfico, accidentes laborales cubiertos por mutua de trabajo y lesiones deportivas cubiertas por seguro médico, además de otros”, explica un portavoz de la Consejería de Sanidad. “Se cobra a todo aquel que no tiene cobertura sanitaria y se emite la factura, tanto desde la Gerencia de Atención Primaria, como desde cada hospital. Suele ser a posteriori y la recibe el interesado en el domicilio que haya dado”, añade. El cobro nunca se efectúa en el centro de saludo en el hospital, sino que se emite factura. “Primero se les notifica para que lo ingresen de forma voluntaria y si no se les encuentra en los domicilios que han proporcionado, se les tiene que notificar en el boletín oficial”, señala la fuente. (Elena G.Sevillano, 19/08/2012)

Proceso de degradación:
El Sistema Nacional de Salud se degrada.La sanidad pública sufre desde hace años un continuo deterioro que los recientes recortes indiscriminados derivados de la crisis económica han acentuado y acelerado. Ahora, tal como está, interpretada por cada comunidad autónoma a su aire; desentendida del Estado; con una gestión opaca y escaso afán por la eficiencia; sometida al partidismo; financieramente menguada; escasa de inversiones que actualicen sus instalaciones y dotación tecnológica; despoblándose de profesionales sanitarios y muy mal pagados y en gran parte desmotivados los que quedan; debilitada en sus principios morales por las diferencias de asistencia entre las autonomías que rompen la equidad y la solidaridad y con unas listas de espera crecientes que causan la desafección y el éxodo de la clase media, soporte natural e indispensable del sistema (más de 10 millones de españoles —y se prevé que el número aumente a medida que se cree empleo— pagan ya voluntaria y espontáneamente una póliza de seguro privado), la sanidad pública pierde progresivamente calidad y en pocos años quedará degradada a un servicio de beneficencia, una medicina para pobres. La degradación es oculta. Las listas de espera, cada día más largas, embalsan y soterran la demanda desatendida y no permiten que la sociedad perciba la demora y la precariedad de la asistencia pública: los enfermos obviamente aislados y desconocidos entre sí son incapaces de hacerse presentes y el número de los que esperan es, en todas las autonomías, un dato para uso político, siempre en penumbra y manipulable. A la sanidad pública, aunque está enferma, muy enferma, y sin tratar desde hace años, no se le ve mala cara. De hecho, las listas de espera (ayudadas por las peculiaridades de la atención médica) actúan como una pantalla que oculta a los ciudadanos la verdadera situación del sistema e impide así la formación de una opinión pública enterada y activa. Pasividad de los políticos. Sin una opinión pública consistente no puede producirse la presión social que en democracia es el motor de la acción política. El velo de las listas de espera favorece así la pasividad de los políticos. A ellos les consta que la sanidad pública está en decadencia, pero los votantes no demandan su mejora y además saben bien que una reforma seria del sistema exige adoptar medidas impopulares con un muy probable alto coste electoral. ¿Correr tal riesgo por renovar un sistema cuyo deterioro los ciudadanos no acusan ni siquiera ven? La asistencia digna a los enfermos o el afán de justicia son bellas causas que todos los partidos políticos defienden, pero el cuidado de los votos es siempre lo primero. No cabe esperar que por sí mismos los políticos se muevan. Instalada en el deterioro. En resumen, el biombo de las listas de espera y el temor a perder votos inmovilizan a la sociedad y a los partidos políticos y obstruyen cualquier cambio. Más aún, en realidad blindan lo establecido e instalan así la sanidad pública en un deterioro continuo y sordo. Sin duda, cada día estará peor, empobreciéndose hasta que pronto pierda su núcleo más íntimo y propio, donde están la solidaridad, la equidad, la buena medicina, la cohesión social y la justicia, es decir, todo. Exigencia moral. Sólo una reforma a fondo puede salvar el sistema y sólo un acto de voluntad colectiva puede ser el resorte de la reforma. Si el estado actual de las cosas cierra el camino natural de la presión social es preciso abrirle otras vías. Con tal fin presentamos este manifiesto en el que directa y públicamente pedimos a todos los partidos políticos que consideren la renovación del sistema una exigencia moral ya apremiante y emprendan la reforma capaz de vertebrarlo, mejorar la calidad de su asistencia, impedir las desigualdades territoriales, afirmar la justicia y hacerlo financieramente viable, preparado para afrontar los compromisos de hoy y los nuevos que sin remedio van a llegar. Y pedimos también a todas las organizaciones o asociaciones de profesionales sanitarios (colegios provinciales, consejos generales, sociedades científicas, escuelas e institutos de estudios, etcétera), sindicatos, organizaciones de consumidores, entidades culturales próximas a la sanidad que reiteren y apoyen nuestra demanda con la mayor publicidad posible. (Victoria Camps y Adela Cortina, 23/01/2015)

Chapuza USA:
En el mundo capitalista desarrollado hay básicamente tres formas de financiar y proveer los servicios médicos a la población a nivel de todo el Estado. Uno, que se conoce como el Servicio Nacional de Salud (National Health Service), donde la mayoría de la financiación es pública y la provisión de los servicios es también pública. El segundo modelo es el Seguro Nacional de Salud (National Health Insurance), donde la financiación es pública (a través de un sistema de aseguramiento público) y la provisión de servicios es privada. Y, finalmente, el tercer sistema es el que es financiado privadamente (que se realiza predominantemente a través de aseguramiento privado, siendo las compañías de seguro privadas las que gestionan el sistema sanitario), y en el que la provisión de servicios es también privada. En este modelo, a diferencia de los dos anteriores, la acumulación de beneficios empresariales de carácter privado juega un papel determinante en la configuración del sistema sanitario. Este modelo, que ha sido promovido activamente por el capital financiero (la banca y las compañías de seguros), tanto a nivel de cada país como a nivel internacional (con el apoyo activo del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud, altamente influenciada por el gobierno federal de EEUU), es el modelo liberal (en terminología económica, neoliberal). Es también este modelo el que está siendo promovido por un gran número de economistas en temas sanitarios (de clara sensibilidad liberal) en España, muchos de ellos próximos a la banca. Este modelo es el que existe en EEUU, y es, a todas luces, el sistema más caro (EEUU es el país que se gasta más en sanidad en el mundo, un 17% del PIB), más impopular (el 64% está insatisfecho con la manera como se financia y organiza el sistema sanitario), más ineficiente (el 40% de histerectomías, el 48% de operaciones de cateterismo cardíaco y bypass, el 28% de angiografías, el 40% de angioplastias y el 12% de intervenciones de cataratas son innecesarias) y más inhumano (el 32% de personas que se están muriendo, es decir, que tienen enfermedades terminales, indican estar preocupadas de cómo ellas o sus familiares pagarán las facturas médicas). Las causas políticas del dominio del modelo liberal Como siempre ocurre, detrás de cualquier problema económico (y el sistema sanitario en EEUU es un problema económico enorme) hay una causa política: el enorme poder, no solo económico y financiero, sino también político y mediático, de lo que en EEUU se conoce como la Corporate Class (clase corporativa) (es decir, los propietarios y gestores de las grandes empresas financieras, industriales y de servicios que configuran la vida económica del país). Este poder fue el que presionó para que el sistema de financiación de la sanidad no fuera público (como en la mayoría de países de Europa), sino privado, a base de los pagos de los trabajadores y empleados de una empresa y de sus empleadores a las compañías de seguros privadas que, a su vez, contratan con los proveedores (tales como médicos, hospitales, etc.) la provisión de servicios. Así quedó fijado en la ley Taft-Harley (que el presidente Truman vetó pero que el Congreso –controlado por las derechas- aprobó). El mundo financiero, y muy en particular las compañías de seguros, favoreció esta ley que facilitó e hizo posible su gran expansión. Y el mundo empresarial también la apoyó, pues fijaba que el modo de financiar los servicios sanitarios era a través de los convenios colectivos (firmados por los representantes de los trabajadores y por los empresarios), que definen las aportaciones de trabajadores y empresarios a las compañías de seguro privadas, que son las que gestionan el sistema sanitario. Este sistema garantizaba un control por parte de los empresarios sobre su fuerza de trabajo, debido a que no solo los salarios, sino también la asistencia médica del trabajador y de su familia, dependían de su trabajo. Cuando a un trabajador se le despide (y el despido en EEUU es fácil), este o esta pierde no solo su salario, sino también su atención médica (y la de su familia). Esta medida tiene un impacto disciplinario enorme sobre el mundo del trabajo, lo cual explica que EEUU tenga el menor número de días perdidos por huelgas en el mundo capitalista desarrollado. En este esquema, el nivel de cobertura de un trabajador depende de la fuerza que el sindicato pueda tener en los altamente descentralizados convenios colectivos. En aquellas empresas donde los sindicatos son fuertes, es probable que sus trabajadores tengan una cobertura de sus necesidades asistenciales sanitarias relativamente buena (aunque nunca comparable a lo que cualquier ciudadano tiene en los sistemas nacionales de salud o en los seguros nacionales de salud). Pero si los sindicatos son débiles o no existen, la cobertura sanitaria es menor o inexistente. De ahí la enorme diversidad en los niveles de cobertura sanitaria en EEUU. Y para complicar todavía más la situación, para aquellos que no trabajan, el aseguramiento privado individual es sumamente caro, y prohibitivo en el caso de que tengan una enfermedad crónica. ¿Qué ha hecho el Obamacare? El primer intento de reforma apareció en las campañas de Jesse Jackson (al cual tuve el placer de asesorar) en 1984 y en 1988, dirigente del movimiento Arco Iris (Rainbow Coalition, que era la alianza de las fuerzas progresistas, sindicatos, movimientos de derechos civiles, ecologistas y feministas dentro del Partido Demócrata), apoyado por los partidos socialista y comunista. Tal movimiento exigió y consiguió que se estableciera un Seguro Nacional de Salud, semejante al sistema sanitario canadiense, que originalmente había tenido un sistema parecido al existente en EEUU hasta que en los años 60 se cambió en una provincia canadiense (Saskatchewan), gobernada por el Partido Socialista canadiense, prohibiendo el aseguramiento privado, pasando este aseguramiento a ser público. Más tarde, el presidente Clinton (que copió extensamente elementos importantes del programa de Jackson) incorporó tal demanda en su programa (con el cambio sustancial, sobre el programa de Jesse Jackson, de mantener y no sustituir a las compañías de seguros privadas), estableciendo un grupo de trabajo en la Casa Blanca, dirigido por su esposa, Hillary Clinton, en el cual la Rainbow Coalition me pidió que les representara, como científico de su confianza. La propuesta Clinton, que fue incorporada posteriormente por el candidato, y más tarde presidente, Obama, en su programa, tenía como objetivo intentar reducir el elevadísimo número de estadounidenses que no tenían ninguna cobertura sanitaria (causando más muertes que las producidas por el SIDA). Ahora bien, a pesar de que el título del programa promovido por el presidente Obama se llama Universal Health Care, el hecho es que incluso con el pleno desarrollo de su programa, todavía permanecerían 27 millones de ciudadanos y residentes sin ninguna cobertura, y el doble de este número con cobertura insuficiente. La ley del Obamacare exige que todo ciudadano o residente tenga que tener una póliza de aseguramiento sanitario (de la misma manera que todo propietario de un coche debe tener seguro del coche), sin regular, sin embargo, el precio de la póliza. Y también exige a todos los empresarios que provean aseguramiento privado a sus trabajadores y empleados. Pero el nivel de cobertura obligatorio es muy insuficiente para cubrir las necesidades de la población. El problema mayor es que Obama no se atrevió a enfrentarse con las compañías de seguros (que han financiado gran parte de las campañas de los políticos, incluyendo la del Sr. Obama y la de la Sra. Clinton). Estas adquirirán incluso más poder bajo el mandato del presidente Trump, el cual ha nombrado como Secretary of Health (equivalente a Ministro de Sanidad) a una persona conocida por su oposición a las reformas realizadas por la Administración Obama, empeorando todavía más los problemas creados por la aplicación del modelo liberal en la sanidad de un país, un modelo que los economistas liberales intentan aplicar en España también, promovido por grandes intereses financieros, incluidas compañías de seguros sanitarios privadas que están adquiriendo más y más protagonismo en la sanidad española, expansión facilitada predominantemente por los partidos conservadores de persuasión liberal que han dominado los gobiernos españoles (incluidos los catalanes) en los años de la Gran Recesión. (Vicenç Navarro, 23/12/2016)

Especulación con medicamentos:
En 1855 se fabricó el primer medicamento sintético Phenacetin, del cual derivó el paracetamol y en 1899 se sintetiza por primera vez la aspirina a partir de extractos de corteza de sauce. Estos dos medicamentos tan vigentes hoy en día, fueron los dos primeros, y dieron paso a la farmacopea moderna. A lo largo del siglo XX se han dado unos pasos gigantescos en la evolución de los medicamentos que han conseguido, junto a la higiene y a la buena alimentación, aumentar la esperanza de vida en España de 34 años en 1900 a 82 en 2016. Medicamentos como los antibióticos, cardiotónicos, broncodilatadores o anticancerosos no solo han ayudado sobremanera a aumentar el número de años vividos, sino también la calidad de ellos. La industria farmacéutica ha ido creciendo, junto a la mejora de los diagnósticos médicos, y el medicamento se ha convertido en un bien tangible para la humanidad. Desde aquel medicamento primigenio que ya sintetizó un laboratorio farmacéutico y a partir de elementos orgánicos hasta hoy, como todas las industrias, la evolución ha sido portentosa. Ya no se fabrican medicamentos específicos en las boticas, con los matraces y las balanzas de precisión, sino que ya hay fábricas de medicamentos que ajustan las dosis perfectamente, y evitan cualquier tipo de contaminación por otros productos. Cada vez menos, y ya es casi testimonial, los medicamentos se descubren a partir de materia orgánica, no se buscan las plantas en los bosque brasileños, sino que ya se conocen miles de moléculas y su propiedades y se van buscando combinaciones que aumenten una potencia de acción, alarguen o acorten su tiempo de efecto o encuentren una acción desconocida hasta ahora. De tal forma que las grandes industrias farmacéuticas con potentes equipos de investigación que trabajaban en sedes propias ya son, en líneas generales, un recuerdo. La investigación se realiza en este momento de forma deslocalizada, en pequeños o pequeñísimos grupos de estudio, que generalmente están vinculados a universidades u hospitales, trabajan en una línea y, a veces, encuentran un resultado novedoso o innovador en un medicamento y buscan un comprador. Esta nueva forma de encontrar medicamentos ha hecho que también se modifique la estructura conceptual de la industria farmacéutica, aproximándola más al mundo del negocio, de la compraventa, y alejándola del mundo de la investigación. Este cambio de estructura ha hecho posible que cada vez se sea más capaz de conocer los costes y los beneficios y ha posibilitado que el mundo del medicamento y las empresas que negocian en este sector, sea la tercera fuente de riqueza económica en el mundo. Todo este desarrollo que a primera vista pudiera parecer muy tecnológico, tiene un componente social enorme. En un reciente informe, Farmamundi afirma que una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a medicamentos esenciales, y es así porque su precio lo hace inaccesible a ese grupo de personas desfavorecidas. Últimamente, un medicamento contra la hepatitis C, el sofosbuvir, ha conmocionado al mundo por un afán mercantilista, de tal forma que el laboratorio farmacéutico que compró la patente, en escasos meses había cubierto el coste del fármaco y a partir de este momento todo eran ganancias. Los estados, para evitar que la industria farmacéutica pierda, establecen una serie de años de propiedad de la patente para que compensen gastos y adquieran ganancias, pero en este caso, un medicamento que se podría vender con una ganancia para la empresa de 300 €, se vende por 40.000 euros, dejando a la economía dedicada a sanidad de muchos países tambaleándose. Es paradójico que el hecho de diagnosticar una enfermedad, sumado el sueldo de médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, edificios de atención al paciente, pruebas complementarias, etc., se acerque a los 100 euros y su tratamiento sea de 40.000 €. La especulación sobre la vida humana se hace insoportable. Pero no es este el único argumento de lo que parece un abuso del poder económico sobre los estados y los países, la industria farmacéutica gasta más del 30% de su presupuesto en publicidad, marketing e influencia sobre el sector, de tal forma que el marketing ejercido sobre medicamentos es mayor que el que se hace sobre automóviles. ¿Y por qué es esto? Pues porque no todos los medicamentos son esenciales, algunos aportan innovación y mejora para la salud y otros en cambio son novedades, modifican alguna característica que no aporta nada sustancial, pero si permite aumentar el tiempo de propiedad de la patente, no poder fabricar un medicamento genérico y conservar un precio elevado. Todo este entramado de interés económico que atenta sobre la salud de los pacientes y la equidad del sistema sanitario, ha tenido como consecuencia que movimientos ciudadanos intenten hacer oír su voz, como defensa de la vida, y es así como en torno al movimiento No es Sano diversas organizaciones y ONG se han agrupado para intentar ser oídos por las fuerzas políticas y económicas e intentar dar la vuelta a este sin sentido que provoca que los pueblos conozcan el remedio a sus enfermedades y no tengan acceso a ellos. En el año 2015, la Organización Médica Colegial publicó un trabajo sobre la visión social y clínica del medicamento, del cual extrajo algunas conclusiones: – En la aprobación de nuevos medicamentos debe garantizarse que representan alternativas eficaces y seguras, evitando la inclusión de nuevos fármacos que no hayan demostrado tales cualidades, muy especialmente al haber utilizado en los estudios muestras pequeñas de pacientes. – La patente como valor nunca puede anteponerse al valor absoluto de la vida. En consecuencia el beneficio de la patente no puede estar por encima de los resultados en salud. – En las autorizaciones de medicamentos por los organismos supranacionales (FDA, EMA) ocurren errores que dan por bueno un medicamento que no lo es, por benevolencia, por conflictos de intereses poco claros o porque no se publican los errores graves. – El uso excesivo, insuficiente o indebido de los medicamentos tiene efectos nocivos para el paciente y constituye un despilfarro de recursos. La combinación de la formación y supervisión de la actividad profesional –auditorias clínicas- y resultados en salud, la educación de los consumidores y la garantía de acceso a los medicamentos esenciales en cantidades suficientes es eficaz para mejorar su uso racional – No se publican todos los resultados de los estudios de investigación médica, falta transparencia al ampararse la industria investigadora en el secreto empresarial. El seguimiento de cualquier tratamiento busca obtener la máxima efectividad del mismo y en el caso del fármaco, minimizar los riesgos causados por su uso, mejorar la seguridad farmacológica, contribuir a un uso racional y mejorar la calidad de vida del paciente. Todo ello forma parte de la prescripción, todo ello son objetivos que debe realizar el médico. (Juan Manuel Garrote Díaz, 03/04/2017)

Menos carne:
Cada día comemos más carne, es decir proteína de origen animal, y menos frutas y hortalizas. También los lácteos están menos presentes en nuestro día a día, así como las legumbres y los cereales integrales. El resultado es una dieta sumamente pobre que solo suma proteína animal, azúcares procedentes de harinas refinadas y grasas saturadas o hidrogenadas: una autopista hacia la obesidad. Este desequilibro tiene un precio sobre el medio ambiente, al que forzamos cada vez más con el aumento de la demanda de carne en todo el mundo, ya sea de pescado, marisco, aves o mamíferos. También supone unas implicaciones éticas en el modo en que se trata a los animales productores de carne que no siempre queremos ver. Pero más allá de las necesarias reflexiones sobre la sostenibilidad desde el punto de vista ecológico y moral del consumo de carne, existen otras razones para tratar de reducir la proporción de la proteína animal en nuestra dieta que refieren directamente a nuestra salud. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconseja un consumo máximo en no deportistas de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso de la persona, que serían de media entre 50 y 70 gramos diarios. Frente a esta recomendación, la realidad nos sitúa a españolas y españoles en los 160 gramos diarios de consumo medio, más del doble del máximo recomendado. Se trata a todas luces un exceso peligroso, que nos iguala a los países del norte europeo y nos aleja de la dieta mediterránea, con los consecuentes peligros que ello acarrea. A continuación te damos siete razones para reducir tu consumo de carne y devolverlo a los límites que recomienda AESAN. 1. El exceso de proteína animal reduce el porcentaje de fibra vegetal en nuestra dieta Cuanta más proteína animal haya en tu menú diario, a no ser que seas un deportista que precise de grandes cantidades de alimento, menor será el porcentaje de verduras, hortalizas y frutas varias. Esto representará una reducción de la fibra vegetal, que tiene muchos efectos positivos en la dieta, como su poder saciante, su capacidad para secuestrar tanto los excesos de azúcares como de colesterol de origen alimentario o su papel como alimento de la flora intestinal, fundamental tanto en el control de las reacciones autoinmunes y la prevención de múltiples enfermendades, como en la optimización de la digestión. 2. Aporta un excedente de grasas saturadas La carne, salvo en casos como el del pescado azul o determinado tipo de aves, suele tener grasas saturadas en mayor o menor medida. Por sí mismas las grasas saturadas no son malas necesariamente ni contribuyen significativamente al colesterol malo, como se ha creído durante mucho tiempo. Pero tienen un alto poder calórico. Por lo tanto, en exceso tienen a acumularse en los pliegues de nuestro cuerpo dando así lugar al sobrepeso. Es decir que indirectamente contribuyen a los problemas relacionados con la obesidad: sedentarismo, problemas cardiovasculares, problemas articulares, etc. 3. Aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares El sodio está muy presente en la carne animal, que es músculo, sin contar, claro está, el que viene añadido con la sal de cocinar. Por lo tanto, la ingesta excesiva de carne aumenta sensiblemente los niveles de sodio, con lo que eleva considerablemente la presión arterial y por tanto el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 4. Fuerza al hígado y al riñón a trabajar más de la cuenta Gran parte de los metabolitos que genera la ingesta de proteína cárnica son derivados del nitrógeno, sobre todo amonio (NH4+), una toxina que se acumula en el plasma celular acidificándolo, por lo que debe ser rápidamente transformada. El hígado se ve forzado a trabajar más en exceso de amonio para transformarlo en urea, un compuesto menos tóxico pero que también se debe eliminar porque se produce de repente en grandes cantidades. Aquí es donde le toca al riñón a ponerse a trabajar a tope para excretar la urea en la orina. Pero para poder hacerlo precisa rebajar la concentración plasmática de urea, lo que hace reteniendo el agua corporal para diluir la urea y poder así expulsarla, con lo que sufrimos un cierto nivel de des hidratación. Si comiéramos más fruta y verdura sería más fácil rehidratarnos, pero ya hemos visto que el exceso de carne en la dieta va acompañado de la reducción de los demás elementos. 5. Puede derivar en una descalcificación ósea Por otro lado el cuerpo tiende a neutralizar la acidificación del amonio haciéndolo reaccionar con fosfato cálcico. El calcio del fosfato puede tomarse del plasma o bien, si no hay suficiente, algunos estudios afirman que puede producirse una descalcificación de los huesos. Si mantenemos los excesos en el consumo de carne, aumentamos así el riesgo de fractura ósea, sobre todo en deportistas o con la edad. Ahora bien, otros estudios aseguran lo contrario. 6. Aumenta el riesgo de sufrir cálculos renales Otro problema del exceso continuado de consumo de carne, especial de las carnes rojas, es que los músculos de los mamíferos acumulan unas bases nitrogenadas conocidas como purinas, que se metabolizan como ácido úrico en lugar de urea. El ácido úrico puede cristalizar en las articulaciones produciendo grandes dolores, o bien precipitar en los conductos renales provocando cálculos si su presencia es abundante. 7. Se relaciona su consumo con el riego de padecer cáncer de colón La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió, con gran escándalo, en octubre de 2015 de que las carnes rojas y las procesadas podían incidir significativamente en el aumento del riesgo de sufrir cáncer de colon. No significa que por consumir carnes y embutidos vayamos a sufrir este tipo de tumores con toda seguridad, pero es innegable que un abuso de estos productos, con proteína animal, aumentan la probabilidad de sufrir una complicación tumoral en la zona intestinal.

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