Sanidad:
[25 años de la ley de sanidad:]
El día 11 de junio de 1985, el ministro de Sanidad del Gobierno de Felipe González, Ernest Lluch Martín, presentaba ante el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de la Ley General de Sanidad con las siguientes palabras: “Creo que defender aquí este proyecto de ley tiene una razón fundamental, al menos para los socialistas; es defender un proyecto de ley que extiende la sanidad a todos los ciudadanos, es conseguir en un Estado democrático algo que está en el prefacio de la Constitución, que dice que no solamente queremos construir una sociedad democrática sino que queremos construir una sociedad democrática avanzada, y una de las concreciones de una sociedad democrática avanzada es, a partir de que esta ley se apruebe y se ponga en marcha, que todos los ciudadanos de este país tendrán derecho a una sanidad pública”.
La Ley General de Sanidad, impulsada y defendida contra viento y marea por el ministro Lluch, superó las enmiendas de totalidad que solicitaban la devolución del proyecto de Ley al Gobierno, presentadas por todos los grupos parlamentarios de la Cámara. La ley fue finalmente aprobada por las Cortes Generales y promulgada el 25 de abril de 1986.
Hoy todos deberíamos celebrar el 25aniversario de su promulgación, porque el Sistema Nacional de Salud que la ley creó y que garantiza la protección de la salud de todas las personas, responsabilizando a los poderes públicos de la efectividad de ese derecho constitucionalmente reconocido, debería ser un patrimonio compartido.
La sanidad, una de las más complejas responsabilidades asumidas por el Estado, tiene al menos dos dimensiones básicas: la primera es la garantía de la igualdad sustancial ante la necesidad; la segunda es la regulación de un bien, el acceso a los servicios de salud, que ha escapado a los mecanismos de regulación del mercado.
La sanidad pública es, por tanto, un factor fundamental de cohesión social. Contribuye decisivamente a la reducción de las desigualdades sociales. Genera confianza y seguridad porque ahuyenta el miedo a los imponderables de la enfermedad. Somos más libres cuando sabemos que ante un problema de salud no quedamos abandonados a nuestra suerte. Su rentabilidad social es por tanto muy alta.
La ventanilla sanitaria es hoy el principal sensor para detectar los problemas de la sociedad en la que vivimos. En ella se perciben de manera privilegiada las desigualdades sociales, las carencias educativas, culturales, económicas, afectivas. Y también las carencias sociales de la organización política.
Lo que conmemoramos es una gran conquista social porque la desigualdad ante la salud es la más insoportable de las desigualdades. Y por ello conviene alertar sobre los riesgos de algunas propuestas políticas que, lejos de consolidar y mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud, lo ponen en riesgo.
Algunas de las amenazas que acechan a nuestro modelo son las desigualdades en el acceso a las prestaciones sanitarias en las distintas comunidades autónomas, las reducciones del presupuesto sanitario, la propuesta de introducir barreras económicas para acceder a los servicios de salud, la transformación del modelo de gestión del servicio público –con consecuencias, en algunos casos, sobre elementos esenciales del propio servicio público porque transfieren responsabilidades a manos privadas– y las demoras y carencias en la atención sanitaria, que vacían de contenido el propio derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y llegan a comprometer la vida de los pacientes por falta de medios.
Todos esos riesgos son consecuencia de decisiones políticas que traducen, sin hacerla suficientemente explícita, una concepción distinta de cuáles deben ser las funciones del Estado y qué prioridad debe darse al reconocimiento efectivo de los derechos sociales. La salud como problema individual y los recursos públicos menguados.
Es momento de recordar que ninguna conquista social es irreversible. Y que no es verdad que el mantenimiento y la mejora del sistema sanitario público estén garantizados, con independencia de quien gobierne.
En España, la sanidad pública ha sido siempre objetivo de la sociedad progresista. El Sistema Nacional de Salud, establecido en 1986 y que ha ido consolidando el modelo sanitario público, proporcionó cobertura sanitaria a siete millones de españoles que carecían de ella. Financiado mediante ingresos del Estado –las cotizaciones sociales se dejan para atender las prestaciones contributivas de la Seguridad Social–, el sistema garantiza el acceso equitativo a los servicios de salud (iguales prestaciones para iguales necesidades), es gestionado por las comunidades autónomas y tiene encomendada la protección efectiva de nuestra salud mediante la integración de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la curación y la rehabilitación.
El compromiso del ministro Lluch con la consecución de una sociedad democrática avanzada le costó la vida. Su Ley General de Sanidad ha mejorado la vida de millones de ciudadanos a lo largo de estos 25 años. Y nos permite reconocernos como una sociedad digna de tal nombre en un mundo convulso donde todavía tantos seres humanos están abandonados a su suerte.
(Angeles Amador, 25/04/2011)
Una sanidad de referencia mundial:
Se dice de él que es el mejor del mundo. El Sistema Nacional de Salud (SNS) no es el que dispone de más dinero, pero sí el que, a tenor de los resultados, mejor aprovecha sus recursos. En eso se fijó el presidente de EE.UU., Barack Obama, cuando, en 2008, en plena elaboración de su reforma sanitaria, invitó al entonces ministro de Sanidad, Bernat Soria (PSOE), a explicarle sus claves de la eficiencia. Y es que, aunque gasta tres veces menos que Estados Unidos, la sanidad española sí es universal y gratuita.
El SNS ha pasado de financiarse con 32.673 millones de euros en el año 2000 a 69.846 millones en 2009, el último año del que se dispone este dato. En porcentaje respecto al PIB, en esos años el aumento fue del 5,18% al 6,63%. El incremento se disparó a partir de 2004. Entonces, el gasto sanitario representaba el 5,49% del PIB, un punto y 14 centésimas menos que en 2009. Si bien hay que tener en cuenta que en 2009 el PIB se contrajo a causa de la recesión económica, en 2008 el gasto sanitario ya representaba el 6,12% de este.
El aumento en la inversión en la sanidad pública se ha visto reforzado en las últimas legislaturas por políticas de restricción del gasto innecesario, alentado por un déficit que se calcula en unos 15.000 millones de euros. Así, el año pasado se consiguió reducir, por primera vez, el gasto farmacéutico. En 2009 se destinaron a esta partida 12.505 millones de euros; en 2010 se gastaron 12.211. Fue a partir de 2004 cuando la inversión en recetas médicas (el SNS paga el coste íntegro de las de los jubilados y el 60% de las del resto de pacientes) empezó a crecer a menor ritmo. El Gobierno aún pretende ahorrar unos 2.000 millones de euros más con la prescripción de los medicamentos más baratos, una medida que entró en vigor el martes pasado.
Uno de los hitos que han llevado a la sanidad española a alcanzar una popularidad sin precedentes a nivel mundial ha sido la gestión de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). El buen funcionamiento de la compleja estructura ha llevado a España a mantener año tras año su récord mundial en la tasa de donantes y de trasplantes. Por ello, el modelo español se extendió el año pasado a toda la Unión Europea, en el semestre de presidencia comunitaria de España. Ese mismo año, la ONT recibió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
Por otro lado, en los últimos años, el Gobierno central ha apretado las tuercas a las autonomías, con las competencias en sanidad transferidas, para mejorar la atención al paciente en cuestiones tan básicas como la reducción de las listas de espera. Diversos pactos adoptados en el Consejo Interterritorial de Sanidad han permitido que la media estatal de días de espera para someterse a una intervención quirúrgica haya disminuido de 74 días en 2004 a 67 al fin de 2009. Los últimos datos de que dispone el Ministerio de Sanidad corresponden al mes de junio de 2010. Entonces, la espera era de 61 días.
Otro de los hitos conseguidos en la última legislatura ha sido paralizar la directiva comunitaria que avalaba en cierto modo el turismo sanitario. España, país turístico y donde residen algunos meses del año miles de jubilados de Gran Bretaña y Alemania, consiguió que el país donde reside el viajero asuma el gasto de las intervenciones que reciba. Evitó así que los europeos puedan elegir médico a la carta en cualquier país de la Unión. España hubiera sido uno de los destinos preferidos, lo que hubiera supuesto unos 2.000 millones de euros al SNS, según cálculos del Gobierno.
Pero mientras de puertas afuera la sanidad pública española era elogiada, en el Parlamento, la mayoría socialista no conseguía que el pacto por la Sanidad, un acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias para garantizar su sostenibilidad, saliese adelante. El PP y CiU saltaron del barco justo cuando este iba a llegar a puerto, tras dos años de travesía. Mientras, los dos grandes feudos del PP, Madrid y el País Valencià, importaban el modelo de gestión privada de la sanidad pública. Una especie de alquiler de hospitales que en Reino Unido se ha demostrado que, a la larga, sale más caro. Sin pacto de Estado, el Gobierno que salga de las urnas podría impulsar, si así lo deseara, un cambio en aspectos tan cruciales como la financiación de la sanidad. El copago, al que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha cerrado en banda, podría llegar a aprobarse si así lo decidiera una mayoría parlamentaria.
(Vanessa Pi, 07/11/2011)