Internet: Descargas:
Cambios hacia una red social:
La industria cultural contra todos.
La 'ley Sinde' (en realidad la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible) pasó finalmente la aprobación del Senado. Los aspectos más polémicos de su redacción provocaron hace unas semanas la revuelta en Internet hasta el punto de que fue rechazada en la comisión de Economía del Senado.
Red social y libertad de expresión:
David Bravo, autor de Copia este libro, es un abogado que han hecho mucho por la defensa de los derechos civiles en internet en España.
Javier de la Cueva
Una entrada supone más del 1% del salario mínimo mensual, los CDs más de 3% del salario mínimo mensual.
Cultura y propiedad individual:
Derechos y libertades en la red:
Estrategia de las webs de descargas contra el cierre:
Los usuarios siempre van por delante de las medidas para la protección de la propiedad intelectual.
Se sigue intentando el poco efectivo ejercicio de poner puertas al campo.
La principal página de descargas y de vídeos online española, Series Yonkis, está de reformas. En el ojo del huracán por ser señalada por la industria como una de las webs que más vulneran la propiedad intelectual.
Cuenta con un acumulado de tres millones de visitantes al mes [cien mil al día].
Sólo contiene los enlaces al material, que los usuarios van alojando en servidores externos situados fuera de España, como los de Megavideo (para el visionado en streaming) y Megaupload (para las descargas).
Desde la industria cultural, se les señala como uno de los principales vulneradores de la propiedad intelectual en Internet. De hecho, su nombre aparece en el listado de 200 páginas webs que la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos elaboró como responsables del 80% de las infracciones de los derechos de autor.
La nueva versión de la web incorpora elementos de comunicación entre sus usuarios al estilo de Twitter y Facebook. La creación de su propia red social interna tendrá el efecto secundario de que su posible cierre por una comisión administrativa por albergar enlaces a material sujeto a derechos de autor, como prevé la ley Sinde, podría afectar a derechos fundamentales.
Está ensayando la nueva versión de la página con unos pocos centenares de usuarios que han recibido invitación para probarla. Según explican, se trata de darle contenido social al sitio. Los que vean una película, por ejemplo, podrán valorarla y apuntarse como fan. Para ello, tendrán su propio perfil en el sitio con una especie de muro, como el de Facebook, donde irá apareciendo su actividad en la web. En el caso de las series, por ejemplo, se puede indicar los capítulos vistos. El sistema tiene un servicio de sindicación que avisa cuando está disponible un nuevo capítulo.
La jugada se completa con algo parecido a Twitter. Los usuarios podrán seguir a otros, curiosear sus visionados o las críticas que van dejando. Los tuits, que aquí se llaman yonks, son algo más largos que en Twitter, pudiéndose escribir hasta 160 caracteres, como en un SMS. Como en la vieja versión.
La entrada en tromba de la participación de los usuarios puede provocar su blindaje.
Cerrar una red social es privar de un derecho de libertad de expresión a miles de usuarios. (Sánchez Almeida)
Esta estrategia podría ser seguida por otras páginas de descargas que, a los enlaces, añadirían elementos de sociabilidad entre sus visitantes. La argentina Taringa incluye foros que nada tienen que ver con las descargas de películas y música. Su cierre podría suponer un ataque a varios derechos fundamentales.
Según Sánchez Almeida, en realidad todo en Internet es una publicación, pero con el nuevo diseño, la web se convierte en un lugar de reunión donde se ejercita la libertad de expresión. Restringir derechos fundamentales como estos por medio de una comisión administrativa es complicado, sin embargo, los detentadores de los derechos sí podrían acudir a la futura comisión y pedir la retirada de determinados enlaces. Pero ir a por los enlaces no es cerrar la página.
La verdadera cultura, y los espacios de donde la cultura surge y se reahace constantemente, no participa del negocio "industrial", nunca mejor dicho, ya que lo único importante aquí es la cadena de montaje. La Cultura no es una industria, es en todo caso, uno de los valores más importantes del hombre. La defensa de la de propiedad en el ámbito de la cultura entra en numerosas contradicciones. En la cultura no existe la propiedad individual porque la cultura no es el logro de un individuo sino del conjunto de éstos, de lo que cada individuo aporta al conjunto. La cultura y el conocimiento es una constante que los hombres comparten y transmiten unos a otros en reciprocidad, no es poder de un individuo. Sin adquirir los conocimientos de otros no puedes hacer nada, a su vez tú compartirás tu conocimiento para que otros puedan hacer algo, la vida es así. Para que el compositor cree un tema, hay miles de años de experiencia compartido, y aunque no le haya servido de mucho, tendrá derecho a cobrar durante toda la vida y 70 años después el propietario de los derechos no se cuánto ni porqué. Este privilegio excesivo puede resultar un agravio comparativo. La técnica más novedosa elaborada por un cirujano de gran excelencia pasa a beneficiar a todos inmediatamente. El arquitecto o el albañil, como todo el mundo, cobra por lo que hace, y adiós. Tú puedes regalar tu casa, compartir tu casa, perder tu casa, puedes con el mismo plano hacer mil casas y siempre sería un solo plano por el que has pagado.
Más de dos tercios de los contenidos culturales y de entretenimiento consumidos en España durante el segundo semestre de 2010 fueron descargados en Internet sin la autorización de sus legítimos propietarios. Son datos del último Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales elaborado por IDC. La práctica totalidad del consumo musical y de películas proviene de fuentes ilícitas. El contenido se pone a disposición de los usuarios sin el permiso de sus legítimos dueños, es decir, es “pirateado” de forma constante, diaria y masiva en la Red. La piratería en videojuegos se incrementa de manera progresiva y, aunque sólo hace apenas un año que ha comenzado a desarrollarse el libro electrónico, las consecuencias de esta lacra son alarmantes para este sector.
El valor total de los contenidos pirateados alcanza casi los 11.000 millones de euros al año, lo que incide de forma dramática en una industria abocada a una crisis cada vez más aguda.
La normativa incluida en la Ley de Economía Sostenible (Disposición Final Cuadragésimo tercera), publicada en el BOE el pasado 5 de marzo, constituye un antes y un después para el sector cultural y de creación en España. Más de seis años de reivindicaciones nos contemplan y, sobre todo los dos últimos, de dura pugna contra la incomprensión de unos, las feroces críticas –cuando no el insulto– de otros, la falta de compromiso e, incluso, el incumplimiento de pactos y promesas políticas, que han propiciado el desarrollo de una lacra social que ahora se tiene la oportunidad de atajar si se hacen las cosas correctamente.
La llamada “Ley Sinde” ya es un hecho del que la industria cultural se congratula, al igual que debería hacer todo ciudadano y usuario de Internet que considere que apropiarse de lo que no es suyo, sin el consentimiento de su legítimo propietario, constituye un acto moralmente inaceptable además de ser ilícito. Igual que en el medio físico, donde a nadie se le ocurre llevarse un artículo de una tienda, dejar de pagar una consumición en un restaurante o, simplemente, incumplir un contrato firmado con una empresa de telecomunicaciones, todos deberíamos concienciarnos de que también en Internet la propiedad tiene valor.
La legislación aprobada ha sido fruto de un acuerdo entre los tres partidos políticos de mayor representación parlamentaria del Estado español y legítimos representantes de los ciudadanos. Además de suponer casi un pacto de Estado, los tres grupos firmantes se comprometen a velar por la permanencia de esta normativa en el tiempo, a la vez que cuidar de su eficacia.
Desde su aprobación definitiva en el Congreso, han continuado las críticas de ciertas asociaciones de internautas que, por cierto, apenas si representan a un puñado de personas sobre los 22 millones de usuarios de Internet que somos en España. Estos grupos, junto con algunos blogueros que les apoyan, se han dedicado, y se dedican, a bloquear páginas web de parlamentarios, ministerios y organismos públicos, al tiempo que profieren insultos contra todos los que estamos a favor de la legalidad y respetamos las decisiones adoptadas por diputados y senadores como representantes electos por la ciudadanía.
Es fundamental que los partidos políticos no se dejen intimidar por una minoría que sólo defiende la inexistencia de normas para campar a sus anchas en el medio on-line y físico.
La industria de contenidos culturales y de entretenimiento trabaja desde hace mucho tiempo en potenciar y ampliar la oferta legal. Es cierto que le queda camino por recorrer, pero sería ilusorio pensar que alguna compañía vaya a posicionar en el mercado una propuesta legal sólida y sostenible mientras exista riesgo de que se la puedan copiar de manera inmediata y distribuir sus contenidos gratis en la Red. Ya existen más de 600 webs de contenidos legales de todos los sectores, y habrá muchas más cuando España disponga de una normativa contra las descargas ilícitas que funcione, al igual que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno. Una vez esto ocurra, con toda seguridad los usuarios de Internet, los que entienden que lo justo es pagar por un trabajo de creación, y que somos la mayoría, dispondremos sin duda de cada vez más y mejores contenidos legales a precios competitivos.
Precisamente y, para lograr la mayor eficacia de la normativa, es imprescindible que el reglamento que la va a desarrollar incluya puntualizaciones que el sector de contenidos culturales considera claves. En primer lugar, es fundamental poder actuar de manera eficiente contra las conductas vulneradoras en lugar de centrase de forma exclusiva en los contenidos (de no ser así, el procedimiento podría reducirse a que el presunto vulnerador retirara estos ante el requerimiento de la Comisión de la Propiedad Intelectual y que los volviera a colocar justo después de declararse el archivo de las actuaciones, obligando así a iniciar un nuevo procedimiento a los dueños de los derechos vulnerados; sería un inadmisible juego del gato y el ratón). También deben perseguirse las páginas de enlaces por ser los eslabones clave en la cadena de destrucción de valor que implica la difusión en Internet de material ilícito; son la puerta de entrada a la descarga ilícita, la herramienta fundamental de quienes se enriquecen en la Red a costa del esfuerzo de las industrias y los creadores.
La industria pide de las autoridades algo muy sencillo: un reglamento que evite que esta normativa nazca ineficaz y que sea el hazmerreír de quienes se lucran con la piratería organizada de Internet. Necesitamos una normativa que sí sea capaz, sin embargo, de defender nuestra cultura, una de las más importantes del mundo. España necesita trabajadores, emprendedores, empresarios, usuarios de Internet todos, que se responsabilicen por el progreso y el bien común, y no a quienes, bajo el supuesto amparo de la libertad de expresión, se apropian de lo que no es suyo y trafican y se enriquecen con ello de manera ilícita.
(Andrés Dionis, director de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, 02/05/2011)
