Renta Básica             

Financiación de la RBU:
Buena parte del problema que plantea el debate sobre la Renta Básica Universal (RBU) consiste en determinar hasta qué punto estamos ante una propuesta utópica o existe una posibilidad real de financiación que la haga posible. La otra parte atañe al modelo de Estado y de sociedad que tienen en mente los representantes políticos. Es muy probable que si se decide transitar hacia un modelo de Estado que incorpore la RBU no habría dificultades insuperables para financiarla. La expresión “hay que echar números” cobrará entonces su exacto significado, que no es otro que el ajustar costes y desviar recursos en una proporción revolucionaria para conseguir el fin propuesto. Pero para “echar cuentas” es necesario tener claro lo que se quiere hacer. Hay que explicar de forma rotunda que en las condiciones financieras actuales, limitadas por un programa de ajuste todavía tutelado por Bruselas y con una estructura fiscal raquítica, lastrada por una presión fiscal inferior a la media europea. El mal primario, tan dañino para el conjunto de la economía, está en la desidia de varios gobiernos (todos los habidos en España desde 1996) sobre el presupuesto de Ingresos del Estado. Sin excepción, han preferido confundir a los ciudadanos con rebajas de impuestos para captar sus votos sin explicar los costes derivados de los recortes fiscales. El Estado queda inerme ante las contingencias (como bien pudo apreciarse en su incapacidad para proteger a los damnificados de la crisis) y pierde cualquier margen de actuación para respaldar con dinero cualquier posibilidad de cambio político o social. Vemos el coste. En la práctica, sólo hay estimaciones. Una de ella cuantifica la renta en 382.000 millones de euros. Como, por otra parte, una RBU sería incompatible con cualquier otro tipo de ayuda, haciendo las testas correspondientes el coste estaría entre 180.000 y 200.000 millones (187.000 millones según el BBVA, por ejemplo). Parece fuera de duda que este modelo no puede financiarse en estos momentos; ni siquiera en los próximos diez años. Puede pensarse en otros modelos menos universales. Por ejemplo, una renta básica compensatoria para la población que está por debajo del umbral de pobreza costaría en torno a 79.000 millones; con similares supresiones de otras prestaciones, estaríamos ante un modelo financiable a medio plazo. Siempre y cuando se proceda a una revisión en profundidad del sistema tributario y a una mejora en los resultados de la lucha contra el fraude. Como queda de manifiesto, existen unos límites financieros que no se pueden cruzar. Pero es que además hay que contar con resistencias y viscosidades de carácter político o ideológico. La renta básica, consideran los críticos más apegados a la ortodoxia neoliberal, reduce el interés de los ciudadanos por buscar empleo. Los experimentos sociales conocidos (uno de ellos en Finlandia) confirman que los perceptores se acomodan a su condición de subvencionados. La respuesta a esta objeción también es ideológica: no hay por qué presuponer la ambición en todos y cada uno de los ciudadanos. La cuestión está en decidir si esa pasividad está compensada por el logro de un principio de equidad social. La objeción de más fuste es el efecto llamada. Pero existen procedimientos para limitar los efectos de una distorsión de esta naturaleza. No hay más obstáculos reales para la implantación de una renta básica que la definición exacta del modelo y la búsqueda de la suficiencia fiscal. El resto es prescindible o debatible. (Editiorial El País, 15/06/2018)

Ultima frontera del bienestar:
Los cielos amenazan tormenta. Los expertos aún no saben si caerá con la suavidad del orvallo o la violencia de una ciclogénesis explosiva; pero está llegando. Se demorará cinco años o una década, pero está llegando. El hombre tendrá que buscar cobijo bajo nuevos sistemas de protección social. Porque los que existen cada vez son menos efectivos frente a la inequidad o la desaparición de miles de puestos de trabajo que arrastra la robotización, la economía de los algoritmos y la inteligencia artificial. En muchas naciones desarrolladas, la globalización esquilma a las clases medias y bajas mientras el aluvión tecnológico encoge los salarios. Poco extraña que el trabajador se sienta como ese último bolo que, tembloroso, aún resiste en pie en el carrusel de la bolera. “En varios países de la OCDE, incluido España, solo una de cada cuatro personas que buscan trabajo reciben algún subsidio”, avanza, citando un estudio que publicará en julio, Herwig Immervoll, responsable de Políticas Sociales para el Empleo de la organización que reúne a las naciones más desarrolladas de la Tierra. Urge actuar porque el coste de la desesperanza resulta inasumible. “Si dejamos que el mundo se mueva a sus anchas, si no hacemos nada, cada vez habrá más desigualdad. Hay que apoyar de alguna forma a los perdedores de la globalización. Mucha gente con bajos niveles de cualificación se verá en una situación en la que o le quita el empleo un robot o un trabajador en Asia”, advierte Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. Al igual que la demografía, eso será destino. Sobre todo para los mayores y los jóvenes. Resulta imperativo buscar fórmulas que defiendan a una parte de la sociedad a la que le costará mucho tener ingresos. Si abandonamos a esos millones de personas se fractura la cohesión social. El concepto innegociable que sostiene la palabra Europa. Además, esta debilidad traería a las calles ecos de la extrema derecha y el populismo. ¿Y quién quiere escucharlos? Bajo este cielo oscuro y nublado irrumpe el debate de la Renta Básica Universal (RBU). Un ingreso mínimo que todas las personas recibirían “simplemente” por existir. El discurso resulta potente y tiene, claro, ventajas y salvedades, pero también reputados paladines. Elon Musk, consejero delegado de Tesla, Chris Hughes, cofundador de Facebook, y el premio Nobel de economía Angus Deaton defienden esta vía. Un abrigo frente a la tormenta en el que muchos adivinan la nueva frontera del Estado de bienestar. Esa esperanza recorre el atlas del mundo. Geografías tan dispares como Finlandia, Ontario (Canadá), Stockton (California), Barcelona, Kenia, Escocia, Utrecht (Holanda), Reino Unido, Italia e India han puesto en marcha o preparan programas piloto de renta básica. “En varios países de la OCDE, incluido España, solo una de cada cuatro personas recibe ayuda” Esta expansión es una respuesta a la necesidad de nuevas ideas para proteger a millones de seres humanos frente a la desigualdad. “El Estado de Oregón ha impuesto una tasa a las empresas que pagan a sus consejeros delegados cien veces más que al trabajador”, narra Luca Paolini, estratega jefe de la gestora Pictet AM. Estos “impuestos a la inequidad” podrían ser un recurso. Aunque, quizá, sean necesarias fórmulas más ambiciosas. “La Renta Básica Universal puede ser un instrumento útil frente a la desigualdad, pero esto no es el final de la historia”, avisa Branko Milanović, economista y profesor en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland. “Para introducir un instrumento de este tipo hace falta cambiar el mecanismo de protección social. No se pueden financiar en paralelo. Hay que modificar la filosofía del sistema para dejar de pensar en él como un seguro y sí como una consecuencia de la propia ciudadanía”. Pero la historia del hombre es un viaje de miles de años a través de los cambios. Víctor Hugo enseñó que “se puede resistir a un Ejército invasor, pero no a una idea para la que ha llegado su tiempo”. ¿Es hora de la renta básica? “Nosotros hemos demostrado que resulta factible establecer un instrumento de este tipo en el Reino Unido [proporcionaría unos ingresos de 10.000 libras anuales a los menores de 55 años] gravando las transacciones de las grandes plataformas tecnológicas. Y no hay razón para que no se pueda implantar en el resto de Europa”, señala Anthony Painter, director de investigación de la Royal Society of Arts (RSA). Un ajuste más fino es el que propone el economista Geoff Crocker: “La RBU podría diseñarse para reducir la inequidad si se distribuye de forma desigual. Pero algunos defensores sostienen que si no se reparte la misma cantidad a todos entonces no es una renta universal. Me parece un acercamiento demasiado purista”, alerta. De momento, el debate resulta intenso entre sus ventajas e inconvenientes, entre sus antagonistas y sus defensores. Una renta básica bien construida volvería a los pobres y a los desposeídos más independientes, aumentaría su capacidad para agruparse en asociaciones o cooperativas y resistir la economía y sus adversidades. “Los ciudadanos más vulnerables tendrían cubiertas las necesidades básicas mientras que otros obtendrían ingresos por actividades, como el cuidado de los familiares, que ahora nadie remunera”, apunta Ignasi Carreras, profesor de Esade. También serviría para compensar a los trabajadores expulsados por la transformación digital e impediría, por universal, el nepotismo y la corrupción. Oregón grava a las empresas que pagan a los ejecutivos cien veces más que al trabajador Las adversidades llegan desde las trincheras de la experiencia y el dinero. “No existe ningún país en este momento que la esté aplicando, no hay una prueba sólida, prolongada en el tiempo y con carácter universal para introducirla”, critica Miguel Ángel Bernal, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Es cierto que faltan piezas, pero también que intentamos analizar esta renta bajo las asfixiantes reglas de la econometría y quizás sea necesario alzar la mirada. “Una renta universal no puede comprobarse totalmente”, escribe Karl Widerquist, profesor en la Universidad de Georgetown en Catar y vicepresidente de la Red Global de Renta Básica (Basic Income Earth Network, en inglés). “Muchos de sus resultados se sienten a nivel nacional y tardan años en verse. Estos efectos no aparecen en ningún experimento, aunque sea, incluso, con cientos o decenas de miles de participantes”. Su posición es clara: la renta básica universal es un debate ético y no debería sufrir ese continuo examen. Nadie necesita justificar que la erradicación de la pobreza es buena. ¿Por qué este sistema, que acabaría con ella, sí? Esas últimas frases condensan el argumentario de quienes defienden esta vía. Es un diálogo que habla de ética, seguridad personal, libertad y, también, de costes. En este terreno, los dados parecen cargados. “Un país cuya distribución de ingresos tuviera muchos ricos y pocos pobres podría financiar una renta universal. Pero las economías occidentales no son así. Su reparto está sesgado hacia menores ingresos y, como resultado, un sistema de esa naturaleza necesitaría impuestos más altos, originando problemas económicos y políticos”, valora Nicholas Barr, profesor de Economía Pública en la London School of Economics. Y zanja: “Una Renta Básica Universal completa no resulta viable”. Sin embargo, el presente y la historia ponen interrogantes a esa voz. Aunque la idea de una renta básica emite un tañido de política de izquierdas, lo cierto es que ha sido defendida también por economistas y mandatarios conservadores. Richard Nixon estuvo cerca de introducir un sistema parecido cuando era presidente de Estados Unidos; Milton Friedman —campeón del laissez-passer— sugirió un impuesto negativo e incluso organizaciones de centro-derecha como el Instituto Adam Smith admiten su vigencia. Otra cosa es el pago que exigen al barquero: desmantelar el resto del sistema de protección social. El problema básico, claro, es el dinero. ¿Cómo se financia? ¿Cuánto cuesta? Cada geografía es un relato y cada modelo de renta un personaje distinto. El cálculo, por ejemplo, para Australia oscila entre el 5% y el 10% de su riqueza. “Es desafiante pero posible”, admite en The Guardian John Quiggin, profesor de economía en la Universidad de Queensland. “Se podría financiar como parte del desempleo, pero tiene más sentido seguir introduciendo medidas activas de fomento del trabajo”, sostiene, a medio camino, Jaime Sol, socio responsable de People Advisory Services de EY. A la búsqueda de esas nuevas geografías, uno de los proyectos piloto más ilusionantes trascurre en Stockton. Una ciudad de California deprimida por la pobreza, la violencia de las bandas, el paro, los sintecho y la oscuridad del futuro. Una revisitación contemporánea de Las uvas de la ira de John Steinbeck. Pero su alcalde, Michael Tubbs, 27 años, el regidor más joven de Estados Unidos y el primer afroamericano que accede a ese cargo en la ciudad, tiene una corazonada. Creció en esa desolación y sabe que un pobre no es un vago sino alguien que, sobre todo, carece de efectivo. Su programa piloto, que empezará en otoño, consiste en dar 500 dólares al mes a 100 familias durante dos años y valorar los resultados. Es la primera ciudad del país que ensaya una renta básica siguiendo un modelo que parece repetirse: escoger un núcleo reducido de personas y comprobar su utilidad en el laboratorio de un sector social, de una ciudad, mediante programas lanzadera. Es la estrategia que ya se aplica en Barcelona. El proyecto piloto B-Mincome está probando desde diciembre pasado y durante dos años una renta de inclusión para 950 familias de los barrios de Eix Besòs, una de las zonas más deprimidas de la capital catalana. El Consistorio estima que para vivir en la ciudad (sin contar la vivienda) un adulto necesita como mínimo entre 400 y 525 euros mensuales. Dinero y valores Los detractores dicen que aún no hay un sistema que dé pistas sobre su viabilidad Este sistema es un reto de dinero, pero también de lugares donde el hombre cobija valores profundos. “El desafío ético más interesante de esta renta es que viola la idea de reciprocidad. Los críticos sostienen que como se recibe, aunque no se trabaje, resulta inconsistente con el principio democrático de reciprocidad”, analiza Darrel Moellendorf, profesor de Teoría Política Internacional de la Universidad Goethe (Alemania). “Los defensores, por el contrario, responden que la reciprocidad no requiere que los beneficios sean proporcionales a la contribución de cada uno”. Sin duda, la renta universal no se libera de sus componentes existenciales. Ni en esas ni en otras cartografías. La provincia de Ontario (Canadá) ha lanzado un programa de 150 millones de dólares en tres ciudades. Participarán 3.000 individuos, elegidos al azar, de entre 18 y 64 años. Todos con bajos ingresos. Las personas que viven solas recibirán una renta incondicional de 16.989 dólares canadienses (11.200 euros) al año mientras las parejas obtendrán 24.027 dólares (15.800). El experimento quiere averiguar si ese ingreso mejora, de forma sostenible, la educación, el empleo, el estrés, la ansiedad; la vida. De Canadá a Italia, la renta básica viaja por el planeta con su promesa de justicia y cambio. El Movimiento 5 Estrellas —la formación más votada en las últimas elecciones italianas— propone una renta de ciudadanía pero con abundante letra pequeña. “No se adjudicaría por el simple hecho de ser ciudadano, sino que está vinculada a los niveles de ingresos, que tendrían que ser inferiores a un cierto umbral y condicionada a participar en programas de formación de empleo y voluntariado”, aclara Silvia Meiattini, experta de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Hasta ahí llega el futuro, el presente transcurre en el norte. Y lo hace con un modelo más ortodoxo. Desde enero de 2017, el Gobierno finlandés está probando una renta básica en 2.000 parados de entre 25 y 58 años. Cobran 560 euros al mes sin la obligación de buscar empleo. Pero el Estado ha decido no prorrogar el piloto. Y el programa terminará el próximo enero. Tras dos años de pruebas —y pese a que las conclusiones se conocerán en 2020— la alegría se ha congelado. Petteri Orpo, ministro de finanzas, relató en el Financial Times que esta renta incondicional vuelve a la gente “pasiva”. Para algunos expertos la renta universal es un debate ético y no econométrico Por si fuera poco, siempre hay alguien que espera, emboscado, en la esquina. “Los voluntariosos finlandeses lo intentaron y para su sorpresa y decepción no lograron nada más que una cara enseñanza de cómo, invariablemente, funciona la naturaleza humana”, critica The Washington Post. Una desconfianza que se mira en el espejo de otros economistas. “Los pilotos resultan muy interesantes pero lamentablemente no son suficientes”, matiza Rafael Doménech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research. “Suelen centrarse solo en efectos de equilibrio parcial para ver cómo reaccionan aquellas personas que reciben la renta universal. Sin embargo, en ningún caso se evalúan los costes”. Pero no todo el mundo cree que el desencanto sea la fuerza que paraliza esta idea. Los economistas Jordi Arcarons, Lluís Torrens y Daniel Raventós llevan años apurando el Excel y filtrando las matemáticas para asegurar que los números cuadran. “Resulta posible financiar en España una renta básica que alcance a toda la población [43,7 millones de personas] y que sea igual al umbral de la pobreza”, observa Raventós. O sea, 7.741 euros anuales en el caso de las personas mayores de 18 años y 1.494 euros para los menores. Al ser este ingreso individual, en un hogar con una persona adulta y tres menores llegarían por esta vía 11.952 euros anuales. Si la moneda tintineara por la cara opuesta: tres adultos y un menor, reciben 23.907 euros. Este ingreso —exento del IRPF— sustituye a cualquier otra prestación monetaria (subsidios, becas, pensiones) por debajo de la renta básica. La idea no es solo de izquierdas, gobiernos conservadores de EE UU la pusieron en marcha En la práctica, un ahorro, según Raventós, de 92.222 millones, “y sin tocar un céntimo de la sanidad ni de la educación pública”, apostilla. Para financiarla, Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, propone “un tipo único en el IRPF del 49%”. Si se quiere asumir este esfuerzo, la sociedad debe escoger entre generosidad y presión fiscal. No es un juego de suma cero sino de progresividad. “Quienes más ganan más la financian y quienes menos más reciben”, resume Arcarons. ¿En qué porcentaje? El 70% de la población sale ganando y pierde el 30% más rico. Aunque la justicia fiscal tiene un precio que es un abismo. El BBVA —a partir de la propuesta de Torrens, Raventós y Arcarons— estima que el coste de esta renta incondicional consumiría el 17,4% de la riqueza de España. Unos 187.870 millones de euros. Estos cálculos han sido enmendados por los tres economistas catalanes. Da igual. Otros expertos, como José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, plantean una horquilla de entre 6.000 y 15.300 millones en función de la amplitud de esa renta básica. ¿Y alguien se acuerda de los jóvenes? “Pues a pesar de ser uno de los grupos más desfavorecidos por el mercado laboral reciben pocas ayudas”, lamenta Herwig Immervoll, de la OCDE. “Una propuesta interesante es dar a todos los adultos jóvenes un “capital inicial” significativo que puedan utilizar, bajo ciertas condiciones, para obtener apoyo económico, participar en el aprendizaje de adultos, etcétera”. Pero ya sea con esas fórmulas de inserción u otras hay que actuar. La inacción desmantela existencias. Una renta de inclusión que, al menos, fuera igual al umbral de la pobreza llevaría esperanza a las vidas de 600.000 hogares españoles donde no entra ningún ingreso. Los verdaderos huérfanos de la tormenta. (Miguel Angel García Vega, 16/06/2018)

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